Las Provincias

La tragedia de Todolella, sin culpables

Familiares y amigos de los fallecidos en una concentración de protesta en Valencia. :: juanjo monzó
Familiares y amigos de los fallecidos en una concentración de protesta en Valencia. :: juanjo monzó
  • El Constitucional cierra la puerta a las víctimas en su lucha por hallar responsables

  • El fallecimiento de 18 personas intoxicadas en el albergue cumple 11 años y el tribunal no admite un recurso de las familias basado en «el derecho a la vida»

Fue un 6 de febrero de 2005. Hace poco más de 11 años. Una de las mayores tragedias ocurridas en la Comunitat se llevó por delante la vida de 18 personas, muchas de ellas muy jóvenes, en un albergue de Todolella. El detonante, una intoxicación a causa de una estufa de las empleadas en granjas con la que el grupo se calentaba tras la fiesta de cumpleaños de uno de los asistentes.

Hasta hace sólo unos meses, los familiares de algunas de esas víctimas confiaban en un último cartucho, el Tribunal Constitucional, para intentar demostrar que el ayuntamiento del municipio y la Generalitat fueron responsables, según su planteamiento.

A grandes rasgos, denunciaban que el establecimiento no estaba en condiciones de ser ocupado y la falta de supervisión por parte de la administración autonómica. Pero según ha confirmado la abogada que defendía sus intereses, el Constitucional «ha inadmitido a trámite el recurso de amparo» de las víctimas. «Y con esta negativa se cierran ya sus posibilidades ante la justicia española», lamentó la letrada.

Ese recurso de amparo era el último clavo judicial al que ocho de las familias se agarraban en su sed de justicia. Decidieron interponerlo después de que el Tribunal Supremo tumbara sus peticiones hace un año, coincidiendo con el décimo aniversario de la tragedia.

Tras agotarse el proceso por vía penal en 2009 sin responsabilidad, las familias iniciaron un contencioso-administrativo. Reclamaban una indemnización de casi un millon de euros al ayuntamiento del pueblo y a la Generalitat. Entiendían que estas instituciones no ejercieron las funciones de control, vigilancia y garantía de seguridad en un recinto público turístico.

Pero los jueces no lo ven de esa manera. Consideran que la Administración nada pudo hacer ante la imprevista introducción de la estufa en el albergue por una persona que la investigación no llegó a concretar. Tras fracasar con su reclamación en los tribunales valencianos, acudieron al Supremo, que también desoyó su súplica.

«El Alto Tribunal no tuvo en cuenta que el albergue no tenía licencia ni estaba dado de alta administrativamente, entre otras precariedades», lamentó la abogada de las familias, Elisabet Martínez. «Entendemos que se vulneró el derecho a la vida y a la integridad física», de ahí que lanzaran su última petición de auxilio al Constitucional.

Las familias todavía no se han reunido para valorar si elevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «Es ya nuestra última posibilidad, pero viendo cómo está la justicia tengo muy pocas esperanzas», confesaba ayer Carmen Merchante, portavoz de las víctimas.

Ella perdió a su hija de 21 años. «Veo tan claro que hubo responsables... Siento la necesidad de llegar hasta el final por ella. Lucharé por Patricia hasta que desfallezca. Como madre se lo debó, pero a veces tengo la sensación de que no puedo hacer más». Y reflexiona: «Cuando pasa una tragedia así se echa siempre la culpa a las víctimas, que están muertas. Es lo más fácil, pero no es justo», valora.

Todolella arrebató a Javier Menero a su hijo de 17 años. Así se sentía tras la decisión del Supremo: «Si alguien hubiera vigilado las condiciones del albergue Javi estaría hoy vivo. En este país nadie se responsabiliza. Cuando ocurre una fatalidad, todos se lavan las manos. Culpan a los muertos y fin de la historia».