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Cartel para tratar de intimidar a los ladrones.
Un arresto cada día que acaba en nada

Un arresto cada día que acaba en nada

Los juristas subrayan que la mayoría de los hechos son faltas y la pena de los que llegan a ser delito no es suficiente para la prisión provisional

Juan Antonio Marrahí

Miércoles, 30 de abril 2014, 17:47

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Prácticamente un arrestado cada día. Los grupos policiales creados para combatir los saqueos de campos de la Comunitat han permitido la detención de más de 350 delincuentes en un año. Una cifra más que considerable que refleja la actividad de este tipo de delincuencia, de perfil bajo, pero que causa estragos a los propietarios afectados. De estos, 64 fueron capturados por los agentes de Seguridad en el Ámbito Rural (SAR), la unidad especial de la Policía Autonómica, mientras el resto corresponde a actuaciones de los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el dispositivo específico para paliar el problema en el mundo rural.

Lo más grave, según los agricultores, es el escaso castigo penal que deparan estas conductas. Resulta extraño que algún detenido por hechos de esta naturaleza termine tras las rejas de la prisión. Fuentes judiciales confirman que la levedad de las penas hace que, salvo circunstancias muy poco probables, no se suela pedir prisión provisional y que, en el posterior caso de que sean condenados, la pena se suele suspender al ser inferior a dos años.

Fuentes policiales indican que resulta complicado establecer un perfil del arrestado. «Es muy amplio», adelantan. «Son personas que igual pueden dedicarse al robo de cobre que al de cítricos». La edad no es impedimento. Se han dado casos de menores de edad y hasta personas que llegaban a los 60 años. Hombres y mujeres. Entre las nacionalidades, destacan los españoles y los rumanos.

Un robo en el campo suele ser una falta de hurto siempre que no rebase los 400 euros, según fuentes judiciales. Una cifra considerable cuando hablamos de cítricos. Hay que tener en cuenta que un kilo de naranjas, por ejemplo, se paga a 20 o 30 céntimos sobre el terreno.

Sólo en el caso de rebasar la cantidad anterior se podría calificar de un delito de hurto. Entonces, la pena oscila entre seis y 18 meses de cárcel, una cifra insuficiente para que la Fiscalía solicite prisión provisional. Y luego, en caso de condena, lo habitual si es inferior a dos años es conceder la suspensión, como subrayan las fuentes jurídicas.

Otro asunto sería, por ejemplo, que el campo estuviera vallado -no es nada frecuente- lo que elevaría el castigo. Otra posibilidad consistiría en que se pudiera establecer que por parte de los arrestados existe un delito continuado al haber perpetrado varios robos. Pero tampoco esto resulta nada sencillo.

Inspecciones en fruterías

Las últimas iniciativas del Gobierno para combatir el problema de la delincuencia rural, especialmente el incremento de las dotaciones policiales en el campo, siempre son de agradecer y, de hecho, se están traduciendo en un aumento de las detenciones, lo que es indudablemente positivo, según explicaron desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA).

Desde la organización valoraron el aumento de las inspecciones en almacenes ilegales, fruterías y puntos de venta directa. «Alrededor de estos establecimientos existe un mercado negro que incentiva el robo de productos agrícolas». De hecho, las fuentes consultadas subrayan que la mayor parte de la mercancía sustraída se dedica a la venta para zumos y a un precio notablemente inferior al de mercado.

Sin embargo, y a pesar de estos avances, los agricultores siguen teniendo la percepción de que la inseguridad rural continúa siendo un problema grave y que el efecto disuasorio de todos estos planes es sólo limitado.

Además, hay medidas como el documento 'data' -permite establecer la trazabilidad de la mercancía- que, en ocasiones, se pueden convertir en una carga burocrática más e, incluso, en un arma de doble filo. Porque se han dado casos en que, coincidiendo con estas inspecciones en caminos rurales, la Guardia Civil ha interpuesto denuncias a los agricultores por otras irregularidades ajenas al transporte de la cosecha, según los propios afectados.

En el campo se sigue teniendo la impresión de que a los ladrones les sale demasiado barato robar. AVA-ASAJA exige la agilización de la reforma del Código Penal para endurecer el castigo a estas prácticas, tal y como prometió (y aún no ha cumplido) el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El borrador podría estar listo tras el verano.

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