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Una de las calles incluidas en el plan urbanístico, en una imagen reciente.
La policía desaloja 25 fincas en el Cabanyal para intentar frenar las ocupaciones ilegales

La policía desaloja 25 fincas en el Cabanyal para intentar frenar las ocupaciones ilegales

Los agentes detectan cerca de un centenar de enganches sin permiso a la red eléctrica, otro efecto de la paralización del plan urbanístico

Paco Moreno

Miércoles, 25 de febrero 2015, 12:11

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Veinticinco edificios desalojados y tapiados para impedir su ocupación ilegal, al menos de manera inmediata. Es uno de los datos que aparecen en el balance de la Policía Local en el barrio del Cabanyal del pasado año y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. La cifra refleja el nivel de abandono en muchas calles, donde imperan los solares y las casas abandonadas.

A finales de octubre de 2012 se produjo una reunión entre concejales del gobierno municipal y representantes vecinales y de los comerciantes. El propósito era atacar la degradación urbanística desde todos los flancos posibles, un plan coordinado con la Policía Nacional y que se había probado ya en Ruzafa con buenos resultados.

De dicho plan nace el balance aludido, donde otro de los asuntos destacados son los 76 enganches ilegales a la red eléctrica detectados por los agentes en el último año. En todos los casos, inmuebles abandonados y ocupados por familias sin recursos económicos, principalmente de etnia gitana y rumanos.

Se da la circunstancia además de que buena parte de las casas afectadas por las ocupaciones son de propiedad pública, en concreto de la empresa Plan Cabanyal, responsable de la ejecución de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, la construcción de 1.500 viviendas y varios equipamientos.

Como se sabe, el Ministerio de Cultura emitió una orden que declaró este plan como un expolio a los valores patrimoniales del barrio marinero. Después de varios intentos del Ayuntamiento y la Generalitat por solventar este obstáculo, en abril de 2010 el Tribunal Supremo dictó la paralización de cualquier derribo y obra.

Y así están las cosas desde entonces, salvo para intervenciones puntuales y que tienen que ver más con la conservación de los inmuebles. Hasta que se dilucide el futuro de esta zona, el compromiso del gobierno municipal fue intentar frenar los aspectos más perjudiciales de la paralización urbanística.

Además de las patrullas habituales, fuentes municipales indicaron que «esta actuación se refuerza con los grupos centralizados de GOEs en la lucha contra la droga, las usurpaciones y los delitos derivados de la degradación urbana». Por esa razón, el cumplimiento de la ordenanza de limpieza es parte importante de esta iniciativa.

Así, otras de las cuestiones que se trabajan son las denuncias por acumular basura en los solares. Las contratas municipales han realizado un total de 35 retirada de enseres, cargando camiones completos en la mayoría de ocasiones. También 84 infracciones relacionadas con la normativa de limpieza, además de otros cuatro controles de obras en vía pública y otras cuatro en viviendas particulares del barrio.

«Las relaciones con la Policía Nacional han dado muy buen resultado», precisaron las mismas fuentes, además de destacar las reuniones con las asociaciones vecinales, pese a que «en determinados momentos se interesan por asuntos muy puntuales para los que no se tiene inmediata solución».

Citaron como ejemplo las hogueras denunciadas por los vecinos que se encienden en plena calle, en zonas como el futuro bulevar San Pedro. También las molestias generadas por ruidos nocturnos, que al igual que el caso anterior «están propiciados por los propios vecinos».

Otros datos relevantes son los 85 decomisos por venta ambulante sin permiso en el mercadillo semanal, junto a los 63 casos por el mismo concepto. Se da la circunstancia de que durante todo el año no se ha producido ninguna denuncia policial a los establecimientos de la zona afectada por el plan.

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