Condenan a La Vall d'Uixò a pagar 1,2 millones a una inmobiliaria por incumplir un contrato

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules ha condenado al Ayuntamiento de La Vall d'Uixò a pagar 1,2 millones de euros a una empresa inmobiliaria por haber incumplido el contrato de compraventa de una parcela.

Según la sentencia, la empresa Almalafa Inmuebles SL presentó una demanda contra el consistorio en julio de 2014 solicitando la resolución de un contrato de compraventa con indemnización de daños y perjuicios.

En el día del juicio, según el escrito, "únicamente compareció el demandante y no el demandado, que no aportó justificante de su ausencia" por lo que se celebró el juicio sin la parte actora.

El fallo explica que la empresa adquirió en 2008 una parcela en suelo urbanizable propiedad del Ayuntamiento y abonó 518.108 euros por la misma y 587.933 por las cuotas de urbanización. La demandada afirmó que el consistorio no llegó a trasladar hasta 2015 la propiedad y por tanto no poseyó la parcela libre de cargas y gravámenes en tiempo.

La zona estaba en obras, y según la sentencia, ha quedado acreditado que "no ha sido hasta el mes de julio de 2015 cuando se ha recepcionado por el Ayuntamiento las obras donde se ubica la parcela".

La sentencia dice que no se discute la relación contractual entre las partes y resulta acreditado que el incumplimiento del Ayuntamiento que no entregó la parcela, al no haber estado terminadas las obras.

Por ello estiman íntegramente la demanda interpuesta por la empresa y condena a pagar al consistorio 1.093.890 euros, más 137.768 euros por daños y perjuicios. La empresa deberá devolver la parcela que le fue finalmente entregada en 2015 cuando finalizaron las obras.

El PP de La Vall d'Uixò ha pedido en un comunicado a la alcaldesa socialista, Tania Baños, que aclare quién es el letrado del Ayuntamiento desde octubre de 2015, fecha en que el anterior abogado dejó de prestar servicios jurídicos, y la razón por la cual "no asistió ningún abogado al acto de la vista para defender los intereses del ayuntamiento, ni se avisaron a los testigos para la práctica de la prueba".

La portavoz del PP, Elena Vicente-Ruiz, ha señalado que se trata de "una clara negligencia por parte del equipo de gobierno de PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Compromís".