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Dos décadas después de la huelga del 14-D, CC. OO. y UGT afrontandesde la concertación los cambios para COMBATIR la recesión
14.12.08 -
Veinte años después de la gran primera huelga general de la democracia, el 14 de diciembre de 1988, los sindicatos asisten al desarrollo de la actual crisis económica desde el principio inamovible de que no deben pagar por ella los trabajadores, puesto que no son ellos los que la han provocado, sino las instituciones financieras y los organismos reguladores nacionales e internacionales. Sindicalistas y especialistas están de acuerdo en que no existe riesgo de una ofensiva sindical como la de hace veinte años, que sólo se activaría si se atacaran unos pocos principios 'sagrados' como las condiciones del despido, los salarios o la cobertura por desempleo.
Aprendida la lección de las cuatro huelgas generales que afrontó Felipe González, el actual Gobierno socialista parece haber renunciado a aplicar «medidas agresivas» sin consenso, señala José María Zufiaur, representante de UGT en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y las dos centrales mayoritarias -Comisiones Obreras y UGT- no han necesitado hasta ahora plantear batalla para defender sus prioridades. Julián Ariza, un histórico de CC. OO., resalta que con las casi 60 reformas aplicadas al Estatuto de los Trabajadores está agotada la idea de que más flexibilidad laboral ayuda a superar una crisis.
Con estas rígidas posiciones se encontrará la patronal cuando plantee formalmente en la mesa del diálogo social su propuesta de congelación salarial y abaratamiento del despido. Un foro en el que se debería «entrar a fondo» en la reforma del mercado laboral para incentivar la creación de empleo, señala Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid .
Por otro lado, en las dos décadas transcurridas desde el 14-D, las circunstancias han cambiado en casi todos los ámbitos y la situación no es comparable desde casi ninguna perspectiva. Los sindicatos no tendrán en esta ocasión una referencia en la que apoyarse a la hora de adoptar posiciones de firmeza o flexibilidad ante las reformas que puedan plantearse en la profunda crisis que comienza a atravesar la economía española.
En 1988, pese a que se vivía un ciclo expansivo en lo económico, los casi tres millones de parados y la tasa de desempleo cercana al 20% sostenían un sentimiento de crisis permanente. Además, aún estaban frescas las reconversiones industriales de mediados de la década.
La capacidad de movilización de los sindicatos era entonces superior a la actual, ya que salían de un largo periodo combativo en el que habían puesto a prueba su poder en los diferentes procesos de ajuste laboral. Su influencia era notable; sus cuadros, formados en la clandestinidad de la dictadura y durante la Transición, estaban muy ideologizados y, a su vez, se sentían defraudados por un gobierno de izquierdas que buscaba a tientas cuál era el mejor camino en materia de derechos laborales para impulsar la economía y la creación de empleo.
Nada de eso ocurre en la actualidad. Las relaciones del Gobierno socialista con UGT también son muy diferentes del enfrentamiento de entonces.
El detonante
Con una tasa de paro juvenil cercana al 50% -928.400 desempleados, una tercera parte del total-, fue una iniciativa que recortaba derechos laborales de este colectivo la gota que desbordó el vaso de la paciencia de los sindicatos, que consideraron un ataque inadmisible el denominado Plan de Empleo Juvenil porque cercenaba derechos tradicionales de manera temporal.
Plantaron batalla Gobierno, y la ganaron; eso sí, con la complicidad indisimulada de la derecha y de algunas asociaciones empresariales, circunstancia que hoy no parece que pudiera repetirse.
Tras quince años consecutivos de crecimiento, las circunstancias que rodean esta crisis son diferentes de las de entonces. Por ejemplo, los elevados tipos de interés que están detrás del frenazo inmobiliario -en torno al 5% en las hipotecas- hubieran sido un sueño comparado con el 12% o el 13% que pagaban entonces los compradores de una vivienda.
Claro que los precios no tienen nada que ver con los de entonces. Así, un piso normal en una buena ubicación de cualquier ciudad española podía comprarse por seis o siete millones de pesetas (36.000 a 42.000 euros), y para llegar a 30 millones (180.000 euros) debía tratarse de la mejor zona de una capital, y con más de 150 metros cuadrados. A su vez, un estudio en la costa de Levante valía 2,5 millones de pesetas (15.000 euros).
Los salarios tampoco eran los mismos, pese a que han ganado muy poco poder adquisitivo desde entonces. La retribución media de un trabajador era de 850 euros al mes, menos de la mitad de los 1.772 del segundo trimestre de este año. El salario mínimo, por su parte, ha pasado de los 265 euros mensuales a los 600 de ahora.
Otros precios han subido más o menos lo que el coste de la vida, como los de los automóviles, que representaban entonces cuatro quintas partes de las ventas a plazos. Ahora, el endeudamiento se realiza para todo tipo de bienes y servicios, desde un curso de inglés o unas vacaciones a la televisión de plasma más moderna. Además, aquellos poco más de 12 millones de empleos que hacían funcionar un país de 39 millones de habitantes se han convertido ahora en casi 20 millones de puestos de trabajo para 46 millones de personas. Todo ello tras un cambio radical en el tejido empresarial y la distribución de la actividad, con protagonismo para el sector servicios y la mujer, y una presencia de inmigrantes superior al 10%.
Y, sobre todo, se ha producido una gran internacionalización de la economía española, lo que la ha convertido en interdependiente con la de otros países. Las importaciones en 1987, por ejemplo, fueron de 42.000 millones de euros, cuando en 2007 se situaron en el entorno de los 280.000 millones. Las exportaciones se han multiplicado también casi por siete, al pasar de 28.000 millones a aproximadamente 180 millones.
Prioridades clásicas
Con este telón de fondo, las centrales afrontan la crisis con demandas que pretenden recuperar objetivos clásicos, abandonados durante los años de política neoliberal. Así, señala José María Zufiaur, exigen prioridad para el pleno empleo, una política salarial que permita mantener el consumo, o acabar con los «regalos fiscales» y dotar de medios económicos a las leyes de Dependencia e Igualdad. Además, reclaman la participación en las decisiones de las empresas y medidas para profundizar en el cambio de modelo productivo, algo en lo que se ha avanzado muy poco desde la crisis de 1992/93.
Lo que no se pueden aceptar, añade Zufiaur, son más cambios en el mercado laboral, ya bastante flexibilizado, como demuestra la rápida destrucción de empleo que se está produciendo en España.
Añade el sindicalista que la sociedad es «más vulnerable» ahora que en la última crisis, porque apenas ha crecido la productividad, el 60% de los asalariados ingresan menos de 1.000 euros al mes, el gasto social es escaso frente al de otros países de la UE y la crisis se presenta mucho más fuerte. Una valoración que comparte Ariza, que asegura que no se puede actuar sobre los salarios en las actuales circunstancias. Primero, porque «llevamos 30 años de moderación» y, segundo, porque sería frenar el consumo en momentos en que no hay financiación.
Las prioridades para CC. OO, señala el veterano líder obrero, pasan también por asegurar la cobertura del desempleo y «no tocar el fondo de reserva de las pensiones», que debe preservarse para los fines que fue creado. Recuerda que su central siempre ha dicho que el modelo que ha llevado a esta crisis «no se sostendría», por lo que aboga por actuaciones en educación y formación ligadas al sistema productivo; por potenciar la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y por dar más fluidez a los recursos financieros, entre otras cosas.
Ariza cree que los sindicatos, merced al diálogo social y a la concertación -en horas bajas hace 20 años-, son más influyentes ahora que en el 14-D, pero en cambio tienen menos capacidad de crear conflictos laborales, precisamente porque en los últimos tiempos la vía del consenso los ha evitado. Ello no quiere decir, advierte, que no vayan a surgir con fuerza en algunas empresas en crisis.
Concertación serena
Opinión muy similar mantiene en este apartado Jesús Mercader, quien apunta que las centrales deben mantener una actuación «serena y conjunta» en la actual coyuntura, y ayudar a resolver los problemas desde el diálogo social.
En su opinión, los sindicatos han tenido un «papel muy importante» en la definición de las políticas sociales a través de la concertación, una influencia que siguen teniendo porque todos los gobiernos quieren contar con ellos. Sin embargo, eso no impide, advierte, que salgan a la calle a defender sus ideas, como están haciendo ahora en conflictos como el de Nissan en Barcelona.
La concertación debe ser la vía, añade, para «intervenir» en el mercado laboral, con medidas que eviten la pérdida de empleo. Y precisa que las adoptadas hasta ahora son meras «aproximaciones». En las actuales circunstancias, señala, es muy difícil que pueda repetirse una situación como la de 1988, a la que se llegó por la existencia de unos «equilibrios muy singulares». La ruptura del sindicato UGT con el Gobierno socialista -una situación que «no se atisba ahora», apunta-, favoreció aquella movilización.
Aprendida la lección de las cuatro huelgas generales que afrontó Felipe González, el actual Gobierno socialista parece haber renunciado a aplicar «medidas agresivas» sin consenso, señala José María Zufiaur, representante de UGT en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y las dos centrales mayoritarias -Comisiones Obreras y UGT- no han necesitado hasta ahora plantear batalla para defender sus prioridades. Julián Ariza, un histórico de CC. OO., resalta que con las casi 60 reformas aplicadas al Estatuto de los Trabajadores está agotada la idea de que más flexibilidad laboral ayuda a superar una crisis.
Con estas rígidas posiciones se encontrará la patronal cuando plantee formalmente en la mesa del diálogo social su propuesta de congelación salarial y abaratamiento del despido. Un foro en el que se debería «entrar a fondo» en la reforma del mercado laboral para incentivar la creación de empleo, señala Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid .
Por otro lado, en las dos décadas transcurridas desde el 14-D, las circunstancias han cambiado en casi todos los ámbitos y la situación no es comparable desde casi ninguna perspectiva. Los sindicatos no tendrán en esta ocasión una referencia en la que apoyarse a la hora de adoptar posiciones de firmeza o flexibilidad ante las reformas que puedan plantearse en la profunda crisis que comienza a atravesar la economía española.
En 1988, pese a que se vivía un ciclo expansivo en lo económico, los casi tres millones de parados y la tasa de desempleo cercana al 20% sostenían un sentimiento de crisis permanente. Además, aún estaban frescas las reconversiones industriales de mediados de la década.
La capacidad de movilización de los sindicatos era entonces superior a la actual, ya que salían de un largo periodo combativo en el que habían puesto a prueba su poder en los diferentes procesos de ajuste laboral. Su influencia era notable; sus cuadros, formados en la clandestinidad de la dictadura y durante la Transición, estaban muy ideologizados y, a su vez, se sentían defraudados por un gobierno de izquierdas que buscaba a tientas cuál era el mejor camino en materia de derechos laborales para impulsar la economía y la creación de empleo.
Nada de eso ocurre en la actualidad. Las relaciones del Gobierno socialista con UGT también son muy diferentes del enfrentamiento de entonces.
El detonante
Con una tasa de paro juvenil cercana al 50% -928.400 desempleados, una tercera parte del total-, fue una iniciativa que recortaba derechos laborales de este colectivo la gota que desbordó el vaso de la paciencia de los sindicatos, que consideraron un ataque inadmisible el denominado Plan de Empleo Juvenil porque cercenaba derechos tradicionales de manera temporal.
Plantaron batalla Gobierno, y la ganaron; eso sí, con la complicidad indisimulada de la derecha y de algunas asociaciones empresariales, circunstancia que hoy no parece que pudiera repetirse.
Tras quince años consecutivos de crecimiento, las circunstancias que rodean esta crisis son diferentes de las de entonces. Por ejemplo, los elevados tipos de interés que están detrás del frenazo inmobiliario -en torno al 5% en las hipotecas- hubieran sido un sueño comparado con el 12% o el 13% que pagaban entonces los compradores de una vivienda.
Claro que los precios no tienen nada que ver con los de entonces. Así, un piso normal en una buena ubicación de cualquier ciudad española podía comprarse por seis o siete millones de pesetas (36.000 a 42.000 euros), y para llegar a 30 millones (180.000 euros) debía tratarse de la mejor zona de una capital, y con más de 150 metros cuadrados. A su vez, un estudio en la costa de Levante valía 2,5 millones de pesetas (15.000 euros).
Los salarios tampoco eran los mismos, pese a que han ganado muy poco poder adquisitivo desde entonces. La retribución media de un trabajador era de 850 euros al mes, menos de la mitad de los 1.772 del segundo trimestre de este año. El salario mínimo, por su parte, ha pasado de los 265 euros mensuales a los 600 de ahora.
Otros precios han subido más o menos lo que el coste de la vida, como los de los automóviles, que representaban entonces cuatro quintas partes de las ventas a plazos. Ahora, el endeudamiento se realiza para todo tipo de bienes y servicios, desde un curso de inglés o unas vacaciones a la televisión de plasma más moderna. Además, aquellos poco más de 12 millones de empleos que hacían funcionar un país de 39 millones de habitantes se han convertido ahora en casi 20 millones de puestos de trabajo para 46 millones de personas. Todo ello tras un cambio radical en el tejido empresarial y la distribución de la actividad, con protagonismo para el sector servicios y la mujer, y una presencia de inmigrantes superior al 10%.
Y, sobre todo, se ha producido una gran internacionalización de la economía española, lo que la ha convertido en interdependiente con la de otros países. Las importaciones en 1987, por ejemplo, fueron de 42.000 millones de euros, cuando en 2007 se situaron en el entorno de los 280.000 millones. Las exportaciones se han multiplicado también casi por siete, al pasar de 28.000 millones a aproximadamente 180 millones.
Prioridades clásicas
Con este telón de fondo, las centrales afrontan la crisis con demandas que pretenden recuperar objetivos clásicos, abandonados durante los años de política neoliberal. Así, señala José María Zufiaur, exigen prioridad para el pleno empleo, una política salarial que permita mantener el consumo, o acabar con los «regalos fiscales» y dotar de medios económicos a las leyes de Dependencia e Igualdad. Además, reclaman la participación en las decisiones de las empresas y medidas para profundizar en el cambio de modelo productivo, algo en lo que se ha avanzado muy poco desde la crisis de 1992/93.
Lo que no se pueden aceptar, añade Zufiaur, son más cambios en el mercado laboral, ya bastante flexibilizado, como demuestra la rápida destrucción de empleo que se está produciendo en España.
Añade el sindicalista que la sociedad es «más vulnerable» ahora que en la última crisis, porque apenas ha crecido la productividad, el 60% de los asalariados ingresan menos de 1.000 euros al mes, el gasto social es escaso frente al de otros países de la UE y la crisis se presenta mucho más fuerte. Una valoración que comparte Ariza, que asegura que no se puede actuar sobre los salarios en las actuales circunstancias. Primero, porque «llevamos 30 años de moderación» y, segundo, porque sería frenar el consumo en momentos en que no hay financiación.
Las prioridades para CC. OO, señala el veterano líder obrero, pasan también por asegurar la cobertura del desempleo y «no tocar el fondo de reserva de las pensiones», que debe preservarse para los fines que fue creado. Recuerda que su central siempre ha dicho que el modelo que ha llevado a esta crisis «no se sostendría», por lo que aboga por actuaciones en educación y formación ligadas al sistema productivo; por potenciar la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y por dar más fluidez a los recursos financieros, entre otras cosas.
Ariza cree que los sindicatos, merced al diálogo social y a la concertación -en horas bajas hace 20 años-, son más influyentes ahora que en el 14-D, pero en cambio tienen menos capacidad de crear conflictos laborales, precisamente porque en los últimos tiempos la vía del consenso los ha evitado. Ello no quiere decir, advierte, que no vayan a surgir con fuerza en algunas empresas en crisis.
Concertación serena
Opinión muy similar mantiene en este apartado Jesús Mercader, quien apunta que las centrales deben mantener una actuación «serena y conjunta» en la actual coyuntura, y ayudar a resolver los problemas desde el diálogo social.
En su opinión, los sindicatos han tenido un «papel muy importante» en la definición de las políticas sociales a través de la concertación, una influencia que siguen teniendo porque todos los gobiernos quieren contar con ellos. Sin embargo, eso no impide, advierte, que salgan a la calle a defender sus ideas, como están haciendo ahora en conflictos como el de Nissan en Barcelona.
La concertación debe ser la vía, añade, para «intervenir» en el mercado laboral, con medidas que eviten la pérdida de empleo. Y precisa que las adoptadas hasta ahora son meras «aproximaciones». En las actuales circunstancias, señala, es muy difícil que pueda repetirse una situación como la de 1988, a la que se llegó por la existencia de unos «equilibrios muy singulares». La ruptura del sindicato UGT con el Gobierno socialista -una situación que «no se atisba ahora», apunta-, favoreció aquella movilización.
