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Las alegaciones, establece Administraciones Públicas, podrán presentarse a lo largo de los próximos treinta días en la Subdelegación del Gobierno en Castellón, en el Ayuntamiento de Vinaròs y en el Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CIDAM), en Valencia.
Según explican desde el Ministerio, la afección a fincas de propiedad privada "deriva de la implantación de las instalaciones terrestres, planta de operaciones y tramo terrestre del gasoducto". Además, para las canalizaciones se impone "una servidumbre permanente de paso" sujeta a una serie de limitaciones, como la prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 50 centímetros, así como de plantar árboles o arbustos de tallo alto a una distancia inferior a dos metros a contar desde el eje de la tubería. Asimismo, también se prohíbe realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una distancia inferior a ocho metros del eje del trazado.
Según el documento, el proyecto Castor contará con un presupuesto total de 1.289 millones de euros y las instalaciones incluyen una planta de operaciones localizada en tierra, a unos 8 kilómetros de la costa al norte de Vinaròs, y un gasoducto para el transporte de gas natural con un trayecto marino de 21,6 kilómetros y otro terrestre de 8,4 kilómetros.
Asimismo, habrá una planta marina que constará de una plataforma de proceso y otra de pozos, unidas entre sí a través de una pasarela de 50 metros, localizada en el mar a aproximadamente 21,6 kilómetros de la costa del municipio.
Por su parte, el representante de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, anunció ayer que su formación presentará alegaciones, "ya que supone una hipoteca de por vida para el futuro económico y social de la comarca del Baix Maestrat".







