Representantes del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) se reunieron ayer en la UJI para analizar diferentes cuestiones, entre ellas el comienzo de curso, el plan de financiación que está desarrollando la Generalitat Valenciana, el nuevo estatuto del profesorado, la nueva ley de la función pública, la aplicación del plan de Bolonia y el pequeño conflicto de intereses que se da particularmente en la UJI entre el profesorado asociado y la figura del becario.

A este respecto, la representante del STEPV en la UJI, María Victoria Oliver, denunció los problemas que vive en la Universitat Jaume I el personal asociado a tiempo parcial, que supone una cuarta parte del total del profesorado. Según los datos oficiales a fecha de 1 de octubre de 2.008, casi un 40% de los 1.161 profesores de la UJI no tiene plaza y están contratados como personal asociado.

«Es un colectivo muy desfavorecido», apuntó Oliver. «Hemos presentado dos recursos para que el colectivo de becarios no pase por delante del profesorado asociado, pues éste se queda sin horas y no se le renuevan los contratos». La representante del sindicato añadió también que «aunque existe una sentencia ganada por el sindicato, ésta fue recurrida por la universidad, por lo que estamos a la espera de una sentencia firme».

En este sentido, el coordinador del STEPV, José Iglesias, apuntó que «no estamos en contra de la figura del becario, el conflicto es entre profesorado asociado y universidad, no entre profesor asociado y becarios. Lo que no aceptamos es el uso que se hace de los becarios, que son considerados profesores y dan clases, cuando esto no tendría que ser así. Aunque es cierto que esto no ocurre en todos los departamentos».

En cuanto a la financiación de las universidades, el representante del STEPV en la Universitat de València, Miquel Coll, apuntó que «Camps paga las nóminas con pólizas de crédito», y este campus «está llegando al límite del endeudamiento». «Existe una dejadez institucional clara, pues el hecho de que la Generalitat no pague lo que debe a las universidades sería motivo de dimisiones en cualquier otro país. En cambio, se otorga 15 años para saldar la deuda», dijo.

La cantidad que le debe la Generalitat a la UJI asciende a 95 millones de euros. El representante del STEPV José Luis Miralles explicó que «a los 200 millones de euros de deuda que tiene la Generalitat correspondiente a años anteriores, ahora dice que reducirá el presupuesto de este curso un 4 por ciento, correspondiente a la bajada del PIB, y esto es difícil de compatibilizar con el funcionamiento normal de las universidades».

En cuanto a la reforma de Bolonia, José Luis Millares manifestó que ésta «no es tal, pues la manera en que se ha aplicado en España ha sido mala, ya que se quería cambiar el sistema de estudios, pero esto significaba aumentar el número de profesores para reducir las ratios, y eso no ha pasado».