Más de 2.000 valencianos están a la espera de una vivienda social de la Generalitat

Entrada a una finca de viviendas sociales de la Generalitat en Velluters, destartalada por la acción de los okupas. / Juanjo monzó

Sólo una quinta parte ha recibido las ayudas de alquiler que el Síndic de Greuges considera imprescindibles ante la falta de techo público para los más necesitados

Juan Antonio Marrahí
JUAN ANTONIO MARRAHÍValencia

Cuando el paro, la escasez económica, el maltrato u otros sinsabores de la vida ponen a una persona en riesgo de quedarse en la calle, la Generalitat debe responder. La necesidad de un techo para quienes viven con el agua al cuello viene impuesta por la mismísima Constitución, el Estatuto de Autonomía y hasta la reciente Ley por la Función Social de la Vivienda.

Lo recordó el Síndic de Greuges a la Conselleria de Vivienda en una reciente recomendación tras conocer el caso de un alicantino que lleva cuatro años en espera de una de estas casas de propiedad pública. Su desesperación es sólo la punta del iceberg. Según fuentes del departamento autonómico, existen 2.247 demandantes de viviendas sociales en el nuevo registro de la Generalitat para este colectivo.

A grandes rasgos, los aspirantes acreditan su precaria situación de renta, su situación familiar y otros factores para que la Generalitat pueda valorar. Así, se le asigna una casa de alquiler barato como solución habitacional. Sin embargo, una realidad se impone: el número de estas casas de propiedad autonómica es muy inferior al de personas en situación límite que solicitan el auxilio para ocuparlas, de modo que las entregas llegan con cuentagotas. Y se producen esperas eternas como la del ciudadano que apeló al Síndic.

La Generalitat criba a los aspirantes ante la escasa disponibilidad de hogares de emergencia social

Hace dos años llegó a haber más de 9.000 demandantes de vivienda social en el listado tramitado por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). A partir de ahora «los solicitantes de vivienda deben inscribirse en el registro de la Generalitat, proceso que están realizando los ciudadanos que solicitan la adjudicación de una casa».

Lo que parece claro es que el actual Consell está puliendo y cribando el registro de aspirantes. Así lo explican desde Vivienda: «El listado anterior recogía situaciones en las que, por ejemplo, aparecían solicitantes que ya tenían vivienda adjudicada o querían una nueva diferente a la que ya tenían. No reflejaba la realidad concreta de los solicitantes y se prestaba a malas interpretaciones. No todos los que aparecían estaban sin casa».

Aún así el problema persiste y no hay vivienda social para tanta necesidad. La conselleria se ha dedicado, esencialmente, a reparar viviendas sociales que acabaron destrozadas años atrás por antiguos inquilinos. Al mismo tiempo, sigue luchando en los tribunales para recuperar otras que acabaron en manos de okupas. Fruto de ese esfuerzo se han entregado algo más de 500 en dos años, pero sin embargo no se ha incrementado el parque público.

Así lo admitía el Consell en una respuesta al Síndic el pasado junio: «Es habitual que la demanda supere a la disponibilidad en muchos municipios y ello implica que las solicitudes deban ser prebaremadas y evaluadas para establecer un orden de prioridad». En pocas palabras, sólo las familias sumidas en la mayor miseria están teniendo acceso a las adjudicaciones de hogar social.

Adjudicaciones

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familias con riesgo de quedarse sin techo han recibido en esta legislatura una vivienda de alquiler social del parque de fincas propiedad de la Generalitat. Sin embargo, «la demanda supera a la disponibilidad y las solicitudes deben ser prebaremadas y evaluadas», admite la conselleria.

Sin embargo, para el defensor del pueblo valenciano, la escasez de viviendas públicas no es excusa para que no se cumplan los derechos de los ciudadanos en situación más penosa. Así lo recordó José Cholbi: «Vivienda debe resolver en un máximo de seis meses las solicitudes. Si transcurrido ese plazo no se ha dictado resolución, se entenderá otorgado el uso de un alojamiento por silencio administrativo y la conselleria deberá indicar de manera inmediata una vivienda concreta o recurrir al mecanismo subsidiario del alquiler social».

Tras el toque de atención del Síndic, la Generalitat aseguró que ya se están aplicando ayudas al alquiler en casos de emergencia social. Pero la pregunta siguiente es obvia: ¿Con qué alcance? Según fuentes de Vivienda, de todas las personas inscritas en el registro, 400 se beneficiaron de estos 'salvavidas' económicos para arrendamientos durante el año pasado. Sólo una quinta parte.

La Generalitat aclara que de esos 2.247 inscritos en el registro de aspirantes, 960 han solicitado ayuda al alquiler a lo largo de este año, peticiones que «se están resolviendo». El Síndic, expone Cholbi, «es consciente de los esfuerzos de la Administración para revertir la ausencia de viviendas», pero insiste en la necesidad de ofrecer soluciones urgentes. «El derecho a la vivienda condiciona el disfrute de los demás derechos, como el de la educación o la salud», apremia.

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