Las Provincias

Joaquín Batista

Redactor

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Nacido en Valencia en 1982. Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Cardenal Herrera CEU (2000-2005). Se incorporó a LAS PROVINCIAS en 2004. Redactor de la Sección Valencia

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últimos artículos publicados

29/05/2017 11:45

Comunitat

Amancio Ortega, Steve Jobs o Juan Roig, entre los referentes de los estudiantes valencianos

Steve Jobes, Bill Gates y Amancio Ortega son los referentes de los estudiantes valencianos de entre 16 y 19 años que actualmente cursan estudios de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En cuanto a las mujeres en el ranking también aparece el empresario gallego y se completa con Marie Curie y la propia madre del estudiante. Otros nombre que aparecen en la encuesta presentada esta mañana son Elon Musk, Albert Einstein y Juan Roig. Las apreciaciones se extraen del estudio 'Futuro Laboral de los Jóvenes', impulsado por el Foro Educa 2020 con la colaboración de la empresa de seguros AXA y la empresa demoscópica GAD3. La radiografía se ha basado en cerca de un millar de encuestas entre alumnos de la Comunitat Valenciana, aunque a nivel estatal se superan las 12.000. Tal y como ha explicado el presidente de Educa2020, Fernando Jáuregui, se desprende que el estudiante valenciano, igual que el español, es conservador en los que se refiere a sus perspectivas laborales. Sirven un par de datos para acreditar la afirmación, como que la mayoría prevén cursar carreras convencionales como ADE, mientras que los que quieren cursar o estudiar ciclos formativos superiores se decantan por administración y finanzas. También destaca el hecho de que sólo el 18% prevea estudiar fuera de España o que existan porcentajes especialmente amplios de alumnos que ven su futuro instalados en el sector público. Ante la posible contradicción que supone esta última idea con el ranking de personalidades (donde destaca el emprendimiento y el sector privado), Jáuregui ha explicado que la explicación debe estar en que se trata de personalidades con un elevado poder adquisitivo, lo que ha podido condicionar la respuesta del estudiante. El estudio analiza multitud de parámetros relacionados con la titularidad del centro donde estudian, con su itinerario formativo (Bachillerato o FP) o con la influencia de las nuevas tecnologías.

26/05/2017 14:01

Comunitat

El Consell quiere mantener los programas lingüísticos paralizados en los colegios

La vicepresidenta Mónica Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que pese a la paralización cautelar del decreto plurilingüe no se volverá al sistema anterior, a la organización derivada del PP, sino que se aplicará el proyecto lingüístico de cada centro. Hay que recordar que este recoge, entre diferentes cuestiones, el peso de cada lengua en la enseñanza. En la práctica implicará mantener la organización derivada del decreto paralizado, muy distinto al de 2012, pues vincula el aumento del valenciano con la mayor exposición al inglés y elimina la doble línea. El ministerio, a la espera de los cambios prometidos Vicent Marzà estudiará cambiar el calendario escolar para que no esté basado en las fiestas religiosas Editores piden al TSJCV retirar la suspensión cautelar del plurilingüismo porque causa «inseguridad y perjuicio económico» Ante la pregunta de cómo puede mantenerse la organización actual, la basada en los niveles Básico (castellano), Intermedio y Avanzado (valenciano) cuando se derivan de un decreto cuya aplicación está paralizada, ha señalado que esta idea puede tratarse de "una premisa falsa" y a continuación ha señalado que el mantenimiento de los proyectos actuales puede sustentarse "en varias normativas que tienen que ver con el decreto de organización de centros o la programación anual" y que hay "varios instrumentos normativos que le dan empaque a esto". Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado esta mañana que no trabajan en ningún plan alternativo en caso de que se mantenga la paralización del decreto, más allá de centrar sus esfuerzos en argumentar el recurso de reposición contra la paralización cautelar. Oltra ha señalado en el encuentro con los medios que consideran que no se producen daños de difícil o imposible reparación a los alumnos, idea esgrimida por el TSJCV en el auto en relación a los diferntes títulos de inglés que recibirán los estudiantes en función del nivel que cursen. La vicepresidenta ha comentado que no tendrán vigencia hasta 2024, cuando llegará la primera generación de alumnos que reúna los requisitos para obtenerlos directamente al haber superado las asignaturas correspondientes.

24/05/2017 17:15

Política

El TSJCV suspende de forma cautelar el decreto de plurilingüismo del Consell

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha suspendido cautelarmente la aplicación del nuevo modelo lingüístico de las escuelas establecido por el Consell tras estimar la petición de la Diputación de Alicante. Los magistrados no se pronuncian sobre el fondo del asunto y en su resolución la sala señala que "todo lo resuelto en este auto se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba. Cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante". El TSJCV da dos días a la Generalitat para alegar antes de decidir si suspende cautelarmente la renovación de conciertos La sala de lo contencioso de la sección cuarta, sin embargo, adopta la medida al considerar que de lo contrario "podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible para los intereses y derechos de la parte recurrente" y que el servicio público no resulta afectado. Se añade que de no paralizarse la aplicación del decreto hasta que exista sentencia formal "un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas". Esta es la base argumental de la medida cautelar solicitada, y la sala aprecia que existe una diferencia entre las acreditaciones. No hay que olvidar que los estudiantes tendrán una certificación distinta en funciónd el nivel elegido, que se basa en el peso del valenciano y el castellano, incluso aunque se reciban el mismo número de asignaturas en lengua extranjera. El nuevo modelo lingüístico debía implantarse en todos los cursos de Infantil a partir de septiembre, si bien se permitía avanzar en el resto de etapas en función de las posibilidades de los centros. Con la estimación de la cautelar, la legislación aplicable será la anterior, la que ha funcionado desde 2012. En síntesis, se mantiene la posibilidad de que existan dos programas lingüísticos conviviendo en los centros (línea en castellano y línea en valenciano) y se obliga, como mínimo, a impartir una asignatura no lingüística en la lengua que no es la base del programa. Es decir, al menos dos en inglés (además de la asignatura de especialidad) y dos en valenciano (además de Llengua y Literatura) en el caso de los programa plurilingües de castellano. La cautelar se mantiene en principio hasta que exista sentencia, si bien la administración demandada tiene cinco días para presentar recurso de reposición contra la decisión. En el auto conocido esta mañana también se reconoce la legitimidad de la Diputación de Alicante para impugnar la normativa del Consell. "No es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho. Por ello, la sala tiene en consideración esta circunstancia y aprecia que, si bien se presume el interés público en la administración de la Generalitat y en el decreto recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público público la administración alicantina recurrente". Precisamente, el paso dado por la corporación fue muy criticado por la portavoz del Consell, Mónica Oltra, que cuestionaba el interés de la misma en este sentido de carecer de competencias en educación. No se puede olvidar, por contra, que ha sido en Alicante donde se ha producido la mayor contestación social contra el decreto, con más recursos judiciales por parte de asociaciones de padres y dos manifestaciones, la última de ellas celebrada el pasado viernes con miles de asistentes. Así es el nuevo modelo lingüístico El nuevo modelo lingüístico se estructura por niveles: Básico (donde predomina el castellano), Intermedio y Avanzado (donde predomina el valenciano). A medida que se sube de modalidad aumenta el peso de la lengua autonómica y también de la extranjera, pues se pueden dar más asignaturas en inglés respecto a los básicos y los intermedios. Tras la petición de aclaraciones por parte del Ministerio de Educación, también se plantea un recurso judicial, Educación desveló que los centros podrían dedicar parte del horario de libre disposición (tres horas y media semanales) a reforzar las asignaturas de inglés. Es decir, como una manera de corregir la diferente exposición a la lengua extranjera que decretó el Consell. Eso sí, cualquier centro tendría esta opción, por lo que uno con nivel Avanzado, que ya partiría de un escenario con más horas en inglés, podría aumentarlas si cabe. Un Básico, en cambio, debería renunciar a potenciar otras áreas para igualarse a un Avanzado. El decreto lingüístico también ha sido recurrido por los sindicatos CSI·F, Anpe, USO, por el PPCV y por VOX, por la Asociación Defensa del Castellano, por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular (integrado por Covapa, Concapa y la plataforma Idiomas y Educación) y por la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa).

24/05/2017 12:32

Comunitat

El nuevo curso en la Comunitat Valenciana comenzará el 11 de septiembre y terminará el 22 de junio

El curso 2017-2018 comenzará el lunes 11 de septiembre en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, según se desprende de la propuesta de calendario escolar que se presentará el jueves a los sindicatos docentes. Se producirá una sensible diferencia respecto al actual, que arrancó el día 8. La explicación es que mantener la fecha haría que las actividades lectivas se iniciaran en viernes, una opción que se suele rechazar para evitar el parón del fin de semana. La fecha de finalización sí varía en las diferentes etapas. En Infantil y Primaria se terminará el 22 de junio de 2018 (en este lo harán el día 20) y en ESO, Bachillerato y FP el 20 (en el actual acaban el 16). Las becas de comedor y transporte escolar para el curso 2017-2018 se podrán pedir a partir de mañana y con una única solicitud Para otros estudios el calendario es el siguiente. Los que cursen programas formativos de cualificación básica empezarán el 21 de septiembre de 2017 y acabarán el 18 de junio de 2018; los de FP Básica de segunda oportunidad empezarán el 14 y terminará el 25 de junio; los matriculados en escuelas de formación de adultos iniciarán las clases el 14 de septiembre y terminarán el 20 de junio; los de enseñanzas deportivas y artísticas comenzarán el 18 de septiembre y finalizarán el 13 de junio y los que cursen estudios de idiomas en las escuelas oficiales empezarán el 25 de septiembre y terminarán el 20 de junio. En cuanto a los festivos, se mantienen los decretados para este ejercicio -12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 1 de mayo- y se añade el 9 de octubre, que este curso cayó en domingo. En cuanto a periodos vacacionales, las de Navidad irán del 23 de diciembre al 7 de enero (ambos incluidos) y las de Pascua oscilarán entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2018. Pese al baile de fechas no habrá apenas variaciones en el número de días lectivos respecto al curso actual, que en cualquier caso se producen por coincidir las fechas de inicio o finalización de las vacaciones en fin de semana. Los periodos lectivos totales en Infantil y Primaria oscilarán entre 848 y 858 y en los dos primeros cursos de la ESO irán de 1.009 a 1.021. En 3º y 4º se añaden dos sesiones semanales más a las anteriores. Son los mismos parámetros que en el curso actual. En la actualidad las familias afrontan el periodo de admisión, y tendrán de plazo para presentar la solicitud de acceso al colegio (para nuevas incorporaciones) hasta el próximo lunes en Infantil y Primaria y hasta el miércoles en la ESO y Bachillerato. La fecha de finalización sí varía en las diferentes etapas. En Infantil y Primaria terminarán el 22 de junio de 2018 (en este lo harán el día 20) y en ESO, Bachillerato y FP el 20 (en el actual acaban el 16). Para otros estudios el calendario es el siguiente. Los que cursen programas formativos de cualificación básica empezarán el 21 de septiembre de 2017 y acabarán el 18 de junio de 2018; los de FP Básica de segunda oportunidad empezarán el 14 y terminará el 25 de junio; los matriculados en escuelas de formación de adultos iniciarán las clases el 14 de septiembre y terminarán el 20 de junio; los de enseñanzas deportivas y artísticas comenzarán el 18 de septiembre y finalizarán el 13 de junio y los que cursen estudios de idiomas en las escuelas oficiales empezarán el 25 de septiembre y terminarán el 20 de junio. En cuanto a los festivos, se mantienen los decretados para este ejercicio (12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 1 de mayo) y se añade el 9 de octubre, que este curso cayó en domingo. En cuanto a periodos vacacionales, las de Navidad irán del 23 de diciembre al 7 de enero y las de Pascua oscilarán entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2018.

01/05/2017 13:11

Comunitat

Los escollos de la hoja de ruta de Vicent Marzà

En los pasillos de la conselleria se ha llegado a escuchar que la renovación de los conciertos de Bachillerato ha supuesto una lucha de pesos entre Compromís y PSPV. El primer partido, el del conseller Marzà, veía con buenos ojos una propuesta restrictiva, que multiplicaba las líneas a eliminar. El segundo, mayoritario en el Consell y el del secretario autonómico Miguel Soler, abogaba por la mano izquierda: reducción menor y negociada con el sector que, más allá de los quebrantos que causará a las familias afectadas, no dé la excusa al sector para tomar las calles, como sucedió hace un año. Esta ha sido la opción que se ha impuesto. Ximo Puig y Vicent Marzà viajan a Finlandia para analizar su sistema educativo y su posible aplicación Admitido a trámite el recurso de la Diputación de Alicante contra el decreto de plurilingüismo Ximo Puig tilda de «rutinaria» la admisión de denuncia de PP contra plurilingüísmo El cotilleo, que gana credibilidad cuando desde las patronales se valora el trabajo de planificación realizado y se habla de ajuste «suave», ejemplifica una dinámica que ya se ha vivido en la sede de Campanar. Aunque el modelo educativo del conseller coge forma, los pasos dados no han estado exentos de escollos o presiones, sean internas -de sus socios- o externas. Por ejemplo, mediante protestas, ofensivas judiciales o advertencias del Gobierno. Sin olvidar el condicionante de la financiación, que ralentiza algunos de los grandes planes. La prueba del algodón, de la diferencia entre lo anunciado y la realidad, se obtiene analizando algunas de las promesas más contundentes que plasmó Compromís en su programa de 2015. También se observa al estudiar cómo se han impulsado medidas que se prevé matizar en próximos meses. El tratamiento de la educación concertada es el mejor ejemplo. Los nacionalistas anunciaban un planteamiento extremo: supresión progresiva del Bachillerato y la FP, pero tras la negociación con las patronales el balance de la renovación es el siguiente: se ofertarán 31 aulas menos de 1º y el curso que viene desaparecerán las de 2º, el 14% de las que funcionan hoy. A este ritmo, para la desaparición progresiva -que obligaría a una ingente inversión para dar cabida al alumnado en la red pública- se necesitarán varias legislaturas. Por lo que respecta a la FP, el curso que viene siguen casi todos los ciclos y crecen las aulas de la Básica, que es etapa obligatoria. La explicación de esta situación está en el tira y afloja con parte de los representantes del sector, que ha permitido, por ejemplo, sacar del ajuste a la mayoría de los centros con una única línea de Bachillerato. Si se hubiera procedido como el curso pasado, sin reuniones y sin apenas contrapartidas -en este proceso también se aumentan las aulas de refuerzo- habría existido mucha mayor contestación social, tal y como aseguran varios pesos pesados de la enseñanza concertada. El mejor ejemplo de que el Consell tomó nota de las movilizaciones fue el arreglo escolar de 2016. La propuesta inicial, restrictiva, se matizó varias veces mientras se sucedían las protestas multitudinarias. Al final, sumando el balance de aulas suprimidas y creadas en todas las etapas el resultado fue neutro. Un equilibrio que por cierto fue esgrimido por el Consell para defender la planificación realizada. 2017 también ha servido para conocer al detalle el modelo lingüístico, que en septiembre llega a Infantil. En el programa Compromís abogaba por la inmersión, y aunque el conseller defiende la idoneidad de los programas en valenciano, en el decreto se mantiene la posibilidad de formarse con el castellano como lengua base e incluso hay modalidades intermedias donde el peso de las lenguas se equilibra. Eso sí, los alumnos que estudien en valenciano tendrán ventajas. Marzà considera que los niveles básicos, los de castellano, no son adecuados para el domino de las lenguas, si bien se justifica el modelo en que responde a la realidad de la Comunitat. Hasta el Stepv y Escola cuestionaron la decisión por quedarse corta. El rechazo al diferente trato para el alumnado se ha materializado en los tribunales con nueve recursos promovidos por sindicatos, partidos, federaciones de padres y plataformas ciudadanas. También el ministerio ha terciado pidiendo aclaraciones. Sólo tras este paso la conselleria matizó algunos aspectos: en una orden posterior se aclarará cómo los alumnos de castellano pueden tener certificados oficiales en inglés (automáticos para los niveles avanzados de valenciano), cómo los colegios podrán aumentar la exposición al idioma con horas de libre disposición, pues hay más carga de inglés en las modalidades citadas, sin olvidar que se pedirá que los centros de valenciano se aseguren de dar una área troncal en castellano para cumplir la Lomce. Resultados Pese a los matices, igual que sucede con el tratamiento de la red concertada, que se estanca en alumnado frente al crecimiento de la pública -ganó más de 400 aulas-, la política lingüística ha dado frutos. El curso que viene el 54% de los colegios aplicará niveles avanzados de valenciano para todo su alumnado y sólo un 16% se mantendrá en los básicos de castellano (algo más de 200). En la actualidad en la mayoría -909- se puede estudiar en la lengua de Cervantes, bien por ser el programa imperante o por convivir con el de valenciano por la doble línea, que desaparece. Entidades contrarias al modelo alegan que el cambio se debe a la vinculación entre el valenciano y el inglés y alertan de que está diseñado para que los colegios apuesten por la lengua propia en próximos cursos, pues habrá más recursos para ellos. Otro obstáculo que ha lastrado la hoja de ruta de Marzà ha sido la infrafinanciación de la Comunitat. Y ha afectado a aspectos sensibles como la bajada de las ratios, la eliminación de barracones o la financiación universitaria. En cuanto al máximo de alumnos por aula, la reducción generalizada anunciada en la campaña tras la subida de 2012 se ha transformado en progresiva, hasta el punto de que habrá que esperar al 2024-2025 para que todos los cursos de todas las etapas vuelvan a la situación anterior. En el capítulo de infraestructuras, se ha anunciado el necesario objetivo de eliminar los barracones. A la elevada inversión que se precisa (también de personal técnico) se suman las dificultades administrativas y, según conselleria, la escasa planificación heredada del PP. De los plazos anunciados en 2016 hay varios incumplimientos. En cuanto a universidades, la mejora de la aportación ordinaria queda aparcada a la espera del cambio en la financiación. Lo mismo pasa con las tasas, que siguen en el nivel más alto desde que hay grados. Cuando gobernaba el PP esto provocaba el abandono de muchos alumnos, según el programa de Compromís. La alternativa ha sido aumentar las becas y crear nuevas modalidades. La reducción progresiva prometida sigue sin conocerse. Otra medida que se matizará en los próximos meses es la regulación de la jornada continua, muy criticada por Ampas y la patronal de empresas de extraescolares Pavaex al impedirse la programación de estas entre el comedor y las 17 horas. Tras dos procesos de cambio y con la mitad de los centros públicos con horario intensivo, se han anunciado cambios. Sólo ha trascendido que los colegios donde se votó en contra no podrán pedirla hasta pasados tres cursos. Pavaex y las Ampas de la Gabriel Miró de Alicante reclaman que se permita «elegir en libertad» las actividades de los hijos.

16/04/2017 21:44

Comunitat

Los padres de cuatro centros tumban dos veces la modificación

Las familias de los colegios Hispanidad, El Palmeral (Elche), José María Manresa Navarro (San Fulgencio) y Cap d'Or (Teulada) han tumbado el cambio en las dos ocasiones en que se ha propuesto: tanto en septiembre como el día 4. Según los datos de Educación, son las únicas escuelas donde la repetición de las votaciones no ha servido para aplicar la jornada continua al no llegarse al 55% de todos los votos posibles.

09/04/2017 12:26

Valencia Ciudad

Joan Ribó respalda a Giuseppe Grezzi en la prohibición del aparcar en el carril bus

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha mostrado esta mañana su apoyo sin fisuras al concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, en la gestión de la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches. El alcalde, que ha vistado las XXX Trobades d'Escoles en Valencià, ha indicado en su intervención ante la prensa que conocía la medida pese a haber sido gestionada desde la Concejalía y se ha mostrado completamente de acuerdo con la misma. Ribó ha recordado que la medida se incluye en el programa electoral de Compromís, que se aplica en todas las ciudades y que servirá especialmente para facilitar el acceso al transporte público de personas con problemas de movilidad. En cuanto a los plazos, el alcalde ha indicado que se aplicará una vez concretadas las alternativas de transporte, ya sea el aumento de la frecuencia de las líneas de la EMT o tarifas planas en los aparcamientos. Asímismo, el primer edil ha mantenido que la previsión es aplicarla a principios de mayo.

29/03/2017 20:04

Sociedad/Educación

PDF | Listado completo de los 326 colegios que quieren aplicar la jornada continua en el curso 2017-2018 en Valencia, Alicante y Castellón

Consulta el listado completo de los 326 colegios que han solicitado aplicar la jornada continua el curso 2017-2018 en Valencia, Alicante y Castellón. El día 4 de abril miles de padres acuden a las urnas para dar el visto bueno al cambio a la jornada continua. La Conselleria de Educación sólo autorizará la nueva organización si al menos el 55% del censo total apoya la iniciativa. Es decir, el porcentaje se calcula sobre todos los padres y madres del colegio, no sobre las personas que acudan a votar. Consulta el listado de colegios de Castellón que pidieron en enero aplicar la jornada continua Consulta el listado de colegios de Alicante que pidieron en enero aplicar la jornada continua Consulta el listado de colegios de Valencia que pidieron en enero aplicar la jornada continua

29/03/2017 12:35

Comunitat

Los 326 colegios que votarán el 4 de abril la jornada continua en Valencia, Alicante y Castellón

El día 4 de abril de 2017 miles de padres están llamados a las urnas para dar el visto bueno al cambio a la jornada continua. La Conselleria de Educación sólo autorizará la nueva organización si al menos el 55% del censo total apoya la iniciativa. Es decir, el porcentaje se calcula sobre todos los padres y madres del colegio, no sobre las personas que acudan a votar. Aquí puedes consultar el listado completo de los 326 colegios que han solicitado aplicar la jornada continua el curso 2017-2018 en Valencia, Alicante y Castellón. La jornada continua puede llegar a la mitad de colegios el próximo curso Desde hoy ya se pueden emitir votos en diferido. Durante la jornada de votaciones la mesa electoral estará habilitada durante todo el día en cada uno de los centros. Frente a la primera oleada de consultas, en la que la inmensa mayoría fueron escuelas de Alicante, ahora llega el turno de Valencia. Para el curso que viene se presentaron en realidad 384 solicitudes para funcionar con la nueva modalidad, pero una vez finalizada la revisión de la documentación remitida Educación ha tumbado 58 por incumplir algunos de los requisitos planteados, que son varios: aprobación por parte del consejo escolar y el claustro por mayoría de dos tercios, mantenimiento de los servicios complementarios (comedor y transporte) y organización de talleres gratuitos para las familias que cubran el tiempo entre el final de la comida y la salida a las 17 horas. Consulta el listado de colegios de Castellón que pidieron en enero aplicar la jornada continua Consulta el listado de colegios de Alicante que pidieron en enero aplicar la jornada continua Consulta el listado de colegios de Valencia que pidieron en enero aplicar la jornada continua

14/01/2017 18:47

Fallas

Premios de la Gala de la Cultura de 2017

El mundo fallero disfrutó ayer viernes de la Gala de la Cultura 2017, celebrada en el Teatro Principal y presidida por la fallera mayor, Raquel Alario, y por los concejales Pere Fuset y Carlos Galiana, que aunque participó en el concurso no llegó a la final. La cita sirvió para entregar los premios Saragüell a las mejoras obras y artistas de teatro representadas por falleros. La puesta en escena fue amena, aunque también se oyeron voces críticas en relación a algunos tiempos en blanco o a problemas puntuales de iluminación. En la parte emotiva, se recordó a tres personas muy vinculadas al mundo del teatro: Vicenta Mateu, Pepe Bea y Ricardo Centelles. Consulta el listado de premios.

06/12/2016 13:13

Comunitat | SociedadEducación

La Comunitat se estrena con nota en PISA

La Comunitat Valenciana se estrena con nota en PISA, el estudio internacional más afamado que se realiza cada tres años para comparar el desempeño de los alumnos de 15 años de los países de la OCDE y sus asociados. Realizado en 2015, implicó una novedad para el sistema educativo valenciano, pues por primera vez participaron 50 escuelas en una muestra lo suficientemente representativa para que la organización internacional pudiera extraer conclusiones. Y el resultado, contra todo pronóstico teniendo en cuenta los recortes que ya tenían efectos claros en 2015, ha sido bueno para España y más que bueno para la Comunitat. Castilla y León y Navarra, a la altura de Canadá y Corea España entra en el club de los sistemas educativos más avanzados Un colegio de la Comunitat supera a Finlandia, Corea o Japón en 'PISA para Centros Educativos' Cómo desmontar el informe PISA Méndez de Vigo: «El resultado de España en PISA es muy satisfactorio» La puntuación obtenida en Ciencias (494) y Lectura (499) es más alta no sólo que la media española (493 y 496), sino que incluso en la segunda competencia supera al promedio de Europa y de la OCDE (494 y 493). En Ciencias se queda un punto por debajo de los países de nuestro entorno (495) pero sí mejora el promedio de todos los estados del organismo internacional (493). Aunque la diferencia es mínima e incluso residual a efectos estadísticos, no quita que los alumnos valencianos, para Pisa, hayan quedado bien posicionados. Eso sí, en Matemáticas las competencias han flaqueado ligeramente. En la Comunitat se obtienen 485 puntos frente a los 486 de España, los 490 de la OCDE y los 493 de la Unión Europea. Es decir, no hay diferencia a nivel nacional pero sí están algo más rezagados respecto a los socios europeos. Al ser la primera vez que se participa la Comunitat no puede compararse con años anteriores, uno de los principales valores añadidos de PISA. Pero sí con otras comunidades autónomas. Y la conclusión también es positiva, pues los resultados se acercan más a los de las autonomías punteras (las del norte) que a las del levante y el sur, que es el grupo habitual de los valencianos cuando se comparan otros indicadores como el abandono prematuro de los estudios o, especialmente, el fracaso escolar. Incluso en lectura supera al paradigma español de la buena educación: el País Vasco.

20/11/2016 00:40

Comunitat

La Fiscalía de Valencia investiga 90 casos de acoso escolar en menos de dos años

El arresto de cuatro menores alicantinos acusados de insultar y humillar durante año y medio a una compañera de clase es sólo la punta del iceberg de un problema al que pone cifras la Fiscalía de Menores de Valencia. En menos de dos años, el departamento judicial ha abierto 90 investigaciones penales relacionadas con violencia en el entorno escolar, como confirmó la fiscal coordinadora Consuelo Benavent. La mayoría de las que se han llevado a juicio en este tiempo son por lesiones y hay también ocho casos de supuesto delito contra la integridad moral como el que sufrió la niña alicantina. Es el resultado de un reciente informe de la Fiscalía que mide la incidencia del temido 'bullying' en los casos de menores atendidos por esta sección entre enero de 2015 y octubre de este año. Sorprendentemente, están llegando denuncias de padres con niños de incluso 6 o 7 años. Pero Benavente tranquiliza: «Son casos de poca importancia que, en muchos casos, responden a una sobreprotección paterna. Peleas entre niños siempre ha habido y a estas edades es mejor que se resuelva todo en el ámbito escolar». También hay multitud de denuncias referidas a escolares de 12 y 13 años. Esas también acaban abocadas al archivo tras las diligencias premliminares. Eso sí, con traslado del caso a Educación para que tome las medidas oportunas. Tras esa criba inicial hay 90 casos en los que sí se han abierto investigaciones penales a estudiantes de entre 14 y 17 años implicados en lesiones leves (empujones, golpes y collejas), injurias o delito contra la integridad moral. CLAVES Y CIFRAS 900 018 018. El teléfono contra el acoso impulsado por el ministerio. Funciona 24 horas al día, no deja rastro y es atendido por un equipo profesional. Está pensado para alumnos, docentes o familiares que quieran contactar ante algún caso detectado o sospechen que se puede producir. SERVICIOS. La conselleria ultima el refuerzo de las unidades especializadas de cada dirección territorial para tratar y prevenir esta lacra. Por ejemplo, se hará un seguimiento diario de las situaciones graves que afecten a la convivencia y comuniquen los centros. 158 casos de acoso detectó Educación el curso pasado en la provincia. Las estimaciones del ministerio hablan de que afecta al 4% de los escolares españoles. CHARLAS. De las conferencias que imparten la Policía Nacional y la Guardia Civil en los colegios se desprende que el ciberacoso es la principal preocupación de los centros al ser la tipología más demandada. De ellos, una treintena se han resuelto por la mediación. El agresor se disculpa ante víctima en sede judicial y se pacta una reparación del daño, por ejemplo admitir el error y pedir perdón ante compañeros o en los mismos foros juveniles de internet donde antes se vertieron los insultos y burlas. En el resto de casos, algunos están en trámite y otros, los más graves y con pruebas fundadas, ya han ido a juicio por los citados delitos. La plataforma de familias 'Acabemos con el acoso escolar' ha presentado 1.300 firmas para reclamar la aplicación de medidas que prevengan de modo efectivo el acoso escolar. El escrito se ha remitido al ministro de Educación, al conseller Vicent Marzà y a la concejala de Valencia, María Oliver. Argumentan que ni el programa estatal ni los planes de convivencia autonómicos, ideados para evitar supuestos de violencia escolar, se están cumpliendo. Plantean «un protocolo de prevención contra el acoso escolar eficaz y urgente para cada centro» que esté diseñado y coordinado «por un experto en prevención e intervención en acoso escolar debidamente acreditado con un mínimo de 120 horas de formación» y presente en cada escuela. Además, piden que tanto el equipo directivo como el resto del claustro reciba la misma formación. «Tenemos casos mal resueltos por el colegio, cuyos resultados son tan peligrosos que hubiera sido preferible que no hubiera intervenido», aseveran. «Conseguir bullying cero pasa por combatir la ignorancia y la falta de conocomiento en los centros», señalan. En la petición se adjunta un listado de centros españoles donde han detectado casos y una serie de denuncias sobre una escuela de la ciudad de Valencia. Francisco Sorolla es secretario general de la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar. «El problema ha crecido de forma exponencial. Creemos que la ley del menor es todavía permisiva cuando los estudios demuestran que el acosador escolar puede ser maltratador o delincuente en edad adulta». En cuanto a las víctimas, cree que en un 60% de los casos se sigue castigando «la diferencia». «El que es buen estudiante, el patoso, el bajito, el de gafas, el obeso o el que sufre algún problema como dislexia o autismo», lamenta. Su consejo: «No callarse por temor a ser considerado chivato».

20/09/2016 20:03

Comunitat

Los colegios podrán elegir la lengua de las clases pero se priorizará el valenciano

Educación ha presentado esta mañana las líneas generales del nuevo modelo lingüístico en las escuelas, que se aplicará de manera progresiva a partir del próximo curso y empezando por Infantil. Educación convoca ayudas para gabinetes psicopedagógicos escolares en 2016 Mesa por la Educación denuncia «falta de diálogo» como «vicio» de Conselleria Son varias las novedades. Desaparece el sistema dual actual (programas lingüísticos en castellano o en valenciano), por lo que los centros sólo podrán aplicar un modelo, denominado Programa Plurilingüe Dinámico (PPD). Eso sí, existirán 6 modalidades: Básico 1, Básico 2, Intermedio 1, Intermedio 2, Avanzado 1 y Avanzado 2. En función del peso que dén a cada una de las lenguas (incluyendo las extranjeras), se encuadrarán en cada una de las tipologías. Por ejemplo, los actuales programas en castellano se situarán entre el Básico 1 y el Intermedio 1. En cambio, los que se basan en el valenciano se situarán en el Avanzado 1. ¿Cuál es la ventaja? A mayor nivel, los alumnos saldrán de la escuela con una mejor acreditación en lenguas. Y es que Educación establecerá acreditaciones automáticas, evitando que los estudiantes pasen por academias o escuelas oficiales de idiomas. Por ejemplo, los del Avanzado 2, tras el Bachillerato, saldrán un B1 de Inglés y un C1 de Valenciano (mitjà). En cambio, el nivel de acreditación será menor (o no existirá) en las modalidades más bajas. Dicho con otras palabras, los centros dispondrán de mayor valor añadido (mejores acreditaciones) siempre que prioricen el valenciano. No sucederá si se opta por el castellano. Educación argumenta que se ha hecho así por tratarse de la lengua minorizada. Por otro lado, se mantiene la exención de la asignatura de Valenciano (derecho recogido en la Ley de Uso y Enseñanza) y se va a incluir, dentro del horario lectivo, unas horas semanales para fomentar la comunicación oral en lenguas, sobre todo extranjeras. Todos los colegios tendrán que adaptar sus programas lingüísticos a alguna de las seis nuevas modalidades. En los públicos se decidirá en el consejo escolar con una mayoría de dos tercios. En los concertados elegirá el titular oído el órgano consultivo. Para los privados el nuevo modelo, plasmado en un decreto a negociar en las próximas semanas, será de aceptación voluntaria.

31/08/2016 20:48

Comunitat

El Gobierno también irá a los tribunales si Educación no renuncia a su boicot a la Lomce

El Gobierno también tomará, casi con total seguridad, medidas judiciales contra las políticas del Consell en materia de enseñanza. Desde el Ministerio de Educación explicaron ayer que se presentará un contencioso administrativo ante el Tsjcv si en dos semanas la conselleria no da una respuesta satisfactoria al requerimiento para adaptarse a la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), exactamente en lo que se refiere a las evaluaciones externas de Primaria. FRENTES JUDICIALES Aulas de dos años. Hay recursos en marcha presentados por Feceval y la asociación Adei. Fcapa. La Federación de Ampas Católicas de Valencia ha presentado contenciosos contra la regulación de la jornada continua y las normativas de la admisión. Sector concertado. Se han admitido recursos por la negativa a ampliar aulas en centros con demanda y por las supresiones. Universidades. La Católica y el CEU han recurrido las convocatorias de becas autonómicas. También la exclusión de las prácticas. Transporte escolar. El frenazo al contrato impulsado por el PP ha supuesto el recurso de parte de las empresas afectadas. Aunque se deban respetar los plazos administrativos, el pescado está vendido. El conseller Vicent Marzà ya ha dejado claro que mantendrá su alternativa a las pruebas, pactada con otras comunidades díscolas. De hecho ha planteado una estrategia parecida para las reválidas de Secundaria que llegarán en junio. El nuevo frente judicial se sumará al goteo de recursos presentados durante la legislatura: contra la creación de aulas de dos años en colegios públicos, los cambios en la admisión, la regulación de la jornada continua, la eliminación de aulas concertadas y la negativa a ampliar conciertos, la ordenación de las bolsas de interinos, el desistimiento en el contrato de transporte escolar y contra la nuevas políticas universitarias, como la exclusión del alumnado de las privadas de las prácticas sanitarias en centros públicos y de las becas autonómicas. En estos últimos casos el TSJ ha decretado suspensiones cautelares. El listado es síntoma del nivel de confrontación existente en la educación valenciana, y si se fija la mirada en los recurrentes, quitando al Gobierno el resto representan a diferentes actores de la red privada. En cuanto a las pruebas de 3º y 6º de Primaria, en la Comunitat se dejó a elección del centro la aplicación del modelo Lomce -un examen orientativo de competencias orquestado por el ministerio y corregido por personal externo- o un informe individualizado realizado por el equipo docente basado en la evaluación continua. Desde el Gobierno se consideró que la alternativa chocaba con la ley porque la prueba debe ser obligatoria y avisó a la conselleria a través de un requerimiento para que tomara las medidas oportunas. Las reválidas seguirán si cuaja el acuerdo PP-Ciudadanos Aunque la reforma educativa del PP no es ajena a la incertidumbre política que se vive a nivel estatal, poco cambiará si fructifica la opción que de momento se ha puesto encima de la mesa: la investidura de Mariano Rajoy con el apoyo de Ciudadanos y CC. En este escenario se aplicaría el pacto entre los partidos. Entre las 150 medidas acordadas está la paralización del calendario de aplicación de la Lomce en aquellos aspectos que no hayan entrado en vigor mientras se impulsa un pacto nacional por la educación. Serán más bien pocos si se tiene en cuenta que en el curso 2016-2017, el que está a la vuelta de la esquina, se completa la implantación en sus aspectos centrales: los cambios llegan a los cursos pares de Secundaria, incluyendo las llamadas reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. La primera debe superarse para pasar de etapa y la segunda para poder entrar en la universidad. Hay que tener en cuenta que los reales decretos que desarrollan la Lomce en estos aspectos ya están aprobados y publicados en el BOE, por lo que son plenamente efectivos. También los que afectan a temas de ordenación académica como los nuevos itinerarios en función de si el estudiante se dirige hacia la FP o hacia el Bachillerato. Otro escenario posible, la gran coalición de izquierdas, cambiaría la situación. Ya en la pasada legislatura -la fallida- la mayoría parlamentaria acordó su paralización y la futura derogación. En este caso el partido de Rivera se abstuvo. La última opción, la repetición de elecciones, dejaría la ley como está mientras se mantuviera el gobierno en funciones. Y todo dependería de los nuevos resultados. Fuentes del departamento estatal explicaron que todavía no ha caducado el plazo para contestar -llega hasta mediados de septiembre-, si bien insistieron en que «la intención» del ministerio es optar por el contencioso «si la contestación no se ajusta a la ley o si no hay contestación». Fuentes de la conselleria señalaron que la respuesta se remitió en tiempo y forma. El conseller Marzà ya dejó claro en junio que mantendría la alternativa al considerar que se basaba en una interpretación de la Lomce y que los docentes que están a diario con los alumnos son los más indicados para valorarles. Sin olvidar que las instrucciones que regulan la 'vía valenciana' no se han modificado, lo que indica que no se atenderá la exigencia y que durante el curso que empieza se mantendrá esta opción. La diputada popular en Les Corts Beatriz Gascó se mostró convencida ayer de que el ministerio recurrirá a la vía judicial en relación a las pruebas externas y dijo que «todas las decisiones importantes del Consell han acabado en los tribunales». Además, destacó que con la implantación de la Lomce en todas las líneas en valenciano se deberá dar en castellano al menos una asignatura no lingüística. «¿Va a cumplirlo Marzà?», se preguntó durante la rueda de prensa de balance del curso. Gascó se mostró muy crítica. Advirtió de que ningún alumno se beneficiará de la retirada de barracones «por la acción del Consell», en el sentido de que los nuevos centros para el ejercicio fueron licitados por el PP; denunció que los programas de refuerzo reducen el peso del inglés; acusó a Educación de causar el conflicto de las becas universitarias - «el sectarimso y la radicalidad intentan disfrazarlos echando la culpa a otros» -; y destacó que con Xarxallibres no se alcanzará la gratuidad, sobre todo en los cursos que se adaptan a la Lomce. También auguró que el nuevo modelo lingüístico sólo se preocupará del valenciano. Control fiscalizador del PP La diputada anunció la creación de una plataforma para que cualquier persona puedan remitir sus quejas al grupo, que las planteará en sede parlamentaria. Sus críticas fueron replicadas por Compromís y PSPV. Los nacionalistas le recordaron el escándalo de Ciegsa en relación a los barracones mientras que los socialistas acusaron al PP de actuar como un lobby de la educación privada.

31/08/2016 11:56

Valencia Ciudad

Educación ignora la propuesta de la Católica y le pide que retire el recurso

El conflicto de las becas universitarias de la Generalitat está abocado a que decidan los tribunales, pues la conselleria no tiene intención de recurrir a la fórmula alternativa que ha planteado la Universidad Católica (UCV) para desbloquear las ayudas que permiten a los alumnos no pagar las tasas. Como informó LAS PROVINCIAS, la institución considera que la administración puede prorrogar las bases del año pasado, que no establecían diferencias de titularidad, para impulsar una nueva convocatoria con el presupuesto consignado, de manera que todos los estudiantes podrían optar a las becas mientras se resuelve el proceso judicial. El CEU recurre contra seis becas universitarias El PP y Ciudadanos también han pedido en declaraciones públicas una solución urgente y extraordinaria ante la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras un recurso de la citada universidad, contraria a la exclusión de sus estudiantes. El Gobierno acusa al Consell de «sectario» por discriminar a los estudiantes de las privadas Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà se mostraron contundentes al ser preguntados por esta vía. «No contemplamos ninguna posibilidad al respecto ya que quien debe actuar es la UCV, máxima responsable de haber paralizado el proceso y de haber perjudicado al alumnado». En este sentido, añadieron, «lo único que debe hacer para desbloquear la situación es retirar el recurso». Fuentes de la universidad sostienen que se han presentado contenciosos contra las seis modalidades de becas impulsadas por la conselleria: becas salario, de excelencia, para los erasmus, la que completa la cuantía que da el ministerio a los becados valencianos, las de exención de tasas y las de no abandono. Sin embargo, desde la conselleria aseguraron ayer que no se tiene constancia de ningún contencioso contra las complementarias. Recurso de la conselleria La suspensión cautelar afecta a las dos últimas de la lista, que cuentan con una inversión de 3,15 millones. Educación informó ayer de que antes del jueves se presentará un recurso contra la suspensión cautelar. Desde la Católica insistieron en que esta se adopta para evitar daños irreparables entre el alumnado perjudicado por la decisión de Educación. Por ejemplo, aquel que ya ha sido becado en años anteriores y tenía la expectativa de volver a solicitarla. Hay que recordar que las ayudas paralizadas que cubren la matrícula se refieren al curso 2015-2016. Se convocaron poco antes de terminar la actividad universitaria por dificultades en su tramitación por un cambio legislativo. Es decir, no quedan afectadas las correspondientes al ejercicio que empieza, que de hecho no están convocadas. En el anterior (2014-2015) sumaron 2.475 beneficiarios, de los que 151 eran alumnos de las privadas según los datos que maneja Educación. Entonces, con el PP, no había distinciones en cuanto a la titularidad. Esta es la convocatoria que la Católica propone prorrogar. Por lo que respecta a las de no abandono, son de nueva creación. La suspensión cautelar afecta a las del 2016-2017. Las impulsadas en diciembre de 2015 de manera extraordinaria ya están resueltas y beneficiaron a 108 jóvenes. La conselleria también defendió que ninguna comunidad, con la excepción de Castilla y León y Aragón, beca a los alumnos de las privadas, y argumentó que desde que en el 2006 se incluyó a estas instituciones en el sistema de becas los beneficiarios de la Católica han oscilado entre cien y 150 por curso. Por otro lado, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, destacó ayer que las becas del ministerio «no están en peligro» y añadió que el Gobierno central, «a diferencia de otros, garantiza sin sectarismos el acceso a las ayudas a la educación». También dijo que el Consell «debe rectificar su política educativa y dar una solución rápida a los estudiantes valencianos». En el mismo sentido se pronunció la diputada de Ciudadanos Merche Ventura, que pidió una normativa «urgente» que no distinga entre titularidades y recordó que hay familias «que hacen verdaderos esfuerzos para que sus hijos puedan estudiar en la privada grados que no ofrece la pública o cuya nota es muy alta y no pudieron acceder».

26/08/2016 21:25

Comunitat

Una veintena de carreras no llenan las plazas para el curso que viene

El curso empieza en algo más de dos semanas en las universidades públicas, que aunque presentan una buena tasa de ocupación en términos generales tendrán plazas libres en 25 títulos de grado. Es decir, pese a las previsiones de matrícula, no han conseguido llenar todos sus puestos tras la preinscripción, ni siquiera a través de segundas y sucesivas opciones. Se llevan la palma los estudios vinculados con la arquitectura y la construcción, que llevan años soportando la pérdida de atractivo entre el alumnado coincidiendo con la crisis económica. Así se desprende del informe realizado por la Conselleria de Educación tras la adjudicación de las plazas de nuevo ingreso. La Universidad de Alicante es la que presenta más casos, mientras que la de Valencia sólo pincha en una de sus carreras. Eso sí, sin tener en cuenta los títulos que se imparten a través de centros adscritos, pues tienen un tratamiento diferenciado. En cuanto a la primera, destacan los grados de Arquitectura Técnica, que cubrió sólo el 32% de sus 150 plazas, e Ingeniería Civil (39,4% de 170). Filología Catalana llegó al 56%, Estudios Árabes e Islámicos al 62% y el grado en Humanidades al 64%. El resto de títulos con vacantes son ADE, Estudios Franceses, Fundamentos de la Arquitectura, Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En todos estos la tasa de ocupación es superior a la alcanzada por los anteriores, llegando hasta el 89,4% de la última. Arquitectura Técnica también es la carrera con más vacantes de la Jaume I de Castellón, con 21 de las 60 plazas cubiertas (35%). Mejores registros presenta en el resto de grados de la lista: 69,5% en Finanzas y Contabilidad, 70% en Gestión y Administración Pública, 82% en Humanidades y 86,6% en Ingeniería Agroalimentaria. En cuanto a la Miguel Hernández de Elche, Ingeniería Eléctrica lidera el ranking de más vacantes (44% de ocupación), seguida de Administración y Dirección de Empresas (62%), que sí se llena en otro de sus campus, de Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación (64%) y de Estadística Empresarial (66%). Tampoco cubren todas sus plazas Derecho en la modalidad semipresencial (76,2%), Ingeniería Agroalimentaria (82,8%) ni Relaciones Laborales (78,6%). El informe atribuye a la Politècnica de Valencia dos casos: Ingeniería en Geomática y Topografía (57,3% de ocupación) e Ingeniería de Obras Públicas (72%). La institución también ofrece Arquitectura Técnica y Fundamentos de la Arquitectura, y en base a la estadística funcionan bien, pues llenan la oferta. Eso sí, en el primer caso para cien plazas sólo 69 personas la pidieron en la primera opción de su solicitud, la que marca la preferencia del alumno, lo que indica que se pudo cubrir con las sucesivas, es decir, con aquellos que no entraron en su carrera prioritaria. Por último, el título de la Universitat de València es Información y Documentación, con el 70% de sus plazas adjudicadas. En datos globales, el sistema público valenciano presenta 1.260 vacantes, pues ocupó 24.280 de sus 25.540 puestos ofertados (95% del total). Las cifras oficiales son interesantes si se tiene en cuenta que Educación tiene previsto acometer a lo largo de la legislatura un mapa de titulaciones para racionalizar la oferta, en el sentido de que dan pistas de aquellos estudios que pierden aceptación entre los nuevos universitarios. Eso sí, de momento sólo se ha apuntado a grados muy repetidos en los campus, como los de magisterio. Aunque se sitúan entre los más demandados, la sobreoferta puede tener consecuencias en el mercado laboral.

25/08/2016 20:41

Comunitat

Los concertados prevén nuevas protestas si continúa el recorte de aulas

La Mesa por la Educación en Libertad mantendrá el perfil reivindicativo durante el curso que ya asoma a la vuelta de la esquina. La organización anunció ayer, un día después del primer balance del conseller Marzà, que seguirá «pendiente de todas las acciones de la conselleria» y que no «tolerará que se discrimine o se recorten los derechos de los alumnos, los docentes o los centros escolares». Así se pronunció Vicente Morro tras analizar las iniciativas organizadas por la mesa en los últimos meses, encaminadas a «la defensa de la libertad de elección de las familias frente a los ataques de Educación». Los colegios públicos tendrán 13 millones más para comprar libros para los bancos El portavoz explicó además que no se descartan nuevas protestas en caso de que se impulsen más medidas restrictivas hacia el sector privado y concertado, sin olvidar la vía judicial y otros instrumentos ya empleados como el Síndic de Greuges. La mesa nació el curso pasado y se ha distinguido por sus críticas a las políticas educativas del Consell, como el recorte de aulas concertadas, el nuevo modelo de Infantil, los cambios en la admisión escolar y el tratamiento diferenciado del alumnado de las universidades privadas. La integran las patronales concertadas Escuelas Católicas y Feceval, la Federación Católica de Ampas de Valencia (Fcapa), sindicatos como USO CV o Apprece, el Foro Valenciano de la Familia o las universidades CEU Cardenal Herrera y Católica de Valencia, entre otras organizaciones. En el anterior ejercicio impulsó una protesta ante el Palau de la Generalitat en defensa de las escuelas infantiles, se adhirió a la gran manifestación contra el arreglo escolar celebrada en Valencia y ha mantenido reuniones sonadas, como la cita con Rajoy o con el ministro de Educación, en las que les trasladaron sus reivindicaciones. En cuanto al futuro inmediato, Morro explicó a LAS PROVINCIAS que no renuncian «a ninguno de los medios que ofrece el estado de derecho, incluido el derecho de manifestación, y siempre de manera proporcionada. No es lo mismo un aspecto técnico de una orden que no compartamos que un planteamiento ideológico», dijo. «No renunciamos a ninguno de los medios que ofrece el estado de derecho», dice el portavoz Una de las cuestiones que vigilará la mesa tiene que ver con la renovación de los conciertos educativos de Infantil, FP y Bachillerato, que deben abordarse a finales de año. Y desde el sector se teme que el cambio de tendencia detectado con el último arreglo escolar tenga continuidad a la hora de negociar los nuevos contratos. Al fin y al cabo, la mayoría de aulas suprimidas en mayo fueron de las dos primeras etapas citadas, y en esta ocasión un planteamiento restrictivo puede sacar a más de un centro del concierto en lugar de ajustar su número de aulas. «La renovación es un tema fundamental», destacó ayer Morro. El 2016-2017 será el curso de la próxima ley educativa valenciana, al menos en lo que se refiere a su tramitación. De la misma debe desprenderse el modelo de enseñanza en la Comunitat, incluido el lingüístico. A este respecto ya se trabaja en los primeros borradores y a nadie se le escapa que puede ser un asunto polémico para parte del sector. El martes el conseller dijo que buscará el «máximo consenso» para la ley. La mesa, a la postre la principal oposición de Marzà desde las aulas, también la estudiará detenidamente. El titular de Educación realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente Puig para analizar las líneas básicas del nuevo curso. También se le preguntó por cuestiones como la suspensión cautelar de la exclusión de los alumnos de las privadas de las prácticas sanitarias en centros públicos o por el recurso de Fcapa contra los cambios en la admisión. En ambos casos Marzà defendió sus medidas. Dijo que es necesario regular las prácticas para garantizar su calidad y que en otras regiones del PP no hay distrito único sin que se den problemas. «Mismos planteamientos» A estas declaraciones se refirió Morro al ser preguntado por si se retomarán los contactos con la administración de cara al inicio del curso. Destacó que se debatirá si se solicita un encuentro en la próxima reunión de la mesa, aunque recordó que el conseller, en base a sus palabras, «sigue manteniendo los mismos planteamientos». «Nosotros no nos fijamos en si en otras comunidades hay o no distrito único, lo que defendemos es la libertad de educación aquí», añadió. Respecto a la actividad de la mesa, Morro destacó acciones como el debate de partidos políticos en la campaña o las reuniones con Vicent Marzà (la única mantenida), el Síndic de Greuges y con Rajoy, que también se pidió a otros líderes nacionales como Pedro Sánchez o Albert Rivera, que declinaron la invitación.

23/08/2016 01:47

Comunitat

El curso empieza en las guarderías sin que los padres sepan cuánto pagarán por las plazas

LAS BECAS 200 euros al mes es el importe máximo de las becas. Corresponde a niños de entre 0 y un año. El mínimo es 70. Para los de ente uno y 2 oscilará entre 120 y 80 y para los de 2 a 3 irá de 140 a 80. La cuantía depende de la renta familiar. Las superiores a 72.460 euros anuales quedan excluidas. El curso arranca en pocos días para las más de 700 escuelas infantiles que educan a niños de entre 0 y 3 años. A partir del 1 de septiembre empezarán a recibir a los alumnos y también a remitir los recibos mensuales que deben abonar las familias, un proceso lleno de incertidumbres porque a día de hoy la mayoría de padres no saben el precio real que tendrá el servicio. El problema está en que la convocatoria de las becas que cofinancian el puesto sigue en fase de tramitación. La conselleria fija todos los años un coste máximo de las plazas del Primer Ciclo de Infantil en concepto de enseñanza (sin incluir servicios como el comedor). No se pueden superar los 460 euros al mes para niños de hasta un año, los 350 para los de uno a 2 y los 280 para los de 2 a 3. Y de los importes mensuales que fije el centro, dentro de estos límites, se debe descontar la ayuda pública a los alumnos que sean beneficiarios. Así se obtiene el coste efectivo del servicio. Sobrecarga administrativa en pleno verano por los plazos de las convocatorias «He llegado a tener una carta redactada para enviarla a los padres diciéndoles que cobraríamos el importe total hasta que se sepan las becas y luego descontaríamos, pero no me he atrevido a enviarla», señala la directora de un centro de Valencia, que tilda de «angustiosa» la situación. Al fin y al cabo la práctica está permitida pero supone trasladar el problema a los padres, que no siempre pueden asumir el pago del precio máximo hasta que se conceda la ayuda. En base a la convocatoria, oscila entre los 70 y los 200 euros al mes en función del tramo de edad y del nivel de renta. Como explican desde la patronal Acade, antes del periodo estival se recomendó a sus asociados que descontaran el mínimo de la beca, para una vez resuelta la convocatoria calcular los importes efectivos mediante una regularización de pagos, devolviendo dinero a quienes, al tener una beca mayor, hubieran pagado de más. «Eso sí, lo planteamos contando con que antes de septiembre nos hubieran pagado los tres meses que nos adeudan del bono infantil del curso pasado», explican desde la entidad. Al no haberse abonado, «cada centro hará lo que esté dentro de sus posibilidades». Y es que el problema que se encuentran muchas escuelas infantiles es la falta de liquidez a la vuelta de verano. Tras un mes de julio con menos ingresos y un agosto sin actividad, pero manteniendo los gastos corrientes, septiembre suponía un balón de oxígeno al empezar a recibir las mensualidades, que se remiten en los primeros días. El problema, como ya ha sucedido en años anteriores, es que los impagos tensionan la situación hasta extremos peligrosos. De ahí que haya centros que no tengan más remedio que pedir a los padres el coste íntegro de la plaza para disponer de fondos para mantener la actividad. Como señalan gráficamente en la asociación Salvem 0-3, «la bola de los tres meses de deuda se hará enorme con este inicio del curso». También critican la situación «angustiosa» generada por la gestión de las becas y temen que sean muchas las escuelas que no puedan hacer frente a gastos como las nóminas. Las ayudas de Infantil, básicas para saber el coste real de la plaza, pueden demorarse hasta eneroEn este sentido, la directora de otro centro de l'Horta explicaba ayer que han tenido que pactar con los padres que a los niños de entre dos y tres años se les va a calcular, dentro del límite, un importe algo más elevado en relación al descuento aplicado al resto de alumnos. Al menos hasta que se conozcan las becas. «Es la manera de evitarnos un descubierto», añadió. También auguró un inicio de curso «lioso» y problemas cuando llegue la regularización de los cobros aplicados. «En años anteriores también se hacían, pero eran cuantías pequeñas, de unos pocos euros. Ahora la diferencia entre los importes máximos y mínimos de la ayuda es mucho mayor», dijo. Desde Feceval, patronal de escuelas infantiles, destacan las numerosas llamadas de centros preguntando por cómo proceder hasta que se resuelvan las ayudas, pues pueden suponer meses de «inquietud y de búsqueda de recursos para no perjudicar a las familias». Según el procedimiento, podrían demorarse seis meses desde el inicio del plazo de presentación. O lo que es lo mismo, llegar en enero. Feceval reclama que en los cursos venideros la tramitación sea más «sensible» a las necesidades de centros y familias. «No lo han hecho mal, lo han hecho peor», tercia la titular de otra escuela de la capital: «A estas alturas Educación debería, al menos, decir qué importes corresponden a cada renta. Así los padres podrían prever lo que recibirán, comunicárnoslo y así poder gestionar los recibos».

19/08/2016 19:21

Sociedad/Educación

Las carreras valencianas llegan a costar el doble que en otras regiones

Los estudios universitarios son caros, tanto para las economías domésticas como para las propias instituciones. En los centros públicos, los aspirantes a titulados cubren aproximadamente el 20% del coste total de su carrera a través de las tasas, mientras que el 80% restante corre a cargo de las universidades y su principal mecenas, la Generalitat. En los últimos años estas vías de financiación han variado su peso: más aportación de los particulares para compensar la menor financiación pública. Hace una década, en el curso 2006-2007, los universitarios pagaban entre 7,67 y 11,71 euros por crédito en función del título (entonces diplomaturas o licenciaturas). En el que viene la horquilla variará entre los 16,31 y los 24,89 euros de los grados, las carreras nacidas bajo el paraguas del plan Bolonia, ideado para homogeneizar todos los estudios superiores europeos. En valores relativos, el incremento supera el 112%. Los másteres no bajarán en la Comunitat Mientras que en los grados todas las regiones menos Madrid han optado por la congelación de las tasas, en los másteres oficiales sí ha existido algo más de flexibilidad. En la capital el descenso ha sido del 10%, mientras que en Aragón y Castilla la Mancha se ha optado por la misma vía (20% y 15% respectivamente). En la Comunitat se mantienen en los mismos parámetros que en años anteriores. En los habilitantes, necesarios para el desempeño de determinadas profesiones, el crédito cuesta lo mismo que su grado asociado, mientras que el resto, salvo algunas excepciones, tienen un coste fijo de 46,20 euros. La última subida se aplicó en el 2013-2014, cuando la cuantía se incrementó un 10%. Entonces los grados lo hicieron un 1%. Y es que para el próximo ejercicio los grados se han mantenido en los precios más altos de su corta historia, donde los situó el PP en el 2013-2014. Es la misma política que han adoptado todas las autonomías con la excepción de Madrid, que baja las tasas un 5%, lo que no quita que se den situaciones curiosas, como que la misma carrera cueste el doble en la Comunitat que en la región más económica: Andalucía. Es lo que sucede con Medicina, la más demandada con diferencia. El primer curso -60 créditos- en las universidades públicas valencianas (Universitat, Jaume I y Miguel Hernández) implica para el alumno y su familia un desembolso de 1.493,4 euros -contando que lo apruebe todo-, cifra que baja a 757,2 en la citada autonomía. Es un 97,2% más. Hay que recordar que las administraciones tienen cierta libertad para fijar las tasas dentro de los límites que establece la Conferencia General de Política Universitaria, donde están representadas las comunidades y el ministerio. Desde 2012, en la primera matrícula, pueden oscilar entre el 15% y el 25% del coste real de los estudios. En otras palabras, las diferencias entre autonomías, pese a que los títulos tienen la misma validez en todo el territorio nacional, dependen de las políticas aplicadas. Las más económicas Andalucía se disputa con Galicia el honor de tener las carreras más económicas, mientras que la Comunitat se sitúa en el otro extremo de la clasificación junto a Madrid, Cataluña y Castilla y León. Es la cuarta más cara. La Junta que preside Susana Díaz ha decidido mantener el mismo precio de los últimos años para todos sus grados (12,62 euros el crédito), mientras que en Galicia, que ha seguido el mismo camino, oscilan entre 9,85 y 13,93. La Comunitat es la cuarta región con las tasas más altas tras Cataluña, Madrid y Castilla y León Esto provoca que el grado en Derecho cueste en Valencia un 65,5% más que en Galicia (de 978,6 a 591). Un caso parecido se da entre las ingenierías. En la Comunitat el primer curso llega a 1.431 euros, a 23,85 el crédito, dato que en Andalucía baja a 757,2 y en Galicia a 835,8. En cuanto a las regiones limítrofes con la valenciana, todas excepto Cataluña ofrecen precios más asequibles en la mayoría de sus grados. En clave autonómica, el Consell del mestizaje ha seguido la misma pauta que la mayoría de regiones: la congelación de las tasas pese a las promesas de bajarlas y con todas las universidades públicas en contra. Desde la administración se argumenta que se trabaja en un plan para reducirlas de manera progresiva a lo largo de la legislatura, aunque es cierto que en los dos primeros cursos del PSPV y Compromís (2015-2016 y 2016-2017) no han habido novedades en este sentido. Para el primer ejercicio se llegó a barajar la posibilidad de hacerlo, pero finalmente se optó por potenciar el sistema de becas autonómico. Se han creado nuevas modalidades -las hay hasta para que los que suspenden asignaturas varias veces puedan terminar la carrera), se han reducido los requisitos académicos (se pasa del 5,5 de nota media al 5) y se ha incrementado la inversión respecto a los mandatos populares. El Consell vincula la mejora de la inversión universitaria con un cambio en el modelo de financiación Eso sí, apostar por las ayudas al estudio a nivel regional implica centrar el esfuerzo en una parte pequeña del alumnado, en el sentido de que a la inmensa mayoría de becados los cubre el ministerio, mientras que una bajada de tasas beneficiaría a todo el estudiantado valenciano. Y de paso, obligaría a la Generalitat a mejorar la financiación ordinaria de las universidades. Este es el quid de la cuestión. No hay dinero para recuperar la inversión de años pasados, cuando se superaban los 800 millones de euros, de ahí que las transferencias se mantengan en el umbral de los 665 millones, sin contar aportaciones extraordinarias relacionadas con la deuda histórica o las políticas de personal (subida salarial del 1% y recuperación de la extra de 2012). Tanto Puig como Marzà, proclives a una mejora de las asignaciones, reconocen que iría vinculada a un cambio en el modelo de financiación autonómico que castiga a la Comunitat.

15/07/2016 16:34

Comunitat

Xarxallibres, las becas y las plantillas desatan también las críticas en la escuela pública

Tras un año de gestión de Vicent Marzà en la Conselleria de Educación, no todo lo que reluce es oro. El sector público, quizá el más próximo a su proyecto político, también ha sacado las uñas contra la carga de trabajo derivada de las nuevas medidas y porque no se han abordado mejoras laborales que sí se asumían desde la oposición. La gestión de los bancos de libros y el retraso en las becas de comedor y transporte también han sido motivos de crítica de los representantes de la comunidad educativa, síntoma de que no sólo la red concertada ha cargado contra el Consell, aunque los motivos sean muy distintos. Una veintena de padres denuncian la eliminación de plazas en plena admisión La Mesa por la Educación en Libertad acusa a Marzà de no entregar información El mejor ejemplo de que hay malestar es la concentración que se celebró ayer en la conselleria por obra del sindicato mayoritario, el Stepv, que exige negociar medidas de ámbito laboral como las relacionadas con la mejora de las plantillas recortadas en los últimos años, sin olvidar el cobro de los sexenios para los interinos o la mayor financiación de determinados centros, dos cuestiones reconocidas judicialmente. A principios de mes, tras la reunión del máximo órgano de dirección, la postura del sindicato no pudo ser más contundente. Tras mostrar su apoyo a iniciativas como el cambio en las bolsas de trabajo o la derogación del distrito único, destacaron que era igual de prioritario revertir los recortes en las condiciones laborales. «En este sentido no se han mejorado sino que han empeorado. Un ejemplo de esto es el malestar del profesorado y los equipos directivos en este final del curso en el que han visto incrementadas las tareas burocráticas de forma considerable», decía el comunicado remitido, que advertía de que se pedirá la dimisión del Director General de Personal Docente, Joaquín Carrión, si no se negocian las mejoras laborales antes de septiembre. La concentración fue ratificada el lunes por el Stepv tras un encuentro sobre temas a tratar en próximas reuniones. La organización planteó más cuestiones como «los recortes» de personal para atender necesidades especiales y volvió a criticar «la carga de tareas a finales de curso, consecuencia, especialmente, de la aplicación de Xarxallibres». Han sido varias las quejas en el mismo sentido. Es decir, no por el fondo sino por las formas. La gestión de los bancos de libros, su recogida y comprobación basada en buena medida en la voluntariedad de la comunidad educativa ha sido criticada por la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, a la postre el segundo sindicato en representatividad, y por el Consejo Escolar de Valencia a instancias de Csi·f, que reclama dotación de administrativos para los centros de Infantil y Primaria. También las asociaciones de directores han mostrado sus reservas al coincidir con un periodo de mucho trabajo burocrático y sin conocer todos los detalles de los bancos. Además, todavía no se pueden tramitar las becas de comedor ni las de transporte por la demora de la convocatoria. Desde la asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adip-pv), hablaban ayer de «angustia» ante un retraso «inusual». La previsión es que la apertura del plazo para presentar solicitudes, de las que ya hay modelos, sea inminente. Fapa València, la federación de Ampas públicas más grande de la Comunitat, también criticó que habiendo acabado el curso no se conociera la convocatoria, tal y como le transmitieron al secretario autonómico en la última reunión. Al fin y al cabo, los padres han de presentar la instancia en el centro, lo que seguro provocará desplazamientos desde los destinos vacacionales. Otros sindicatos como UGT PV también han incidido recientemente en la necesidad de negociar determinadas cuestiones laborales como la recuperación de las plantillas o el pago de los sexenios a los interinos, advirtiendo de que si Educación no reacciona iniciarán una campaña judicial. También desde CC. OO. se han reclamado mejoras en las condiciones de trabajo tras años de ajustes y mayor interlocución en cuestiones como el nuevo mapa de la educación Infantil. Anpe, por su parte, ha llegado a pedir la vuelta al anterior horario lectivo en Secundaria y se ha mostrado especialmente crítico con la regulación de la jornada continua, pues la considera muy restrictiva.

14/07/2016 10:11

Comunitat

«Han querido llevarse alumnos de la concertada a la pública»

Manoli Nieto, religiosa trinitaria, accedió en junio a la presidencia de Escuelas Católicas en la Comunitat, la principal patronal concertada. Y lo ha hecho en un momento de claro enfrentamiento entre el sector y el Consell. «Me parece que en la vida se crece a medida que uno se va marcando retos», explica ante la pregunta de por qué aceptó el cargo, antes de señalar que es una manera de defender la educación católica y de devolver «todo lo que (la patronal) ha hecho por mí». ¿Por qué debe existir educación católica? Hay sectores que piden una enseñanza laica. La población valenciana no es de una sola forma, no es laica toda, ni todos quieren una educación pública. Hay gente que llama a nuestra puerta porque quiere una educación en valores cristianos. Los dos modelos pueden coexistir, y siempre nos hemos llevado bien. Respeto profundamente la opción que cada uno elige. Nosotros hacemos una labor que no llamaría complementaria, sino idéntica aunque se parta de principios distintos. Según la Constitución los padres tienen que tener oferta educativa para que puedan elegir. Si no hay más que una oferta, ¿dónde está la posibilidad de elección? ¿Considera que ha existido ataque a la educación concertada? Sí. Ataque en el sentido de que nos han querido ningunear, han dicho que lo que queremos es tener alumnado para hacer negocio. Esto no es un negocio. Este colegio (Santísima Trinidad, del que es directora pedagógica) se mantiene porque los padres aportan y la congregación también. Si la congregación no aportara nuestras instalaciones no las podríamos tener. Ni mantener. ¿Por qué cree que la concertada tiene tanta demanda? Podemos ofertar educación concertada, pero si no hay demanda... Cuando no tengamos cerraremos. Estamos aquí porque los padres quieren que estemos. Las familias, crean o no, valoran nuestro orden y dedicación. Buscan un lugar donde sus hijos sean educados. Y en la concertada hay una gran preocupación por formar personas. Se fían de nosotros y miran que estén preparados para enfrentarse al mundo laboral. ¿Esperaba semejante participación de familias en las concentraciones de los últimos meses? Sí. Nunca habíamos sentido la necesidad de hacer esto. De alguna manera había buena relación con la conselleria, la concertada era tan respetada como la pública. Al ver lo que ha pasado los padres han exigido sus derechos. Ha de haber oferta de todo tipo para que los padres llamen a la puerta que quieran. ¿Cree que los cambios en la admisión han dificultado el acceso? No creo que dificultar, sino rellenar puestos de la pública. Ha existido mucha contestación social por el cierre de aulas, pero el Consell argumenta que se crean tantas como se suprimen. Han dicho que si yo tengo menos de 20 alumnos en Bachillerato me lo cierran, pero en la pública eso no ocurre. Recuerdo, cuando la EGB, que había cursos en que salíamos a 40 alumnos por aula, y en algunos públicos de la zona tenían 40 para dos. Nunca dijimos nada. Creo que han querido llevarse lo de la concertada a la pública. La visión de la administración es que o hay pública o privada. El punto intermedio, la concertada, no lo entienden. El conseller ha dicho que en otras comunidades los concertados funcionan con menos financiación. ¿Es un aviso a navegantes? Cuando no han pagado el módulo todo el personal de administración y servicios ha cobrado. Eso sale de la congregación. Y cuenten también la luz, el agua... Nos permiten que pidamos cuotas voluntarias porque saben muy bien que no hay bastante con lo que dan. Y cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales. ¿Con una persona que nos pagan ellos, un orientador con 12 horas semanales en Secundaria, se pueden atender esas necesidades? No. Tenemos contratado por cuenta del colegio mucho más personal para atender esos casos. Si reducen la financiación nos pondrían en un gran aprieto. Tendríamos que hacer menos cosas o que los padres, si quieren mantenerlas, tuvieran que desembolsar más dinero. ¿Los colegios católicos rechazan los bancos de libros del Consell? Estamos esperando a ver qué nos dicen. Tenemos bancos de libros a nuestro estilo, y los que no pueden comprarlos, pues gestionamos que otros alumnos se los presten. La conselleria tendrá que aclararse y decir claramente las reglas del juego. No está claro quién se encarga del desembolso si faltan libros. Y hay más problemas. Si un padre trae los libros en buen estado y te trae todos, pero de los que tienes para dar no le puedes corresponder, ¿qué haces? No es ninguna tontería. También están los de 2º y 4º de ESO, que se adaptan a la nueva ley y cambian. También se les acusa de elitismo. Ni pedimos la nómina, la partida de bautismo ni nada de eso. Yo tengo más de un 10% de familias latinoamericanas, además de otras nacionalidades. No cerramos la puerta a nadie. En este colegio invertimos mucho dinero en becas propias. El año que viene se renuevan los conciertos de Bachillerato. ¿Qué se habla en el seno de la patronal? Hay algo de inquietud. Veremos cuando se firmen qué pasa. Creo que se pretende llenar la pública a costa de la concertada.

09/07/2016 10:49

Comunitat

Educación retrasa las ayudas y obliga a pedirlas con el curso acabado hace semanas

La semana pasada los alumnos de las universidades públicas pudieron empezar a solicitar las becas que permiten evitar el pago de las tasas del ejercicio 2015-2016, cuyas clases terminaron, salvo excepciones, a finales de mayo. Hoy empieza a contar el plazo para pedir la subvención para la matrícula de los niños de entre cero y tres años en escuelas infantiles, mientras que en la actualidad los padres aún no pueden presentar las instancias para las ayudas de comedor o para acceder al servicio de transporte. Se trata de las principales convocatorias que impulsa Educación en materia social, pues son las que afectan al mayor número de alumnos. El retraso ha provocado que las familias tengan que pedirlas a curso pasado -terminó hace dos semanas- y en el peor de los casos habiéndose desplazado ya a sus destinos vacacionales. La situación de angustia ha sido tal que se han tomado medidas extraordinarias, como facilitar a los centros los modelos de solicitud sin que las convocatorias fueran oficiales para que los padres pudieran rellenarlas y reunir la documentación necesaria. Aumentan los centros que rechazan los bancos de libros Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la beca que cofinanciará el puesto escolar en las guarderías el curso que viene, pues los centros dispusieron de las instancias hace un par de semanas a petición de las patronales y asociaciones representativas del sector, que presionaron ante las consultas de las familias. Aunque en años anteriores las convocatorias también se publicaban tarde -en junio- al menos se les podía orientar sobre la alcance de la ayuda, pues llegaba a todos los matriculados y la variación de un curso a otro era de unos pocos euros. Ahora, la nueva regulación establece que las cuantías oscilan entre los 70 y los 200 euros y dependen de la renta siempre que no se superen los 72.460 euros anuales, pues estas familias quedarán fuera del reparto. Los padres tienen hasta el 22 para presentar la solicitud y la documentación en los centros. Educación culpa del atraso de las becas universitarias a un cambio legal impulsado por el PP En cuanto a las becas universitarias el retraso ha sido de meses, pues solían convocarse en febrero. Las que eximen de las tasas del curso pasado podrán pedirse también hasta el día 22. La demora causó malestar entre el colectivo universitario, y provocó que desde la Dirección General de Universidades se remitiera una carta a los estudiantes explicando el porqué de la situación. El escrito, enviado a finales de mayo, esgrimía dos motivos: «la complicación de los trámites fruto de una reforma legal de febrero de 2015 y el colapso que ha generado en convocatorias de todos los departamentos y el cambio en el enfoque de las becas introducido por el nuevo equipo directivo de la conselleria». La carta insistía en que el más importante era la reforma legal, en referencia a la ley 1/2015 de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de Subvenciones, «que está condicionando la actuación administrativa del Consell con una incidencia especial en materia de ayudas y becas». La misiva remarcaba convenientemente que fue aprobada en la anterior legislatura del PP, que ha aumentado las exigencias de informes y consultas y destacaba que la prioridad era sacar adelante las becas. En la parte final se «lamenta muchísimo el retraso generado» antes de decir que este no ha dependido directamente de Educación. La demora no sólo afecta a los estudiantes, sino que también trastoca desde un punto de vista contable a las universidades públicas, pues no cobran las tasas a los alumnos que van a pedir becas pese a que suponen la segunda fuente de ingresos tras las transferencias ordinarias de la Generalitat. Además, según la web de Educación, hay algunas de las nuevas modalidades de ayudas que no se pueden solicitar todavía, como las becas salario, mientras que otras como las de excelencia académica, estancias Erasmus, transporte universitario o para facilitar la finalización de los estudios fueron publicadas en la segunda quincena de junio. En cuanto a las becas de comedor para el nuevo curso, la incertidumbre es compartida por familias y centros no universitarios, a la postre encargados de tramitarlas. Y no son pocas, pues en el ejercicio pasado llegaron a 85.000 alumnos. En cuanto al transporte escolar (la solicitud es conjunta) se benefició a cerca de 38.000, contando a los que dispusieron de una ruta de autobús o recibieron de una ayuda individual para cubrir gastos. Aún no se sabe cuándo se convocarán, un retraso que ha sido duramente criticado por la Federación de Ampas de la provincia de Valencia (Fapa).

08/07/2016 07:10

Comunitat

La Selectividad se despide con las mejores notas de los últimos años

La Selectividad pasará a la historia casi con total seguridad tras cuatro décadas regulando el acceso a las universidades españolas. En la Comunitat la última convocatoria de junio, la más multitudinaria, se ha saldado con números de récord en cuanto al rendimiento de los aspirantes, y esconde detalles llamativos como las asignaturas hueso y las marías o los colegios mejor situados, tanto por sus notas de Bachillerato como por las de las pruebas. Además, se extinguirá sin que se hayan implantado cambios como la prueba oral de inglés o, en clave autonómica, el incremento de la penalización por escribir con faltas en Lengua Castellana. En cuanto al rendimiento del alumnado de junio, han obtenido el mayor promedio de los últimos años en la fase general, la que es común y obligatoria para todos al incluir las asignaturas de más peso curricular. Los 17.339 presentados -la mayoría mujeres- han sacado de media un 6,496 sobre diez, puntuación que supera al 6,388 que consiguieron los que se presentaron hace dos años. Hasta ahora era la mejor calificación desde la creación de la fase específica, el último gran cambio aplicado en la Selectividad. Además, más de 60 centros han obtenido de media al menos un siete, algo ni mucho menos habitual en años anteriores. Y seis de ellos han quedado por encima del 7,5. ¿Y ahora qué pasa con las pruebas de acceso a la universidad? El colegio Mas Camarena consigue de nuevo la mejor nota de Selectividad de la Comunitat Valenciana Los alumnos de 2016 también se sitúan en cabeza en cuanto al porcentaje de aptos, pues por primera vez se rebasa la barrera del 98%. Es decir, la prueba se despide con la generación más fructífera desde el punto de vista académico. Respecto al expediente de Bachillerato, el promedio se ha situado en 7,426, casi un punto de diferencia respecto a la nota de la fase general. 6,496sobre diez es la media alcanzada en la fase general por todos los valencianos que han hecho la Selectividad de 2016. En los centros de titularidad privada el dato llega al 6,639, en los concertados al 6,588 y en los públicos al 6,450. De los 50 centros mejor posicionados, 5 son privados, 21 concertados y 24 públicos. 7,842sobre diez es la nota media más alta en la fase general de todos los centros que han presentado alumnos. Corresponde al Mas Camarena de Paterna. La escuela privada lleva cinco años alcanzando la mejor posición. Le siguen los concertados CEU Jesús María de Alicante (7,746) y Aitana de Elche (7,709), el privado Internacional de Levante de Chiva (7,57) y el público Antonio Sequeros de Almoradí (7,564). La estadística oficial que difunde la Conselleria de Educación incluye los resultados obtenidos en cada una de las asignaturas. De las comunes, Historia de España ha sido la más dura, teniendo en cuenta que suspendieron el 22,02% de todos los aspirantes. En cuanto a las de modalidad -una se elige para la fase general y hasta cuatro para la específica con el fin de completar la nota de acceso a la universidad- se lleva la palma Análisis Musical, con un 52,94% de no aptos. Eso sí, la seleccionaron sólo 85 estudiantes. En el otro extremo, las materias con mejores porcentajes de éxito son las de idiomas extranjeros. El alumno elige una, normalmente el inglés, para la fase general. Sin embargo, los pocos que se decantan por el alemán, el francés, el portugués o el italiano consiguen entre un 97,7% y un 100% de aprobados y calificaciones medias por encima del 7,8 sobre diez. En cuanto a la lengua de Shakespeare, aunque la realidad es distinta, sigue siendo la asignatura mejor situada del resto de las comunes. Aprobaron el 83,75% del total y la nota media fue de 6,76.

07/07/2016 12:54

Comunitat

¿Y ahora qué pasa con las pruebas de acceso a la universidad?

Si la Lomce no se modifica en relación al acceso a la universidad, algo bastante probable tras el acuerdo alcanzado entre el ministro y los rectores, el curso que viene los alumnos que terminen Bachillerato harán una evaluación final. Las características se conocerán en las próximas semanas, aunque tendrá una estructura similar a la Selectividad. El Gobierno se encargará de fijar el contenido evaluable de las asignaturas, aunque las comunidades diseñarán los exámenes y determinarán las fechas. La propuesta del exministro Wert, basada en preguntas cortas y de test iguales para todas las autonomías, ha quedado enterrada.

05/07/2016 12:30

Comunitat

Las nuevas medidas educativas de Marzà acaban en los tribunales de justicia

El primer año del Gobierno del Botánico ha sido convulso en materia educativa, hasta el punto de que varios de los grandes cambios ideados desde el Consell han acabado en los tribunales. El último en conocerse se refiere a las nuevas normas de admisión de alumnos. Más allá de que la justicia dé o quite razones, la cantidad de litigios da idea del choque de posturas existente en la enseñanza valenciana. Padres católicos contra los cambios en la admisión La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) presentó el 13 de junio contenciosos contra el decreto y la orden de admisión. Como explica el presidente Vicente Morro, la idea es «recurrir todo lo que haya supuesto limitación del derecho a la libertad de elección de modelo educativo y de centro escolar». Las normativas implican derogar el distrito único y volver a la zonificación, no incluyen prioridad de escolarización por traslado forzoso de la familia y tumban la consulta a los padres en caso de cambio de programa lingüístico. Serán algunos de los argumentos a esgrimir una vez se formalice la demanda. Educación no descarta rebajar a la mitad la inversión en la concertada Los profesores piden dimisiones por sus condiciones laborales Las privadas se revuelven por la exclusión en las becas La Universidad Católica San Vicente Mártir ha presentado un recurso por la vía de protección de derechos fundamentales contra las nuevas becas del Consell, que dejan fuera a los alumnos de los centros privados, salvo a los de Veterinaria. El Consell Jurídic ya advirtió de que el cambio puede atentar contra la Constitución o la legislación básica. El viernes la vicepresidenta Mónica Oltra dijo respetar la decisión, señaló que el Consell debe «tutelar el derecho de los estudiantes de las públicas» y recordó que la Católica «no deja de ser una universidad privada que tiene sus intereses económicos privados». En cuanto a la CEU Cardenal Herrera, se está estudiando «la fórmula más conveniente para defender los derechos de los alumnos». Tampoco descartan ni el contencioso ni otras vías jurídicas. El conflicto de los interinos sigue sin solución Marzà se comprometió a impulsar un nuevo acuerdo de interinos más equilibrado, consciente de que parte del colectivo se siente agraviado por priorizar la experiencia sin tener en cuenta la nota de la oposición. La promesa no se ha concretado, lo que agranda la brecha dentro del mismo. La Asociación de Interinos Docentes por un Acuerdo Justo (Aidaj) mantiene recurrido el cambio de criterio respecto a la norma de 2013, que exigía tener la oposición aprobada, mientras que la agrupación Vía legal: Oposiciones 2015 ha pedido en el Tsjcv que de manera cautelar no se reordenen las bolsas tras las pruebas de 2016, pues supondrá que todos los aspirantes pasen por delante de los que se presentaron el año pasado y no cuentan con servicios prestados. La eliminación de aulas concertadas, a un paso Varios de los centros afectados por la eliminación de aulas concertadas en el arreglo escolar presentarán en los próximos días recursos en la sala de lo contencioso administrativo al considerar que la medida no se ajusta a derecho. Según fuentes de la Fundación San Vicente Mártir, que agrupa a los colegios diocesanos, el paso se confirmará si no se atienden los recursos de reposición presentados. El plazo ya ha vencido. Enfrentamiento por el nuevo modelo de Infantil La decisión de crear aulas de dos años en colegios públicos llevó a la patronal Feceval a presentar un recurso contencioso al considerar que se está vulnerando la libre competencia en relación al sector privado por tratarse esta de una etapa no obligatoria. Aunque defienden la necesidad de facilitar a las rentas bajas el acceso al primer ciclo de Infantil, argumentan que no debería utilizarse únicamente la red pública, sino crear un sistema de ayudas de base social, independientemente de la titularidad. También ha optado por la vía judicial la Asociación Estatal de Empresas de Asistencia y Educación Infantil (Adei). El contrato de servicios más importante, paralizado Una de las primeras medidas de Educación consistió en desistir de la adjudicación del nuevo contrato de transporte escolar en la provincia de Valencia, para el que ya existía una propuesta de la mesa de contratación, lo que provocó que las empresas afectadas, agrupadas en una UTE, hayan recurrido al Tsjcv. En materia de servicios, es la adjudicación más importante de la conselleria en lo que se refiere a la inversión. Suspensión cautelar de la jornada continua Fcapa también ha recurrido la norma que regula la jornada continua. Considera que se lesionan derechos fundamentales como el de la igualdad por el diferente trato que se da en la tramitación a los diferentes colectivos del centro. Además, ha pedido la suspensión cautelar.

04/07/2016 18:05

Comunitat

Los profesores piden dimisiones por sus condiciones laborales

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valencià (STEPV) ha acordado exigir la dimisión del director general de Personal y Centros si no se abordan las demandas que ha planteado el sindicato antes de septiembre, «revertir los recortes y mejorar las condiciones laborales de los docentes» en la Comunitat. La entidad sindical exige mejorar las plantillas, recuperar poder adquisitivo o eliminar los descuentos por bajas.

01/07/2016 20:45

Comunitat | SociedadEducación

La Universitat de València informa sobre cómo actuar en caso de atentado terrorista

La Universitat de València ha comenzado a distribuir carteles por sus instalaciones sobre cómo actuar en caso de sufrir un atentado terrorista. Se trata de una iniciativa pionera que más que generar alarma pretende dar una serie de consejos básicos a la comunidad educativa, cubriendo el vacío de información que existe, más allá del personal especializado en labores de seguridad. Y no se puede olvidar que España se encuentra desde junio del año pasado en alerta 4, el penúltimo escalón de la escala oficial, como consecuencia del terrorismo de origen yihadista. La Universitat ha elaborado versiones en castellano y valenciano, se han repartido por todos los campus y la idea es que se coloquen en las zonas comunes y en los diferentes servicios y departamentos, además de darles la máxima difusión a través de otros medios. El modelo de cartel, que nace del departamento de seguridad de la universidad, resume de manera gráfica una serie de pautas básicas distribuidas en tres bloques. «Estas instrucciones pueden salvar su vida antes de la llegada de la policía o la guardia civil», se puede leer en el encabezamiento. Lo primero que se recomienda es intentar escapar, ayudar a hacerlo a otras víctimas si se puede y alertar a las fuerzas de seguridad de la situación. En caso de no ser posible, se recomienda esconderse, asegurando puertas, apagando aparatos eléctricos y luces y protegiéndose detrás de un obstáculo sólido, como un pilar. También se enfatiza la importancia de poner del móvil en silencio, desactivando el timbre y la vibración. En otros países estos carteles son habituales en zonas con mucha afluencia de personas Las instrucciones insisten en cuestiones básicas como ponerse a cubierto o silenciar el móvil En cuanto al apartado relacionado con la alerta a las fuerzas de seguridad, se hace hincapié en no correr hacia los agentes, no hacer movimientos bruscos y en mantener «las manos levantadas y abiertas» para evitar confusiones. Se trata de consejos que recuerdan mucho a la situación vivida en París durante los atentados del 13 de noviembre de 2015, cuando los terroristas acabaron con la vida de 137 personas e hirieron a más de 400, muchas de ellas en la sala Bataclan, además de en diferentes restaurantes. De hecho, la iniciativa de la Universitat, el único organismo público que ha optado por esta medida informativa, surge de la campaña impulsada por el Gobierno galo a raíz de aquellos ataques. Fuentes universitarias explicaron que se ha solicitado autorización a la Embajada francesa y que básicamente se han traducido los mensajes, además de actualizar los teléfonos de emergencia. La idea es que la comunidad universitaria tenga conocimiento de estas pautas esenciales también para su día a día, es decir, fuera de la institución académica. En el país vecino este tipo de carteles son mucho más habituales en zonas de gran afluencia, como teatros, aeropuertos o centros comerciales. Es más, el gobierno galo ha elaborado guías personalizadas para diferentes establecimientos, con consejos y recomendaciones dirigidas a los agentes de seguridad y a los responsables de los mismos. Evitar alarmas En España, en cambio, lo raro es encontrar cautelas de este tipo. «Quizá se teme incitar a la alarma», opina Jacinto Aparicio, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad Privada, que tilda la iniciativa de la Universitat de «positiva». «Es importante que nos abramos y asumamos esto con naturalidad. No es fomentar actitudes de miedo, sino favorecer que la ciudadanía tenga información y esté preparada si es necesario, que no se quede bloqueada sin saber qué hacer», añade. «En las declaraciones de los testimonios españoles tras el atentado de Estambul, todos coincidían en lo mismo: lo primero que hicieron fue esconderse, ayudar a otros o protegerse, como se explica en los carteles», continúa. Además, explica que entre el personal de seguridad de algunos establecimientos también se ha facilitado esta misma información, que es mucho más habitual en otros países como Estados Unidos o Inglaterra. El objetivo de las instrucciones universitarias figura en la propia cartelería: «Mantener informada a la comunidad universitaria y concienciar de que el terrorismo es una realidad con la que debemos aprender a vivir, evitando que cambie nuestra forma de vida y limite nuestra libertad». Por último, incluye otras cautelas como no difundir información sobre las actuaciones policiales organizadas en estos casos y mucho menos rumores y datos sin verificar obtenidos a través de internet.

28/06/2016 21:06

Comunitat

Los padres católicos de la Comunitat piden en los tribunales la paralización de la jornada continua

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) ha lanzado un órdago a Educación en relación a la normativa que regula la modificación de la jornada escolar, que permite de cara al próximo curso la concentración de las clases en horario continuo de mañana. Como explica el presidente Vicente Morro, han presentado un recurso contencioso administrativo al considerar que la orden afecta a derechos fundamentales como los de educación, igualdad o libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además, se ha hecho por una vía especial, la de protección de los citados derechos, lo que permitirá agilizar la tramitación, y se ha solicitado la suspensión cautelar de la orden ya que el cambio de modalidad horaria sería inminente para los centros que lo soliciten, pues entraría en vigor el próximo mes de octubre. El escrito se refiere a diferentes aspectos que a juicio de Fcapa generan discriminación, como la obligación de ofertar extraescolares gratuitas entre el fin de las clases y la hora de salida, teniendo en cuenta que en los centros con jornada partida sí tienen coste para las familias. Es decir, consideran que se penalizará a las que elijan colegios con horario de mañana y tarde. También pone el foco en el artículo que dice que las actividades «serán inclusivas, contribuirán a la normalización del valenciano, atenderán a la diversidad y la igualdad de género» y «no fomentarán el sexismo, la agrupación por sexos ni la perpetuación de roles de masculinidad/feminidad preestablecidos». En el recurso se argumenta que esta limitación hará que en la práctica se oferten en la lengua materna «sin tener en cuenta el programa lingüístico del centro o la lengua electa por las familias». Además, se alega que «se siguen criterios acordes a la ideología de género (que no igualdad de género)» y que teniendo en cuenta que «el hombre y la mujer son absolutamente iguales en derechos y deberes, no se justifica que educativamente, por medio de actividades extraescolares, se promueva neutralizar sus diferencias constitutivas y constituyentes por naturaleza». También se preguntan, sobre la referencia a los roles preestablecidos, «por qué no puede un centro agrupar las actividades deportivas por sexos para formar y entrenar equipos con la finalidad de participar en competiciones oficiales y no oficiales, tal y como está internacionalmente aceptado». En el recurso se dice que los requisitos para elegir las actividades tienen «un contenido ideológico concreto». En cuanto a los trámites para que Educación apruebe la modificación de la jornada escolar, se considera vulnerado el derecho a la igualdad entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Se destaca que mientras que el claustro y el consejo escolar tienen que aprobar el proyecto con una mayoría de dos tercios (66% de los votos), en la consulta a los padres se exige un 55% de apoyos respecto al total del censo, mientras que el personal de administración y servicios no participa en el procedimiento, más allá del representante en el consejo escolar. El recurso también pone pegas a la consulta a los padres. Fcapa interpreta que con la redacción actual, si el estado civil del representante legal del niño es de soltería, viudedad separación o divorcio, lo que incluye a las familias monoparentales, dispone de dos votos, mientras que si hay una relación matrimonial o de pareja de hecho los dos progenitores contarán con uno solo. También justifica la petición de suspensión cautelar de la orden en que «puede provocar perjuicios de muy difícil reversibilidad», y destaca que con los plazos manejados por la administración las familias pueden encontrarse a la vuelta de las vacaciones que se ha iniciado el procedimiento de cambio de jornada pese a que eligieron un centro con jornada partida. Se recuerda además que si estas optaran por cambiar de colegio sólo podrían optar a vacantes que quedaran tras la admisión, lo que limita las opciones. Por último, la organización ha presentado un recurso de reposición contra el calendario establecido para solicitar el cambio de horario.

21/06/2016 13:21

Comunitat | SociedadEducación

Los concertados de la Comunitat Valenciana denuncian las nuevas exigencias para entrar en Bachillerato

Las nuevas exigencias adoptadas por la Conselleria de Educación en el proceso de admisión de Bachillerato han causado malestar en el sector concertado, al considerar que se genera una incertidumbre innecesaria a los padres. Y es que de cara al nuevo curso los colegios de la Comunitat Valenciana están obligados a «poner en conocimiento de las familias que presenten la solicitud de matrícula la posible pérdida de la unidad concertada en caso de que no se llegue a la ratio mínima» que determina la normativa vigente. La medida no se h a aplicado en cursos anteriores e implica trasladar intranquilidad a los interesados en optar por un centro concertado. «Es una manera de decirles indirectamente que no se inscriban», lamentaba el director de un centro de Valencia. «En el caso de los que promocionan a 1º o 2º no es tanto problema porque ya están en el colegio, pero para aquellos que llegan nuevos, el hecho de tener que decírselo a priori es una forma de quitar seguridad a las familias, de crear dudas», añadía otra directora. La alternativa de Marzà a la reválida que exige la ley acabará en el juzgado «En la práctica, se nos pide que informemos de cosas que no se sabe si van a pasar», defienden desde la patronal Feceval, que de cara a la admisión elaboró un informe jurídico respecto a las instrucciones recibidas. «Los centros saben que todo está normativizado, y que una vez se cierra la matrícula y conocen la demanda real está claro qué unidades se mantienen por estar dentro de la ratio y cuáles no. Decirlo con anterioridad es adelantar acontecimientos que no tienen por qué darse», añadieron. Al fin y al cabo, en los últimos días del proceso pueden llegar las solicitudes necesarias para cumplir la ratio. Lo habitual en años anteriores era que a las familias afectadas por la supresión de unidades se les informara una vez la matrícula estaba clara, cuando ya se conocía la demanda existente. Como informó LAS PROVINCIAS, lo mismo ha sucedido en la admisión de FP. En este caso, todos los años existe una bolsa importante de alumnos que no han entrado en el ciclo que querían o en la universidad y que optan por estudios profesionales en los concertados. El informe jurídico de Feceval se muestra muy crítico con la exigencia. De hecho, traslada a los centros «que hasta que no finalice el plazo de presentación de solicitudes de matrícula no es preceptivo facilitar información alguna a las familias relativa al funcionamiento en régimen de concierto o no». Entre los argumentos, se destaca que ninguna de las normativas legales que se citan en las instrucciones «contiene el novedoso requisito» y que el procedimiento elegido por Educación (instrucciones internar en lugar de publicar una resolución en el Docv) hace que no sea de obligado cumplimiento. La medida también ha recibido críticas sindicales. Tanto la Federación de Enseñanza de USO en la Comunitat como la Fete UGT han cuestionado la exigencia. La primera recordó que no se ha adoptado una iniciativa similar en la red pública, cuya oferta será significativamente mayor de cara al próximo curso. En cuanto a UGT PV pidió a la administración autonómica más flexibilidad en la matrícula de FP, de manera que la decisión sobre unidades suprimidas (que no llegan a la ratio) se adopte en septiembre.

25/05/2016 21:11

Política

Rotundo apoyo de Mariano Rajoy a la libertad educativa en Alfafar

Mariano Rajoy ha ofrecido este miércoles en la Comunitat Valenciana un apoyo rotundo a la libertad educativa, tras reunirse con representantes de la educación concertada de la Comunitat Valenciana, pertenecientes a la Mesa por la Educación en Libertad. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que "no puede haber una buena educación en España si prescindimos tanto de la educación pública como de la concertada". Rajoy ha hecho esta defensa de la educación concertada en la localidad valenciana de Alfafar, en un momento de debate político en la Comunidad Valenciana entre el gobierno regional y la oposición con respecto a la educación concertada. El líder del PP ha recordado que la educación concertada representa el 25 % del sistema y apoyarla supone "apoyar la pluralidad, la calidad y sobre todo la libertad que tienen los padres" de elegir el centro escolar de sus hijos. Ha añadido que "no es bueno enfrentar a la sociedad, ni en las calles ni en la escuela", y ha advertido de que "atacar a una parte del sistema escolar es atacar a la educación". «A favor de la educación pública y de la concertada» "Estamos a favor de la calidad de la educación", lo que significa que "estamos a favor de la educación publica y también de la concertada", ha asegurado el líder del PP, quien ha precisado que, en ambos casos, están "a favor de a libertad de la gente". Visita a Air Nostrum y baño de multitudes El presidente del Gobierno en funciones ha llegado con el coche oficial a la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, donde a última hora de la mañana tenía previsto dar una conferencia, y allí ha sido recibido por un centenar de personas al grito de «presidente, presidente», mientras apenas una veintena de ellos le abucheaba. A las 13.30 horas ha realizado una intervención y a las 13.45 horas ha ofrecido un paseo por las calles comerciales de la localidad valenciana. Previamente, a las 11.45 horas, había visitado la empresa Air Nostrum, en Quart de Poblet (Valencia). Rajoy ha recordado que hay dos millones de escolares en España que estudian en la concertada, por lo que ni a ellos, ni a quienes quieran estudiar en esa opción en el futuro, "se les puede privar de ese derecho". "No hay nadie que pueda pasar por encima de los padres para imponer ningún modelo educativo", ha aseverado Rajoy, quien ha reivindicado que España dispone de "un buen sistema educativo", que se basa en la educación pública y en la concertada, "en las dos", y que "no es buena la escuela única de que se habla". Para Rajoy, se trata de defender los derechos de los padres a elegir cómo estudian sus hijos, de defender la Constitución y de actuar con responsabilidad, y ha alertado de que "no es bueno" el "liquidar aquello que funciona bien: lo que funciona bien no se cambia, se cambia lo que funciona mal". "Y la educación concertada en nuestro país funciona bien, hay muchísima gente que la quiere, hay muchísima gente que cambia a sus hijos a esos colegios, y no estamos en los tiempos en que vivimos, en el siglo XXI, para liquidar derechos ni la libertad de nadie"m ha resaltado. Libertad educativa recogida en la Constitución La libertad educativa, ha sostenido, no es algo que se le haya ocurrido a ningún partido político ni a ningún padre en defensa de sus hijos, sino que está recogida en la Constitución Española y es además "algo consustancial al ser humano". Rajoy, quien ha reivindicado la importancia de la formación y de la educación, ha abogado por dedicar en los próximos cuatro años el máximo esfuerzo presupuestario posible a la educación, mejorar la formación del profesorado en materia digital y en idiomas, por apoyar claramente la FP y por generalizar la FP dual.

17/04/2016 12:07

Valencia Ciudad

El Guadalaviar se sumerge en la Edad Media

valencia. Los últimos días de la semana fueron especiales en el colegio Guadalaviar de Valencia. No hubo clases al uso, pues todas sus alumnas exceptuando las de 2º de Bachillerato (con la Selectividad ya en el punto de mira) participaron en un proyecto colaborativo que también ha implicado a familias y profesores. En síntesis, han reproducido la Edad Media a lo largo de las instalaciones, desde Infantil hasta Secundaria, una inmersión medieval con el único objetivo de aprender de una manera activa y diferente. En las de Primaria se ha creado el camino de Santiago, donde cada clase representaba un municipio de la ruta. Para ello han tenido que buscar información para conseguir un reflejo fiel tanto de los elementos arquitectónicos como de la cultura o la gastronomía. En Secundaria han tenido hueco las religiones que convivieron en época medieval (judía, árabe y cristiana) e incluso se diseñaron juegos para ordenador con temáticas propias del periodo. Las justas (con robots dirigidos por tabletas), los caballeros o las figuras de Jaume I o El Cid tampoco han faltado en el proyecto, que tal y como explican desde el colegio, ha servido para que se trabajen disciplinas de manera transversal: desde las digitales hasta los idiomas, con cartelería en inglés y códigos QR que se debían leer con la tableta de las alumnas. Sin olvidar la búsqueda de información -se han realizado visitas guiadas a la Valencia musulmana y a la cristiana- o la expresión oral, pues cada clase tenía que explicar su trabajo durante las visitas de las familias o de otras alumnas. Mª Carmen Martínez, directora del proyecto, recurrió a un ejemplo para explicar la vinculación entre la ambientación y los contenidos curriculares: «En el barrio árabe, que expone elementos como sistemas de poleas, las alumnas debían explicar también los fundamentos físicos que los sustentan».

14/04/2016 18:38

Comunitat

La mayoría de las 404 nuevas aulas serán públicas

El arreglo escolar 2016-2017 prevé 404 nuevas aulas, de las que la inmensa mayoría serán públicas. Se trata de la planificación escolar del próximo curso, y establece qué unidades se suprimen y cuáles son de nueva creación. En la red de titularidad de la Generalitat habrá 496 adiciones y 81 supresiones, lo que arroja un balance global de 415, mientras que en la concertada la tendencia es la inversa. Se crearán 20 y se suprimirán 31 (-11), lo que supone un saldo negativo. Guerra de cifras en la huelga de Educación El PP estudiará llevar a los tribunales el arreglo escolar de la concertada Respecto a las 404, son "más autorizadas que al inicio de la crisis económica en el 2012-13", en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana, ya que por primera vez este documento incluye tanto a los colegios de la red pública como a los concertados. De esta manera, "se puede hacer un análisis global" de las necesidades del sistema educativo valenciano, basado en criterios de "mejora de la calidad de la enseñanza" "Todos los niños que estén matriculados y cursando sus estudios en Infantil o Primaria en cualquier centro sostenido con fondos públicos continuarán en su centro. Se había estado diciendo mucho tiempo que íbamos a echar a los niños de las escuelas, pero es todo lo contrario". Así lo ha remarcado el conseller de Educación, Vicent Marzà, que ha dado a conocer la propuesta de arreglo escolar realizada por su departamento en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario autonómico del ramo, Miguel Soler. En concreto, la planificación contempla --teniendo en cuenta la diferencia entre las aulas que se crean y se habilitan (516) y las que se suprimen o se dejan en no-funcionamiento por una bajada de ratio coyuntural (112)-- que el curso que viene habrá 404 unidades más en el territorio valenciano, de las que 222 corresponden a la provincia de Valencia; 96 a la de Alicante y 86 en Castellón. Por niveles educativos, habrá 88 aulas más en Educación Infantil (+26 en Alicante; +22 en Castellón y +40 en Valencia); 205 en Primaria (+50 en Alicante; +33 en Castellón y +122 en Valencia); y 111 en Educación Especial y Comunicación y Lenguaje, las que más han crecido proporcionalmente, (+20 en Alicante; +31 en Castellón y +60 en Valencia). En los centros públicos, la previsión es abrir 496 unidades y suprimir 81, mientras que en los concertados, se abrirán 20 aulas y se cerrarán 31. Marzà y Soler han subrayado que no se ha dado ningún caso en el que se haya decidido cerrar un aula en un centro concertado por pensar que la demanda se pueda cubrir solo con colegios públicos y han explicado que el criterio que se ha seguido es calcular la ratio media de los centros públicos del municipio y restarle dos puntos. En el caso de que la cifra de alumnos de esa aula fuera menor, se aboga por la supresión. Desde el departamento de Campanar han llamado la atención sobre las diferencias de este arreglo --el primero del "gobierno del Botànic", ha precisado el conseller-- frente a los del anterior equipo del PP. En este sentido, Marzà ha recordado que el arreglo con el que se estrenó la exconsellera 'popular' María José Català "hubo 408 aulas menos mientras que el curso que viene habrá 404 más". Aquí, Soler ha agregado que en el curso 2012-13 se suprimieron 428 aulas públicas mientras se crearon 20 concertadas, una tendencia que siguió hasta que en el 2015-16 --"casualmente año electoral", ha incidido-- se crearon 378 unidades públicas y 17 concertadas. Con la planificación llevada a cabo por el nuevo equipo de Marzà "habrá más aulas nuevas que antes de la crisis", ha apostillado. Entre los criterios que sostienen el nuevo arreglo, Vicent Marzà ha destacado la bajada de las ratios, que serán en primero de Infantil 25 alumnos, en primero de ESO, y en primero de Bachillerato, 35. Además, en una serie de localidades ha sido posible bajar aún más la ratio, hasta los 23. Esto implicará a su vez un aumento "histórico" de la plantilla docente que ha cifrado en bastante más de un millar de docentes. «Embutiendo» a los niños En esta línea, ha aseverado que los anteriores dirigentes del PP permitieron que las ratios se "desbocaran" --se estaba "embutiendo a los niños", ha puntualizado Soler-- y ha puesto como ejemplo un centro concertado de Alicante que iba a subir a Primaria con 27 alumnos de Infantil pese a tener autorizados solo 22. Se ha decidido que el curso próximo habrá, no una, sino dos aulas. Preguntado por los conciertos en Bachillerato, Marzà ha señalado que se "aplicará la ley" y los centros tendrán que informar a las familias de que para tener concierto para una unidad de ese nivel hay que llegar a una ratio mínima. El período de alegaciones al arreglo de los centros públicos acabó el 8 de abril y se han recibido 83, 24 de ellas de la provincia de Alicante, 46 en las comarcas de Valencia y 13 a poblaciones de las comarcas de Castelló. Ahora, la Conselleria ha enviado a los titulares de los centros concertados la propuesta de arreglo y se abre un periodo de alegaciones de 10 días. La administración publicará la resolución del arreglo definitivo a finales de abril. Por otra parte, en la rueda de prensa a Marzà se le ha preguntado por una recomendación del Síndic de Greuges sobre el uso de las lenguas cooficiales en las comunicaciones de los centros educativos por la queja de un padre. Al respecto, el titular de Educación ha dicho que "los centros saben perfectamente cómo se deben comunicar" y ha comentado que este tipo de "problemáticas aisladas no marcan la pauta". "No hay ningún conflicto; hay 1.400 centros y no hay 1.400 situaciones como esa. Las lenguas son para comunicarse, no para denunciarnos los unos a los otros ni echárnoslas a la cabeza", ha sentenciado.

09/04/2016 22:52

Valencia Ciudad

El Gobierno se replantea las reválidas ante la ofensiva contra la Lomce

La ofensiva contra la Lomce continúa, aunque cambia el escenario del debate. Tras la aprobación en el Congreso de una proposición para reclamar al Gobierno la paralización de la ley, ayer se conoció que 12 de las 17 comunidades autónomas han pedido al ministerio una reunión urgente de la conferencia sectorial para tratar cambios en su aplicación, pues este curso y el siguiente incluye novedades que afectan a miles de alumnos. Pretenden minimizarla -son regiones críticas- mientras se trabaja en su derogación, para lo que se precisa de un nuevo ejecutivo central. El debate también se ha trasladado a los claustros, incluso a los patios de los colegios, pues las reacciones sobre la conveniencia o no de tumbar la reforma popular han llegado desde todos los sectores de la comunidad educativa. Los concertados rechazan la paralización de la ley Entretanto, el Ministerio de Educación ha anunciado una ronda de contactos con las comunidades -hoy le toca al País Vasco- en la que se tratarán sólo las modificaciones a aplicar en las reválidas de ESO y Bachillerato. Es decir, el departamento que dirige Méndez de Vigo se va a replantear las evaluaciones heredadas de José Ignacio Wert. En síntesis, estas pruebas finales -la de Bachillerato sustituirá a la Selectividad- se basaban en 350 preguntas de respuestas cortas y de tipo test. Incluso se llegaron a regular en un borrador presentado a las autonomías en abril de 2015. En una entrevista concedida el martes por la noche a TVE, el ministro dijo estar dispuesto a hacer cambios en las evaluaciones citadas y reconoció que generaban «dudas» entre las autonomías y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue). En arreglo al calendario de la Lomce, las dos reválidas llegarán por primera vez el próximo curso. En otras palabras, los alumnos que ahora cursan 1º de Bachillerato no saben a qué prueba tendrán que enfrentarse para acceder a la universidad ante la incertidumbre que rodea al futuro de la ley. En cuanto a la modificación de la de Bachillerato, la que hará las veces de Selectividad, a finales de marzo el secretario general de Universidades del ministerio ya dijo que la propuesta consistiría en unas pruebas similares en estructura a las actuales, con la idea de que los estudiantes no se vean excesivamente afectados por el cambio. La diferencia radicará en que será un modelo único para toda España, en lugar de diecisiete selectividades distintas, una por cada comunidad. En este sentido, fuentes del ministerio señalaron que en las próximas semanas, tras las consultas a las comunidades, se dará a conocer una orden ministerial que definirá la configuración definitiva de ambas reválidas. Además, se ha creado una comisión mixta con la Crue para abordar la cuestión. El presidente Santiago Píriz ya ha dejado claro que la propuesta de la organización es que la de Bachillerato sea muy parecida a las PAU vigentes ante la imposibilidad legal de prorrogar un año más la Selectividad, como plantearon inicialmente al ministro. La posición de Marzà Respecto a la reunión sectorial con el ministerio, el conseller Marzà -la valenciana es una de las comunidades que han pedido el encuentro-, destacó la necesidad de debatir «conjuntamente» las medidas de implantación de la Lomce ante el actual contexto político para evitar la incertidumbre que rodea a los alumnos, ya sean los que están a la espera de las evaluaciones externas de Primaria, los que deben elegir ya si se encaminan hacia la FP o el Bachillerato (los nuevos itinerarios de 4º de ESO) o los afectados por los cambios en el acceso a la universidad. «Se trata de debatir la implantación de la Lomce sin dejar de exigir su derogación», sentenció Marzà. Por otro lado, el BOE publicó ayer una orden que solventa la situación de los estudiantes de ESO y Bachillerato con asignaturas suspendidas, que se verán en la situación de promocionar a un curso 'Lomce' arrastrando materias del modelo anterior (LOE). Durante dos ejercicios, este y el próximo, podrán sacarlas adelante con arreglo al plan de estudios cursado. La ley ya se ha adaptado en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato. En septiembre llegará el turno del resto de la Secundaria.

10/02/2016 19:07

Comunitat

Familias de Valencia sólo podrán optar a cinco colegios al tumbarse la zona única

El Consejo Escolar Municipal de Valencia debatirá hoy la propuesta del ayuntamiento de dividir la ciudad en 21 zonas a efectos de admisión en los colegios. Es la planificación derivada de la derogación del distrito único decretada por la Conselleria de Educación, y en la práctica hará que algunas familias de la capital sólo puedan optar realmente a cinco centros, pues si eligen uno de una zona distinta se les penalizará en caso de baremación. Es decir, sólo podrán entrar si hay plazas libres, algo que no pasa en los centros más demandados, sean públicos o concertados. Para hacerse una idea, hasta este curso las opciones se ampliaban a 182, que son todos los sostenidos con fondos públicos que ofrecen el Segundo Ciclo de Infantil, etapa habitual de acceso. El planteamiento municipal implica volver tres años atrás, si bien la primera propuesta sólo hablaba de diez áreas, según fuentes de la comisión que ha trabajado en la nueva distribución. Uno de los casos más extremos es el de la zona 10.A, comprendida entre las calles Peris y Valero, Ausias March, el nuevo cauce y la vía ferroviaria. Las familias que vivan en este distrito sólo tendrán posibilidades reales de entrar en los centros Fernando de los Ríos (municipal), Pablo Neruda y Rafael Mateu Cámara (públicos), Academia Jardín y Martí Sorolla (concertados). El sindicato de la concertada pedirá cinco áreas Lo mismo les pasará a los que residan en la zona 14, delimitada por la avenida Cataluña, Alfahuir, Primado Reig y el límite de Alboraya, pues tendrán a su disposición el centro municipal de Benimaclet, los Ceips Carles Salvador y Pare Català y los concertados Claret y Sagrada Familia. La explicación a estas limitaciones puede estar en que en la planificación se ha valorado, como establece el nuevo decreto autonómico, los datos censales de cada zona o la capacidad de las escuelas. Hay que recordar que pese a que no exista distrito único cualquier familia puede elegir como primera opción de su solicitud el centro que quiera, es decir, más allá de su área de influencia. Eso sí, en caso de baremación -más peticiones de acceso que plazas- no tendrá posibilidades efectivas de entrar ya que todos los alumnos que vivan en la zona donde se ubique el centro elegido sumarán muchos más puntos (diez frente a los cinco de la familia que opte por salirse de su distrito, y siempre que sea limítrofe). La única opción sería que tuviera hermanos ya escolarizados en ese colegio (15 puntos) o se beneficiara de varios criterios especiales, como pueden ser el de familia numerosa (entre tres y cinco), monoparental (entre tres y cinco), discapacidad (de tres a siete) o padres trabajadores en el centro (cinco). El otro que computa es el de la renta familiar (dos). Además, con las nuevas zonas también se penaliza a quien viva en las pedanías, pues en el caso de las del norte sólo existen dos colegios mientras que para Benimàmet y Beniferri habrán tres. En las del sur sumarán seis. También se dan casos llamativos como en el distrito 13, que sólo incluye un concertado que oferta Infantil y Primaria (Centro de Estudios Europa) y otro de la misma titularidad que llega hasta el 2º Ciclo de Infantil (Ciudad Jardín). Los otros nueve son de titularidad pública. Además, los residentes en las pedanías del norte no tendrán en su área de influencia colegios sostenidos con el concierto. Con el distrito único siempre podían optar a alguno de la proximidades, opción que se limitará claramente el curso que viene si se activa la baremación. La zona más grande, en Patraix, tendrá 14 centros. Dicho de otra forma, es la que mayor libertad de elección real ofrece dentro de las restricciones derivadas de la zonificación. Además, en la propuesta municipal se incluye un caso curioso, y es que las familias que vivan en el centro (Guillem de Castro, Xàtiva, Colón, Justicia y viejo cauce) podrán optar a los de las zonas limítrofes 2 y 3 en igualdad de condiciones. Eso sí, esta prerrogativa sólo existirá si eligen centros públicos. El Consejo Escolar Municipal, donde participan miembros de la administración local, representantes de padres y de sindicatos, deberá aprobar la propuesta del ayuntamiento y elevarla a la dirección territorial, que a la postre decidirá, aunque lo lógico es que se acepte. Eso sí, es bastante complicado que se produzcan variaciones en el consejo ya que hay mayoría de miembros de la escuela pública, que abogan por la zonificación como una manera de fomentar el arraigo de los escolares en sus entornos.

13/12/2015 09:30

Valencia

Las escuelas infantiles privadas aguantan con diez mil plazas vacías

Las escuelas infantiles privadas, que escolarizan a alumnos de entre cero y tres años, acumulan 9.914 plazas vacantes, una cifra que permite hacerse una idea de las dificultades que deben sortear los titulares para mantener la viabilidad de los centros, al ser cuatro de cada diez respecto al total. Además, el 63,7% de los puestos libres pertenecen al sector, mientras que las restantes se sitúan en guarderías públicas o que funcionan en régimen de concesión. El dato se extrae de un informe sobre la situación de los centros privados elaborado por la asociación Salvem 0-3, que fue trasladado a la conselleria en la última reunión mantenida. El documento también alerta de que más de la mitad están al límite a nivel económico y que los cambios en el bono infantil -la ayuda universal para cofinanciar el puesto escolar que pasará a regirse por la renta- junto con la proliferación de aulas de dos años en colegios públicos pueden derivar en el cierre de muchas guarderías que ya padecen un elevado índice de desocupación, con las consiguientes pérdidas de puestos laborales. Ante este escenario, Salvem pide a la administración que se tenga en cuenta a la red existente para alcanzar el objetivo de aumentar la escolarización en esta etapa, que es uno de los principales argumentos que esgrime Educación para defender su programa experimental. La propuesta de la organización pasa por mantener la universalidad de la ayuda y completarla hasta que alcance la totalidad del coste del puesto escolar mediante un sistema de becas. Desde la Conselleria de Educación se insiste en que se elaborará un mapa de necesidades de Infantil para cada municipio en el que se tendrán en cuenta las plazas existentes, ya sean municipales o privadas. La última vez en que se transmitió esta idea fue esta misma semana, en unas declaraciones del director general de Política Educativa, Jaume Fullana, en Radio Valencia. Sin embargo, la aparición en los presupuestos de 2016 de un objetivo que prevé la puesta en marcha de las aulas necesarias para dar servicio a 2.320 alumnos (unas doscientas más), ha generado dudas en el sector teniendo en cuenta que todavía no se ha elaborado el citado estudio de necesidades. Ante la competencia que puede suponer el nuevo proyecto, las diferentes patronales han seguido estrategias distintas para tratar de paliar su impacto. Por ejemplo, desde Adeiv-Acade se mantiene abierta la vía del diálogo con la administración a través de reuniones sectoriales donde se les informará del avance del programa y donde plantearán sus reivindicaciones. Uno de los objetivos es conseguir que el baremo que se aplique en el nuevo bono, además de beneficiar a las rentas bajas, no perjudique a las medias. La posición contrapuesta corre a cargo de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que ha presentado un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tsjcv contra el plan al considerar que hay argumentos para frenarlo. La justificación de este paso está en que, a su juicio, se ha agotado la posibilidad de alcanzar un consenso con la conselleria. Desde la patronal valenciana ya han anunciado que acudirán a todas las instancias judiciales que sea necesario, mientras que desde la administración se ha criticado su postura llegando a deslizar que puede justificarse en motivos ideológicos. Salvem 0-3 mantiene una posición intermedia. Pretende seguir dialogando con la administración (hoy se reúnen con María Oliver, la concejala de Educación de Valencia), pero tampoco descartan medidas de carácter jurídico si se lesionan los intereses de sus asociados.

12/12/2015 09:34

Comunitat

Los colegios públicos de la Comunitat ya piden los antecendentes penales de sus profesores

Los colegios católicos de la Comunitat ya han empezado a solicitar al personal de nueva incorporación un certificado negativo de antecedentes penales, una cautela derivada de la actual Ley de Protección Jurídica del Menor que entró en vigor el pasado agosto y que busca evitar la presencia de personas condenadas por delitos sexuales en áreas de trabajo que impliquen contacto con menores de edad. Desde Escuelas Católicas de la Comunitat explicaron que la iniciativa se adopta "por prevención" y para "hacer las cosas bien, como pide la norma". De momento se está solicitando el documento a profesores contratados este curso, monitores de comedor o extraescolares y catequistas. En 2013 la patronal nacional ya solicitó al gobierno la adopción de esta medida para garantizar la protección de los niños en cualquier ámbito, incluido el escolar. La cautela también se extiende al resto de la plantilla con relaciones laborales en vigor (tanto públicas como privadas), aunque habrá que ver cómo se articula el mecanismo en las instrucciones que debe desarrollar Educación. Una posibilidad es que la administración pueda comprobarlo de oficio. De momento desde el departamento no se ha trasladado ninguna información a los centros, según confirmaron los directores e inspectores consultados, si bien se espera que sea inminente teniendo en cuenta su trabajo con el alumnado y que el pasado mes ya se dio a las comunidades indicaciones sobre la aplicación de la ley en la Conferencia General de Educación. Una vez creado el registro de delincuentes sexuales sólo se exigirá un certificado de no estar incluido La norma dice que "será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones y actividades que impliquen contacto habitual con menores no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad sexual", lo que incluye situaciones de agresión, abuso, acoso, exhibicionismo, provocación sexual, prostitución, explotación, corrupción de menores y trata de seres humanos. "A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales", añade. Sin embargo esta herramienta todavía no está en funcionamiento. Fuentes del ministerio dijeron que se prevé activarla a principios de año, y mientras tanto, las instrucciones remitidas a las autonomías establecen un periodo transitorio en el cual se podrá cumplir el requisito a través del certificado de antecedentes penales, el documento oficial que expide el Ministerio de Justicia donde constan aquellas condenas firmes que hayan recaído sobre el interesado, excluyendo las faltas. La exigencia no está exenta de polémica. Desde la otra patronal concertada, Feceval, se refirieron a la dificultad de conjugar el derecho a la intimidad de las personas con el citado certificado, que puede incluir delitos que escapen del ámbito estricto de la norma (el sexual), por lo que se mantienen a la espera de lo que diga la conselleria. Desde Escuelas Católicas matizaron que lo que están pidiendo es un certificado de antecedentes negativo, lo que permite confirmar la inexistencia de condenas de tipo sexual. En otras comunidades autónomas la citada exigencia por parte de la administración ha generado polémica en este mismo sentido, y desde la Federación de Enseñanza de CC. OO. se va a recurrir al Defensor del Pueblo con el objetivo de que el proceso se paralice a la espera de que empiece a funcionar el registro de delincuentes sexuales.

08/12/2015 09:14

Comunitat

Vicente Morro: «Existe el temor de que se quiera asfixiar a los colegios concertados»

Vicente Morro es, desde octubre, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), y desde esta semana, portavoz de la nueva Mesa por la Educación en Libertad, que engloba a la mayoría de centros concertados y escuelas infantiles privadas de la Comunitat, incluyendo tanto a las familias como a los titulares, sin olvidar a sus trabajadores. La iniciativa nace a modo de respuesta ante las políticas educativas del Consell y el temor de que se quiera laminar una opción educativa con mucho peso entre la sociedad valenciana. -¿Por qué se necesita una Mesa por la Educación en Libertad? -Por el momento. Aparte del trabajo independiente de cada organización, necesitamos más fuerza y presencia pública. Y sólo se puede conseguir con unidad entre los distintos ámbitos de la comunidad educativa. Y también porque frente a los proyectos de la administración la respuesta unitaria es más seria y contundente. Igual que la administración suma una serie de apoyos de federaciones de padres y sindicatos, que incluso les marcan las medidas, nosotros tenemos que fomentar la unidad para tener más fuerza. -En la presentación de la plataforma se habló de incertidumbres, amenazas e incluso de ataques. ¿Cuál es el más acuciante? -Todo se deriva de las medidas anunciadas y de las propias declaraciones que han hecho representantes de la administración o desde sectores de la comunidad educativa. Llevan tiempo diciendo que hay que ir a una escuela única, laica y en valenciano. No hay incertidumbres, hay un programa pactado. Que si ni un duro para la concertada, que no debe ser subvencionada con los impuestos de todos... y eso que la pública sí se sostiene con el esfuerzo de todos, elijan concertada o privada. La educación concertada está recogida en las leyes, no es un invento. Tiene la misma validez, legalidad y legitimidad que la escuela pública. Existe el temor, incluso la amenaza en mi opinión, de que se quiera asfixiar a los concertados. No los pueden eliminar de golpe, pero sí intentar asfixiarlos, reducir su alumnado en favor de la pública. -A día de hoy, en realidad, se mantienen las aulas que dejó previstas el PP, e incluso la misma financiación en los conciertos... -No podría ser de otra forma. No pueden cambiarlo en poco tiempo. Con ese mismo argumento, tanto que se ha hablado contra los barracones, se tendría que haber actuado. Hay unos plazos. Y la realidad se impone a la ideología. Pueden tener ganas de asfixiar los conciertos, pero no pueden hacerlo de un día para otro. Pero se pueden dar pasos, como por ejemplo el decreto de admisión. -¿Por qué consideran importante mantener el distrito único? -Porque implica respetar la libertad de elección de cualquier centro. Es curioso. Al final la mayoría de las familias siguen pidiendo un colegio de su distrito, familiar o laboral, porque está cerca, porque te permite conciliar. El problema no es por qué eliges, sino si tienes o no derecho a elegir. Respetar esta idea me parece fundamental. Hay que elegir en uso de nuestra libertad, no porque lo imponga la administración. -En la presentación de la mesa se insistió mucho en defender la labor social de los concertados. -Es que hay mucho alumnado de familias con dificultades. Y en estos colegios es la entidad titular la que subvenciona esas cantidades que las familias no pueden aportar. O los servicios. Eso es función social. Hay mucha distorsión sobre lo que es realmente un colegio concertado. Llevo más de 20 años en uno y sé la labor que la entidad titular hace. Y en el resto igual. -¿Ve la religión fuera de las aulas en el futuro? La defensa de la materia es otro principio de la mesa. -No. Si más del 60% del alumnado, con todos los ataques que hay, elige la asignatura quiere decir que la realidad se va a imponer. Además, el partido socialista -que lleva la idea en su programa- ha tenido años de política claramente laicista con Zapatero y no la tocaron. Es un tema que sale de cara a elecciones. En fin. Ideología. Y no pueden saltarse unos acuerdos internacionales válidamente firmados. Si quieren que cambien la ley. Igual se encuentran con que la sociedad no les sigue. -¿Dónde está el ataque a la libertad de elección en cuanto a las escuelas infantiles? -Cuando adelantas la educación a los dos años, estás fidelizando al alumnado en un centro. Si es un programa experimental, ¿no sería mejor que lo hicieran en centros públicos y también en concertados? Y también está la cuestión económica. Unas costarán dinero y otras no, y eso también influye en la elección. Si se avanzara en la gratuidad en la red privada habría más margen. -¿Abordará la mesa el modelo lingüístico en las aulas? -Sí. Cualquier cuestión que afecte a la libertad de elección de las familias la analizaremos y valoraremos. -Desde Fcapa han denunciado la politización de la educación. ¿Cree que hay carga ideológica? -Absolutamente. Pero cuando te enfrentas a la realidad, si pretendes imponer tu ideología, generas más problemas que soluciones, y más en el campo de la educación. Y tanto que se habla de diálogo, al final no se practica, es un diálogo de sordos.

05/12/2015 20:25

Comunitat

Educación ignora a los becarios de inglés pese a las promesas de Marzà

El conflicto de los English Helpers, los maestros titulados con un elevado dominio del inglés contratados por la Conselleria de Educación en 2012, se enreda todavía más. A la sentencia favorable a la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia, que obliga al departamento a pagar casi 800.000 euros en concepto de cotizaciones como maestros y no como becarios en prácticas, se le une la marcha atrás que ha dado el departamento, que en varios foros ha afirmado que les reconocería los servicios prestados durante los ocho meses que duró su estancia en las aulas. No es un asunto baladí, en el sentido de que disponer de más experiencia cuenta como mérito en una oposición o sirve para subir puestos en las bolsas de trabajo docente, que actualmente se ordenan en base a este criterio. Sin embargo, tal y como denunció ayer la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, Educación no está reconociendo esta labor en las primeras resoluciones que se están remitiendo a los afectados, de ahí que el sindicato anunciara que les asesorará sobre las acciones legales oportunas para conseguir la antigüedad y también los salarios correspondientes, pues las cuantías que percibieron poco tenían que ver con la de un maestro. La sentencia citada considera probado que los Helpers realizaron labores propias de un profesor y que la beca tenía por objeto dotar de personal formado a los centros para avanzar en la implantación del modelo de educación plurilingüe en Infantil a un coste menor. En otras palabras, considera irregular el método elegido por la conselleria, entonces encabezada por Català. La federación recordó que la de becario es una figura «fraudulenta», inexistente en la normativa laboral sobre función pública docente, y que en total fueron 304 los jóvenes incluidos en la convocatoria, «no distinguiéndose su trabajo del de las personas funcionarias de carrera o interinas», de ahí que entiendan que «hay derechos salariales y laborales conculcados». El sindicato añadió que Educación informó en una mesa sectorial celebrada en julio que elaboraría una resolución individualizada con el reconocimiento del tiempo trabajado y de las retribuciones correspondientes. «Sin embargo la notificación individualizada que está empezando a llegar a las personas afectadas no los contempla», señalaron. De ahí que criticaran que se están manteniendo «los perjuicios producidos a las 304 personas que fueron contratadas de manera incorrecta por la anterior administración». Además del foro de negociación sindical, existe una pregunta parlamentaria planteada por Compromís en Les Corts sobre estos becarios en la que el conseller Marzà asevera que existe la intención «tan pronto como sea posible» de aplicar lo establecido en la sentencia, matizando que además de corregir la diferencia salarial «tendrán derecho al reconocimiento del tiempo trabajado a efectos de antigüedad». LASPROVINCIAS ha tenido acceso a la resolución del recurso de reposición presentado por una afectada en relación a la ordenación de las bolsas, en las que aparece sin servicios prestados. Y el documento plantea lo contrario a la respuesta dada por Marzà. En síntesis, se establece que la sentencia se refiere a efectos en cuanto a la cotización a la Seguridad Social, sin que se pueda interpretar que los Helpers han sido personal al servicio de la Generalitat, por lo que no se puede derivar un reconocimiento del tiempo trabajado a efectos de antigüedad.

05/12/2015 01:17

Comunitat

Más municipios posponen el pago de las ayudas de los libros a 2016

El compromiso del Consell de pagar las ayudas de Xarxallibres antes de que termine el año empieza a perder fuerza, pues la tendencia, sobre todo en los ayuntamientos más grandes, es terminar de abonarlas el próximo año. Incluso ya hay municipios que ni siquiera podrán cumplir con el paso previo, la recogida de los justificantes, a lo largo del mes de diciembre. Así se desprende de las instrucciones ideadas por las diferentes localidades que a lo largo de este mes activarán su procedimiento para poder abonar la mitad de la subvención (cien euros) después de que Educación haya aprobado su inclusión en la iniciativa. El plan, que pretende garantizar la gratuidad de los libros de texto mediante su reutilización a partir del próximo curso, ya está en manos de los consistorios, que además del trabajo de gestión aportan un tercio de la financiación de Xarxallibres. Desde hace días está en funcionamiento la aplicación informática que permite a cualquier padre rellenar la solicitud de adhesión al programa, aunque será hoy cuando los primeros ayuntamientos comiencen a recibir a las familias para que presenten el formulario impreso y los justificantes de los libros. El trabajo burocrático es enorme, teniendo en cuenta la cantidad de solicitantes que se esperan. Sirve un dato para hacerse una idea. Durante la presentación del programa, en septiembre, se hablaba de medio millón de beneficiarios. El caso paradigmático es Valencia, donde se esperan entre 60.000 y 80.000 solicitudes, que se recogerán mayoritariamente en los centros para posteriormente introducir las peticiones en el sistema de gestión. La pasada semana el ayuntamiento anunció que se hará de forma escalonada entre el 7 de enero y el 18 de febrero. Además, una vez terminado este primer paso se comprobarán las solicitudes antes de resolver el pago de los cien euros. El plazo máximo previsto en las instrucciones es de tres meses a contar desde el 7 de enero. En otras palabras, puede darse el caso de familias que cobren a principios de abril. Algo parecido sucede en Alicante. Tras la adhesión del consistorio al programa, que se produjo el 18 de noviembre, se anunció que la precaria situación de las arcas municipales impedirá realizar el primer pago en 2015 y obligará a retrasarlo al mes de enero, con cargo al presupuesto de 2016, tal y como informó Europa Press. Queda pendiente de desvelar el procedimiento exacto. El conseller Vicent Marzà visitó ayer dos centros educativos de Elche, donde se felicitó de la buena acogida que está teniendo la medida y destacó que las transferencias del dinero de la Generalitat ya están llegando a los primeros ayuntamientos. "Ya hemos cumplido con nuestra parte y ahora hay que terminar de gestionarlo bien para que las familias vean en sus casas los resultados de la experiencia", señaló, en referencia a que Xarxallibres queda ahora en manos de los ayuntamientos. Precisamente, los ilicitanos -o gran parte de ellos- también tendrán que esperar al año que viene para ver el dinero. Así se desprende de la guía ideada para las familias, donde se explica que se podrán presentar las facturas hasta el 21 de diciembre -en función del colegio- y que los pagos de la primera fase llegarán entre mediados de diciembre y finales de febrero. El caso de Torrent es muy similar al anterior. Se ha previsto atender a las familias de Primaria y FP Básica entre hoy y el día 22 y a los de ESO entre el 7 y el 20 de enero en los diferentes puntos habilitados a tal efecto. Paterna y Alboraya han recurrido a una organización similar, pues en el caso de la Secundaria la presentación de la documentación se extenderá hasta finales de enero. Es decir, de los calendarios fijados se deduce la imposibilidad de cumplir con los plazos anunciados por el Consell a través de declaraciones públicas, folletos y circulares institucionales. En Gandia la tramitación se extenderá hasta el 18, y según explicaron desde el ayuntamiento, se espera tener la solicitudes revisadas al finalizar el año para pagar a principios del siguiente. El Campello (a partir del 7 de enero), Sueca (primer trimestre), Rafelbunyol (principios de año) o La Vila Joiosa son otros ejemplos en el mismo sentido. Atención hasta las 21 horas e incluso los sábados El programa Xarxallibres nace del interés del Consell de evitar costes a las familias con hijos escolarizados en etapas obligatorias, aunque la financiación de las ayudas es compartida con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, lo que ha causado algún que otro enfrentamiento entre administraciones. Algo parecido sucede con la gestión, en la que asumen un papel fundamental los consistorios, lo que también ocasionará problemas organizativos ante la cantidad de solicitudes a resolver. De hecho, casi todos los municipios se han visto obligados a contratar personal de refuerzo para la tramitación o a ampliar los horarios de atención de las dependencias municipales. Un caso llamativo es el de Benicàssim, donde el consistorio informó en un comunicado de que se ha habilitado un dispositivo extraordinario que contempla la apertura del Servicio de Información Ciudadana desde las ocho de la mañana hasta las 21 horas de manera ininterrumpida. También se recogerá la documentación de las familias los sábados de 9 a 13 horas. Además, casi todas las localidades han elaborado calendarios de atención para evitar colapsos en las sedes municipales, de manera que las familias de cada centro tienen una franja horaria y un día asignado para presentar el formulario y las facturas. De ahí que sea fundamental que los beneficiarios conozcan bien el procedimiento, y más teniendo en cuenta que en algún caso no se aceptarán solicitudes que lleguen fuera de plazo. En los más grandes se ha recurrido a los colegios para centralizar la recogida y evitar miles de desplazamientos a los ayuntamientos. .

27/11/2015 19:13

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Los interventores presionan para evitar ilegalidades en las ayudas de los libros

Los interventores municipales, encargados de fiscalizar el uso de los recursos públicos, impulsarán un modelo distinto para gestionar las ayudas para la compra de libros incluidas en el programa Xarxallibres, pues si se mantiene el actual, derivado de la normativa autonómica, se corre el riesgo de incurrir en problemas contables. Como explicó el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Valencia, Javier Biosca, desde la organización se está elaborando un modelo de expediente que trata la ayuda como una subvención por la adquisición de material escolar. Es decir, a nivel interno se deja de lado el concepto de compra que prevé la orden reguladora publicada por Educación, una idea que ha causado no pocos quebraderos de cabeza. DATOS 528 municipios han solicitado participar en el programa, paso indispensable para recibir los fondos de las diputaciones y de la Generalitat para poder abonar las ayudas, que llegan a 200 euros a pagar en dos fases. Aunque hay 14 ayuntamientos que se quedarán fuera, las adhesiones implican que se atenderá al 99,64% de la población. 244 solicitudes ya han sido aceptadas, por lo que estos consistorios ya trabajan en el procedimiento burocrático necesario para poder pagar los primeros cien euros a partir del 1 de diciembre, cuando llegarán los fondos de las otras administraciones. Son los ayuntamientos los que deben informar a las familias de cómo proceder para conseguir la ayuda. Biosca explicó que está previsto que la propuesta del colegio se adopte en numerosos ayuntamientos, sobre todo después de que los altos funcionarios alertaran la pasada semana de las dificultades que se podrían dar durante la tramitación. Además, remitirán el modelo a la Dirección General de Administración Local, que depende de Presidencia de la Generalitat. El conflicto se debe a que la orden autonómica prevé que el pago de la ayuda, cuya gestión íntegra recae en los ayuntamientos, sea en concepto de compra. Es decir, los consistorios adquieren los manuales a cambio del dinero que entregarán con el objetivo de que los libros puedan ser reutilizados en los colegios del municipio. Sin embargo, esta opción presenta varias fisuras. Puede contravenir la normativa de contratación de las administraciones públicas, que por ejemplo establece que sólo se puede trabajar con organismos y empresas cuya competencia para contratar con los ayuntamientos esté debidamente acreditada. También limita el fraccionamiento de los pagos, y en el caso de las cuantías de Xarxallibres pueden derivar en miles de divisiones, como sucederá en los ayuntamientos con mucha población escolar a atender. Además, la orden de Educación puede derivar en que las compras de libros acaben en saco roto, pues permite que una familia que cobre los cien primeros euros opte por no devolver los ejemplares para su uso posterior, decisión que supondrá no poder participar en el programa en los cursos venideros, aunque no existe la obligación de reintegrar el dinero percibido. En otras palabras, se abre la puerta a que hayan casos de compras fantasma, es decir, de bienes que no serían entregados. A favor de Xarxallibres Ante los inconvenientes citados, los funcionarios plantean la necesidad de que la tramitación sea en concepto de subvención, una figura que tendría más encaje legal porque además permitiría el pago por anticipado. "Sería la manera más adecuada de proceder porque evitaríamos problemas. Y lo que quiere el colegio es que el programa funcione bien, hay que dejar claro que no estamos en contra del mismo, sino todo lo contrario", añadió Javier Biosca. En el terreno de las hipótesis, actuar conforme a la orden de Educación (compra en lugar de subvención), puede dar lugar a irregularidades contables (pagar por un bien que no se percibe), por lo que si se dan casos de municipios que impulsan el procedimiento inicial es seguro que se encuentren con un pronunciamiento desfavorable de su interventor, que técnicamente se denomina reparo y que es puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Aunque no es vinculante, pues un alcalde, un pleno o una junta de gobierno pueden decidir seguir adelante, sí exoneraría de cualquier responsabilidad al funcionario. El viernes se conocieron los primeros ayuntamientos autorizados a participar en Xarxallibres, que son los que presentaron la solicitud antes del día 10. En los más grandes, los que más beneficiarios de la ayuda concentrarán, se ha optado por centralizar la recogida de la documentación y las facturas en las Ampas y los colegios o por habilitar varias sedes municipales para no saturar los ayuntamientos. Incluso hay localidades que han establecido horarios concretos para atender a las familias de cada centro educativo.

27/11/2015 17:19

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El Consell desmonta en cuatro meses el sistema educativo

La llegada de Vicent Marzà a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha implicado un cambio radical. Pese a asumir cuatro áreas temáticas fundamentales, sin duda la primera ha sido la protagonista principal. En algo más de cuatro meses ha variado drásticamente el sistema educativo heredado del PP. Casi todo lo relacionado con los anteriores gestores se ha laminado. El único límite ha sido la ley, como demuestra el hecho de que la Lomce, tan criticada, se está cumpliendo casi a rajatabla, al contrario que en otras regiones donde también se ha producido un giro político hacia la izquierda. Educación prevé 200 aulas públicas más y pone contra las cuerdas a las guarderías Valencia retrasa hasta febrero el pago de la subvención para los libros El último frente abierto han sido los cambios en la admisión con la eliminación del distrito único, defendido por el sector concertado como una forma de garantizar la libertad de elección y criticado por el público porque a su juicio provoca desigualdades en el acceso a la educación y favorece a los primeros. El programa electoral de Compromís es claro: inmersión en valenciano El borrador del decreto que regulará el proceso se conoció esta semana y aunque es objetivo, como corresponde a cualquier cuerpo normativo, una lectura entre líneas desliza ciertas reticencias hacia la red sostenida vía conciertos. Por ejemplo, no se acaba de entender en el sector que se incluyan cuestiones comerciales, por otro lado ya puestas en tela de juicio en sentencias judiciales relacionadas con la exclusividad en la venta de uniformes escolares o libros de texto, o que se haga referencia a cuotas en concepto de reservas de plazas, prohibidas por la legislación educativa estatal. El decreto sí incluirá al final la opción de utilizar el lugar de trabajo como si fuera el domicilio a efectos de proximidad al centro, idea no reflejada en el borrador por error. El siguiente paso para avanzar en la eliminación del distrito único es la orden que desarrolla el decreto, y con posterioridad tendrán que ser los consejos escolares municipales los que establezcan la división de sus localidades en zonas educativas. Educación debe abordar otras medidas, como la supresión de las pruebas diagnósticas La admisión no será el único cambio espinoso que se acometa a lo largo de este curso, pues queda pendiente el nuevo modelo lingüístico en las escuelas. En este caso la previsión del departamento es tener listo el mes de febrero un borrador para debatir con la comunidad educativa, tal y como se informó a los sindicatos hace un par de semanas. En otras palabras, el cambio que más reticencias puede causar entre parte de la opinión pública trascenderá tras las elecciones generales del 20 de diciembre. En todas las ocasiones en las que Marzà ha sido interrogado sobre la cuestión ha contestado que lo primero es debatir con expertos para determinar, desde un punto de vista pedagógico, cuál es el programa óptimo de enseñanza, es decir, el que permita dominar el castellano, el valenciano y en menor medida otras dos lenguas extranjeras. En cuanto a las pistas de por dónde irán los tiros, los votantes de Compromís saben que el programa electoral apuesta por un modelo único en valenciano, idea que por cierto no se refleja en el del PSPV, principal partido del ejecutivo. En una reciente entrevista al periódico Magisterio el conseller dio una clave más, al deslizar que hasta ahora los mejores resultados los han cosechado los programas PIL (inmersión lingüística) y PEV (enseñanza en valenciano). El sector concertado no acaba de entender algunas de las ideas reflejadas en el decreto Además, queda para después de las elecciones otro debate importante, el de la jornada continua. En este caso la intención del departamento es regularla también en febrero, o lo que es lo mismo, antes de la admisión. Habrá que ver qué condiciones se piden para que los centros puedan aplicarla y qué apoyos se precisan por parte de los principales afectados: las familias. La supresión de las evaluaciones diagnósticas de los centros implantadas por el PP, la bajada de las tasas, los cambios en el horario lectivo de los profesores de Secundaria o la agilización en la cobertura de las bajas docentes también están en un cajón a la espera de ver la luz. Menos días de clase en primaria El inicio del curso ha vuelto a la segunda semana de septiembre, como sucedía en los ejercicios previos a la decisión popular de adelantar el arranque, lo que ha obligado a retrasar la finalización de las clases, que en el caso de Secundaria implica dejar en el aire las recuperaciones extraordinarias, que se programaron a finales de junio y principios de julio en lugar de tras las vacaciones. De esta forma se hacía hueco para empezar en los primeros días de septiembre al curso siguiente y de paso se solventaban los problemas de organización que los exámenes provocaban al interferir con la preparación del nuevo ejercicio. Educación todavía no ha dicho qué hará con estas pruebas, aunque será complicado mantenerlas antes de las vacaciones por el poco margen de tiempo que quedará. Además, los cambios de fechas han provocado una reducción de cuatro días lectivos en Primaria, los que se ganaron gracias a la medida popular. El castellano pierde peso pese a la LOMCE Minimizar la aplicación de la Lomce fue uno de los primeros cambios del curso. Eso sí, Marzà no ha llegado a niveles de otras comunidades como Aragón y la mayoría de medidas han consistido en deshacer modificaciones del equipo de Català como las clases de 45 minutos, por lo que no se desprenden realmente de la ley orgánica. El paso más atrevido se refiere a la lengua. Los centros han decidido si dan más o menos peso al castellano en las líneas en valenciano, en lugar de obligar a que se impartan al menos dos asignaturas en la lengua nacional, como estableció el PP para cumplir con la ley, que habla de una presencia equilibrada, proporción que el ministerio traduce, en base a varias sentencias, en al menos dos materias. Centros de música en pie de guerra Fue la primera patata caliente que afrontó Marzà después de paralizar las comisiones de servicio que durante los últimos años permitieron dotar de personal a los conservatorios de música y danza, sobre todo a los superiores. El argumento fue una demanda planteada por un colectivo de interinos, que finalmente fue desestimada, y el resultado fue que sólo se autorizaron la mitad de las comisiones previstas. Aunque se avanza para encontrar una solución en próximos cursos, los problemas han sido numerosos, desde quejas de alumnos hasta dificultades para cubrir determinados puestos en estos centros. Por no hablar de las dificultades de conciliación de los profesionales que no supieron hasta septiembre qué plaza iban a ocupar. Interinos en el aula sin la oposición Educación aprovechó la sentencia del TSJ que anulaba el acuerdo de interinos de 2013 para cumplir la promesa electoral de derogar la norma, que obligaba a cualquier profesor de las bolsas de trabajo a tener superada una oposición para tener opciones de cubrir vacantes y sustituciones docentes temporalmente. El fallo, que se sustentó en un defecto de forma, provocó cambios en la ordenación de las bolsas. A grandes rasgos los que perdieron puestos en 2013 los han recuperado, mientras que los que ganaron por tener su oposición superada los han perdido. Estos últimos, agrupados en la asociación Interinos Docentes por un acuerdo justo (Aidaj), han impulsado una batería de medidas judiciales. Quieren que un tribunal se pronuncie sobre si es lícito que sólo se tenga en cuenta la experiencia. Aunque Marzà anunció que se iba a negociar otro acuerdo, más equilibrado, finalmente no se abordará este año. Menos ratios, más profesores La medida tiene base estatal, en el sentido de que el Gobierno ha dado luz verde para bajar el número máximo de alumnos por clase a partir de 2016. En la Comunitat se hará de manera progresiva, empezando por 1º de Infantil (25 alumnos en lugar de 30), 1º de la ESO (30 en vez de 35) y 1º de Bachillerato (35 en lugar de 42). Implicará la creación de un millar de plazas docentes. A medida que estos cursos promocionen, se irán aplicando en los siguientes, lo que puede suponer hasta ocho o nueve años de espera para que todas las clases vuelvan a los parámetros anteriores. Mientras dure el proceso las bajas que se produzcan en los cursos no adaptados no podrán sacarse en el siguiente proceso de admisión. Esto limitará las posibilidades de cambiar de centro a mitad de una etapa, por ejemplo, en 3º de Primaria, un trasvase que aunque limitado se suele dar más desde centros públicos hacia los concertados. Los nuevos concertados, finiquitados Los Centros de Iniciativa Social -colegios de gestión privada concertada construidos sobre parcelas públicas cedidas por los ayuntamientos- cayeron a las primeras de cambio. Fue la medida estrella del anterior ejecutivo autonómico que en realidad nunca llegó a arrancar. Con María José Català todavía al frente de la Conselleria Educación los dos concursos impulsados (Elche y Calpe) fueron declarados desiertos porque ninguna oferta cumplió los requisitos exigidos. El conseller Marzà sólo tuvo que certificar el fin del proyecto. El comedor escolar se extiende Las becas (3,94 euros al día para un precio máximo de 4,25) cubren desde este curso los meses de septiembre y junio, cuando antes sólo valían para los de jornada partida. Así se incentiva la apertura del servicio todos los días lectivos, pues hasta este curso muchos becados no podían asumir el coste al no existir ayudas, y si el número de comensales se reducía mucho, el comedor difícilmente era sostenible. En este apartado hay dos incógnitas pendientes de resolución: saber si la conselleria mantendrá las becas para los concertados en los próximos años y cómo se cumplirá el mandato de Les Corts de que cubran todo el coste del menú en los públicos. Bancos de libros con condiciones El programa Xarxallibres supone el cambio más destacado en lo que se refiere a las ayudas educativas, y rompe con el planteamiento del PP de fomentar el reciclaje de los libros con los medios propios de las Ampas, aunque es cierto que tuvo escaso recorrido. A partir de este curso el proceso se centraliza en las administraciones. Todas las familias recibirán 200 euros, cien a partir del 1 de diciembre y los restantes cuando devuelvan los manuales subvencionados para su reutilización en los centros. Ya hay ayuntamientos que dudan de que puedan pagar la ayuda antes de que termine el año ante la compleja organización que supone su tramitación. Por no hablar de las reticencias de los secretarios e interventores municipales a asumir la gestión. Y quedan pendientes flecos, como quién revisará la conservación de los manuales. Además, se contempla que no podrán beneficiarse de los bancos quienes los dañen. Crecen las ayudas del transporte El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha tocado todas sus ayudas sociales. En el caso del transporte, ha revertido la medida popular que limitó el disfrute del servicio a aquellas familias que, dentro del mismo municipio, vivían a menos de tres kilómetros del colegio, calculados en línea recta. La medición es la clave, pues ahora se contabiliza el trayecto por carretera. También en este caso el cambio viene acompañado de una sentencia judicial contraria. Los nuevos criterios han aumentado el número de beneficiarios y el presupuesto a destinar (alrededor de medio millón de euros más). Otro modelo para infantil La creación de aulas para niños de dos o tres años (1º ciclo de Infantil) en los colegios públicos ha puesto en pie de guerra al sector privado, que se ha encargado en los últimos años, junto a los centros municipales, de esta etapa pre-obligatoria. Rescatar el papel de la iniciativa pública, más allá de su alcance, es volver al modelo anterior al PP, que creó el bono infantil -la ayuda que financia la escolarización- frente a la red de 'escoletes' ideada por los socialistas. Asociaciones como Feceval, Acade Adeiv o Salvem 0-3 han puesto el acento en que la regulación de la nueva oferta intensificará los trasvases de alumnos y que se podría aprovechar la red existente (unos 700 centros) para atender la demanda. La propuesta pasa por mejorar las ayudas actuales, aunque sea vía becas, para cubrir (o acercarse) al coste total de la plaza. Es decir, fomentando la gratuidad para que los que menos tienen puedan elegir entre la red pública o privada. Ni puntos del centro ni distrito único La derogación de la zona única supondrá que las familias sólo tendrán posibilidades reales de entrar en los centros situados en su distrito educativo en el caso de que haya más demanda que plazas libres. Los cambios en la admisión van más allá. Los colegios ya no podrán otorgar un punto, que además podían hacerlo coincidir con los criterios establecidos por la administración, por lo que pierden cualquier competencia en el proceso, por no hablar de que desaparece el de antiguo alumno o el de simultaneidad de estudios, también creado por el PP a modo de premio para aquellos que cursen además enseñanzas de régimen especial. Eso sí, tendrán un tratamiento prioritario para entrar en algunos centros. El borrador del decreto incluye también referencias comerciales (se prohíbe exigir la compra de material en negocios establecidos) o la idea de que la planificación de aulas necesarias en próximos cursos será simultánea en la red pública y concertada en base a criterios de eficiencia. El sector concertado interpreta el decreto como una manera de limitar su funcionamiento. Los directores, examinados La conselleria ha trasladado a los sindicatos su intención de revisar el proceso para la elección de los directores de los centros públicos. No se sabe más, pero cualquier cambio será mirado con lupa desde el ministerio, pues la Lomce regula el procedimiento. En síntesis, en la comisión que valora a los candidatos han ganado peso los representantes de la administración y se exigirá a los aspirantes un título en gestión directiva una vez finalice la moratoria vigente. En cuanto a la renovación tras agotar mandatos, los cambios ya son oficiales y chocan con el espíritu de la ley orgánica. Además del visto bueno de la comisión de selección será necesaria una votación positiva del proyecto del interesado por parte del Consejo Escolar. Y el claustro también emitirá un informe para que sea tenido en cuenta. En otras palabras, padres, madres, profesores e incluso concejales (integrados en los consejos) 'examinarán' a su director.

22/11/2015 21:42

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Las guarderías ofrecen sus diez mil plazas libres a Educación

La asociación Salvem 0-3, integrada por centros infantiles de la Comunitat, se reunió ayer con parte de la cúpula de la Conselleria de Educación para tratar la ampliación del plan piloto que prevé habilitar aulas para niños de dos o tres años en colegios públicos. La organización, de nueva creación, presentó un dossier informativo donde se afirmaba que el sector dispone de 15.000 plazas libres en la actualidad, de las que diez mil pertenecen a la red privada. De hecho, en el encuentro pusieron estas vacantes a disposición de la administración para lograr el objetivo «de conseguir la gratuidad en el primer ciclo de educación Infantil». Es decir, que las tengan en cuenta a la hora de diseñar la oferta de la etapa en los próximos cursos y se articulen mecanismos para que la matriculación no tenga coste para las familias que optan por el sector. A juicio de Salvem 0-3, «sería menos gravoso para las arcas públicas utilizar la infraestructura privada existente que adaptar los colegios a las necesidades de este tramo de edad», que es la idea que persigue el citado plan. Los datos se refieren a todas las edades del primer ciclo, si bien el programa experimental sólo prevé clases para alumnos de dos años, dejando fuera el resto, cuya tasa de escolarización es menor. La documentación fue entregada al secretario autonómico, Miguel Soler, y al director general de Política Educativa, Jaume Fullana. El dossier incluyó también un «estudio detallado del perjuicio que supone la apertura de las aulas piloto» para la red privada, al considerar que en muchos de los municipios donde se han autorizado han aumentado las vacantes, al facilitar trasvases de alumnado. Pusieron como ejemplo Burriana, donde el porcentaje de puestos libres se eleva al 55%, Alcoi (63,7%) y Valencia (31%). En el comunicado remitido ayer por Salvem 0-3 también se insistía en que la universalidad del bono infantil, que hasta este mismo curso ha llegado a todos los matriculados del primer ciclo, «ha favorecido un aumento de la escolarización» a pesar de que «las condiciones económicas de las familias de la Comunitat no han mejorado sino todo lo contrario debido a la crisis económica y al aumento del paro». El objetivo de la asociación es que con los nuevos criterios a aplicar en relación a la ayuda, que dependerá de la renta, «no se deje fuera a una parte significativa de las familias». La secretaria de la organización María José González-Mayo, se refirió también a la «incertidumbre» que rodea al sector, «ya que en breve comenzará el plazo de matriculación para el próximo curso con muchas incógnitas, como saber la cuota mensual que tendrán que pagar las familias que llevarán a sus hijos a nuestros centros». Al fin y al cabo, aún no se saben los umbrales de renta a aplicar para distribuir la subvención, aunque la idea es mejorarla en todo lo posible para las bajas y eliminarla para las altas.

16/11/2015 19:54

Comunitat

Ayuntamientos estudian retrasar a enero el pago de las ayudas para los libros

Diciembre será un mes clave para Xarxallibres, el programa de ayudas para financiar la compra de los libros de texto de todos los alumnos de Primaria, ESO, Especial y FP Básica. A partir del día 1 los ayuntamientos recibirán los fondos de la conselleria y la diputación correspondiente para poder pagar los 100 primeros euros de la subvención. Y será entonces cuando se active la aplicación informática que se debe utilizar para la gestión. Aunque el compromiso del Consell era que todas las familias recibirían el primer abono antes de que terminara el año, el objetivo parece alejarse en varios municipios, que al fin y al cabo son quienes deben asumir el procedimiento administrativo previo al pago. De hecho, ya hay casos donde se estudia la posibilidad de afrontar la subvención de cara a enero, o al menos, terminar de abonarla durante los primeros días del próximo año. Municipios como Paterna o Benetússer establecerán fechas escalonadas para evitar aglomeraciones Es lo que explicaron desde el Ayuntamiento de Alicante, donde serán 35.000 los beneficiarios. Fuentes municipales esgrimieron problemas económicos para consignar la parte del dinero que les corresponde ya que al llegar al gobierno se encontraron la mayoría del presupuesto liquidado. Además, la capital de la provincia todavía no ha presentado la solicitud para adherirse al programa, que es un requisito fundamental para obtener la financiación de las otras administraciones. MAS INFORMACIÓN Educación amplía el plazo para llegar a todos los consistorios Eso sí, ya tienen esbozado el procedimiento. Se baraja utilizar las juntas de distrito existentes para que los padres presenten las facturas y la documentación necesaria. También se contempla la posibilidad de recurrir a las Ampas, aunque esta opción no es definitiva. En Paterna también está más o menos diseñado. Tal y como apuntó el concejal José Manuel Mora se habilitarán diferentes espacios municipales para que los progenitores puedan hacer la inscripción telemática en el programa que habilitará la conselleria. Además, la recogida de la documentación y los justificantes de compra se hará de forma escalonada para evitar colas. En cuanto a los plazos, Mora mostró su intención de que todo pueda estar pagado antes de que termine el año, pero alertó de que hay 9.000 alumnos con derecho a la ayuda, con la consiguiente carga de trabajo para los profesionales del ayuntamiento, que tendrán que tramitar otros tantos expedientes, por lo que añadió que es posible que haya que terminar de afrontarlas en enero. En otras localidades colaborarán los centros e incluso las Ampas en la recogida de las solicitudes Una situación parecida es la de Torrent. Fuentes municipales explicaron que se han coordinado con los directores, de manera que los centros recogerán la documentación de cada alumno y la remitirán a la sede municipal para la tramitación de los pagos. En relación a los plazos, los vincularon a la recepción de los fondos autonómicos y el volumen de trabajo administrativo, al tratarse de más de diez mil estudiantes con derecho a la ayuda. Desde el área de Educación de Valencia destacaron que tras la reunión celebrada ayer en la conselleria, ideada para que los consistorios pudieran solventar dudas de tramitación, "ajustarán el protocolo de gestión para tenerlo listo en unos días y proceder a su ejecución", aunque no esbozaron un posible calendario de abonos. En el área metropolitana hay más municipios que ven muy complicado tenerlo todo listo para pagar antes de enero, según se dijo en el citado encuentro. Los problemas económicos no son únicos de Alicante. El ayuntamiento de Gandia no ha tenido la posibilidad de sumarse todavía a la convocatoria ideada para que los ayuntamientos entren en Xarxallibres debido a que los presupuestos de 2013 y 2014 todavía no han sido auditados, un requisito necesario para poder formar parte del programa. Eso sí, la intención es solventarlo la próxima semana y llegar a tiempo de pagar antes de que termine el año. Hay otros municipios que sí tienen más o menos claro que podrán hacerlo en diciembre. Es el caso de Elche, donde las solicitudes se recogerán entre el día 1 y el 21. Según se explicó en el encuentro de conselleria, una vez validada la solicitud de cada familia en los días inmediatos se procederá al abono en una cuenta bancaria. Lo mismo pasa en Benetússer, que tras verificar los empadronamientos (unos 2.000 beneficiarios) ya han establecido el calendario para los padres acudan de manera escalonada al consistorio. También se ha remitido toda la información del proceso a los centros. En la reunión en el departamento se explicó que los padres tendrán que rellenar un formulario, a ser posible por internet a partir del 1 de diciembre, que deberán presentar en su ayuntamiento junto a las facturas. Eso sí, existirá la opción de hacerlo en papel.

16/11/2015 11:04

Comunitat

Educación amplía el plazo para llegar a todos los consistorios

El conseller Vicent Marzà informó de que se ha ampliado el plazo de la convocatoria que permite a los ayuntamientos sumarse a Xarxallibres. El objetivo es llegar a todos los municipios, ya que la adhesión de los mismos es necesaria para que puedan recibir los fondos de las otras administraciones y repartir las ayudas entre los beneficiarios. Ya se habían recibido 425 solicitudes de participación (de 542 localidades). El conseller hizo estas declaraciones tras firmar el convenio de colaboración con la Diputación de Valencia, que prevé una inversión de 8,4 millones, junto al presidente Ximo Puig. Hay que recordar que el programa se financia a partes iguales entre la administración autonómica, las provinciales y los ayuntamientos. Jorge Rodríguez recordó que la diputación que preside adelantará el dinero de las localidades que no puedan asumirlo. Cada solicitud municipal debe ser valorada por la conselleria, en orden de presentación. De hecho las primeras resoluciones pueden llegar la próxima semana. Marzà dijo ayer que la ampliación no implicará demoras para los procedimientos municipales y que en diciembre todos recibirán los fondos necesarios.

15/11/2015 21:19

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Los colegios concertados de la Comunitat, obligados a asumir impagos de hasta diez meses

El pago del dinero público que cubre las necesidades de los colegios concertados valencianos acumula un retraso que en los casos más problemáticos alcanza los diez meses. Es lo que sucede en la treintena de centros de la red que imparten estudios de Formación Profesional Básica, la etapa que comenzó a funcionar el curso pasado por la aplicación de la Lomce. La cuestión se abordó la pasada semana en la reunión que mantuvieron los representantes de Escuelas Católicas de la Comunitat con el secretario autonómico, Miguel Soler. El problema radica en cómo se tenían que transferir los fondos a lo largo de 2015. Para cubrir los gastos corrientes de estas aulas y los salarios del profesorado encargado entre septiembre y diciembre de 2014 -los cuatro primeros meses de implantación- se impulsó una convocatoria de subvenciones al no dar tiempo a incluirlos en el concierto. El compromiso de los anteriores gestores fue que a partir del 1 de enero el dinero llegaría mediante esta segunda vía, extremo que a día de hoy no se ha cumplido, pese a que así lo establece la ley de presupuestos. La demora se traduce en problemas, pues en estos diez meses los colegios han tenido que asumir las retribuciones de estos profesores y los gastos de funcionamiento de las aulas. Sólo el hecho de no ser un número elevado -en la Comunitat apenas hay 78 clases concertadas de FP Básica, muchas autorizadas en septiembre- ha permitido a los titulares de los colegios hacerse cargo con recursos propios de las partidas económicas pendientes. Educación cinfía en poder saldar la deuda de la FP Básica a lo largo del mes, según Escuelas Católicas Fuentes de la patronal explicaron que Soler se comprometió a que a lo largo de este mes llegarían las cuantías relacionadas con los salarios, y que se intentaría afrontar también la que cubre los costes corrientes. Desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) coincidieron en que la intención es corregir el problema antes de diciembre. Sobre las causas, las organizaciones señalaron que son cuestiones administrativas. Según los datos facilitados por Educación a principios de curso, son 1.138 jóvenes los que estudian FP Básica en centros concertados. La etapa está dirigida a alumnos con dificultades para obtener el graduado de la ESO, tiene un marcado perfil profesionalizante y permite acceder a la FP de grado medio. No es el único impago que afecta a la red, pues todos los colegios están soportando un retraso de cuatro meses en el cobro de los gastos de funcionamiento, uno de los módulos que componen el concierto que sirve para pagar las nóminas del personal no docente y los costes habituales, como el energético. Aunque la demora dista mucho de la soportada en años anteriores, cuando superó los ocho meses, es cierto que las transferencias se habían mantenido estables hasta finales del curso pasado, por lo que acumular un cuatrimestre de retraso genera incertidumbre. Las patronales confían en que se corregirá el problema con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

15/11/2015 21:09

Comunitat

Un tercio de los ayuntamientos aún no ha pedido las ayudas para libros de texto

Un tercio de los ayuntamientos de la Comunitat todavía no ha solicitado su inclusión en el programa Xarxallibres pese a haberse consumido gran parte del plazo de 15 días contemplado en la convocatoria. El plan permitirá repartir ayudas para la compra de libros de hasta 200 euros entre las familias con alumnos en Primaria, ESO, Educación Especial y FP Básica. Así se desprende de los datos facilitados por el departamento que dirige Vicent Marzà. Hasta las 16 horas de ayer se habían recibido 359 peticiones sobre un total de 542 consistorios (66,2%). La mayoría proceden de Valencia (190), algo lógico teniendo en cuenta su peso territorial, aunque también puede influir el anuncio de que la Diputación asumirá la financiación que corresponde a las localidades de su ámbito, por lo que no deberían haber municipios de la provincia que se autoexcluyan por no disponer de fondos. Hay que recordar que cada ayuda se cubrirá con dinero de la conselleria, de las diputaciones y de los propios consistorios a partes iguales. La previsión de Educación es que la cifra se vaya incrementando pese al escaso margen de tiempo, pues mañana será el último día para presentar la solicitud por parte del representante municipal. De hecho, para hoy está previsto un encuentro al que están invitados los consistorios que debe servir para resolver dudas en relación a la convocatoria y su tramitación, y de paso, incentivar la participación. No es asunto baladí, pues las familias residentes en localidades que no se sumen al programa no podrán percibir las ayudas de Xarxallibres, que llegarán en dos pagos: cien euros tras la presentación de los justificantes de compra y los restantes una vez se devuelvan los manuales subvencionados al centro educativo y estén en buen estado. Además, es necesario comprometerse a dar este último paso para poder optar a los primeros cien euros. Dos pueden ser las causas de que haya ayuntamientos que no participen. O disponen de su propio programa de ayudas o los problemas de tesorería son tales que impiden la aportación de los fondos municipales, pues la convocatoria obliga a disponer del crédito necesario antes de que termine el año para poder abonar la primera parte. Eso sí, la normativa contempla que si no hay margen de maniobra, se podría cubrir el pago con los fondos autonómicos o de las diputaciones, aportando los municipales con cargo a los presupuestos del próximo ejercicio. La conselleria acogió ayer una reunión para solventar dudas de las Ampas, que son muchas, sobre todo en casos de compras colectivas. En cuanto al procedimiento, el 1 de diciembre los ayuntamientos ya dispondrán del dinero de las otras administraciones para pagar los primeros cien euros. Sobre cómo hacerlo, cada uno debe determinar dónde se presentan los tickets y la documentación adicional, así como establecer el calendario de pagos.

15/11/2015 16:58

Comunitat

Las plazas de los colegios concertados cuestan casi la mitad que las públicas

El informe 'Educación y libertad en España', elaborado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), establece que la diferencia entre el coste de una plaza de un colegio público y de otro concertado se sitúa en 2.134 euros anuales, partiendo de la base de que los puestos escolares de titularidad de la Generalitat implican un desembolso de 5.048 euros frente a los 2.914 que se destinan a los de gestión privada pero sufragados a través del concierto. Es decir, la minoración llega a casi la mitad. Además, esta cifra se utiliza para calcular el ahorro que según el estudio supone la red para las arcas públicas, que con los últimos datos analizados, correspondientes al 2012, alcanza los 460 millones de euros. A nivel estatal, se eleva a 5.650. El informe se presentó el pasado fin de semana en el marco del 43 Congreso Nacional de la Enseñanza Privada organizado por la citada patronal. El documento elabora rankings autonómicos en base a diferentes parámetros, como la financiación o el número de centros concertados y de alumnos existentes en cada región, con datos referidos en este caso al ejercicio 2014-2015. La situación valenciana parece paradójica. Ocupa la parte media de la tabla en cuanto al porcentaje de infraestructuras y estudiantes respecto al total del sistema -muy por debajo del País Vasco, que lidera la clasificación-, mientras que en la ordenación referida a la financiación de los conciertos la Comunitat se sitúa en las primeras posiciones. La explicación radica en que las cuantías que se pagan están entre las más altas de España, ya que las transferencias de la Generalitat son bastante superiores al mínimo que fija el Gobierno. En el borrador de los presupuestos autonómicos de 2016 el nuevo Consell ha optado por incrementar ligeramente los módulos referidos a las nóminas y ha congelado el relacionado con los gastos de funcionamiento, manteniéndose en el mismo nivel que el marcado por los anteriores gestores. En resumen, los rankings del estudio dicen que la Comunitat está lejos de alcanzar un equilibrio entre las redes pública y concertada aunque esta están bien financiada respecto al resto de autonomías. El informe aborda otras cuestiones como la tendencia demográfica, que provocará una paulatina reducción de la población escolar, o la implantación de la FP dual. En este caso la región queda bien parada al ser líder en el número de empresas que colaboran con los centros. Por otro lado, el congreso finalizó con la elaboración de una decena de conclusiones, entre las que destaca la necesidad de promover un pacto por la educación «que evite los perjuicios que los vaivenes políticos pueden ocasionar a nuestro sistema educativo, aleje la educación de las ideologías y fortalezca los valores cívicos». También se apuesta por reforzar la complementariedad de la red pública y concertada «atendiendo siempre a las preferencias de las familias», por adecuar los módulos del concierto al gasto real y por fomentar la FP dual, la innovación y el plurilingüismo.

12/11/2015 10:16

Comunitat

Los profesores, en el centro del debate educativo

El debate sobre la importancia del profesor, pilar básico de cualquier centro, ha ganado enteros con la entrada en escena del Libro Blanco de la Profesión Docente, un encargo del ministro a José Antonio Marina que se encuentra en elaboración. El experto ha puesto encima de la mesa algunas de las ideas que valora, aunque hace un llamamiento para que se le planteen aportaciones a través de la web libroblanco.joseantoniomarina.net. Quiere que sea un trabajo "desde el aula hacia la administración". Se ha hablado de incentivar a los mejores profesores en base a una evaluación objetiva, de mejorar la selección, de crear una carrera profesional atractiva que prestigie la figura del profesor, de creer en la formación continua o de revisar el papel de directores e inspectores. LOS ACTORES José Antonio Marina Experto.Filósofo, escritor, pedagogo e investigador de la educación. Marc Candela Profesor y sindicalista.Portavoz de Sindicat de Treballadors de l'ensenyament (Stepv), mayoritario en la enseñanza pública. Miguel Ángel Vera Profesor y sindicalista.Secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV. Javier González Zurita Profesor y sindicalista.Secretario de Comunicación de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT PV. Víctor Cardona Profesor y sindicalista.Secretario de Acción sindical de Fsie, organización mayoritaria en la enseñanza privada. Ramón López Representante de Ampas.Presidente de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres (Covapa). Junto a la Gonzalo Anaya, la mayoritaria, trabaja en las escuelas públicas. Julia Llopis Representante de Ampas.Presidenta de Concapa-cv, la más extendida en la concertada. LAS PROVINCIAS ha querido dar voz a diferentes representantes de la enseñanza valenciana para que planteen sus ideas, coincidentes o no con las de Marina. Y más allá de las divergencias, hay puntos en común: gusta la posibilidad de revisar el sistema de acceso a la profesión, incluso la creación de un MIR educativo, la evaluación -con algunos matices- o que los profesionales tengan más y mejores oportunidades para formarse. Por no hablar de la necesidad de adecuar las condiciones laborales con más personal o con ratios inferiores en las aulas. Formación: cursos obligatorios y flexibilidad para el profesor Marina aboga por crear centros de formación muy potentes, y que esta capacitación esté vinculada con una nueva carrera profesional, que se aborda en otro punto, además de acompañarla de una evaluación para detectar debilidades. También hace hincapié en mejorar la formación relacionada con el alumnado con necesidades específicas de apoyo y en comprobar la actualización pedagógica de los interesados. Concapa y Covapa comparten posicionamiento. Plantean una formación continua obligatoria en aquellos campos donde flaquea el profesor, ya sean nuevas tecnologías, idiomas o prácticas metodológicas que se podrían determinar a través de evaluaciones objetivas. El Stepv, por su parte, rechaza que la formación se vincule a los sexenios (un complemento salarial) porque se pervierte su función, y apuesta por ajustarla a las necesidades del profesor: actualización de conocimientos sobre su asignatura, aspectos de coeducación, tratamiento de la diversidad, formación lingüística, innovación pedagógica... UGT y CC.OO. coinciden en un modelo que facilite la asistencia a estos recursos, por ejemplo a través de periodos sabáticos que, en palabras de Vera, "permitan al docente no sólo formarse, sino volver a las aulas con la motivación extra de aplicar lo aprendido". También coinciden en que se tenga en cuenta la autoformación. En este sentido, Marina recuerda que en España hay "excelentes profesionales, aunque autodidactas la mayoría". Además, los tres sindicatos son tajantes en facilitar la investigación de los profesores. Fsie también considera capital el fomento de la formación continua, e impulsarla antes de introducir determinados cambios para tener profesionales preparados. Selección: captar la excelencia y fomentar las prácticas Marina plantea la selección de los futuros profesores de entre los mejores expedientes académicos -podría ser del 30% de los más brillantes- y un 'MIR docente': un par de años de formación práctica en los centros, remunerada y guiada por profesores experimentados y de élite. Superarlo capacitaría para dar clase en colegios públicos, privados o concertados. Hoy en día, con los estudios universitarios habilitantes, para trabajar en la red pública hay que presentarse a un concurso oposición mientras que en la privada y concertada la contratación depende de criterios marcados por titulares o equipos directivos. Covapa incluye la idea inicial en su propuesta de medidas para la mejora del éxito educativo, pues permitiría "captar personas con un marcado carácter pedagógico y capacitación docente. Sería seleccionar primero y formar después", resume su presidente. Desde Concapa consideran que sería una oportunidad de elegir ante la alta demanda y que la exigencia académica "garantizaría la llegada de verdaderas vocaciones". A Miguel Ángel Vera le gusta la idea de que los futuros docentes tengan "una formación muy específica y práctica durante uno o dos años a cargo de personal muy formado", aunque también reconoce las bondades del sistema actual, como la equidad en el acceso, y rechaza la opción MIR: "El profesor no tiene por qué ser el de los dieces, sino el que sabe educar, el que empatiza". El portavoz de UGT sí plantea un MIR que complete con una "formación práctica retribuida en los centros y correctamente tutorizada" lo que actualmente se aprende en las universidades. Fsie, por su parte, también apoya la elección de los mejores y un profundo guiado en las prácticas. El Stepv prevé planes de estudios que favorezcan el pensamiento crítico y cuestiona las oposiciones. Considera que jugarse el trabajo en varios exámenes no es mejor que elegir a los docentes mediante un sistema basado en los méritos y con una buena tutorización. Motivación para la mejora: división sobre la evaluación y los incentivos salariales José Antonio Marina cree que sería conveniente incentivar a los docentes que sobresalgan por encima del resto. Pero no propone mejoras salariales en base a las notas de los alumnos, idea inexacta pese a su eco mediático. Quiere basarlas en una evaluación objetiva con varios ítems, como su historia laboral, la relación con las familias, el progreso de los estudiantes a su cargo, la observación del trabajo en las aulas o los condicionantes del centro. El Estatuto de la función Pública Docente cumple ocho años sin avances Los sindicatos mayoritarios a nivel estatal pactaron en 2007, con la socialista Mercedes Cabrera, el borrador del Estatuto de la Función Pública Docente, un cuerpo normativo específico para el profesorado donde se regulaban cuestiones concretas como el desarrollo de la carrera profesional, incentivos laborales y salariales, el acceso a la función pública o el régimen específico de jubilaciones, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, la normativa no ha avanzado en estos ocho años, más allá de un discreto intento del exministro José Ignacio Wert por relanzar la negociación en 2013, aportando algunos cambios relacionados con requisitos de acceso, como el acreditar el dominio de lenguas extranjeras o de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. El rechazo sindical a las formas le llevó a aparcar la idea y a aceptar una negociación que partiera del documento heredado del Ejecutivo anterior. Sobra decir que ya nunca más se supo del tema. Aunque se puede considerar un antecedente del encargo a José Antonio Marina, pues hay coincidencias en los temas tratados, este ha preferido marcar distancias. Explica en declaraciones a LAS PROVINCIAS que su trabajo va en sentido inverso, desde las aulas hasta la administración, e insiste en que el Libro Blanco se refiere a todos los actores de la profesión, independientemente de si trabajan en centros públicos, privados o concertados. También considera fundamental prestigiar la profesión, que sea atractiva para captar talento, un paso previo a la selección. Para ello plantea una nueva carrera profesional que vaya más allá de la acumulación de experiencia y vinculada a la evaluación. Propone vías de progreso académico, con nuevas categorías como el formador de futuros profesores, y también de gestión (por ejemplo, un asesor de la administración). Los padres discrepan en cuanto a la idea de los incentivos. Julia Llopis, presidenta de Concapa, destaca que el profesor tiene que hacer lo mejor posible sin necesidad de los mismos. Es decir, que va en el cargo y en la vocación. Además cree que debería servir el modelo privado-concertado: el profesor que no cumple objetivos debe salir de las aulas. El representante de Covapa sí suscribe el pensamiento de Marina -"el salario debe ir de la mano del rendimiento, no de la plaza"- y apuesta por perder el miedo a la evaluación objetiva, como en otros trabajos. Los sindicalistas coinciden con la idea de prestigiar la profesión, pero con otros medios. Como principal medida proponen revertir los recortes de años anteriores, que la han precarizado. Sobre los incentivos, sirve la respuesta de Candela: "El incentivo de cualquier docente debe ser comprobar que su trabajo repercute en el crecimiento intelectual y afectivo del alumnado. Introducir criterios de competitividad, diferentes salarios para la misma faena, por ejemplo, desvía la atención de la tarea principal: enseñar". Vera, de CC.OO., propone que la evaluación del profesor se centre en detectar necesidades formativas de mejora, pero no que se aplique con consecuencias retributivas. UGT recuerda que ya se preveían incentivos a través de la carrera profesional en el borrador del estatuto docente, pero vinculados a un proceso de evaluación voluntaria o de acreditación de los méritos o de trabajos en el aula o en el centro. En cuanto a Fsie, ve necesaria la evaluación objetiva para mejorar, pero cree que los incentivos deben asociarse sólo a la carrera profesional. El día a día en las aulas: autoridad, apoyo familiar, más inversión y menos ratios El Libro Blanco no incidirá demasiado en condiciones laborales, pero sí plantea una medida que debe incluirse en un futuro pacto de Estado: que la inversión educativa no baje del 5% del Producto Interior Bruto (PIB). La idea entronca con la reivindicación sindical de revertir los recortes de puestos docentes (5.000 en cuatro años, según datos del Stepv), el aumento de horas lectivas en Secundaria y las elevadas ratios, medidas que a su juicio han empeorado la calidad en las aulas. En un contexto más general, UGT plantea aumentar las cifras de Marina, de manera que el porcentaje citado alcance al menos el 7% del PIB. Los padres de Concapa apuestan por una mejora de la actitud en las aulas, que tendría que basarse en dos ejes: el profesor debería tener más autonomía para aplicar su autoridad, por ejemplo decidiendo medidas disciplinarias, y los padres tendrían que implicarse más en la educación de sus hijos, especialmente en todo los relacionado con la convivencia. UGT reconoce la dificultad del debate sobre la autoridad, pero considera que el problema puede resumirse en que hay alumnos que por muchos motivos no pueden seguir el ritmo de la clase, por lo que apuesta por incidir en ellos con apoyos específicos. El representante de CC. OO. aboga por actuar desde todos los flancos: familias, docentes, servicios municipales y recursos sociales, mientras que Concapa también propone profesores acompañantes que se dediquen a los grupos problemáticos mientras el titular se centra en el resto de la clase. Los directores: la gestión de su personal, estabilidad y papeleo Marina plantea que el cargo forme parte de la carrera docente y aboga por una mayor profesionalización. Además, destaca que pueda elegir a parte de su plantilla, idea con la que coinciden los representantes de las familias. Covapa plantea que incluso en casos específicos tenga potestad de prescindir de docentes que no cumplan objetivos bajo el control del consejo escolar. El Stepv rechaza estas competencias ante la sombra del amiguismo. Desde CC. OO. insisten en que hay que facilitarles equipos estables, que puedan implicarse en el proyecto educativo a lo largo del tiempo. Y rechazan la carga burocrática que impide a los directores dedicarse a cuestiones pedagógicas, por lo que piden administrativos, idea también defendida por los otros sindicatos. Además, coinciden en su elección democrática por parte del centro. El corsé legislativo: autonomía en la aplicación de los currículums Pese a ser el último punto no es el menos importante. De hecho alcanza el máximo grado de consenso. Todas las fuentes coinciden en que la extensión de los currículums y los contenidos lastran la innovación y la autonomía. Además, apuestan por el constructivismo: que el alumno aprenda a hacer por sí mismo.

07/11/2015 22:20

Comunitat

El alquiler de los barracones de los colegios cuesta 5,5 millones anuales

Los barracones proliferaron con la última explosión demográfica y la consiguiente planificación escolar, que en muchos casos no llegó a concretarse en los centros prometidos. El resultado es llamativo: la Comunitat tiene una treintena de colegios públicos conformados íntegramente por aulas prefabricadas. Además, en 175 se ha detectado la existencia de al menos un módulo de este tipo, que en total suman 1.764 en el territorio valenciano. Y el coste de alquilarlos es más que elevado: 5,5 millones anuales, según los datos que dio Vicent Marzà en su primera comparecencia en Les Corts. Equivalen al precio de un centro de dos líneas. El conseller de Educación esgrimió las cifras a modo de crítica a la herencia recibida. Y puso algunos ejemplos: habló del IES Playa Flamenca de Orihuela, que en seis años ha generado un gasto de 1,2 millones para arrendar sus 58 módulos, y del Pere María Orts de Benidorm, donde el coste llega a medio millón en cinco ejercicios (22 barracones). Tras conocerse la situación, la Fete de UGT PV, que anualmente elabora un censo en base a sus propias cifras, alertó de que la realidad casi duplicaba sus previsiones, de ahí que haya instado al Consell a que priorice las actuaciones que permitan acabar con el problema. Más allá de la crítica política, lo cierto es que la pelota está en el tejado del departamento que dirige Marzà. La intención es elaborar un listado de necesidades con la idea de acabar la legislatura sin alumnos en instalaciones que, al fin y al cabo, son provisionales. En este sentido, las primeras actuaciones en cuanto a infraestructuras se refieren a proyectos ya avanzados a nivel administrativo por los anteriores gestores populares. Eso sí, han sido reiteradas las críticas a las dificultades que se han encontrado. El plan no será fácil de ejecutar. Además de a las limitaciones presupuestarias, su equipo se enfrenta a la desconfianza (y a las medidas de presión) de quienes han sufrido el problema casi en primera persona: los padres de los alumnos. De hecho, una de las primeras tareas que asumió tras el verano el secretario autonómico, Miquel Soler, a quien compete todo lo relacionado con las infraestructuras educativas, fue visitar numerosos centros con barracones para explicar la situación exacta de las próximas obras y trasladar los nuevos plazos previstos. «Yo le dije que me gustaría confiar», explicaba ayer, de forma gráfica, el presidente de una de estas Ampas, que saben muy bien lo que se sufre por la seguridad de los hijos cuando llegan temporales como el del lunes. Hay que recordar que la tromba de agua obligó a suspender las clases en una quincena de colegios por las filtraciones. Y muchos eran de barracones. Ayer, sólo el número 5 de Aldaia seguía sin actividad, y fuentes municipales explicaron que la normalidad volverá hoy, una vez revisada completamente la instalación eléctrica. Los problemas derivados de las lluvias se suman a las dificultades diarias que afrontan estos centros, como la falta de espacio o la carencia de servicios propios de cualquier escuela. A continuación se citan tres casos conocidos, que además de en las complicaciones coinciden en destacar un aspecto positivo: la total implicación de su personal. Ceip 103 de Valencia. «No se pega nada en las paredes de las aulas» El colegio de Infantil y Primaria 103, situado en la avenida Baleares, es el único de Valencia ciudad conformado íntegramente por barracones. Inició su andadura en el curso 2009-2010 y desde entonces muchas han sido las promesas sobre la ejecución de las obras. La última, del nuevo ejecutivo, es que las máquinas lleguen antes de que termine 2016. «Después de tantos años hemos agotado la situación de provisionalidad. Cuando llueve fuerte el agua entra a modo de cortinas. Y si caen cuatro gotas se filtra por las paredes. Por eso en las aulas no se pega nada», explica Raquel Lafarga, portavoz del Ampa, en referencia a los habituales carteles o trabajos que decoran las clases de cualquier Ceip. «En el colegio no tenemos aula de informática ni biblioteca. Y este curso el comedor se nos ha quedado pequeño», explica. De hecho, no pueden aceptar más alumnos que recurran al servicio eventualmente. La solución, también provisional, pasa por la ampliación del centro en un solar anexo cedido por el Ayuntamiento, que además permitirá quitar los barracones en altura. Nou Pedro Alcázar de Nules. «El curso pasado llegamos a 45 grados en alguna clase» Pepe Romero, tesorero del Ampa, confía en que su hija pequeña llegue a ver el centro nuevo. Los dos mayores se habrán pasado toda la escolaridad de Infantil y Primaria entre barracones. En su caso la esperanza es fundada. Ya está adjudicada la construcción y se ultima la dirección de obras. «No hay salón de actos, ni biblioteca. Y la sala de profesores se utiliza para las reuniones del Ampa», señala. «El pasado curso, cuando el episodio de altas temperaturas, se llegó a 45 grados en alguna clase, por lo que los alumnos fueron desalojados», añade. El Nou Pedro Alcázar nació con un aulario vinculado a otro centro en el 2007-2008. Al curso siguiente empezó a funcionar como centro propio, pero en instalaciones 'provisionales'. Ceip Emilio Lluch de Náquera. «El patio cada vez es más pequeño por los barracones» Eric Gielen, presidente del Ampa, explica que la mitad del alumnado estudia en barracones, que ya han cumplido diez años. Si nada cambia la remodelación del actual edificio y su ampliación se iniciará en Navidades, lo que hará que todo el centro se traslade a un solar donde se habilitarán aulas provisionales. Allí estarán un año y medio. «Mi hija, que cree que su cole es el mejor del mundo, no sabe qué es un aula de música. El gran problema es el espacio. Por ejemplo, el patio cada vez se reduce más para acomodar los barracones», lamenta.

02/11/2015 20:44

Comunitat

El Consejo Escolar estatal reclama mejorar los conciertos y apostar por las guarderías

El Consejo Escolar del Estado, órgano de participación que incluye a padres, alumnos, profesores, patronales y miembros y expertos de las administraciones en el ámbito nacional, ha hecho público su último informe sobre la situación del sistema educativo, aprobado a finales de septiembre. El documento incluye cien propuestas de mejora que alcanzaron el suficiente nivel de consenso entre los consejeros y que están dirigidas tanto a las comunidades autónomas como al Ministerio de Educación. Y son varias las que se refieren a cuestiones más que actuales en la Comunitat, como el tratamiento de la enseñanza concertada o la importancia de la educación infantil, incluyendo el papel de la iniciativa privada. MÁs INFORMACIÓN Educación hasta los 18 años y bajar ratios, otras propuestas En cuanto al régimen de conciertos, el organismo hace suya una vieja aspiración de los centros y sus patronales: la revisión del módulo económico de manera que la escolarización en la red sea del todo gratuita. Es, precisamente, lo que planteó el conseller Marzà en su primera intervención en Les Corts, aunque se interpretó como una crítica al sistema actual sustentado en las aportaciones voluntarias de los padres que sirven para cubrir el déficit de financiación. En otras palabras, lo que pide el consejo es más dinero para que la cuantía iguale a los gastos. En este sentido, se recuerda que la LOE socialista preveía la creación de una comisión que debía valorar "el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad". También se asevera que la asignación básica de los presupuestos del Estado es "insuficiente", por lo que se insta al ministerio a que este grupo de trabajo reanude su actividad, paralizada en 2011, para fijar las cantidades necesarias. En la Comunitat, como apuntan desde el sector, el concierto sólo permite cubrir dos tercios de los gastos de funcionamiento, y eso que la asignación de los últimos ejercicios mejora mucho el mínimo estatal. En la práctica éste sólo alcanza entre el 40% y el 50% de los costes, según los datos que manejan las patronales y la confederación Concapa. Las cuantías se plasman en los presupuestos de cada administración. A nivel nacional, para 2016 se ha incrementado un 1% respecto a años anteriores, es decir, lejos de los planteamientos del consejo. Habrá que ver qué sucede con las cuentas autonómicas, cuya elaboración causa incertidumbre en el sector. Rechazo de Ceapa En este sentido hay que recordar el voto particular de Ceapa, la confederación de Ampas de la escuela pública, al informe del consejo. Para justificar su rechazo, alegó entre otras medidas que se aliente al ministerio a fomentar la educación privada. Lo mismo hizo el sindicato Stes, recurriendo también a este motivo y recordando que el pleno no recogía, a nivel de representación, el cambio político de las pasadas elecciones. Eso sí, Concapa apostó por la idea de que se aplicara un incremento "inmediato" para conseguir la gratuidad, igual que el sindicato Fsie, mayoritario en la red, aunque no se recogió esta precisión. Desde el sector se apunta que la cuantía actual sólo cubre dos tercios de los gastos El organismo también insta al Gobierno y a las diferentes comunidades a que "lleven a cabo políticas que den lugar a una consolidación de la red de centros sostenidos con fondos públicos, ayudándoles en su desarrollo, eficacia y crecimiento". La propuesta se vincula con la "labor social" de los concertados que imparten enseñanzas postobligatorias, especialmente por el fomento de la FP. En este sentido Compromís prevé en su programa la progresiva reducción de estos convenios. Otra propuesta hace referencia a la necesidad de garantizar la libertad de elección de enseñanza «en un marco de igualdad de oportunidades», aunque también las hay que pueden resultar contradictorias con esta idea. Por ejemplo, se plantea la negación del concierto a los centros de educación diferenciada, pese a la oposición de Concapa y Fsie mediante sendos votos particulares. La etapa de Infantil El consejo también aborda la Educación Infantil de primer ciclo (de cero a tres años) en una proposición que plantea identificar las áreas de gasto más productivas y donde se destacan las ventajas de la escolarización temprana. En este sentido se apuesta por asegurar esta oferta «a través de la cooperación de la administración con entidades privadas» mediante la financiación de estas plazas. El sector de titularidad privada lamenta, precisamente, el hecho de que el bono que subvenciona estos puestos en la Comunitat vaya a dejar de ser universal para distribuirse en función de la renta. Además, en otra propuesta el órgano recuerda que la oferta pública en la etapa es insuficiente, por lo que apuesta por construir nuevas escuelas o ampliar las existentes, aunque sin referirse explícitamente a la titularidad en esta última idea.

02/11/2015 10:47

Comunitat

Educación hasta los 18 años y bajar ratios, otras propuestas

El informe incluye una idea que se ha puesto de rabiosa actualidad en los últimos días a nivel estatal, como es la posibilidad de elevar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años, propuesta que se incluirá en el programa del PSOE para las elecciones generales. Eso sí, el documento del organismo se aprobó con anterioridad al anuncio. La medida se apoya en varios argumentos. Se alega que mejorará el nivel formativo, con los consiguientes beneficios sociales y laborales para los interesados, reducirá el abandono temprano y se podrá aplicar progresivamente sin un coste económico demasiado elevado. Eso sí, se abre al puerta a que exista flexibilidad, de manera que la obligación se pueda combinar con la incorporación al mercado laboral a partir de los 16 mediante mecanismos que favorezcan la conciliación entre formación y empleo. Se pone como ejemplo la FP dual o la enseñanza a distancia. Por otro lado, el consejo insta al ministerio a revocar iniciativas aplicadas para reducir el déficit, como la subida de las ratios o las medidas incluidas en el llamado decreto Wert, que aumentó las horas lectivas para el profesorado de Secundaria o la demora en la cobertura de las bajas docentes. También se plantea la eliminación de las tasas de reposición, de manera que se puedan impulsar ofertas de empleo público cuantiosas, y aumentar el esfuerzo en las ayudas no universitarias, garantizando la gratuidad total en cuestiones como el material escolar.

01/11/2015 22:04

Comunitat

Los profesores también evaluarán a los directores que quieran seguir en el cargo

El procedimiento para renovar en sus cargos a los directores de los centros educativos públicos incluirá un nuevo filtro en el que la plantilla de profesores al completo será la protagonista. La normativa que regula el proceso, que se presentará hoy a los sindicatos docentes, establece que se tendrá que convocar una reunión del claustro en la que el aspirante defenderá sus actuaciones y el proyecto de dirección a aplicar durante el siguiente mandato, que por regla general se prolongará cuatro años. Las apreciaciones de los profesionales se plasmarán en un acta que deberá "tenerse en cuenta" en la siguiente fase, que también es nueva: el visto bueno del consejo escolar, órgano donde además de una parte de los docentes están representados los alumnos, los padres, los ayuntamientos y el personal complementario y de administración y servicios. En este caso, a diferencia de la fase anterior, la evaluación debe ser positiva para que el candidato siga de director. La valoración por parte del claustro fue propuesta por el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) la pasada semana, cuando la administración presentó el primer borrador de la resolución que regula el procedimiento. Sin embargo, la redacción elegida no desliza que el acta resultante sea vinculante, que era lo que planteó la organización, por lo que en la mesa sectorial de hoy intentarán conseguir una modificación en este sentido. "Estamos de acuerdo con el peso que se dará al consejo escolar, pero también debe existir en el caso del claustro, conformado por el equipo con el que el director trabaja a diario", explicó un portavoz. Es decir, con el artículo actual el posicionamiento del claustro podría influir en la postura del consejo escolar, pero no ser decisivo. Los cambios adoptados por el equipo que dirige Vicent Marzà buscan dar más protagonismo al órgano de participación de los centros, al menos en los públicos, que ha perdido varias de las atribuciones que tenía con anterioridad a la Lomce. Por ejemplo, el proyecto educativo, la programación anual o el plan de convivencia ya no precisan de su aprobación, como sucedía hasta la llegada de la ley. La intención de la reforma del Gobierno es dar más autonomía en la gestión de los equipos directivos, y lo cierto es que la idea no gustó a ninguna de las tres confederaciones que representan a las Ampas de la Comunitat. Las modificaciones introducidas en la renovación de directores provocarán situaciones llamativas. Mientras que el claustro docente puede 'examinar' a su jefe inmediato, este no tiene actualmente ninguna atribución en cuanto a la gestión de su personal, más allá de solicitar comisiones de servicio para captar o mantener profesores (temporalmente) a través de los contratos programa. Precisamente, la ley estatal sí les da potestad para trazar perfiles profesionales para los puestos vacantes de sus centros e incluso la capacidad de rechazar la incorporación de interinos provenientes de las bolsas, que precisaría del visto bueno de la administración. Eso sí, estas capacidades, al menos en la Comunitat, no se han desarrollado. Los afectados La mayor participación del consejo escolar ha sido bien valorada por los representantes de los implicados. Los otros dos sindicatos docentes incluidos en la mesa sectorial, la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV y la Fete de UGT PV, se han expresado en este sentido, igual que la asociación de directores de Infantil y Primaria (Adip-pv) y la permanente de Secundaria. La nueva normativa para la renovación en el cargo afectará a todos los directores que agoten su mandato este curso. Será la comisión de evaluación de cada dirección territorial la que decidirá en base al proyecto presentado por cada candidato, incluida la memoria de actividades, al informe de la inspección y al apoyo del consejo escolar.

29/10/2015 11:45

Comunitat

La batalla de los deberes

Eva Bailén, alicantina afincada en Madrid, decidió impulsar hace siete meses una curiosa iniciativa a través de internet cansada de ver como su hijo, de 5º de Primaria, dedicaba las tardes a los deberes. Pedía una regulación para evitar excesos y situaciones de estrés a alumnos y familias por la invasión del tiempo familiar derivada de la repetición de tareas. Ejerció su "derecho al pataleo" a través de la plataforma Change.org, que permite reunir firmas electrónicas para dar visibilidad a casuísticas especiales y problemas con el objetivo de avanzar hacia una solución. Hoy la campaña se ha convertido en un fenómeno imparable que supera las 130.000 adhesiones. Más allá de alcanzar su objetivo, que el Ministerio de Educación regule normativamente los deberes escolares, sí ha conseguido que el viejo debate no caiga en el olvido: ¿Los deberes son una necesidad o un lastre familiar? Una campaña lanzada por internet reúne más de 130.000 firmas pidiendo que se limiten Más allá de las diferentes opiniones sobre la materia, la fría estadística arroja conclusiones: los alumnos españoles están a la cabeza de la OCDE en tiempo semanal dedicado al estudio y a los trabajos en casa. Y cualquier lector sabe que nuestros estudiantes no aguantan la comparación con otros países en cuanto a rendimiento. Ya sea por las elevadas tasas de abandono o por el estancamiento que se detecta cada vez que se hacen públicos los informes internacionales. VÍDEO ¿En qué profesión no hay jornadas de descanso? En datos concretos, recurriendo a las cifras de PISA de 2012, las últimas publicadas, los españoles participantes (15 años) dedicaban una media de 6,5 horas semanales, sólo superados por los de Polonia, Irlanda, Italia o Rusia. En el otro extremo de la clasificación se situaron los de Finlandia y Corea (2,8 y 2,9 respectivamente). Es decir, los nacionales llegaron a más que duplicar sus registros. Dejando de lado Corea y su polémico sistema basado en la más pura competitividad, no se puede olvidar que el país nórdico se ha convertido en el paradigma de la buena educación, en el sentido académico de la palabra. Los estudiantes españoles, entre los que más tiempo dedican de toda la OCDE En diciembre de 2014 se editó un pequeño estudio dentro de la serie 'PISA In Focus' que ahondaba en la cuestión. Basándose en los datos de las sucesivas pruebas, detectó que entre 2009 y 2012 se redujo el tiempo de dedicación en todos los países, situándose la minoración en el caso español en 0,9 horas (de 7,4 a 6,5). El descenso se atribuyó "a un cambio en la forma que tienen los alumnos de utilizar su tiempo libre, lo que reflejaría por ejemplo la creciente importancia de internet y los ordenadores en la vida adolescente", aunque también se deslizaba la idea de que podría ser resultado "de un cambio en las ideas de los docentes respecto a la asignación o no de deberes y a cuántos son suficientes o demasiados". También se recordaba -con datos de 2009- que más de cuatro horas a la semana no tenían efectos perceptibles en los resultados de las pruebas, aunque sí se detectó una relación positiva entre mayor dedicación y mejores resultados (algo contradictorio con el ejemplo finlandés), además de la desventaja de los alumnos desfavorecidos a la hora de hacerlos. abel de céspedes, padre de la nucía "El trabajo en casa debería ser voluntario" Abel de Céspedes inició su cruzada contra los deberes después de encontrarse expresiones que no le gustaron en las tareas de su hijo pequeño. Alcanzó su punto álgido cuando al mayor le suspendieron una asignatura por no llevarlos, al establecer la profesora que suponían el 10% de la nota, lo que derivó en una batería de quejas y recursos ante la inspección y la dirección territorial. Al final, alcanzó un acuerdo con el centro y le aprobaron. Dice que habría llegado hasta instancias judiciales. "Yo soy contrario a los deberes, pero no me puedo oponer a que otros padres los pidan o los quieran. Pero lo que no puedo aceptar es que sean parte de la nota. A mi juicio deben ser flexibles en función de cada familia, y siempre voluntarios. Si un profesor me hace una indicación sobre mis hijos la seguiré, pero siempre que se respete mi propio criterio y mi derecho a la vida familiar", explica. De Céspedes dispone de una custodia compartida que le permite ver a sus hijos todos los días a la salida del colegio antes de que vuelvan con su madre. "En la práctica ocupaban todo su tiempo, eran una mera extensión de lo que hacía en el colegio. Acababa cansado, yo no tenía tiempo de disfrutar con ellos, de que se distrajeran o hicieran otras actividades, de inculcarles los valores que quiero", relata este vecino de La Nucía. "La educación obligatoria coincide con la jornada, hay un límite temporal. Si el colegio invade y me organiza mi tiempo no puedo educar en libertad", señala. "Los niños necesitan tiempo para más cosas" Eva Bailén, la impulsora de la petición en Change.org para limitar las tareas escolares, optó por esta vía tras ver como su hijo mediano tenía que asumir más deberes que su hermana mayor, algo que le frustraba pese a ser un buen alumno. Habló con el centro, pero no llegó a comprender los argumentos. "Entre los horarios escolares, el transporte y los deberes no había tiempo para otras cosas. Los niños tiene que dormir, necesitan tiempo de juego, de relacionarse", explica. Su objetivo es presentar las firmas recogidas al ministerio, desde donde explican a LAS PROVINCIAS que a día de hoy no ha prevista ninguna regulación. Pero ha conseguido que el debate tenga notoriedad y el apoyo de reputados expertos educativos. "Es paradójico que los padres consigamos el derecho a la reducción de jornada para pasarnos el día haciendo deberes con los hijos", lamenta. En cuanto a la Comunitat, que no participó en PISA, la única información sobre el tema se desprende de los formularios de contexto de la prueba diagnóstica del 2012-2013. En este caso se evaluó a todo el alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO de centros públicos y concertados, y los resultados decían que la mayoría de estudiantes (entre el 56% y el 58%) dedicaban entre una y dos horas al día. Es decir, los datos podrían coincidir o duplicarse respecto a los de PISA, dependiendo de cada extremo de la horquilla. En el caso de Primaria los que destinaban más de 120 minutos obtuvieron peores resultados en las competencias matemáticas y lingüísticas, conclusión que no se dio en Secundaria. Eso sí, como se puede ver en el gráfico adjunto, dedicar menos de 60 implicó peores resultados. La información que facilitan los representantes de los padres, principales sufridores junto a los alumnos cuando existe un exceso de tareas, se acerca más a los máximos de la horquilla valenciana. Y aunque hay división de opiniones, sí existe cierto consenso: debería haber alguna regulación, evitando que las tareas de casa se conviertan en una mera prolongación de los tiempos lectivos o deriven en excesos. Postura en la red pública La posición más crítica la protagoniza la Confederación de Ampas de España (Ceapa), mayoritariamente de la escuela pública. A principios de curso abogaron por su eliminación por el estrés que causan al alumnado, que convierte su tiempo de ocio o de descanso en una extensión de la jornada escolar. Ceapa plantea su eliminación mientras Concapa los defiende, pero sin abusos A nivel valenciano, Eva Grimaltos, presidenta de Fapa Valencia y la Confederación Gonzalo Anaya, la mayoritaria, se posiciona en esta línea, aunque matizada. "En Primaria sólo deberían encargarse tareas de lectura, y en Secundaria dos horas de estudio, no hasta cuatro como pasa en muchas ocasiones. Al final los alumnos no tienen tiempo de ocio o de relacionarse. Desde luego hay que evitar siempre la repetición", señala. También vincula el exceso de tareas con las ratios: "Son demasiados alumnos por aula. Entiendo que los profesores no tengan tiempo material para dar la clase". Ramón López, presidente de Covapa (también representativa de la escuela pública), recuerda la línea pedagógica que habla de que debe incrementarse el tiempo de deberes en diez minutos por curso hasta que se llega al final del ciclo. "No rechazamos los deberes como tales, sí que se conviertan en una prolongación de la escuela. A veces los alumnos tienen jornadas semanales de 60 horas entre el colegio, las extraescolares y el trabajo en casa". También advierte del peligro de que generen desigualdades entre familias que pueden ayudar a sus hijos frente a las que no tienen esa posibilidad, por lo que aboga por "recuperar los tiempos escolares", que el profesor tenga espacio para apoyar a los alumnos en horario lectivo. La posición en la concertada Desde Concapacv, mayoritaria en la red concertada, la presidenta Julia Llopis se muestra favorable. "Los alumnos deben tener deberes ya que cada vez son menores los tiempos de aprendizaje. Es necesario afianzar lo aprendido, aunque muchas veces llega a casa lo que no ha dado tiempo a hacerse en clase". Eso sí, advierte ante los excesos. "Lo que no se puede aceptar son sesiones de tres o cuatro horas diarias. En estos casos ya no es por pedagogía. Es bueno el hábito de trabajo, pero los padres no podemos ser sustitutos del sistema", sentencia. Algunos colegios optan por otra manera de trabajar: sólo lectura y expresión escrita En una línea similar se expresa Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Ampas de Valencia (Fcapa). "Con la actual situación de fracaso escolar no podemos aceptar que se eliminen, no podemos tender hacia una reducción del trabajo", explica. "Deberes sí, pero modulados, por ejemplo, en base a la etapa y la edad, que aumente el tiempo progresivamente", explica. El director del instituto Joan Fuster de Sueca, Vicent Baggetto, plantea un debate más amplio. "Nos quedamos con aspectos parciales, como la jornada continua o partida o los deberes. Creo que hay que reformular los tiempos escolares, abordarlos desde un punto de vista general que incluya todos los aspectos, por ejemplo también la incidencia de los puentes festivos". En la actualidad no hay ninguna normativa, estatal o regional, que regule los deberes, a diferencia de otros países, por lo que dependen de la autonomía de cada centro. Y hay ejemplos valencianos en este sentido. En el colegio Gençana de Godella la norma general es que no haya deberes. El director Pedro Gil destaca que los profesores deben organizarse para dar tiempo en el aula. Para casa sólo se mandan trabajos de lectura diaria y expresión escrita mediante cuadernos de bitácora (la periodicidad es más amplia) en el caso de Primaria, y a medida que avanzan se introducen rutinas para mejorar su organización, como la planificación de tareas a presentar en el centro. Respecto al tiempo, en Secundaria se recomienda una hora, incluyendo el estudio, que se eleva a dos en 2º de Bachillerato. "Huimos de la repetición sistemática de lo que se hace en clase", explica Elena Corchs, vice principal de Elementary School del American School of Valencia. Se buscan tareas motivadoras que refuerzan dos áreas básicas, la comprensión lectora y las habilidades matemáticas. Cada lunes se reparten fichas y libros adaptados y lo normal es que se entreguen los viernes, una manera de liberar el tiempo del fin de semana.

25/10/2015 20:18

Comunitat

Los rectores piden dinero para pagar la subida salarial del 1% y la extra de 2012

Los rectores de las universidades públicas valencianas han trasladado al Consell la necesidad de incrementar el presupuesto básico que perciben las instituciones de las cuentas anuales de la Generalitat, actualmente en elaboración. Tal y como explicó a LAS PROVINCIAS el portavoz, Jesús Pastor, la solicitud se justifica en que deben cubrir nuevos compromisos en materia salarial, como el abono de la paga extraordinaria que se eliminó en 2012 como medida de contención del déficit, de la que aproximadamente un 75% está pendiente de pago y tiene que afrontarse completamente en 2016. También hay que cumplir con el incremento salarial del 1% para el personal de la función pública, aprobado por el Gobierno en sus presupuestos para 2016. Además, Pastor argumentó que todos los años se produce un crecimiento vegetativo en la nómina de muchos profesores como consecuencia de acumular nuevos trienios, quinquenios docentes o sexenios de investigación, «que aumentan de forma natural sin necesidad de que se produzcan nuevas incorporaciones de efectivos». Los máximos representantes de los centros, agrupados en la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (Crupv), trasladaron la petición en la reunión mantenida hace unas semanas con los consellers de Hacienda y Educación, Vicent Soler y Vicent Marzà. En palabras del portavoz, «la receptividad fue muy buena». También quiso destacar el compromiso del nuevo Consell de «equiparar al personal de administración y servicios de las universidades con el resto de funcionarios en cuanto al reconocimiento de la carrera profesional, de la que habían quedado excluidos con anterioridad». En el encuentro los representantes del Gobierno Valenciano aceptaron mantener los acuerdos alcanzados por sus antecesores en referencia a la financiación básica del sistema universitario, que no sufrirá nuevas reducciones, y respecto al abono de la deuda histórica, que se afrontará en anualidades hasta el próximo 2022 y que responde a incumplimientos en los pagos mensuales de años anteriores y a inversiones comprometidas que no se llegaron a financiar. En los últimos ejercicios presupuestarios el dinero que se ha transferido al sistema universitario público se ha mantenido en 665 millones -a repartir entre los cinco centros-, con los que se cubren, básicamente, nóminas y gastos de funcionamiento. La idea es que o bien se incremente esta cuantía para atender las nuevas obligaciones salariales -«el crecimiento vegetativo ya se está pagando, pero cada vez queda menos margen», en palabras de Pastor- o se habilite algún fondo especial para este menester.

20/10/2015 21:01

Comunitat

«Reducir los conciertos condenará a muchos colegios al cierre»

José Manuel Boquet preside Feceval desde hace una década. Como representante de gran cantidad de centros concertados y escuelas infantiles, no oculta la incertidumbre del sector ante los mensajes que se lanzan desde la Conselleria de Educación. La última prueba la tuvo en la asamblea general de la organización, donde los asistentes trasladaron "la preocupación existente porque se observa que el gobierno desliza medidas gravosas sin consultar a patronales o centros". -¿Ha existido barra libre en la autorización de conciertos en años anteriores, como dijo el conseller? -Evidentemente no. El número de aulas no ha crecido de forma espectacular, ni mucho menos. En el último año las solicitudes para FP se denegaron y en los anteriores se ha cuidado sólo el crecimiento vegetativo. Sí ha aparecido algún centro nuevo, pero puntualmente. Para la administración es muy cómodo que las fmialias suplan las deficiencias del concierto -¿Qué relación debería existir entre las redes pública y concertada? ¿Equilibrio? ¿Complementariedad? ¿Subsidiariedad? -Quizá complementariedad. Pero la presencia mayor o menor de un sector tiene que depender de la elección de las familias. Al elegir marcan los centros que mejor trabajan, son más eficientes o destacan. Eso sí, en la situación actual hay espacios que no puede cubrir la iniciativa privada, como los rurales. Sobre todo ante la realidad del concierto. -Llevan años denunciando que no cubre los gastos generados. Pero ni el PP se ha decidido a mejorarlo. ¿Ha sido una decepción? -En parte sí. Para la administración es muy cómodo que las familias suplan las deficiencias del módulo de gastos, que todo el mundo reconoce que es insuficiente. Aunque tenemos uno de los más altos de España, como recordó el conseller, no cubre más que las dos terceras partes. Y naturalmente los centros tienen que buscar otros ingresos. Pueden provenir de las aportaciones, siempre voluntarias, de las familias. Pero es injusto, porque aquellos de zonas económicamente deprimidas no pueden recurrir a esta vía, y tienen que hacer lo posible para su mantenimiento mediante actividades de otro tipo, por ejemplo, con cursos externos, lo que obliga a tener el centro abierto doce horas al día con el consiguiente esfuerzo para titulares, directivos y personal. -¿Cómo se puede conseguir que la enseñanza concertada sea del todo gratuita, como planteaba Marzà? -Sin duda la única vía es actualizar el concierto para aproximarse lo máximo posible al gasto real. -El conseller se refería a estas aportaciones. ¿Apoyaría regularlas? -Ya están reguladas. Desde la Logse se recoge que el centro puede recibir aportaciones voluntarias, incluso puede tener exceso de ingresos en actividades complementarias o extraescolares siempre que se destinen a mantenimiento y mejoras. Atacar estas aportaciones es válido si son obligatorias, pero no lo son. Con las zonas se llenan centros que a lo mejor no se llenarían si los padres tuvieran otras opciones -El programa de Compromís prevé la supresión progresiva de conciertos en Bachillerato y FP. ¿Cree que lo llegarán a cumplir? -No lo sé. El programa es claro, pero confío en que ocurra lo mismo que cuando el partido socialista llegó a la Generalitat. Al principio juzgaban a la iniciativa privada como algo nefasto, pero comprendieron la función social que desarrollamos, que había que tener en cuenta a las familias, y al final se trató al sector igual que lo ha tratado el PP. Pero la amenaza está ahí. Ya se han dado pasos, como las aulas públicas de dos años, que afectan a la base de la educación concertada. Si se generaliza, existirá la opción de escolarizar a hijos en centros privados con costes relativamente altos al contar con poco alumnado y una oferta pública gratuita de centros que hará que muchas familias tiendan a matricular a sus niños, donde se quedarán. -Oficialmente se busca atender perfiles económicamente desfavorecidos, no fidelizar alumnado. -Quiero dejar claro mi argumento. Nunca iremos contra la gratuidad de la enseñanza. Parece ser que el 70% de los nuevos alumnos no estaban escolarizados, así que bienvenida sea. Lo que no es de recibo es que se niegue la gratuidad a unos niños por no escoger la red pública. ¿No sería mejor que se ofrezca a todos, con un bono infantil que alcance la gratuidad para que no haya distinciones, seguramente con un coste menor que el de este proyecto? -¿Qué aporta la red concertada a un sistema educativo? -No es tanto lo que oferta, como un servicio de calidad y eficiente. Lo que fundamenta su existencia es la pluralidad. ¿Cómo sería un país en el que todos los medios de comunicación fueran públicos? La pluralidad es esencial para la democracia. -También se ha dicho que los conciertos en la Comunitat son de los más altos de España. ¿Es un aviso? -En su derecho estarían de bajarlos al quedar por encima del mínimo que fija el ministerio, pero sería una flagrante injusticia. Implicaría reducir los ingresos de la red y aumentaría las aportaciones de los padres, y muchos centros de zonas más desfavorecidas, donde desarrollan una gran labor social y no podrían hacerlo, quedarían abocados al cierre. -¿Eliminar el distrito único es atacar la libertad de elección? -Quitarlo es irracional. Por la sencilla razón de que la zonificación distrito a distrito genera guetos. Si en un centro de zona deprimida se fomenta que vayan alumnos de esa zona estamos creando una problemática específica. Lo mismo pasa con el ejemplo al contrario: generamos centros de primera y segunda. Con el distrito único más del 90% de solicitudes se han atendido en la primera opción. Y con las zonas se llenan centros que a lo mejor no se llenarían si esas familias tuvieran más opciones de elegir. Y eso es perder una referencia importantísima para valorar la calidad de un colegio. -¿Le preocupa la investigación sobre supuestos pagos irregulares a formadores de las patronales? -Parece que en lugar de presunción de inocencia la hay de culpabilidad, algo que puede dañar la imagen de estas instituciones. Ese personal se deriva de un convenio ministerial que se renovó luego en las comunidades a partir de 2003. Desde 2010 la administración no nos presentó la firma y se nos dijo que no nos preocupáramos, por lo que se continuó funcionando. Al fin y al cabo, era una prórroga tácita entre las partes, con las mismas condiciones. Y luego en 2014 por parte de Compromís se detectó la situación. Si era irregular lo era a nivel administrativo, porque había pagos no referidos en un documento concreto.

20/10/2015 13:04

Comunitat

Ofensiva de los colegios concertados ante el temor de recortes por parte de Educación

Los mensajes lanzados desde la Conselleria de Educación en relación a la educación concertada inquietan a la inmensa mayoría de los titulares de los colegios de la red, que en la Comunitat suma algo más de 400 centros. Y las asambleas generales de las dos principales patronales, celebradas en apenas una semana, han sido una buena prueba del ambiente existente. MÁS INFORMACIÓN El PSOE quiere extender la educación obligatoria hasta los 18 años El programa electoral de Compromís, que prevé la eliminación progresiva de conciertos en etapas no obligatorias, las declaraciones del conseller Vicent Marzà sobre la "barra libre" de los años anteriores o su intervención en Les Corts, cuando se refirió de manera crítica a la cuantía económica fijada para los colegios de la Comunitat -de las más altas de España pese a que no cubre los gastos generados- , no han pasado desapercibidas. Y tampoco el reiterado discurso de centrar la atención y los esfuerzos en la red pública de enseñanza. Ante la situación, una de las medidas adoptadas por las patronales valencianas ha sido adherirse a la campaña en defensa de este modelo educativo impulsada a nivel nacional. El objetivo es concienciar sobre la diversidad existente y la importancia de la libertad de elección en igualdad de oportunidades. En el encuentro de Escuelas Católicas de la Comunitat, que integra a cerca de 300 colegios religiosos, la presidenta Vicenta Rodríguez reconoció que los asistentes trasladaron "la preocupación que hay" respecto a cuestiones como el futuro de las aulas de Bachillerato. Es una clara referencia al citado programa electoral, que de hecho alude a esta etapa junto a la FP. También hubo preguntas sobre los módulos del concierto, que se tendrán que concretar en los presupuestos autonómicos. "Mensaje de tranquilidad" "Lo que quisimos trasladar a los asistentes -unos 150- fue un mensaje de tranquilidad. Recordamos que los conciertos de Bachillerato tienen vigencia hasta 2017, y no se firman por capricho. Se exige una memoria, un proyecto pedagógico y un nivel de matrícula. No son un regalo de la administración, ni se autorizan de manera aleatoria, sino en base a criterios exigentes que siempre cumplimos", destacó Rodríguez, que también recordó que todos los cursos hay unidades que si no alcanzan un determinado número de alumnos quedan fuera del concierto, de la misma manera que Educación elimina aulas públicas. Respecto a la cuantía económica que se entrega a los centros para cubrir los gastos de personal y funcionamiento, prefirió no especular sobre qué hará el Consell. "Cuando llegue el momento trataremos el tema", dijo. Las primeras noticias deberían conocerse cuando trascienda el proyecto de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016. Además, quiso dejar claro que no quieren protagonizar un enfrentamiento con la actual administración. "Nosotros tendemos la mano, y si piden nuestra participación la tendrán", destacó. De hecho está prevista una reunión con el secretario autonómico, Miquel Soler. En la asamblea también se presentó la cartelería que se distribuirá en los centros en relación a la nueva campaña en defensa del modelo de enseñanza, que lleva como lema 'Nadie educa igual a sus hijos' y ha sido ideada por las principales patronales y organizaciones de padres. "Lo que se pretende es conseguir el compromiso de dar a conocer qué somos. Existen muchas opciones a respetar para que los padres puedan elegir en libertad lo que quieren para sus hijos", dijo Rodríguez. Entre las medidas de la campaña destaca la creación de una web donde se da información sobre la red, desde cifras hasta los beneficios que se derivan de la misma, sin olvidar el desarrollo legislativo que la sustenta. "Sabemos que cumplimos al 100% con las normas que regulan los conciertos", defienden desde Feceval La asamblea general de la Federación de Centros de Valencia (Feceval), se desarrolló en términos similares. Fuentes de esta patronal explicaron que frente a la "inquietud y preocupación" expresada por numerosos asistentes se recurrió a un "mensaje tranquilizador". "Tenemos que seguir trabajando con profesionalidad, sabiendo que cumplimos la normativa al 100% y que necesitamos los mismos recursos que la red pública para seguir con nuestra línea de acción", dijeron. Por su parte, el presidente de la Federación Católica de Ampas de Valencia, Vicente Morro, también destacó "la incertidumbre por el mensaje que se traslada" aunque aseveró que "no hay posibilidad legal de eliminar los conciertos". Además, dijo que no se quedarán "de brazos cruzados si se intenta conculcar el derecho a elegir de las familias". Por último, mostró el apoyo de la organización a la citada campaña de concienciación.

19/10/2015 14:57

Comunitat

Los padres que cobren la primera ayuda de cien euros deberán devolver los libros

La Conselleria de Educación va a introducir un cambio importante en las normativas que regularán el programa Xarxallibres, que incluye el abono de hasta 200 euros en dos pagos a las familias con alumnos de Primaria y ESO para facilitar la adquisición de manuales. Se trata de un compromiso que se exigirá en el momento de llevar los tickets de compra para cobrar los primeros cien euros, mediante el cual se obligará a presentar al final de curso los ejemplares subvencionados en los centros, donde se valorará su estado para que formen parte del banco de libros que empezará a funcionar en el 2016-2017, requisito indispensable para poder percibir los cien restantes. Es decir, la novedad está en que también habrá que presentarlos en los colegios si se quiere recibir la primera parte, independientemente de si su conservación da derecho a la segunda. El cambio se desprende de una enmienda de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya al borrador de la orden que regula la convocatoria de las ayudas para los ayuntamientos, tratada en el martes en el Consejo Escolar. La sugerencia decía que «la aportación de los primeros cien euros debería estar acompañada de un certificado de inscripción y participación en el proyecto previo al pago», con el objetivo de garantizar «que todos los que reciben el primer abono quieren participar en el banco de libros, pues de lo contrario, sin ese compromiso, se estaría invirtiendo una ayuda de cien euros que no se garantiza que vaya destinada al mismo». Desde la organización explicaron que la cautela propuesta se tendrá en cuenta, ya sea en la norma citada o en la que se elaborará para concretar los aspectos relacionados con la gestión de los fondos bibliográficos. También recordaron que la verdadera finalidad del programa es crear un sistema de reutilización que sirva para garantizar la gratuidad de este material. Sin este compromiso de participación podrían darse casos de familias que tras conseguir la primera parte de la subvención decidieran quedarse los manuales para reutilizarlos por otras vías e incluso venderlos, por lo que quedarían fuera del banco. Por otro lado, las mismas fuentes informaron de que además se contempla una reposición de libros para evitar que los bancos queden incompletos, que también se decidirá con posterioridad, así como su coste. Ramón López, presidente de Covapa, señaló que otras enmiendas presentadas iban en el sentido de clarificar qué cantidad de libros deberán presentarse para recibir la segunda parte de la ayuda, si el lote completo o los cubiertos por los primeros cien euros, un aspecto que se concretará en la próxima normativa. También destacó que los centros podrán comprar los ejemplares para familias sin recursos que este mismo curso no disponen de manuales «o recurren a fotocopias», y que los importes se remitirán con posterioridad al ayuntamiento. De hecho, parte de la urgencia en la tramitación de la orden se debía a este motivo. En cuanto a la financiación, para proceder al pago de los primeros cien euros -durante diciembre-, los ayuntamientos que no dispongan de crédito suficiente o no estén cubiertos por su diputación podrán afrontarlo con el dinero de las otras administraciones y reponerlo con los presupuestos del año 2016. Por último, las familias con alumnos que estudian en municipios distintos al de residencia cobrarán de su consistorio pero dejarán los libros en el centro correspondiente.

19/10/2015 10:42

Comunitat

«No somos ladrones ni nos hemos aprovechado de la administración»

La asamblea de Escuelas Católicas también sirvió para que la patronal reivindicara su labor en relación a la investigación judicial que versa sobre el supuesto incremento en la financiación de los colegios respecto a lo estipulado en los presupuestos y la existencia de docentes pagados por la administración para dar cursos de formación a los profesores de la red, presuntamente no regulados. "No somos ladrones y no nos hemos aprovechado de la administración", dijo la presidenta, Vicenta Rodríguez. "Estamos empeñados en educar desde la libertad y muchas de nuestras instituciones ya tienen muchos años de experiencia en educación", añadió, antes de recordar que "los centros de Escuelas Católicas realizan una labor social encomiable". La presidenta también indicó, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, que los colegios que representa "asumen un papel de base social que no es justo que se tire por la borda", una especie de crítica a que se les juzgue por una cuestión judicial no resuelta sin valorar la función que desempeñan. La patronal ha defendido en varias ocasiones que sus cuentas están auditadas por organismos independientes, que el dinero que reciben se limita al fijado en los presupuestos y que el personal formativo se derivaba de un convenio firmado con el ministerio y sus respectivas addendas, que fue asumido por la conselleria con el traslado de competencias.

15/10/2015 21:22

Comunitat

Los colegios valencianos registran cada curso más de 1.500 incidentes violentos

Los colegios valencianos disponen desde 2007 de una herramienta informática para contabilizar aquellos incidentes que alteran la convivencia. El objetivo es recabar la máxima información posible para analizar la conflictividad existente en la Comunitat y a partir de ahí diseñar medidas de prevención. También debe servir para agilizar la comunicación con los servicios de asesoramiento de las direcciones territoriales y para aplicar las actuaciones disciplinarias correspondientes. Con estos datos se elaboran informes anuales, de los que se extrae que cada ejercicio se producen más de 1.500 incidencias, según se desprende del referido al curso 2012-2013, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En concreto, en el 2007-2008 se detectaron 1.517, y la evolución a lo largo de los años ha sido la siguiente: 1.611, 1.546, 1.595, 1.622 y 1.772 (2012-2013). Que el último sea el más numeroso se puede explicar por la mayor utilización por parte de los centros del registro de incidencias. Los datos se refieren a todo tipo de situaciones, desde muy graves hasta leves, aunque con la suficiente entidad como para estar registradas. Caben casos de violencia verbal y física (acoso), contra la propiedad personal (vandalismo o robos), violencia por exclusión (marginación) o de tipo sexual. También se tiene en cuenta el uso malintencionado de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, pese a no representar un porcentaje muy elevado, en el curso citado se produjo un incremento en su utilización en relación al anterior, pues estuvieron presentes en el 5% del total, dos puntos más que en el 2011-2012. Lo más habitual fue la difusión de mensajes vía móvil y redes sociales. La información se introduce a través de fichas que incluyen multitud de parámetros, como el número de agresores, su tipología, los lugares donde se produjo el incidente, la existencia de testigos o las actuaciones llevadas a cabo por el centro. No se identifica a los alumnos de manera completa, sino a través de iniciales, teniendo en cuenta la finalidad informativa de la herramienta. De la información se extraen diferentes conclusiones, sobre todo cuando han sido constantes a lo largo de los cursos. En la mayoría de las incidencias existieron componentes de violencia verbal y física (en más del 60%), lo que se traduce en que las situaciones más habituales son las agresiones. En cuanto a la violencia contra la propiedad, otra de las tipologías, destacan los casos de destrozos del mobiliario por delante de los robos. En el 29% de los casos registrados también hay implicado un profesor del centro educativo Pese a la crudeza de los datos, las medidas de concienciación puestas en funcionamiento en los últimos años, como el Observatorio de la Convivencia o la Ley de Autoridad del Profesorado, han tenido efectos positivos. El mejor ejemplo es la reducción de las incidencias que han implicado situaciones de violencia o de acoso escolar muy grave. "La evolución de los datos desde el curso 2007-2008 revela un patrón descendente. En el anterior representaban el 34% de las incidencias y este (2012-2013) el 30%", dice el documento, lo que implica un total de 532. De los datos del informe se puede extraer un perfil tipo de las agresiones. El alumnado es el principal protagonista, con un 59% de casos en los que exclusivamente estaban implicados estudiantes, mientras que en un 29% también afectaron a un profesor. Destacan claramente los varones, con una relación de dos a uno respecto a las mujeres, y en el caso de la provincia de Valencia suele tratarse de jóvenes con trastornos de conducta, extremo que no se da con tanta asiduidad en las otras dos provincias. En cuanto a las etapas, el mayor número de implicados correspondió al primer ciclo de la ESO (de 1º a 3º). No sólo es una patrón relacionado con la edad, pues los casos en Bachillerato o ciclos formativos fueron minoritarios. También hay una prevalencia de las incidencias en los centros públicos, pero al tratarse de cifras absolutas esta realidad se explica en la mayor extensión de la red. El registro no incluye a los puramente privados. En la mayor parte de los casos existieron testigos, fundamentalmente alumnos, que optaron por cortar la situación o informar a un adulto. En este sentido la buena señal es que "se rompe cada vez más con la ley del silencio", según el estudio, ya que el indicador ha mejorado respecto a años anteriores. En otras palabras: la concienciación cala, y se asume que ocultar una agresión perjudica a todos además de a la víctima. El agresor también tiene zonas preferidas para actuar. Y es llamativo el hecho de que el espacio más habitual sea el aula, seguido del patio y los pasillos. El tercero en cuestión es el entorno escolar, y los que menos, los baños y vestuarios. Por último, las fichas donde se notifican las incidencias incluyen un apartado referido a las detectadas en los entornos escolares. En el 2012-2013 fueron pocas, exactamente 26, destacando los casos de menudeo de estupefacientes y consumo y la presencia de personas ajenas al centro educativo.

11/10/2015 21:06

Comunitat

Ofensiva judicial contra la decisión de Marzà de primar la antigüedad de los interinos

Cincuenta y cinco profesores interinos han impulsado una batería de recursos judiciales y administrativos contra la ordenación de las bolsas de trabajo en base a los principios de antigüedad y experiencia, los criterios que se utilizan para determinar el puesto que se ocupa en las mismas. Estas sirven para cubrir vacantes que no están en posesión de un funcionario o para hacer sustituciones si se produce una baja. En todos los casos se trata de profesionales docentes que disponen de una oposición aprobada, aunque no les sirvió para acceder a la función pública. De ahí que pasen a formar parte de las bolsas. Su queja es que con el sistema vigente hay compañeros que pese a no haber superado un proceso selectivo sí están dando clase en los centros, algo que consideran injusto e incluso contrario al mandato constitucional en relación al acceso a cargos públicos. Para entender el embrollo actual hay que remontarse a abril de 2013, cuando el equipo de Educación aprobó un acuerdo para ordenar las bolsas que exigía tener la oposición aprobada para mantener las opciones de ser contratados para acceder a vacantes y sustituciones. Sin embargo, el Stepv, sindicato mayoritario, lo llevó a los tribunales y en junio el Tsjcv estableció que no era ajustado a derecho. El fallo se justificaba en los plazos, pues sustituyó al acuerdo anterior, de 2010, antes de que hubiera agotado su vigencia. Pese a que se anunció un recurso de casación, con la llegada del equipo de Vicent Marzà la conselleria decidió aplicar la sentencia, volviendo al sistema de 2010 para organizar las bolsas, primando la antigüedad y la experiencia sin exigir la oposición. Esto ha provocado que los que se beneficiaron de la normativa de 2013 hayan perdido posiciones en favor de los entonces perjudicados. Los promotores de los recursos pertenecen a la asociación Interinos Docentes por un Acuerdo Justo (Aidaj), creada recientemente a raíz de la decisión del departamento autonómico de acabar con la regulación de hace dos años. Desde la entidad explicaron que se ha actuado a través de tres vías. La primera ha consistido en impugnar mediante un contencioso la aplicación de la sentencia de junio. La segunda, también por la vía judicial, ha sido personarse en el proceso impulsado por el Stepv mediante el que se denunció la base de la convocatoria de las últimas oposiciones que hacía referencia a la ordenación de las bolsas con el sistema de 2013. La idea del medio centenar de interinos es poder defender sus tesis en el proceso, que no se ha cerrado pese a que el sindicato consiguió la suspensión cautelar de este artículo. Por último, se ha presentado una reclamación por la vía administrativa planteando la nulidad del acuerdo de 2010 con el objetivo de que la administración se pronuncie. Desde la asociación señalaron que en este caso todavía hay recorrido para llegar al contencioso. «Consideramos que este acuerdo choca con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a cargos públicos, que también se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público», señalaron. Además, la ofensiva sirve como medida de presión de cara a la negociación del nuevo acuerdo que anunció el conseller. «Hemos conseguido uno de los objetivos -la nueva regulación-, pero tampoco queremos ser perjudicados por una sentencia que no entró en el fondo del asunto», añadieron. De hecho, el último recurso busca conseguir un pronunciamiento sobre la legalidad de un sistema que para Aidaj no valora la capacidad, entendida como la superación de una oposición.

08/10/2015 21:26

Valencia

Una fiesta congrega a cientos de jóvenes junto a la Sierra Calderona

Los vecinos de la urbanización Bonanza, en el término municipal de Náquera, han tenido que soportar durante casi 24 horas, las molestias derivadas de una fiesta organizada en las inmediaciones del parque natural de la Sierra Calderona. El evento tenía características propias de las conocidas como raves, que suelen ser ilegales, se convocan en instalaciones abandonadas o de dominio público y llegan a prolongarse varios días. El elemento diferenciador en este caso es que se contaba con el visto bueno del propietario, tal y como explicaron fuentes de las Guardia Civil, que no consideraron que fuera un festejo de este tipo. "A las tres y media de la madrugada esto era un infierno", explicaba un residente en la zona que se acercó a la fiesta alarmado ante el bullicio. "Habría alrededor de un centenar de coches, tenían juegos de luces y la música machacona a todo trapo. Era un 'pum pum pum' continuo", añadía. Como pudo comprobar LAS PROVINCIAS la juerga siguió durante toda la mañana, aunque con menos asistentes. Este testigo presencial calculaba que podían haberse reunido, en el momento álgido, entre 300 y 400 jóvenes. "Los vehículos que llegaban iban llenos, tres o cuatro personas por lo menos", sentenciaba. A mediodía un goteo de coches abandonaba la zona, algunos de ellos perdidos por las calles de la urbanización. Y es que llegar hasta la ganadería en desuso, donde se celebró la fiesta, era casi imposible sin indicaciones concretas. Una práctica habitual en este tipos de festejos, que se difunden a través de mensajes de móvil o mediante el 'boca a boca', es facilitar la ruta exacta para poder encontrar la zona. Según los residentes consultados por vía telefónica, sobre las ocho de la tarde de aún se escuchaba la música. La ganadería que acogió el evento fue clausurada al no reunir los requisitos exigidos para esta activitat Las quejas por el ruido llegaron rápidamente a oídos del alcalde, Damián Ibáñez, pues fueron muchos los afectados que llamaron a la policía local o contactaron directamente con él. Es más, en Bonanza se lamentaba que ni durante la noche ni por la mañana se hubieran personado los agentes para poner freno a la situación. También se alertó del riesgo de incendio. "Aquí tenemos que ir con muchísimo cuidado con encender un fuego porque estamos en una zona de influencia del parque natural de la Sierra Calderona", criticaba otro residente a media mañana. "En cambio ellos están con electricidad o con lo que sea para tener la música en todo momento", añadía. Pasadas las 13 horas se pudo ver una columna de humo en un paellero integrado en las instalaciones. "Están pegados a masa forestal. Con que se fumen un cigarro o un porro y lo dejen mal apagado puedan causar un desastre", se quejaba el primer vecino citado. Damián Ibáñez explicó que tras tener noticias de la actividad se puso en conocimiento de la Guardia Civil. Además añadió que se pidió al cuerpo municipal que vigilara la zona por la tarde por si volvía a aumentar la afluencia para trasladar la información a la Benemérita. La fiesta se ha organizado en una ganadería en desuso, 'el corral dels bous', como lo conocen los vecinos', que tuvo que dejar de funcionar al no reunir los requisitos mínimos para acoger este tipo de actividades. Además, las construcciones contravenían las limitaciones derivadas de ser un espacio limítrofe con la zona protegida, según el alcalde. La versión de la Guardia Civil A diferencia de los vecinos, fuentes de la Guardia Civil descartaron que se tratara de una rave al considerar que fue un evento privado que contó con el visto bueno del propietario. También señalaron que no hubo riesgo para la seguridad ni tampoco de incendio al tratarse de un recinto acotado, aunque sí se refirieron a las molestias derivadas del ruido. Además dijeron que a última hora apenas quedaban asistentes. En el Ayuntamiento no tenían constancia de ninguna celebración. Según la ley de Espectáculos para que se considere privada no debe existir concurrencia pública, extremo que sí denunciaron los residentes en relación a la cantidad de vehículos concentrados.

07/10/2015 19:27

Comunitat

Los alumnos de magisterio equivalen a toda la plantilla de los colegios concertados

La profesión docente tiene garantizado el futuro, y no sólo porque la educación sea obligatoria hasta los 16 años. También por el elevado tirón que genera entre las nuevas generaciones de universitarios. La mejor prueba es que las carreras de maestro de Infantil y Primaria suelen situarse, año tras año, entre las más demandadas por los alumnos de nuevo ingreso, lo que se traduce en una más que generosa oferta por parte de las universidades. Y lo mismo sucede con el máster habilitante que permite ejercer como profesor de ESO, Bachillerato o FP, que tomó el relevo del CAP. La ecuación tiene una consecuencia que puede llegar a ser preocupante: la cifra global de estudiantes es elevadísima y difícilmente podrá ser asimilada por el sistema. Según se desprende de los últimos datos oficiales sobre la materia, en el curso 2014-2015 habían 15.125 personas matriculadas en los estudios de formación inicial del profesorado que ofertan las universidades valencianas. Se refiere tanto a los citados grados como al máster y se trata de las carreras exigidas para poder ejercer en los colegios. Para contextualizar semejante volumen sirve la siguiente comparación. Son algunos más que los docentes que trabajan en la red concertada, según los datos de Educación. Además, la cifra se ha sostenido en el tiempo. En el 2010-2011 habían 13.995 alumnos y en los ejercicios siguientes se ha mantenido en parámetros similares. Es decir, ni la feroz crisis, con ofertas de empleo público más que recortadas -es la red más grande y por tanto la que más profesorado asume- ha frenado el interés. Y en arreglo a los datos, ni siquiera el sistema de acceso a través de bolsas de trabajo basadas en la antigüedad y experiencia, el vigente en la mayoría de años del periodo citado, ha derivado en menos matriculaciones. Esta realidad no es única de la Comunitat, aunque presenta peculiaridades. La valenciana es la tercera autonomía con más estudiantes, algo que puede parecer lógico en base a la dimensión de su sistema educativo, pero hay que tener en cuenta que sólo la superan Andalucía y Madrid. Es decir, en nuestras facultades se forman más maestros y profesores que en las de Catalunya (12.422). Y en el caso del máster de Secundaria, los números son mayores que los de Madrid (2.853 frente a 2.820). La estadística aparece en el informe anual 'Datos y Cifras' del Ministerio de Educación. La posibilidad de restringir el acceso a las carreras de magisterio, sobre todo ante el exceso de personal en formación, no es una idea nueva. Ya se ha deslizado en los informes anuales del Consejo Escolar del Estado y en el XXI Encuentro de Consejos Escolares de 2012.

05/10/2015 21:28

Comunitat

Empleo reclama casi un millón de euros a Educación por los becarios de inglés

La utilización de profesores-becarios formados en inglés para ayudar en las clases de lengua extranjera le va a salir cara a Educación. La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, va a reclamar a la administración autonómica 784.295 euros en concepto de cuotas que tendría que haber abonado si estos profesionales, los correspondientes a las provincia de Valencia, hubieran cotizado como maestros y no en condición de becarios. Según explicaron desde el departamento, por normal general siempre se exigen estas cuantías cuando hay sentencia firme, como es el caso, por lo que "no hay motivos para que en esta ocasión no se proceda de esta manera". Además, la misma idea se ha trasladado oficiosamente a algunos de los representantes de los afectados. LAS PROVINCIAS consultó a la conselleria en este sentido, aunque no obtuvo respuesta. La cantidad es resultado de una inspección de trabajo realizada en 2013, donde se acreditó la existencia de una relación laboral en los centros visitados, y se refiere a conceptos como pagos a la Seguridad Social y cuotas de desempleo, formación profesional y del fondo de garantía salarial. Tras las alegaciones presentadas por la conselleria, entonces en manos populares, se decidió iniciar un procedimiento en el juzgado de lo social y paralizar la reclamación a la espera de sentencia firme, que llegó en mayo. El fallo provocará cambios en las bolsas de interinos La sentencia tiene una consecuencia más que seguro será polémica. Y es que cuando Educación reconozca los servicios prestados como maestros a los 304 English Helpers, es más que probable que haya que cambiar el orden de las bolsas de trabajo de interinos de muchas especialidades, siempre que alguno de ellos forme parte de las mismas. Y es que habrá que computarles los ocho meses de experiencia adquirida. No se puede olvidar que la normativa vigente en la actualidad se basa en los servicios prestados para establecer el orden, sobre todo después de que el nuevo equipo retirara el recurso contra la sentencia que anulaba el acuerdo de 2013, el que primaba la oposición. Y en este caso, a diferencia de la de los Helpers, no era firme. De hecho Antonio Jareño, padre de una afectada, también ha presentado recursos para que a su hija, si finalmente se queda en la bolsa, se le reconozca el lugar que le corresponde en arreglo al fallo. Los English Helpers, denominación oficial de estos maestros, nacen de una convocatoria pública de agosto de 2012 impulsada por Educación. Se crearon 329 becas "para la realización de prácticas profesionales en materia de asistencia lingüística en centros dependientes de la Generalitat". Dirigida a profesionales jóvenes con los títulos de magisterio e idiomas correspondientes, incluía una remuneración de mil euros brutos mensuales. Debían apoyar al profesor titular y la iniciativa llegó al poco de aprobarse el decreto de plurilingüismo que sienta las bases del modelo educativo vigente, que obliga a ampliar la exposición a la lengua inglesa. Sin embargo, la sentencia, en base a las inspecciones practicadas y a los testimonios de becarios, profesores y directores, considera probada la naturaleza laboral de la relación profesional entre los Helpers y la Generalitat. Por ejemplo, los propios afectados señalaron que asumieron labores propias de los maestros como la preparación de materiales y de las clases, que llegaban a impartir solos, que cada uno tenía asignados varios colegios o que asistieron a claustros y reuniones de equipo. Los 784.295 euros es una cuantía de mínimos que se refiere sólo a los profesionales de Valencia -unos 150-. Habría que sumar también la derivada de los de Castellón (ya hay sentencia favorable) y Alicante. Además, Educación se comprometió ante los sindicatos a reconocer a estos profesionales -al final fueron 304 en lugar de los 329 convocados- los servicios prestados como maestros, lo que tiene consecuencias en relación a trienios, sexenios, concursos de traslados -si llegan a funcionarios- y oposiciones. Un cálculo de CC.OO PV prevé que deberían cobrar 18.800 euros en lugar de los 8.000 que se les pagó También se hará lo propio a nivel salarial. Según un cálculo realizado por la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, en lugar de la retribución de 8.000 euros brutos percibida -mil por cada uno de los ocho meses trabajados- les corresponderían unos 18.800. El sindicato ha pedido a Educación que se impulse una resolución global para reconocer estos derechos de manera automática a todos los afectados, al considerar que sería lo más justo para ellos al haberse probado que su trabajo fue el propio de un maestro. Antonio Jareño es padre de una afectada, y desde que se conoció la sentencia, ha llamado a decenas de puertas para conseguir estos reconocimientos laborales para su hija. Y no siempre se le han abierto. "Se presentó a las últimas oposiciones, y si la conselleria hubiera aplicado la sentencia en un tiempo razonable cuando era firme es muy probable que hubiera conseguido plaza de funcionaria en su especialidad, pues se habrían valorado estos servicios prestados", lamenta. De hecho, ha presentado numerosos recursos administrativos con este objetivo, incluida la impugnación de los méritos de la oposición, y no descarta llegar al contencioso. "Lo que hemos pasado este verano ha sido un infierno. No hay derecho que se penalice de esta forma a gente joven tan bien preparada", concluye.

04/10/2015 09:19

Comunitat

El Consell quiere que el profesor decida quién recibe ayuda por conservar los libros

La circular remitida por Presidencia de la Generalitat a los ayuntamientos en relación al programa Xarxallibres, que permitirá dar ayudas a los todos los estudiantes de las enseñanzas obligatorias para facilitar la compra de libros de texto, incluye nuevos detalles de la iniciativa. Hasta ahora se sabía que para recibir la segunda parte de la cuantía habrá que entregar los manuales subvencionados y que estén bien conservados, con el objetivo de crear un fondo bibliográfico en cada colegio del que se puedan aprovechar otras familias. La misiva desvela que serán los profesores los que tendrán que encargarse de su revisión. Atendiendo a la literalidad de la misma, se apunta que «a la finalización del curso escolar 2015-2016 los centros educativos recepcionarán los libros objeto de la primera parte de la ayuda» y que «el claustro de cada centro dispondrá de unas indicaciones concretas para verificar el buen estado de los libros». Soler rechaza que los consejos escolares de los colegios puedan dar un punto en la admisión A continuación, la escuela «informará al ayuntamiento correspondiente del resultado del proceso de verificación». Si los manuales entregados están en «condiciones óptimas» para formar parte del nuevo banco, el consistorio pagará la segunda parte de la subvención. Como máximo, se entregarán 200 euros: la mitad antes de que termine el año tras la presentación de los justificantes de compra y el resto al finalizar el curso y una vez terminado el trabajo de comprobación. La propuesta tiene cierta lógica, en el sentido de que los profesionales de las aulas son los más adecuados para determinar si un libro puede seguir empleándose en clase, pero no se puede olvidar la contraparte de la propuesta que se desprende de la misiva, que parte de la Dirección General de Administración Local, está firmada por su titular, Antoni Such, y se dirige a los alcaldes. Tareas tras las clases Y es que tras la finalización de las clases en junio, el claustro docente asume tareas propias de gestión y también de la planificación del siguiente ejercicio. Se cierran las notas y se rellenan las actas, se programan reuniones de trabajo para decidir sobre la promoción de alumnos y se convocan recuperaciones (al menos hasta el curso pasado), por no hablar de que suele ser un periodo que el profesorado aprovecha para el perfeccionamiento laboral mediante cursos de formación. De hecho, cuando el Consell popular sondeó hace algunos años la posibilidad de implantar planes de refuerzo en el mes de julio se generó polémica en este sentido. Este curso, además, el periodo lectivo terminará más tarde en el caso de Secundaria tras los cambios en el calendario escolar. Marzà niega que el valenciano vaya a serla única lengua a utilizar en la administración Todos los detalles sobre la implantación de Xarxallibres se plasmarán en una normativa de la Conselleria de Educación que deberá pasar por las mesas de negociación con los sindicatos de profesores. Ayer, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, informó de que esta orden estará lista durante la primera quincena del próximo mes, lo que implica adelantar los plazos previstos en la carta citada, que hablaba de finales de octubre. Además, indicó que a lo largo de diciembre se afrontarán los pagos de la primera parte. Lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Educación de Les Corts en respuesta a la intervención de la diputada popular Beatriz Gascó, que planteó sus dudas en relación a que el Consell tenga tiempo material para poder cumplir con el objetivo de abonar parte de la subvención antes de que termine el año. Gascó también le preguntó, precisamente, por quién se tendría que encargar de la gestión de los bancos, a lo que el secretario autonómico respondió que se están impulsando «reuniones con todos los sectores para trabajar conjuntamente». Además, indicó que hay tiempo suficiente hasta el próximo mes de abril para cerrar la cuestión y «regular el papel de cada uno», en referencia a las Ampas o el profesorado. Aunque esta idea pueda resultar contradictoria con la plasmada en la circular, en realidad es complementaria: los profesores pueden encargarse de la verificación mientras que la organización y reparto de los lotes reutilizados recae en las Ampas. En la comisión se abordaron otras cuestiones educativas. A Soler se le criticó, por parte de la oposición, el retraso en el inicio del curso, en referencia a que hubo centros que no disponían de todo el personal en sus puestos, extremó que rechazó el secretario autonómico argumentando que se hicieron las adjudicaciones necesarias para evitarlo. También aludió a que las incidencias registradas se debieron a jubilaciones notificadas a última hora. También se le interpeló respecto a los conciertos educativos y la frase que trasladó Marzà en su comparecencia en Les Corts, en el sentido de que son los centros los que seleccionan a los alumnos. Dijo que no se trata de una ocurrencia, y la contextualizó en relación a que es lo que sucede cuando hay más demanda de ingreso que plazas ofertadas en la admisión. Debate sobre la admisión También defendió que «todo el mundo puede elegir colegio, el debate está en quién tiene prioridad, si el que vive enfrente o en la otra punta de la ciudad». En este sentido, dio algún detalle respecto a las modificaciones que se quieren plantear de cara al próximo curso. Ya se sabía que se basará en la proximidad, la renta, la existencia de hermanos en el centro y las situaciones de discapacidad (criterios básicos de la legislación estatal), y añadió que ni él ni el conseller «comparten» el hecho de que los consejos escolares puedan dar un punto en base a los requisitos que establezcan, que no pueden ser discriminatorios. En cuanto a la intervención de Marzà en la comisión, el conseller dijo que no habrán «imposiciones lingüísticas» y rechazó, a preguntas de Ciudadanos, que el valenciano vaya a ser la única lengua a utilizar en la administración autonómica.

02/10/2015 20:45

Comunitat

Educación aún tardará un mes en empezar a tramitar las ayudas para libros

El programa Xarxallibres de ayudas para la compra de libros de texto no despegará definitivamente hasta dentro de un mes. Así se desprende de la circular remitida a los ayuntamientos valencianos desde Presidencia de la Generalitat. En líneas generales, el escrito resume las ideas básicas, incluye algún detalle adicional y remite al desarrollo de una futura normativa para conocer los aspectos concretos de tramitación. Hay que recordar que la previsión inicial de Educación era que entre octubre y noviembre las familias pudieran presentar los justificantes que darán derecho a las cuantías, por lo que los plazos serán ajustados. En este sentido, desde el departamento dijeron ayer que los detalles se conocerán durante el mes de noviembre, mientras que en octubre se avanzará "en la preparación de todos los procesos que comporta una plan de tanta envergadura". "En estos momentos estamos trabajando de manera intensa en la redacción de la normativa que regulará todo el procedimiento para la puesta en funcionamiento del proyecto (...), donde tenemos la voluntad de incluir los diferentes escenarios y casuísticas que se dan en la Comunitat y donde indicaremos el procedimiento de actuación que corresponde en cada caso", señala el escrito que ha llegado a los consistorios valencianos. Al final del mismo se indica que la publicación en el Diari Oficial está prevista antes de que finalice el próximo mes. Las familias sólo deberán entregar a los centros los libros subvencionados, no el lote completo del curso Las incertidumbres que rodean al proyecto, presentado por el presidente Ximo Puig el 1 de septiembre, son varias. La que más angustia a las Ampas es la relacionada con cómo podrán justificar la adquisición de libros las familias que se han beneficiado de las compras colectivas o por lotes, una práctica bastante habitual en la que las asociaciones de padres actúan de intermediarias con las editoriales, consiguiendo precios más favorables. En estos casos se disponen de facturas genéricas, pero no siempre se emiten tickets para cada uno de los padres que optan por esta vía. En la misma situación se encuentran los centros que venden el material. Otra duda se refiere a cómo se van a conjugar las convocatorias de ayudas para la compra que impulsan muchos ayuntamientos con el programa autonómico, en el sentido de si se complementarán o si el segundo absorberá -o anulará- a las primeras. Qué sucederá con los libros de 1º y 2º de Primaria (normalmente son fichas desechables) o con los colegios que elaboran materiales propios son otras de las cuestiones que tendrán que concretarse. Entra la FP Básica Pese a todo, la carta incluye algún detalle adicional respecto a lo que trascendió durante la presentación. El plan Xarxallibres contempla el pago de hasta 200 euros a las familias que justifiquen la compra de manuales correspondientes a las etapas obligatorias, lo que además de Primaria y ESO incluye la Formación Profesional Básica, el nuevo itinerario derivado de la Lomce. La mitad de la cuantía se abonará antes de que termine este año previa presentación de los justificantes de compra. Lógicamente, si se acredita un gasto inferior a cien euros, el dinero a recibir será el equivalente. La conselleria gestionará el dinero de las diputaciones Educación ha remitido un borrador de convenio a la Diputación de Alicante en el que se señala que será el departamento el que gestionará los fondos provinciales para sufragar el programa, idea que no acaba de gustar en la corporación. Según fuentes de la institución, lo lógico sería que fuera al revés, de manera que el Consell transfiera su parte para que la diputación la trasladara a los ayuntamientos, que serán quienes paguen a las familias. También lamentaron que el documento no fije las cuantías a aportar por cada administración. Al final del curso los libros incluidos en el plan -los que se hayan subvencionado, no todos- se entregarán en los centros con la idea de que puedan ser utilizados en los próximos ejercicios por otras familias. Para recibir los cien euros restantes deberán estar en "condiciones óptimas". En el mejor de los casos la ayuda total no podrá superar los 200. No debería ser problema porque los lotes, especialmente en Secundaria, suelen tener un precio superior. La carta informa a los ayuntamientos de que se está trabajando "en una aplicación informática que facilitará muchísimo la gestión del procedimiento y su justificación". También se les recuerda que será necesario disponer de una partida económica para poder afrontar el abono de la primera parte antes de que termine este año. En caso contrario se tendrán que habilitar "las modificaciones presupuestarias necesarias para este compromiso de pago". No es un asunto baladí porque a estas alturas del ejercicio muchas localidades tendrán dificultades para poder afrontarlo. En el caso de la Diputación de Valencia, ya se ha anunciado que asumirán la inversión correspondiente a los municipios de la provincia. Hay que recordar que la financiación de la medida -unos 100 millones- se la repartirán a partes iguales los ayuntamientos, las diputaciones y la Generalitat. Además, se informa a los consistorios de que hasta que se publique la normativa deberán trasladar a "familias, Ampas o instituciones que hayan efectuado la adquisición de libros" la necesidad de guardar los justificantes originales. En este sentido, los diferentes municipios consultados ayer por LAS PROVINCIAS explicaron que están a la espera de recibir información adicional por parte de Educación más allá de la que figura en la misiva.

01/10/2015 20:39

Comunitat

El coste de obras en colegios cae hasta un tercio por la competencia entre empresas

La reducción de la obra pública en la Comunitat, lastrada por el escaso protagonismo de las licitaciones del Gobierno en tierras valencianas, ha provocado situaciones llamativas, como que las actuaciones en materia educativa concentren el interés de las empresas dedicadas al sector de la construcción. Un vistazo a los últimos concursos impulsados por la Conselleria de Educación inciden en esta idea. Hay proyectos para la ejecución de nuevos centros que han sumado más de medio centenar de ofertas de diferentes entidades empresariales, sin olvidar aquellos casos en los que el coste previsto por la administración en el momento de iniciar la licitación de las obras se reduce hasta en un tercio cuando se ultima la adjudicación. La competencia provoca un ajuste brutal, que además levanta polémica. Es raro el procedimiento en el que los técnicos, una vez conocidas las ofertas, no soliciten información adicional a las empresas para justificar cómo lo van a hacer ante semejante minoración del precio. Es lo que se conoce como el riesgo de una baja temeraria. Uno de los ejemplos más llamativos, por su volumen, es el del colegio público de Infantil y Primaria Pedro Alcázar de Nules, que incluirá 18 aulas, comedor y gimnasio. Licitado por 3,66 millones, la adjudicación, a la espera de que la refrende la conselleria, se va a realizar por 2,55, lo que implica una diferencia del 30,16%. En este caso se presentaron 44 empresas distintas. El Ceip Princesa de España de Rojales va camino de encontrarse en la misma situación, si bien en este caso todavía no hay propuesta de adjudicación, aunque sí se conocen las ofertas económicas de las empresas que han llegado a la última fase. El coste inicial previsto por Educación fue de 4,03 millones, y si se queda la obra la empresa que plantea la cuantía más baja (2,61) la reducción será del 35%. En total se presentaron 39 constructoras. Lo mismo pasa en otras obras de carácter menor, como reformas parciales. Hay varios casos. La rehabilitación de las cubiertas y la adecuación del comedor del colegio público Valldigna de Simat se licitó por 192.589 euros y la adjudicación se ha formalizado por 132.925 (-30,9%). Concurrieron 44 empresas. Algo parecido sucedió con el Ceip Juan Esteve Muñoz de Albal y la renovación de la instalación eléctrica de baja tensión, que recibió 17 ofertas de empresas. La propuesta de adjudicación prevé un importe de 84.128 euros, un 26% menos que el precio fijado en la licitación. El caso más polémico es el del San Juan de Ribera de Burjassot. Las obras se adjudicaron por un importe de 372.494 euros frente a los 557.625 que marcaba el anuncio de licitación (-33,2%). En su momento, la asociación de madres y padres ya mostró sus dudas en relación a que pudiera acometerse la rehabilitación ante semejante bajada. A mediados de mes, y tras varias quejas notificadas al Ayuntamiento, se informó de que los trabajos se habían paralizado después de que la adjudicataria detectara deficiencias en el inmueble no previstas en el proyecto inicial, problemas que supondrán un incremento del 10% en el coste total. Aunque el imprevisto no parece achacable a la empresa, la situación ha enfadado al Ampa, que lleva años luchando por conseguir, más que una rehabilitación, la construcción de un colegio nuevo. Manolo Miñés, director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, se muestra muy crítico con semejantes reducciones de precio, una realidad que tilda de "completamente anormal". A su juicio, algunas ofertas que se presentan -y aceptan- nunca podrán llegar a buen puerto y derivarán en problemas como la imposibilidad de acometer los proyectos. Además, no sólo culpa de la situación a algunas licitadoras -"se están cargando la ética del sector"-, pues también considera que la administración debería ser más severa para evitar esta realidad y sus futuras consecuencias.

01/10/2015 11:02

Comunitat

Freno a las obras en un IES por errores en el precio fijado

El Diari Oficial de la Comunitat publicó una resolución mediante la cual se anula la licitación de las obras en el IES Antonio José Cavanilles de Alicante, consistentes en la ejecución de un muro de contención y otras actuaciones menores. El motivo que justifica este desistimiento es que una vez iniciada la licitación, desde la unidad técnica de la dirección territorial se detectó un error de cálculo en tres partidas económicas del proyecto que hacían imposible la ejecución de las actuaciones con la cantidad asignada. El precio de inicio era de 80.932 euros, excluyendo el IVA. Tras informar a la empresas interesadas, se da la opción de presentar un recurso de reposición e incluso un contencioso administrativo en el caso de que alguna licitadora se sienta perjudicada. Hay que recordar que el conseller Marzà se ha referido en diferentes intervenciones públicas a los problemas en relación a infraestructuras educativas dejados por los anteriores gestores populares, como puede ser el caso. También ha criticado el anuncio de obras para las que no existían proyectos.

29/09/2015 21:18

Comunitat

Casi la mitad de los alumnos abandona también los nuevos estudios de FP

La nueva Formación Profesional Básica, el itinerario creado por la Lomce para 'rescatar' a los alumnos de la ESO con claro riesgo de abandonar, ha dejado un resultado agridulce en su primer año de implantación (2014-2015). Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, de todos los estudiantes que cursaron 1º el 42% acabaron dejándose estos estudios una vez terminado el ejercicio, un porcentaje que a priori puede parecer negativo aunque no se puede olvidar que se refiere a un colectivo que bien por cuestiones de desmotivación o por condicionantes socioeconómicos presentaba grave riesgo de no alcanzar los conocimientos mínimos para conseguir el título básico e indispensable para acceder al mundo laboral: el graduado escolar. Desde el departamento que dirige Vicent Marzà quisieron destacar que aunque los datos puedan parecer malos, la nueva modalidad ha conseguido mejorar los resultados de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (Pcpi's), a los que sustituye la FP Básica, si bien no disponían de las cifras concretas. Además, de todo el alumnado de 1º, el 11,6% ha tenido que repetir curso. Pese a que se puede pensar que no promocionar es sinónimo de fracaso, es importante señalar que el hecho de que continúen formándose ya tiene valor en sí mismo. La FP Básica se compone de dos cursos, que una vez superados permiten acceder a un ciclo formativo de grado medio. Además, el título que se obtiene -Técnico Profesional Básico- es equiparable al graduado escolar a efectos laborales, que no académicos. Por ejemplo, se puede utilizar para presentarse a determinadas oposiciones, pero no sirve para entrar en Bachillerato. Los estudiantes acceden una vez rebasado el primer ciclo de ESO (hasta 3º) y siempre que tengan cumplidos al menos 15 años y no superen los 17. En la mayoría de los casos son propuestos por el claustro al considerarse la mejor alternativa para que prosigan su formación académica. La modalidad combina contenidos teóricos propios de Secundaria, aunque adaptados, con los de carácter práctico, en función de la rama profesional a la que se adscriba, desde la de técnicos administrativos hasta la de mecánica, que son los habituales. Para Guillermo Martí, miembro del Consejo Valenciano de FP y secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT PV, el dato de abandono en el primero curso de FP Básica "no es alentador", aunque se muestra convencido de que puede mejorar en los siguientes ejercicios si no se deroga junto a la Lomce. Para ello es necesario, a su juicio, que se dote del equipamiento necesario a los centros "frente a la improvisación del curso anterior", que se creen mecanismos que hagan atractivos y motivadores estos grupos para el profesorado, evitando que "los acaben llevando los últimos docentes en llegar" y que se impulse un mapa de necesidades, en el sentido de que los ciclos que se implanten tengan acogida real entre el tejido productivo de la zona. También considera necesario un cambio curricular en relación al hecho de que este itinerario introduce carga teórica pese a que son alumnos que ya en la ESO han tenido dificultades para superar estos contenidos. "¿Es necesario que vuelvan a dar matemáticas, por ejemplo, en lugar de introducirles conceptos de cálculo de manera transversal a través de la parte práctica del currículum?", se pregunta. Datos de la fp básica Previsión de alumnado Los datos que maneja la conselleria hablan de un total de 11.175 alumnos para 14.055 plazas ofertadas entre centros públicos y concertados. De estos, 2.947 están matriculados en 2º curso. Títulos La oferta FP Básica depende de cada autonomía, aunque el ministerio pone a su disposición 21 ramas profesionales diferentes. No todas se ofrecen en la Comunitat Valenciana. Por otro lado, desde la FP Básica se puede alcanzar el graduado escolar para continuar hacia Bachillerato, pero para ello es necesario que el alumno supere la evaluación final de 4º de ESO, algo difícil en la práctica teniendo en cuenta el perfil del estudiante. Con los Pcpi's era distinto, pues bastaba con cursar y aprobar un módulo voluntario. Además, la Lomce prevé que esta reválida no se implante hasta el curso 2016-2017, mientras que este mismo ejercicio llegarán los primeros titulados -los que aprueben 2º-. Tal y como explicaron fuentes del Ministerio de Educación, está prevista una alternativa para que de forma excepcional puedan presentarse a las pruebas libres que se programan para que cualquier adulto obtenga el graduado.

26/09/2015 23:03

Comunitat

El examen para conseguirla nacionalidad española llegará el próximo mes

El nuevo examen que tendrán que superar las personas extranjeras que quieran adquirir la nacionalidad española por residencia -por regla general tras vivir diez años en el país de manera legal- empezará a ser requisito indispensable el próximo mes y se podrá realizar en una decena de centros valencianos, entre ellos la Universidad de Alicante, según informó ayer la institución académica. El ejercicio debe servir para demostrar el suficiente grado de integración en la sociedad española y no será la única exigencia en este sentido, pues también se va a pedir un conocimiento mínimo del idioma que podrá acreditarse en el caso de disponer de un nivel A2 o equivalente o tras la superación de otro examen. Las mismas condiciones se solicitarán a los sefardíes. El diseño de ambos ejercicios correrá a cargo del Instituto Cervantes. Fuentes de la entidad explicaron que durante los próximos meses se espera que se amplíen los centros examinadores a través de convenios entre las partes. Las nuevas exigencias se derivan de dos leyes aprobadas en junio y julio, que entrarán en vigor el día 1 para los sefardíes y el 15 para el resto de extranjeros. La prueba no lingüística versará sobre conocimientos constitucionales y socioculturales y constará de 25 preguntas de respuesta cerrada, ya sean de tipo test (con tres opciones) o de verdadero o falso. Los aspirantes dispondrán de 45 minutos para contestar y estará redactada «en la variedad del español peninsular contemporáneo», tal y como se explica en la página web del instituto. La calificación de la prueba será sencilla: un punto por pregunta acertada mientras que los errores no descontarán. Los resultados se comunicarán en unos 20 días y se consultarán a través de internet. También existirá un procedimiento de reclamación en caso de disconformidad. No hay que olvidar que además de la certificación de las notas será necesario reunir el resto de requisitos ordinarios para obtener la nacionalidad española. Los interesados deberán pagar 85 euros, lo que dará derecho a presentarsea dos convocatorias La prueba constará de25 preguntas tipo testy se dispondrá de 45 minutos para contestarlas Aunque no será necesario realizar ningún curso específico -el instituto difundirá un manual de contenidos- sí que existe la posibilidad de matricularse en centros preparatorios. En cuanto al precio, los interesados deberán abonar 85 euros en concepto de tasas, lo que dará derecho a presentarse dos veces. Sobre los plazos, el calendario establecido por el instituto prevé que la primera prueba llegue el 29 de octubre. Respecto a los contenidos, el bloque relacionado con la Constitución y la organización administrativa y territorial de España copará el 60% de las preguntas y el que versa sobre cultura, historia y sociedad el 40% restante. Las cuestiones pueden referirse al clima, particularidades geográficas, símbolos del Estado, lugares de interés histórico, sistemas de medidas, organización educativa, medios de comunicación y transporte, religión, lenguas oficiales o cooficiales o hitos históricos. También puede preguntarse por producciones culturales (música, arte o cine), festividades tradicionales y actos conmemorativos y gastronomía, por citar algunos ejemplos. En clave valenciana, la prueba recuerda al polémico compromiso de integración promovido por el malogrado Rafael Blasco en su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad. La principal diferencia es que en este caso era una opción voluntaria y para conseguirlo había que superar un curso de 40 horas.

14/09/2015 16:00

Comunitat

Nueve de cada diez alumnos de la concertada eligen estudiar en castellano

La inmensa mayoría del alumnado de los colegios concertados cursa sus estudios en alguna de las diferentes modalidades de enseñanza en castellano, llegando a suponer más del 90% en las tres etapas básicas. Así se desprende de los datos facilitados por la Conselleria de Educación con motivo del inicio del curso, referidos a las matrículas existentes hasta el día 4. Por el contrario, es la red pública la que destaca en la enseñanza en valenciano, donde existe cierto equilibrio. A nivel global, sin diferencias de titularidad, el 38% del estudiantado está inscrito en líneas vehiculadas en la lengua propia y el 62% restante en las de español. Esta realidad es interesante si se tienen en cuenta los planes de futuro del departamento en relación a la cuestión lingüística. Como apuntó el pasado lunes el conseller Vicent Marzà, en los próximos meses se pretende impulsar un estudio para determinar cuál es el modelo óptimo en base a criterios académicos y pedagógicos, para a partir de los resultados establecer el sistema lingüístico que funcionará en las aulas valencianas en los próximos años. Aunque no entró en detalles, sí dio a entender que el programa ideal debe servir para que los alumnos dominen las lenguas cooficiales y una extranjera a partir del valenciano. En los públicos gana el valenciano En cuanto a los datos, Infantil (3-6 años) es la etapa con menos alumnos estudiando en castellano en centros concertados, y sin embargo el porcentaje se eleva hasta el 90,9%. En los públicos las cifras se igualan: el 55% de los niños aprenden en valenciano, el 44,2% en castellano y el 0,8% restante en inglés. Este último parámetro se puede explicar por la existencia de un proyecto experimental que permite a seis centros públicos ofertar una línea donde el 80% del tiempo lectivo se vehicula en el idioma extranjero. En Primaria pasa algo parecido. En la red sostenida mediante el concierto el 91% está matriculado en un programa de incorporación progresiva, en uno plurilingüe o en la línea especial ideada para las zonas claramente castellanoparlantes. En todos ellos hay un claro predomino del español. En cambio, el equilibrio manda en los públicos: el 47,9% aprenden en castellano, el 51,7% en valenciano y el 0,4% en inglés. Lo mismo sucede en la Secundaria Obligatoria (ESO), donde el 92,1% cursa sus estudios en la lengua española mientras que el porcentaje en la red de titularidad de la Generalitat cae hasta el 51,3%. Las causas Las causas que pueden haber influido en esta realidad lingüística son variadas. Desde luego pesa la oferta educativa que hace cada centro. En cuanto a los públicos, en la rueda de prensa de inicio de curso fueron varias las intervenciones que se refirieron a la falta de plazas en líneas en valenciano pese a existir demanda, como fue el caso de Escola Valenciana o de un representante de la asociación de directores de Secundaria, si bien este último se refería a la falta de continuidad de los programas lingüísticos entre la ESO y el Bachillerato. Respecto a los privados concertados, el presidente de la Federación Católica de Ampas de Valencia, Vicente Morro, consideró que los colegios de esta red dan más peso al castellano «por una cuestión de demanda de las familias, que eligen para sus hijos en función de preferencias religiosas, morales, pedagógicas o lingüísticas. Los titulares del derecho a elegir son las familias», recordó. Con esta idea coinciden desde el sindicato Fsie, mayoritario en los centros concertados y privados. «Se tata de una cuestión de demanda social, sin olvidar que los centros concertados tienen una mayor presencia en los grandes núcleos urbanos, que son zonas donde tradicionalmente ha habido un predominio lingüístico del castellano, de ahí que los padres opten por esta lengua», señaló Víctor Cardona, secretario de Acción Sindical. En este sentido, hay que tener en cuenta que son muchos los centros concertados de las grandes ciudades que sólo cuentan con líneas en español. Profesores capacitados para dar en valenciano Desde el punto de vista laboral, Cardona explicó que «todo el profesorado dispone de las acreditaciones necesarias para impartir clases en valenciano, ya sea la capacitación o el título de mestre en Valencià, igual que sucede con los compañeros de la función pública docente», añadió. De hecho, aventuró la posibilidad de que si se produce «un cambio en la demanda social de las familias los centros podrían adaptarse perfectamente y solicitar una línea en valenciano para cubrir las necesidades de escolarización, aunque siempre que existiera esta preferencia de las familias». También consideró que podría ser una opción para salvaguardar los puestos de trabajo de los docentes de la concertada. A modo de conclusión, señaló que la cuestión lingüística «no debe servir de cortina de humo de los problemas reales de los centros», ya sean las excesivas ratios máximas de alumnos por aula o, en el caso de la red privada sostenida con fondos públicos, la necesidad de garantizar una alternativa a los profesores que pierden su empleo por el cierre de unidades, como por ejemplo mecanismos de recolocación en otros centros que necesiten profesorado. En opinión de José Manuel Boquet, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), una causa puede estar en la cuestión geográfica, «pues las líneas en valenciano están más implantadas en ámbitos no urbanos, zonas donde la red concertada no tiene tanta presencia». Además, consideró que en muchas ocasiones la elección de un programa lingüístico en la lengua propia responde a que no hay posibilidad de hacerlo en castellano, especialmente en grandes ciudades. Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos en Valencia, Fernando Giner, defendió la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua que quieren para sus hijos en el caso de las escuelas infantiles municipales y se preguntó si el tripartito prevé aplicar un plan de inmersión.

02/09/2015 18:08

Comunitat

Educación mantiene las tasas y reduce los requisitos para acceder a las nuevas becas universitarias

La Conselleria de Educación va a impulsar una convocatoria de becas extraordinaria para el alumnado universitario que se sustenta en dos vías: por un lado becará al alumnado de nuevo ingreso que cumpla los criterios de renta de la Generalitat pero exigirá un 5 de nota media de acceso en lugar del 5,5 establecido desde 2005 por el Ministerio de Educación. Tal y como ha explicado el conseller Vicent Marzà, la idea es evitar que haya alumnos que no se vayan a matricular por cuestiones económicas al no disponer de una nota media que llegue a 5,5. Por esta razón se va a impulsar un proceso extraordinario de matrícula en el que estará disponibles las plazas vacantes que no se cubrieron durante el procedimiento ordinario que terminó en julio. La otra vía consiste en cubrir el coste de los estudios a aquellos estudiantes que sólo tienen pendientes un máximo de 18 créditos para terminar la carrera (entre dos y tres asignaturas). También se exigirá un requisito de renta y el objetivo es el mismo: evitar que se queden si un título universitario por no poder pagar las tasas. Deben de ser terceras o sucesivas matrículas. Marzà también ha explicado que para este curso se mantienen las tasas para todo el alumnado en los niveles del anterior.

30/08/2015 22:46

Comunitat

La repetición de curso se reduce pese a afectar aún al 40% de los alumnos

El 41% del alumnado valenciano ha tenido que repetir algún curso durante la escolarización obligatoria. Que el porcentaje mejore en relación a ejercicios anteriores no quita que sea un dato alarmante por el componente psicológico que supone para el afectado y por ser una de las causas que influyen en el abandono de las aulas, con las consecuencias de futuro que acarrea esta decisión. Incluso desde una visión economicista, absorbe una cantidad de recursos enorme. El problema no es exclusivo de la Comunitat Valenciana, que se sitúa en la parte media de la clasificación autonómica, sino que más bien es una característica endémica del sistema español, que destaca en este sentido respecto a los países de la UE y de su entorno económico. La estadística se extrae de la publicación 'Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2015', editada por el ministerio con los últimos datos disponibles, del ejercicio 2012-2013. Exactamente se refiere a la tasa de idoneidad a los 15 años, que mide el porcentaje de alumnos que a esa edad estaban en el curso que les correspondía, esto es, 4º de ESO. En el caso de la Comunitat fue del 59%. El porcentaje restante (41%) representa a aquellos que se han enfrentado a al menos una repetición durante su paso por Primaria y la Secundaria Obligatoria. El ministerio también ha publicado los datos de ejercicios precedentes, que permiten medir la evolución del indicador. Así, en el 2007-2008 el porcentaje de alumnos 'idóneos' fue del 55,3% (44,7% de repetidores), y evolucionó en los siguientes al 57% (43%), 58% (42%) y 59% (41%) registrado tanto en el 2011-2012 como en el 2012-2013. Falta el referido al curso 2010-2011, del que no hay cifras. La progresión indica que se da una ligera mejoría (apenas 3,7 puntos) y que el problema se mantiene en el tiempo, no es fruto de una generación de alumnos. En base a los últimos datos disponibles las regiones mejor situadas, y por tanto con menos repetidores, son Cataluña (26%) y País Vasco (27%). En la parte final de la clasificación figuran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Murcia y Baleares, situándose la Comunitat (41%) en el undécimo puesto. La media nacional es algo inferior (38%) a la valenciana. La publicación también incluye la tasa de idoneidad a otras edades. Es muy superior a los ocho años (3º de Primaria), donde alcanza el 91%, a los diez (5º), pues se sitúa en el 87%, y a los doce (1º de ESO), al llegar al 82%. Es decir, a las citadas edades sólo han repetido, respectivamente, el 9%, el 13% y el 18%. El salto estadístico se produce a los 14 años (3º de la ESO), cuando el porcentaje de alumnos en el curso que les corresponde es del 69% (han repetido el 31%) y se afianza a los 15 (59%-41%). No es casual que muchas de las medidas que aplican los centros para mejorar el rendimiento tengan que ver con facilitar la transición entre Primaria y Secundaria para mitigar el impacto de las novedades docentes (tienen más profesores), de los contenidos más específicos o de los cambios de centro, como sucede en la red pública. Si la estadística se observa desde una perspectiva de género, se concluye que las mujeres progresan de manera más adecuada. El informe sólo se refiere a esta idea cuando aborda los datos nacionales, e indica que la repetición había afectado al 32,7% de las españolas de 15 años frente al 41,1% de los hombres. La publicación incluye otra tasa de repetición, entendida como los alumnos que no promocionan en determinado curso sobre el total de matriculados. En Primaria oscila entre el 4,2% y el 5,4% mientras que en la ESO se dispara: 14,4% en 1º, 12% en 2º, 13,5% en 3º y 11% en 4º. En este caso los datos no son acumulativos, como sucede con los derivados de la tasa de idoneidad, de ahí la diferencia entre unos y otros. En este segundo análisis también hay diferencias entre chicos y chicas -en el mismo sentido-, y se introduce una variable adicional. Por titularidad (con datos estatales), la repetición es mayor en los centros públicos que en los privados (lo que también incluye a los concertados). Por poner un ejemplo, en 4º de la ESO llega al 12,4% en los primeros frente al 5,9% de los segundos.

29/08/2015 22:34

Comunitat

El Gobierno da más dinero a los concertados mientras Marzà prevé limitarlos

El Gobierno incrementará el dinero que destina a los colegios concertados en los presupuestos de 2016, tal y como se desprende del proyecto de ley que se aprobará en las próximas semanas. Se trata de una novedad importante. No por la cantidad, pues es una subida mínima, del 1% en las enseñanzas obligatorias, sino porque implica romper la tendencia iniciada en 2011 de congelar la asignación, que básicamente cubre los salarios docentes y costes asociados (como la Seguridad Social) y los gastos de funcionamiento (alquiler, agua, luz y personal de administración y servicios, por ejemplo). De esta manera, en las transferencias del Estado a la Comunitat habrá algo más de dinero para los concertados valencianos de cara a 2016, lo que choca con la política restrictiva que quiere aplicar el Consell que salió de las urnas el pasado mayo. Hace unas semanas, el responsable de Educación, Vicent Marzà, dio a entender que para el ejercicio 2016-2017 se revisarían los criterios utilizados por los anteriores gestores a la hora de autorizar nuevas aulas concertadas. Además, esta subida estatal no será efectiva si no se ratifica en los presupuestos autonómicos para el año que viene. En cifras, el incremento en la asignación es de unos 400 euros de media por clase en los niveles obligatorios. Por ejemplo, en Infantil y Primaria se fija el módulo económico por unidad en 37.448,07 euros frente a los 37.077,3 de 2015, aunque las cuantías son más altas en Educación Especial y ESO, donde en el mejor de los casos se pasa de 60.718,28 a 61.325,47. Estas cantidades tienen carácter mínimo, es decir, ninguna comunidad puede dar a los concertados menos de lo que fija el Gobierno, aunque sí pueden incrementarlas con recursos propios. Regiones como Andalucía transfieren justo la misma cuantía, mientras que otras, como la valenciana, la mejoran, por ejemplo, para cubrir compromisos laborales alcanzados con los docentes o para facilitar su sostenimiento en cuanto a los costes corrientes. Hay que recordar que una reivindicación constante de las patronales de centros es que la partida no cubre la totalidad de los gastos de funcionamiento que se generan, en algunos casos ni siquiera el 60%, pese al incremento autonómico. Siguiendo con el ejemplo anterior, en la Comunitat en 2015 se transfirieron a los centros de Infantil entre 47.768,5 y 53.849,06 euros en función del número de aulas, lo que supone una mejora considerable (un 27% más en el peor de los casos). El Consell tiene tres opciones de cara a la elaboración de sus presupuestos: incluir el incremento del 1% en la asignación autonómica sin coste adicional para las arcas valencianas al tratarse de dinero del Estado; mantener las cuantías en los niveles de los años anteriores, por lo que se amortizaría la subida; o bajar las transferencias propias para aproximar el total al mínimo nacional. De ahí que los centros esperen con cierta ansiedad la elaboración de las cuentas por parte del ejecutivo regional. País Vasco, Navarra, Baleares o Madrid son algunas de las comunidades que también aumentan las partidas para concertados. En clave valenciana lo cierto es que las cuantías mejoradas también se han mantenido sin cambios en los últimos años, por lo que aplicar el aumento del Gobierno sería recibido como una buena noticia. Y más teniendo en cuenta que el coste de servicios básicos como la electricidad o el agua no se ha mantenido congelado, más bien al contrario. El tratamiento que dará el Consell a la red de centros concertados de la Comunitat ha generado incertidumbre entre titulares y familias que optan por este modelo, ya sea por referencias en los programas electorales encaminadas a limitar su presencia o por declaraciones públicas de sus responsables. Nuevos criterios El pasado día 10 Vicent Marzà señaló que hasta ahora ha habido «una especie de barra libre que pagábamos todos de nuestros impuestos para la concertación de unidades». Lo dijo cuando dio luz verde a la planificación que habían dejado sobre la mesa los gestores populares en relación al aumento de aulas conveniadas para el 2015-2016, con el argumento de que no había dado tiempo a cambiarla sin perjudicar a los alumnos que se habían matriculado en estas clases. Eso sí, deslizó que de cara al siguiente curso se revisarían los criterios utilizados para este menester por los anteriores responsables, que consideró «favorables». Otra preocupación se refiere a los centros de educación diferenciada, los que sólo matriculan chicos o chicas. Es cierto que el conseller, en una entrevista concedida a la cadena Ser, señaló que retirarles el concierto no era prioritario, aunque no se puede olvidar que actualmente cuentan con el respaldo jurídico de la Lomce. Eso sí, su más que probable derogación en caso de que haya cambio en el Gobierno en las generales abriría la puerta a tomar este tipo de medidas. Sin olvidar que la misma ley orgánica también se refiere a la necesidad de que las administraciones públicas atiendan a la demanda social en su planificación educativa, lo que se interpreta como un claro guiño al modelo de conciertos. Por otro lado, la agencia Efe se hizo eco ayer de una estadística del Ministerio de Educación referida a 2012 que establecía que en la Comunitat Valenciana se destinaron 629 millones de euros a educación concertada, el 15,3% de su gasto público en materia de enseñanza. El dato fue algo superior a la media española (14,2%), aunque alejado de autonomías como el País Vasco (24,4%) o Navarra (20,8%).

29/08/2015 18:21

Valencia

Una de cada cinco carreras no cubre sus plazas por falta de demanda

El proceso de inscripción en las universidades públicas para el nuevo curso ha dejado cerca de medio centenar de grados en los que han sobrado plazas por falta de demanda. Así se desprende del informe oficial que todos los años publica la Conselleria de Educación, que también incluye información sobre cuáles son los títulos preferidos por los nuevos estudiantes a partir de la primera opción que marcan en su solicitud, con Medicina a la cabeza. Para hacerse una idea, ha reunido 3.393 peticiones en los tres centros que la ofertan. Respecto a las carreras con vacantes, el número exacto se eleva a 44, incluyendo las titulaciones que se ofrecen a través de centros adscritos, que suelen quedarse sin completar. Para este ejercicio académico la preinscripción ha puesto a disposición de los alumnos 223 grados en las cinco universidades, por lo que el porcentaje de las que tienen puestos libres tras el proceso es del 19,7% (una de cada cinco). Aunque en seis de las carreras el número de plazas sin adjudicar es menor de diez, en el resto se dan casos llamativos por la elevada diferencia entre la previsión de nuevo alumnado y la demanda final. El caso más extremo, en cifras absolutas, es el de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante (UA), que ha llenado 503 de las 800 ofertadas. Las 297 vacantes suponen el 31,1% del total. Le siguen el mismo título que imparte Florida Universitaria a través de la Universitat de València (UV), con 117 plazas vacías de 150, Arquitectura Técnica de la UA (95) y el grado de Maestro de Primaria, también de la UV y del citado centro adscrito (87). Por universidades, en la Jaume I destaca Finanzas y Contabilidad (60 libres), en la Miguel Hernández de Elche Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, impartida mediante un centro privado adscrito (45), y en la Politècnica (UPV) Ingeniería en Obras Públicas (48). Además, el informe incluye otra clasificación sobre la misma cuestión aunque basada en el porcentaje de plazas libres respecto al total, por lo que difiere de la anterior. La lidera la carrera de Estudios Árabes e Islámicos con 34 vacantes de 50 (68%), seguida de Ingeniería Civil (66,4%) y de Relaciones Laborales (65%), las tres de la UA. De esta misma información se desprende que de todas las carreras hay siete en las que ni siquiera se ha cubierto el 50% de las plazas. Y cuatro de ellas están relacionadas con el sector de la construcción y las infraestructuras. Eso sí, en las cifras no se han tenido en cuenta los grados de los centros adscritos. Otra cosa son las preferencias de los nuevos universitarios, expresadas en su preinscripción al elegirlas como la primera opción, es decir, la carrera en la que se quiere entrar por encima de todas. Las más demandadas son las relacionadas con el Magisterio y las Ciencias de la Salud, con centenares de peticiones de acceso que no se han podido atender. También se incluyen en este grupo Psicología, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Bellas Artes, Ingeniería Informática y también Aeroespacial. En cambio, entre las menos pedidas figuran títulos como Relaciones Laborales en la UA (seis solicitudes de primera opción), Estudios Interculturales en la Jaume I de Castellón (diez peticiones), Tecnología de los Alimentos en la Miguel Hernández de Elche (21), el doble grado de ADE y Turismo del campus de Alcoy de la Politècnica (8) o Ingeniería Telemática en la UV (14). Hay que tener en cuenta que muchas de estas titulaciones acaban cubriendo toda la oferta disponible en la preinscripción porque se llenan con jóvenes que tras quedarse fuera de la carrera señalada en su primera opción sí consiguen un puesto en aquellas que eligieron en las segundas y sucesivas casillas de la solicitud.

24/08/2015 20:13

Valencia

Educación sigue sin fijar el coste de las carreras universitarias a un mes del inicio del curso

La conselleria que dirige Vicent Marzà todavía no ha tomado ninguna decisión en relación al coste de los estudios universitarios en los centros académicos públicos, una información que normalmente se oficializa en julio y que en esta ocasión no ha sido perfilada a pesar de que el curso empezará en menos de un mes. Desde el departamento de Educación han explicado que la cuestión se abordará el próximo mes en el Consejo Valenciano de Universidades, donde están representados centros, alumnos y profesores. UGT PV, en contra de otro acuerdo de interinos La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT PV se ha mostrado contrario a negociar un nuevo acuerdo de interinos, el que regula la posición que ocupan los docentes sin plaza en las bolsas de trabajo. El sindicato contestó así a la petición planteada por el grupo popular en Les Corts, que aboga por una normativa que se base también en la nota obtenida en la oposición, más allá de la experiencia docente. Para la organización, "teniendo ya un acuerdo válido, negociando y firmado por todas organizaciones sindicales que representan al profesorado (el de 2010) no es necesario iniciar la negociación de uno nuevo teniendo en cuenta la experiencia traumática que para el profesorado ha supuesto la aplicación del de 2013". El de 2010, que no exige la oposición aprobada para poder trabajar, ha vuelto a tener vigencia tras la anulación del de hace dos años por parte del TSJ. Fuentes universitarias explicaron a LAS PROVINCIAS que se ha trabajado en la planificación del ejercicio con la previsión de que se mantengan congeladas. De hecho, en casos como la Universitat de València se ha informado al alumnado durante el periodo de matrícula de que los costes a asumir serán, de momento, los del año pasado. Eso sí, aunque el curso arranca el día 14 los recibos no empezarán a remitirse a las familias hasta octubre. Sin embargo, el retraso puede suponer quebraderos de cabeza a estudiantes que por ejemplo necesiten esta información para recurrir a un préstamo bancario para cubrir las matrículas, especialmente en los másteres, que son más caros, o para acceder a algún tipo de beca institucional en la que se deba concretar el coste a cubrir. El futuro de las tasas fue uno de los temas que trató el Consell con los rectores de las universidades públicas en el primer encuentro mantenido con Ximo Puig, en el que el asunto quedó en el aire. Entonces los responsables académicos ya sabían que el equipo de Català había dejado preparado un borrador de decreto en el que se establecía su congelación en los niveles de los últimos dos ejercicios. Sólo había que ratificarlo una vez completado el traspaso de poderes, lo que habría permitido cumplir con los plazos habituales evitando incertidumbres. Desde Educación añadieron que la decisión dependerá del pronunciamiento del citado consejo, aunque la potestad real es del Consell y no del órgano consultivo. La demora en la publicación del decreto da a entender que se está estudiando algún cambio a la baja, y más teniendo en cuenta que es una oportunidad para empezar a cumplir con los programas electorales de los partidos en el gobierno, que abogan por minorar la aportación de los estudiantes para sufragar sus carreras. De hecho, Marzà ya ha deslizado en declaraciones públicas la posibilidad de caminar en este sentido, una medida que también se ha solicitado desde las universidades públicas con algunos matices, pues su aplicación no es para nada sencilla. La importancia de las tasas Es más, ningún centro vería con buenos ojos una bajada para el curso 2015-2016 que no se compensara con un incremento de la financiación de la Generalitat de cara al próximo ejercicio. Hay que tener en cuenta que después de estas transferencias, de periodicidad mensual, el segundo ingreso de las universidades públicas son las tasas que abonan los alumnos. En otras palabras, bajar los precios sin aumentar la aportación de la administración se traduciría en menos recursos para los centros, que llevan años soportando reducciones presupuestarias. Y para conseguir más dinero público es necesario el visto bueno del departamento de Hacienda, que conoce muy bien los problemas de liquidez de la Comunitat y la necesidad de cumplir con el pacto para seguir pagando la deuda universitaria en los próximos ejercicios. De hecho, el compromiso alcanzado era que de cara a 2016 se abonaran por este concepto más de 30 millones adicionales a las aportaciones habituales. Por otro lado, optar por congelar las tasas, que es la opción menos compleja, supondría contravenir a las primeras de cambio el programa electoral de Compromís y del PSPV, que hablan de variar el modelo de financiación garantizando la equidad en el acceso independientemente de las posibilidades económicas de los estudiantes. Los socialistas van más allá y hablan de devolver los precios a los niveles de 2011. El cambio sería importante, teniendo en cuenta que en la actualidad las tasas se sitúan en los niveles más altos desde que existen grados universitarios. En números, implicaría que el primer curso de las carreras más baratas, como Derecho, costaría 303 euros menos. En Les Corts ya se han producido movimientos para que la conselleria se pronuncie, pues Podemos ha preguntado si se prevé articular un descenso anual en el periodo 2015-2019 con el objetivo de situar los precios en los niveles previos al decreto 14/2012, conocido con el nombre del exministro Wert. En este sentido hay que tener en cuenta que esta normativa estatal obliga a las comunidades a repercutir a los estudiantes vía tasas al menos el 15% del coste total de sus estudios, lo que significa que mientras se mantenga no es posible una bajada como la planteada. En la Comunitat, actualmente, el parámetro se sitúa alrededor del 20%.

18/07/2015 20:54

Comunitat

Padres amenazan con denunciar a Educación por los cambios de libros

Los servicios jurídicos de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres (Covapa) están estudiando la posibilidad de presentar una demanda de responsabilidad patrimonial contra la Conselleria de Educación, con el objetivo de que el departamento asuma los costes derivados de la compra de nuevos libros de texto para el curso ya terminado que no podrán utilizarse otra vez al contener errores. La entidad considera que la tardanza en la publicación del decreto autonómico de currículos, la normativa de contenidos y criterios de evaluación que utilizan las editoriales para componer los manuales destinados a la Comunitat, provocó que algunas empresas recurrieran al decreto básico estatal vigente desde marzo para su elaboración, disponiendo así de materiales de cara al inicio. Esto provocó que a mediados del curso tuvieran que incluir añadidos con contenidos que no figuraban en la versión inicial. Como explicó Ramón López, presidente de Covapa, el problema se ha acentuado con la publicación de las listas de libros de texto de cara al nuevo ejercicio, sobre todo en el caso de una editorial que ha planteado a muchas asociaciones de padres la compra del manual reeditado, incluyendo en algunos casos descuentos especiales. «Las familias atraviesan dificultades, y lo que no se puede aceptar es que acaben pagando los errores de unos y otros», señaló. «Es cierto que en muchos casos los alumnos perjudicados no necesitarán ese libro al pasar de curso, pero el problema impide su reutilización a través de bancos, o que se guarde para un hermano pequeño o lo pueda aprovechar un repetidor», explicó. La confederación está en fase de cuantificar el número de afectados, aunque han detectado que el problema se ha focalizado en una editorial concreta y en los manuales de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de 3º y 5º de Primaria, donde según los padres el desfase curricular entre el libro incompleto y el corregido llega al 60%. Hay que recordar que se trata de ejemplares que se renovaron en el 2014-2015 con la aplicación de la Lomce en la citada etapa. López explicó que otras empresas que tuvieron el mismo problema optaron por incluir adendas o cambios de ejemplares sin coste alguno. La confederación de padres también ha recurrido al Síndic de Greuges, que ha aceptado la denuncia presentada, y ha iniciado una campaña en la que piden a las Ampas que presionen a la editorial afectada, de manera que se intercambie un libro por otro sin asumir nuevos gastos. La idea, si no pueden aprovecharse en los centros, es que remitan los manuales que consigan a Covapa para poder incluirlos en su programa de reutilización. También han distribuido un modelo de escrito para reclamar a los centros que certifiquen que los libros elegidos para el nuevo ejercicio, con más cursos adaptados a la Lomce por primera vez, están elaborados en base a los nuevos contenidos. En teoría el problema debería ser menor, pues los currículos autonómicos necesarios se publicaron a principios de junio, y por tanto, ha existido más margen. El problema de los cambios de libros por el avance de la ley también ha sido abordado por la Fapa mayoritaria en la provincia de Valencia. Una de las primeras cuestiones que han trasladado al conseller Marzà es la necesidad de impulsar una moratoria en la renovación de manuales, que el curso que viene afectará a 2º, 4º y 6º de Primaria, a 1º y 3º de ESO y a 1º de Bachillerato.

15/07/2015 19:53

Comunitat

La política educativa queda en manos de activistas de Escola y el Stepv

A falta de encajar las últimas piezas, el organigrama de la Conselleria de Educación ya está casi completo. Vicent Marzà ha recurrido a Escola Valenciana para elegir a algunos de los colaboradores más estrechos de su gabinete, además de otorgar una de las responsabilidades de gestión más importantes a un histórico activista de la entidad. Es Jaume Fullana, el nuevo director general de Política Educativa. En cuanto al Stepv, las dos personas que se perfilan para dirigir las direcciones territoriales en Valencia y Alicante, donde se gestiona el día a día con los centros, tienen una vinculación más o menos acusada con el sindicato, que es mayoritario. La elección de Fullana es importante. Por un lado se puede interpretar como un giro respecto a las intenciones que mostró Marzà tras su toma de posesión -"no seré el conseller del Stepv ni de Escola", dijo-, y por el otro porque el reto de la legislatura es desarrollar una ley autonómica que siente las bases del modelo educativo para los próximos años, incluyendo cuestiones como el peso del valenciano y el castellano en las aulas, el papel de los concertados y privados o de la FP o las líneas maestras para combatir el abandono. Y el nuevo cargo tendrá mucho que ver en su gestación. Fullana es maestro y fue director de un centro público de Calpe. Quienes han tratado con él destacan sus buenas formas, su capacidad discursiva y también su férrea defensa de los postulados de Escola, una espada de doble filo en el sentido de que su activismo puede generar reticencias en sectores educativos y sociales críticos con la entidad, ya sea por cuestiones identitarias como su defensa de la unidad de la lengua, por las numerosas subvenciones que recibe de la Generalitat catalana para financiar actividades de promoción del valenciano o por su apuesta por un modelo donde este sea claramente predominante en las aulas. Fullana, hasta su nombramiento responsable de la comisión de Educación de Escola, es un experto en la materia. De hecho fue una de las personas que participó en las negociaciones con la administración del decreto plurilingüe, muy criticado por la organización por cuestiones como la desaparición de los programas de inmersión o la consulta sobre las preferencias de las familias. El conseller también ha pescado en Escola para elegir a tres personas de confianza, aunque sin capacidad de gestión como tal. Es el caso del jefe de gabinete, Vicent Martínez, que fue responsable de comunicación de la entidad durante 2011 y que ha coordinado la campaña de Marzà; de Amanda Gascó, la nueva jefa de prensa de la conselleria, que asumía estas funciones en Escola; y de Francesc Felipe, experto en temas audiovisuales que desempeñará labores de técnico del gabinete. La nueva estructura del departamento es interesante. Se ha creado una dirección general de Política Lingüística y Multilingüismo dentro de Educación, que no de Cultura, lo que deja entrever la importancia que se quiere dar a este aspecto, muy explotado por Compromís en su programa, donde apuesta por avanzar hacia un modelo de inmersión en valenciano en el que convivan dos lenguas extranjeras. El responsable es Rubén Trenzano, del servicio de Formación y Política Lingüística de la Universitat. Por su parte, el área de Personal y Centros Docentes recae en Joaquín Carrión, hasta el martes responsable del IES Juan de Garay de Valencia y reconocido miembro de la Asociación de Directores de Secundaria (Adies-pv). Aún no ha trascendido el titular de la dirección de Universidades, mientras que el subsecretario será Josep Vidal Borrás. En la dirección territorial de Valencia, la más importante, se espera la llegada del profesor de orientación Santiago Estañán, sindicalista del Stepv, donde incluso ha ocupado cargos de importancia. No es un puesto menor, pues en estos centros de gestión se vive de primera mano el día a día de las escuelas. Además de asuntos como becas de comedor, el transporte o la creación de nuevas unidades también se tratan cuestiones relacionadas con las políticas educativas, como cambios de proyectos lingüísticos en centros -deben valorarlos los inspectores de los servicios territoriales-, ampliaciones extraordinarias de ratios en públicos y concertados, informes de escolarización o nombramientos de directores, por poner algunos ejemplos. En el caso de Alicante todas las quinielas apuntan a Tudi Torró, inspectora que también ha estado vinculada al sindicato. Se puede dar una curiosa situación en relación a este cuerpo docente. Mientras que los servicios territoriales dependerán de perfiles claramente nacionalistas, todo apunta a que la Inspección General, el departamento marco para todos estos profesionales, adscrito por ahora a la secretaría autonómica, puede recaer en el inspector José Blasco, que algunas fuentes vinculan al partido socialista. De confirmarse sería otro ejemplo del 'matrimonio de conveniencia' entre partidos que se vive en la sede de Campanar.

26/06/2015 20:27

Comunitat

La carrera de Gastronomía y los dobles grados copan las novedades del curso universitario

Los alumnos que tengan la Selectividad aprobada y deseen continuar formándose en la Comunitat tendrán a su disposición hasta 120 títulos de grado diferentes, que se elevan a 273 si se suman las repeticiones de la oferta que se produce entre centros académicos. Para acceder, de cara al próximo curso las ocho universidades presenciales valencianas sacarán un total de 24.947 plazas de nuevo ingreso, más que suficientes para cubrir toda la demanda que se pueda producir. Las que tienen más salida (tasa de afiliación cuatro años después de finalizar los estudios) Licenciado en Medicina92,9 % Diplomado en Óptica y Optometría84 % Ing. Ciencias Actuariales y Financieras84 % Ing. en Automática y Electrónica Ind.82,6 % Ingeniería en Electrónica82,5 % Licenciado en Farmacia81,4 % Diplomado en Podología79,1 % Ing. Técn. en Informática de Gestión79,1 % Ing. de Organización Industrial78,5 % Ing. Técn. de Telecomunicaciones, esp. Telemática77,7 % Ing. Técnico en Informática77,4 % Lic. en Investigación y Técnicas de Mercado77,1 % Para hacerse una idea, en la convocatoria de junio de las PAU aprobaron 15.949 jóvenes, a los que habrá que sumar los tres mil que lo conseguirán en la extraordinaria, tomando como referencia la estadística oficial de los últimos años. Además, también hay que tener en cuenta que muchos puestos los ocuparán alumnos de otras comunidades que no disponen de determinada carrera o donde las plazas son insuficientes, por no hablar de los extranjeros, pues hay títulos que buscan captar este tipo de estudiantes. Si se observa la oferta pública y privada prevista se pueden extraer algunas conclusiones. La primera es que existen coincidencias en cuanto a las carreras de nueva creación, pues la Comunitat dispondrá de dos títulos relacionados con la gastronomía, tanto en la Universitat de València como en la sede de Castellón de la CEU Cardenal Herrera. Además, muchas de las incorporaciones son dobles grados, una opción que año tras año gana peso entre las preferencias del alumnado. Se trata de una combinación de planes de estudio de dos carreras que permite al interesado graduarse con dos títulos distintos. A cambio debe asumir una carga de créditos mayor, por lo que duran, por lo menos, cinco años. Además, no tienen por qué ser completamente afines. Sólo hay que fijarse en la novedad que implanta la Politècnica: ADE+ Ingeniería Informática. Otra conclusión es que son varias las nuevas incorporaciones a la oferta, en contraste con la contención de los últimos años. A modo de ejemplo, la última vez que la Universitat de València creó un nuevo grado se debió a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. En el caso de Alicante implanta otras dos, que además son únicas en España, tal y como confirman desde el centro: Ingeniería Robótica y Tecnologías de la Información para la Salud. El curso pasado sólo añadieron un doble grado a partir de dos títulos existentes (Derecho y Criminología). En cambio, la Jaume I y la Miguel Hernández mantienen congelada su oferta. Incluso en la primera se produce una ligera reestructuración a la baja en cuanto a plazas de nuevo ingreso. El crecimiento del número de titulaciones no está reñido con el acuerdo alcanzado entre el Consell y las cinco públicas en junio de 2013, que establecía una serie de condiciones iniciales para que se autorizara un aumento de la oferta, como que no existiera en la misma provincia o que tuviera una demanda mínima. Todos los títulos nuevos cumplen las condiciones. Respecto a las de titularidad privada, la Católica y la Europea copan la mayoría de nuevas carreras, mientras que la CEU Cardenal Herrera sólo activará el de Gastronomía. En cifras globales, se pasa de 24.707 puestos para nuevos alumnos en el curso que termina a los 24.947 previstos para el próximo. Durante las siguientes semanas se desarrollará la fase de la preinscripción, que en el caso de las públicas se resolverá con la adjudicación de plazas el 17 de julio. La demora se debe a que se trata de un proceso único al que también concurren los que superen Selectividad en su convocatoria extraordinaria (del 7 al 9). Eso sí, los primeros tendrán preferencia en el acceso. Una de las dudas habituales de estos días se refiere a las notas de corte de las titulaciones, un parámetro que en realidad es orientativo y que depende tanto de la oferta como de la demanda. Marca la calificación que obtiene el último estudiante que consigue entrar en determinado estudio, por lo que sólo se conoce una vez adjudicadas las plazas. Es decir, toda la información existente hoy en día se refiere a las notas de años anteriores. Las más altas del 2014-2015 fueron Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Bioquímica y Ciencias Biomédicas y Biotecnología. En todos los casos superaron el 12 sobre 14, contando con las calificaciones de la fase específica.

24/06/2015 21:33

Comunitat

«El único secreto es organizarse y dedicarle horas»

La jornada fue especial para los casi 16.000 estudiantes que han aprobado la Selectividad en su convocatoria ordinaria al ser el día en que se conocieron las calificaciones. Eso sí, los nervios se mantendrán, en la mayoría de los casos, hasta mediados del próximo mes, cuando se publicará la relación de admitidos en las universidades. Diego Peñarrubia no tendrá problemas para conseguir una plaza en Ingeniería Aeroespacial. Este joven alicantino de 17 años se ha convertido en el alumno con la mejor nota en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), con un 9,84 sobre diez en la fase general, que es la que deben superar todos los matriculados. Si además se tiene en cuenta su expediente académico el resultado final es de 9,936, siempre sin incluir la parte específica de la Selectividad, que es voluntaria y permite elevar el resultado para acceder a determinados títulos. Alumno del instituto público Figueras Pacheco de Alicante, conoció su calificación mientras estaba en Valencia buscando una residencia de estudiantes para el próximo curso, pues la carrera elegida sólo la oferta la Universitat Politècnica (UPV). Además de ser una de las más demandadas, también se caracteriza por exigir una de las notas de corte más elevadas para entrar. "Siempre me han gustado las matemáticas, la física y la tecnología, y creo que es una carrera que conjuga todos esos factores. Me atrae el tema de los aviones y la industria aeroespacial", explica. Cuando se le pregunta por el secreto de su éxito, no se calienta demasiado la cabeza a la hora de responder. "Se me dan bien los estudios, pero sin dedicarles muchas horas es imposible. Tras la experiencia de 2º de Bachillerato me he dado cuenta de que es fundamental organizarse bien el tiempo y dedicarle horas", señala. Diego ya apuntaba maneras. Consiguió el premio extraordinario de ESO en el curso 2012-2013, ha participado en un campus de profundización científica, en certámenes de relatos juveniles y en alguna olimpiada matemática. También ha coqueteado con disciplinas deportivas como el kárate, ha sido representante de alumnos en su instituto y hasta este curso ha compatibilizado los estudios ordinarios con los profesionales de guitarra en un conservatorio. Su idea de cara al siguiente es dejarlos en 'stand by' para centrarse en la carrera y de paso mejorar su conocimiento de algún idioma extranjero. "Me gusta hacer muchas cosas, no tener la sensación de que no hago nada", apunta para explicar semejante nivel de actividad. Anabel, a por Medicina Anabel Montoya, vecina de Elche, también figura entre las mejores notas de la Selectividad en la Comunitat. Si Diego ha conseguido la más alta de todos los que se presentaron en la Universidad de Alicante, esta joven de 17 años ha hecho lo propio en el caso de la Miguel Hernández, con un 9,75 sobre diez. Si el resultado se combina con su expediente obtiene una calificación final -sin contar la fase específica- de 9,9. En otras palabras, también podrá entrar sin problemas en el grado elegido: Medicina. "Era algo que tenía más o menos pensado", señala, antes de añadir que dos hermanos suyos ya están cursando el título, el más demandado de toda la Comunitat y el más exigente en lo que a notas de corte se refiere. Lo hará en la Universitat de València, donde ya dispone de vivienda teniendo en cuenta los antecedentes familiares. "Es cuestión de dedicarle tiempo y ganas. Y yo tenía muchas ganas de entrar en Medicina", añade esta alumna del instituto ilicitano La Asunción, donde señalaban que ha sido un honor compartir estos años con una persona como Anabel. En cuanto a sus aficiones, reconoce que no le llama demasiado el deporte, "pero sí la lectura y estar con las amigas". En otras palabras, una chica excelente de hábitos sencillos. De la información facilitada por la Conselleria de Educación se desprende que Regina Aguirre (IES Ramón Muntaner) ha conseguido la mejor nota en la fase general de todos los que se presentaron en la Politécnica, mientras que María Mauro (IES La Serranía de Villar) ha sido la primera en el caso de la Universitat. Por su parte, Daniel Ruiz (IES Alto Palancia) fue el mejor posicionado entre los que hicieron la Selectividad en la Jaume I. Si se tiene en cuenta la combinación entre la fase general y el expediente, en el caso de la Politècnica el más destacado ha sido Jorge Juan Baeza (San Pedro Pascual) y en la de Valencia Marta Ipiens (Vilavella). En el resto de centros se mantienen en el ranking los mismos estudiantes. Por otro lado, el 97,3% de los que se han presentado a las PAU -16.396- han conseguido aprobar, y la nota media global se ha situado en 6,36. Si los datos provisionales se comparan con los de la convocatoria de junio del año pasado se observa una ligera disminución. Entonces resultaron aptos el 97,94% del total y la calificación se situó en un 6,38. Los estudiantes afrontan ahora la fase de la preinscripción. Para la convocatoria ordinaria tienen de tiempo para presentar la solicitud hasta el próximo 3 de julio.

23/06/2015 20:46

Comunitat

Educación renueva el concierto en 50 colegios antes del cambio del Gobierno

La Conselleria de Educación ya tiene lista la propuesta para renovar la actual red concertada de la Comunitat, que ganará 53 aulas pertenecientes a cerca de medio centenar de centros, según los datos a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En la mayoría de los casos se trata de una solución de continuidad, al ser colegios en los que este año el convenio llegaba hasta determinado curso, por ejemplo 5º de Primaria, por lo que se les autoriza una ampliación para dar cobertura a los alumnos que pasan a 6º. Además se contempla el ingreso en la red de dos centros actualmente privados, que a partir de septiembre dispondrán de sus primeras clases concertadas, en este caso de 1º de Infantil (tres años). La tramitación, habitual en estas fechas, llega a las puertas del cambio de Consell. De hecho, la propuesta puede ser la última que permita incrementar el número global de unidades concertadas teniendo en cuenta que los partidos llamados a gobernar hacen una referencia explícita a este modelo educativo en sus programas electorales. Si bien no se habla de cancelar acuerdos vigentes, al menos en las etapas obligatorias, sí se desprenden ideas que en la práctica suponen limitar el crecimiento de la red, como no aprobar nuevas autorizaciones mientras existan plazas públicas vacantes en las proximidades. La propuesta está acompañada de una memoria económica, pues aumentar el total de clases implica asumir nuevos gastos de personal y de funcionamiento, y se concretará en una resolución en la que además de las nuevas incorporaciones figurarán las unidades que pierden las escuelas, ya sea a petición del titular o por no disponer de la demanda necesaria. A estas alturas los afectados ya saben oficialmente qué aulas se suprimen, entre otros motivos porque disponen de un plazo para presentar alegaciones a la decisión del departamento. Además, es una información vital para poder planificar el nuevo ejercicio. De las 53 clases adicionales, 39 son de FP Básica, que es el nuevo itinerario que se deriva de la Lomce y que permite a los alumnos encaminar sus pasos hacia estudios de carácter profesional desde 2º o 3º de la ESO en lugar de a partir de 4º, como pasa con la vía ordinaria. El primer curso de esta opción se implantó el pasado septiembre, por lo que ahora se les concertará el segundo y último año de la modalidad. Otras once se refieren al resto de etapas educativas y se autorizan por el avance del alumnado de un curso a otro, de manera que no se quedan colgados los que promocionan. Y los tres restantes son de nueva creación, pues corresponden a dos colegios privados ubicados en la provincia de Valencia que acceden al concierto por primera vez. Uno de ellos es el Camarena-Valterna de Paterna, que incluye las etapas de Infantil y Primaria y que pertenece al grupo Colegios Siglo XXI, titular de otras escuelas como el Marni de Valencia. Según fuentes del centro la solicitud para conseguirlo se presentó a principios de año y la autorización se les notificó hace escasas semanas. Entre los motivos para pedirlo -ya se hizo con anterioridad- está la apertura de un público justo al lado. Educación ha aprobado el convenio para la única línea de Infantil de la que disponen, empezando por el aula de tres años. El procedimiento habitual es que en los próximos dos cursos se amplíe automáticamente a las clases de 2º y 3º. Lo mismo sucede en el caso del otro privado, el CEU San Pablo de Moncada, cuyo titular es la fundación del mismo nombre, de la que también depende la Universidad Cardenal Herrera. Desde la institución señalaron que la notificación también ha sido reciente y que el concierto afecta a sus dos líneas de Infantil. El proceso será el mismo, es decir, habrá una ampliación progresiva hasta completar la etapa. Según las mismas fuentes, está previsto iniciar un procedimiento de admisión extraordinario para intentar cubrir las plazas que quedaron vacantes en el ordinario.

21/06/2015 21:27

Comunitat

300 profesores de toda España darán clase en la Comunitat

Casi 300 profesores provenientes de diferentes autonomías -274 exactamente- se instalarán en la Comunitat para dar clases a partir del curso que viene. Serán destinos definitivos que por lo menos deberán mantenerse dos años antes de solicitar un nuevo cambio. Así se desprende de las cifras facilitadas por Educación en relación al concurso de traslados, que es el procedimiento que permite a los funcionarios de carrera optar a un puesto docente vacante, de manera que se genera el derecho a quedarse con la nueva plaza. Simplificando la idea, se cambia la que ocupaban por otra. En la mayoría de los casos se busca facilitar la conciliación familiar. Por ejemplo, acercándose al municipio habitual de residencia. No sólo es un proceso voluntario, pues si se encuentran en determinadas situaciones están obligados a participar, como sucede con los que tienen un destino provisional o los funcionarios en prácticas. Eso sí, la mayoría de adjudicaciones se refieren a profesionales que ya tenían una plaza en propiedad. El concurso es de carácter anual, aunque cada dos ejercicios su ámbito es nacional, como ha sido el caso, lo que permite optar a puestos libres de otras comunidades. De las 274 incorporaciones, 114 son de maestros (Infantil y Primaria) y 160 de profesores de Secundaria, FP, Música y Artes Escénicas y de EOI's. El procedimiento ha supuesto la adjudicación de 2.127 puestos y 1.779 han sido ocupados por profesionales que ya tenían un destino definitivo. Descontando los de otras regiones se extrae la idea de que 1.505 que ya ejercían en la Comunitat cambiarán de centro o al menos de atribuciones, pues se puede optar a plazas del mismo colegio. Si se compara con la cifra actual de funcionarios docentes de la Comunitat -42.000- se establece que la movilidad a través de este concurso ha afectado al 3,58% del total, un porcentaje realmente bajo. Eso sí, a la cifra habría que sumar los profesores interinos (unos 8.000), que se ven obligados a variar de escuela de un curso para otro, y los que se benefician de una comisión de servicios, un cambio de puesto que en teoría es excepcional y que también incluye a los que consiguen un destino provisional gracias a un contrato programa. Es decir, si se suman los diferentes procedimientos de provisión de puestos la movilidad se eleva de manera considerable. Hace un par de semanas la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV reclamó una mayor estabilización de las plantillas, sobre todo del colectivo interino, al considerar que casi el 30% del total cambia de centro. Para el sindicato semejante movilidad dificulta el impulso de proyectos que se prolongan en el tiempo y merma la calidad educativa.

11/06/2015 21:18

Comunitat

El desasosiego se instala sobre la educación

El giro a la izquierda en la Comunitat va a revolucionar el sistema educativo, una de las áreas donde más ideas de cambio plantean los programas electorales. Lo que ha pasado esta semana con el calendario, con los potenciales representantes del próximo ejecutivo anunciando que revertirán las fechas de inicio y finalización del curso que propone la conselleria en funciones es un buen ejemplo de que el debate va a ser intenso. Las novedades serán muchas: se creará una alternativa pública al servicio actual de las guarderías, la mayoría privadas, se revisará el modelo de concertación de centros y habrán cambios en relación a las políticas lingüísticas y de personal, sin olvidar otros aspectos de ordenación académica que pueden abarcar desde el proceso de admisión hasta la manera en que se implanta la ley del Gobierno (Lomce). En síntesis, de los contratos que firman los partidos con la ciudadanía, los programas, se extrae una idea central: el sistema que de la mano del PP se ha consolidado en las últimas décadas saltará por los aires. Las propuestas del PSPV, Compromís y Podemos son coincidentes en muchos aspectos. Uno es el tratamiento de la red concertada, que puede perder su condición de complementaria para pasar a ser subsidiaria de la pública. Aunque no se habla de desaparición completa, sí aparecen propuestas restrictivas de diferente graduación. Compromís propone la desaparición progresiva de los conciertos en Bachillerato y FP al ser estudios no obligatorios, una medida que afectaría a 152 centros y a 1.004 aulas, que son las que funcionan hoy en día. Además, prevé no conveniar más unidades en el resto de etapas mientras hayan plazas libres en centros públicos. El PSPV, por su parte, dice que deberán garantizar la escolarización equitativa del alumnado con especiales dificultades y la no discriminación por motivos de género, raza, origen o creencias religiosas. Esta generalización esconde una clave importante: los centro de educación diferenciada, los que sólo admiten niños o niñas, están en el punto de mira (también hay referencias en el programa de Compromís). Habrá que ver hasta qué punto sería posible retirarles el concierto, un acto administrativo ya firmado que genera unos derechos a los titulares, sin olvidar que la Lomce da cobertura legal a este modelo. Además, el PSPV es el único que se refiere explícitamente a los concertados construidos sobre parcelas públicas, anunciando la paralización de cualquier proyecto de este tipo. Podemos tampoco llega al nivel de concreción de los nacionalistas, aunque apuesta "por una clara priorización de la enseñanza pública frente a la concertada" con el objetivo de que los alumnos tengan plaza "en un centro cercano a su zona de residencia". La incertidumbre también afecta a las escuelas infantiles, las mal llamadas guarderías, pues se atisba el fin del sistema de colaboración público-privada que se materializa en dar ayudas de la Generalitat a todos los niños matriculados (de 0 a 3 años), que se descuentan de los recibos mensuales. Fue una medida popular, pues se apostó por una red privada pero subvencionada en contraposición al modelo de 'escoletes' que se quiere recuperar. Los tres partidos son claros a la hora defenderlo. El PSPV garantiza puestos gratuitos para los niños de dos años, iniciativa similar a la que funciona en Cantabria, y una "progresiva universalización de la oferta con ayudas económicas en función de la renta". En cuanto a Podemos, apuesta por crear «todas las plazas públicas necesarias para cubrir la demanda de la población» en colaboración con los ayuntamientos -Compromís expresa una idea similar de manera distinta- y propone integrar la actual red en la Conselleria de Educación, aunque con carácter público y gratuito. Estos centros, quizá los que peor lo han pasado por los impagos de los últimos años, temen una fuga de matrículas si se materializan estas medidas o desaparece la universalidad de la subvención actual. Otro de los planteamientos coincidentes es la derogación del decreto sobre plurilingüismo, del que emana el modelo de enseñanza que hoy funciona en las aulas. En síntesis, incluye dos opciones: línea en valenciano o en castellano, con la obligación de incluir al menos una asignatura no lingüística en inglés y otra en la lengua que no sea la base del programa. Podemos prevé una evaluación del sistema bilingüe, que considera segregador, y la elaboración de un "plan de aprendizaje integrado de las lenguas". No se llega a desarrollar en qué consistirá, aunque se incluye la idea de favorecer el estudio de las extranjeras. El PSPV quiere que se garantice a todo el alumnado que termine la educación obligatoria el dominio de las dos lenguas cooficiales y un conocimiento adecuado de otra foránea, a ser posible el inglés. Es quizá la única propuesta que desliza la opción de que se mantenga la oferta en castellano, aunque seguro que habrá diferencias respecto a la actual, como un mayor peso del valenciano en este tipo de líneas. Compromís profundiza más en el apartado de su programa referido a la política lingüística: "El sistema educativo tiene que garantizar el conocimiento y la capacidad de expresarse en valenciano, por eso conviene superar los actuales modelos de educación bilingüe y establecer un único modelo de inmersión lingüística en el que se incorporan dos lenguas extranjeras más". En otras palabras su postura es que la enseñanza sea básicamente en valenciano, aunque habrá que ver cómo se coordinan sus intereses con los del PSPV. Podría apostarse por una propuesta en la lengua materna pero con cierta flexibilidad para que los centros puedan decidir hasta qué punto se amplía el castellano, algo parecido a lo que sucede en Cataluña. Tampoco se puede olvidar el marco legal existente que se deriva de la Lomce y que exige cierto peso para la lengua estatal a la hora de impartir clases, como bien saben en la comunidad vecina. Las propuestas del tripartito son especialmente amplias en dos capítulos: el de personal y el referido a las ayudas sociales educativas. En cuanto al primero se quiere aumentar la estabilidad de las plantillas a través de ofertas públicas de empleo, lo que se traducirá en más puestos docentes de funcionarios con los que se pretende mejorar la atención en las escuelas y posibilitar otro anuncio: la bajada de las ratios máximas de alumnos por aula. En cuanto a la atención a las familias con problemas económicos, se habla de abrir comedores escolares en verano, aumentar las becas, flexibilizar las ayudas de transporte o fomentar la gratuidad de los libros de texto, ya sea pactando precios con las editoriales (idea de Compromís) o impulsando los préstamos en los centros. Hay que recordar que la partida para facilitar la obtención de manuales fue prácticamente eliminada por el Consell como una medida de contención de déficit. PSPV, Compromís y Podemos también coinciden en su rechazo a la Lomce, aunque no hay mucho margen de maniobra al depender del gobierno central. Eso sí, se lanzan propuestas de resistencia a su aplicación, como devolver competencias al consejo escolar que han pasado a los equipos directivos o reducir el peso de los representantes de la administración en los procesos de selección de directores. Además hay que tener en cuenta que la ley será derogada si hay cambio en el Gobierno, lo que abre un abanico de posibilidades: la recuperación de asignaturas como Educación para la Ciudadanía, novedades en el tratamiento de la Religión, la vuelta a la legislación anterior o el impulso de otra normativa nueva, con los consiguientes cambios curriculares y de libros. En clave valenciana se quiere promover una ley autonómica de educación que sentaría las bases del modelo a aplicar en la Comunitat. Habrá que ver qué consensos se alcanzan al tratarse de un tema especialmente sensible. En cuanto a ordenación, es segura la desaparición del distrito único (se desprende de los tres programas), por lo que se volverá a priorizar la proximidad entre la escuela y la vivienda y se dificultará la elección de cualquier centro de un mismo municipio. No hay referencias, en cambio, a la posibilidad de implantar la jornada continua, aunque es seguro que la pedirán los sindicatos al tratarse de una reivindicación histórica. También habrán variaciones en el calendario con un más que probable retraso del inicio de las clases.

09/06/2015 12:21

Comunitat

La Formación Profesional arrebata cada año 4.000 alumnos a las universidades

El curso ya ha terminado para alrededor de 4.000 estudiantes de 2º de Bachillerato al no tener que enfrentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que arrancan hoy con el examen de Lengua y Literatura II. Se trata de aquellos que han decidido encaminar sus pasos hacia estudios de carácter profesional, como es el caso de la FP de grado superior y las enseñanzas artísticas o deportivas afines, que se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva respecto a las carreras. Así se desprende de los datos oficiales facilitados por la Conselleria de Educación referidos a las matrículas en la Selectividad y en el curso en cuestión, a los que hay que descontar aquellos alumnos que no han conseguido superar el Bachillerato. Hay que tener en cuenta que los que eligen una vía profesional no tienen que presentarse a las PAU, pero sí es necesario disponer del título de Bachiller para acceder. Eso sí, los que optan por las artísticas deben superar una prueba donde se evalúan sus conocimientos. HORARIOS DE LAS PAU 9.30-11 horasSe empieza con Lengua y Literatura II. 11.45-13.15 horasHistoria de España e Historia de la Filosofía. 15.30-17 horasExámenes de Economía de la Empresa, Dibujo TécnicoII y Biología. 17.45-19.15 horasLenguaje y Práctica Musical, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Griego II y Tecnología Industrial II. En cifras, de los 28.677 estudiantes que en septiembre empezaron 2º de Bachillerato, 17.999 están inscritos en la Selectividad ordinaria, mientras que unos 6.600 jóvenes no han podido aprobar todas las asignaturas. En cuanto a esta última cifra todavía no se conoce oficialmente, aunque puede aproximarse teniendo en cuenta que en los últimos cursos el porcentaje de alumnos que no consigue sacar adelante 2º roza el 23%. En definitiva, la diferencia -4.078- se corresponde con los que pese a superar la etapa no se presentan a las pruebas universitarias, por lo que se desprende que eligen estudios profesionales o se toman un año sabático, una opción más que residual. El dato de este curso es similar al de los dos anteriores aunque superior al de los precedentes, lo que afianza la idea de que aumenta el trasvase de alumnado. Las cifras también son llamativas porque sirven para perfilar la gran heterogeneidad de la FP, ya que en los últimos ejercicios son más de 40.000 los alumnos que se matriculan en ciclos superiores, a los que se llega, por regla general, tras aprobar Bachillerato a los 18 años. Es decir, la parte que lo consigue por la vía ordinaria no sirve para explicar semejante nivel de demanda, por lo que hay que buscar la respuesta a través de otros factores. La excelencia tiene precio: diez horas de estudio a la semana El 42,5% de los alumnos de Bachillerato más brillantes estudia más de 10 horas a la semana, según se desprende de un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria, que se ha basado en una muestra de 2.100 jóvenes con un expediente académico de 9,2 de nota media seleccionados entre colegios e institutos de toda España (254 de la Comunitat). Además, el 29,9% dedica entre cinco y diez horas semanales a estos menesteres, y el 22,8% entre dos y cinco. Por otro lado, la mayoría (52%) califican la formación recibida de bastante buena. También hay cierto consenso en cuanto a la enseñanza de idiomas. El 40,2% respondió que el nivel de su centro era normal frente a un 28,3% que opinó que era bastante bueno. Eso sí, la encuesta acredita la necesidad de mejorar la orientación del alumnado. Uno de ellos es el elevado componente de reciclaje laboral de este tipo de enseñanzas, sobre todo como consecuencia de la crisis, con miles de trabajadores veteranos -parados y no parados- volviendo a las aulas para mejorar su perfil profesional, ya sea mediante pruebas de acceso (si carecen del título de Bachiller) o acreditando los requisitos académicos que se exigen. Sirve un dato. Este curso, un 10% del alumnado de nuevo ingreso en ciclos superiores ya disponía de carreras universitarias. Tampoco se puede olvidar que gran parte de las plazas son ocupadas por los estudiantes que superan una FP de grado medio, pues disponen de una pasarela directa a las titulaciones superiores. Los informes sobre los resultados de las PAU que publica el periódico especializado Magisterio también dejan entrever la influencia que tiene la FP en la Selectividad. En el referido a la última convocatoria (2014) se acreditó una disminución del número de alumnos matriculados en Bachillerato que se presentaban a las PAU (66,7% frente al 70,72% de 2013 y el 72,72% de 2012), una tendencia que se daba con mayor intensidad en la red pública. El documento establecía que una de las causas podía estar en la mayor valoración social de los ciclos formativos. Por otro lado, la comisión gestora de las PAU ha elaborado un documento de criterios comunes para proceder en caso de que se pille a algún alumno copiando. Por ejemplo, se recuerda que la nota en la prueba correspondiente será un cero, aunque el afectado podrá hacer el resto de exámenes, y se advierte de que se prohíbe cualquier dispositivo de comunicación con el exterior, así como calculadoras o relojes con memoria interna para almacenar datos. También se avisa en relación a determinados comportamientos, pues será motivo de expulsión del aula «la ofensa o desconsideración hacia los miembros del tribunal, el personal de apoyo, los colaboradores o los compañeros».

03/06/2015 20:35

Comunitat

La sequía vacía cauces, acelera el abandono de campos y acaba con cosechas enteras

La extrema sequía que azota la Comunitat está obligando a tomar medidas extraordinarias y también a agudizar el ingenio en el campo valenciano, el sector productivo más afectado por la situación. La falta de lluvias acelera el proceso de abandono de cultivos, sin olvidar que los profesionales de la agricultura deben aumentar los costes para intentar sacarlos adelante, objetivo que no siempre se consigue. Además, cada vez es más habitual encontrar tramos de ríos secos al no pasar ni un mínimo caudal ecológico o pantanos que en realidad almacenan más fango que agua. Según el último informe de seguimiento de la sequía, referido a abril, uno de los sistemas más problemáticos es el del Serpis, que está en situación de emergencia por el escaso volumen del embalse de Beniarrés, que en base a los últimos datos oficiales se encuentra al 32% de su capacidad al acumular sólo 8,65 hectómetros cúbicos. Además de las limitaciones en el uso del agua para regar, la situación tiene consecuencias en el tramo final del río, que a su paso por Gandia permanece completamente seco. Como explica el concejal de Agricultura, Toni Rodríguez, la carestía se debe a que todo el agua se aprovecha para regadío hasta Villalonga, pese a que desde el municipio se reclama que se deje pasar un caudal mínimo, tal y como sucede en épocas de bonanza o cuando se registra algún episodio fuerte de lluvias. Los otros dos sistemas que están en situación de emergencia son los de la Marina Alta y la Baja. Respecto a la segunda, la CHJ ha aprobado un suministro excepcional de cinco hectómetros cúbicos que permitirá cubrir las necesidades estivales, sobre todo de los municipios costeros, como es el caso de Benidorm. Para hacerse una idea, el embalse de Amadorio, de donde se nutre el localidad, acumula 0,40 hectómetros cúbicos (2,54%). A finales de marzo el porcentaje era del 0,6%, el segundo mínimo registrado desde su puesta en marcha. "La Marina Baja es autosuficiente nueve de cada diez años, pero en los de extrema sequía por mucho que se haya optimizado el uso de los recursos necesita aportaciones externas para cubrir necesidades", explica Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y del Consorcio de la Marina Baja. En cuanto a la Marina Alta, un buen ejemplo de la situación es la del río Girona, donde los regantes tienen que enfrentarse a los problemas derivados de la sequía y a la pérdida de volúmenes debido a la extracción de caudales en el acuífero situado junto al pantano de Isbert, del que se nutre Calpe para su abastecimiento. Como explica Pepe Noguera, secretario de la Comunidad General de Usuarios, la falta de caudal hace que en la parte baja las masas de agua se salinicen, lo que dificulta su aprovechamiento agrícola. Por esta razón reclaman una limitación de las extracciones para garantizar al menos un mínimo ecológico que no perjudique al resto de usuarios, además de un sistema de compensaciones teniendo en cuenta que se ven obligados a sacar agua de pozos a mayor profundidad porque desciende el nivel freático. Y esto supone que se dispare el gasto en la electricidad que precisan las bombas para llegar más abajo. Otros sistemas se encuentran en situación de alerta, como el del Palancia-Los Valles. Pepe Campillo, presidente de Ascosa-AVA Sagunto, explica que la principal consecuencia en la agricultura de la zona, sobre todo cítricos, ha sido la pérdida de calibre de los frutos "al mismo tiempo que aumentan los costes por los pozos de riego, lo que ha provocado que se den casos de abandono de campos y cultivos", señala. El presidente del Sindicato de Riegos de Sagunto, José Peris, destaca que pese a que el embalse del Regajo está prácticamente lleno su escasa capacidad obliga a mantener activos los bombeos, con el consiguiente encarecimiento de la producción. Es como una medida preventiva, pues si no se registran lluvias la reserva se agotará en poco tiempo. Una de las estrategias de los regantes es llenar las balsas aprovechando las horas valle, es decir, cuando el precio de la electricidad es más barato. La sequía se ha combinado este mes con el excesivo calor, un cóctel catastrófico para el campo. AVA-Asaja ya ha alertado de que la caída de hojas y frutos incipientes durante la escombrà ha sido muy acusada, por lo que se prevé que en determinadas zonas y variedades las pérdidas alcancen al 80% de la cosecha.

02/06/2015 11:21

Comunitat

La nueva Selectividad se podrá aprobar por partes y a lo largo de varios años

La reválida que incluye la Lomce para poder acceder a la universidad, que se hará tras finalizar 2º de Bachillerato y sustituirá a la actual Selectividad, tendrá un formato flexible, en el sentido de que un alumno podrá aprobar la prueba a lo largo de varios cursos. Así se desprende del borrador normativo que el Ministerio de Educación presentará el próximo día 21 a las comunidades autónomas y que incluye las características de esta evaluación final y de la que se exigirá para continuar los estudios al terminar la Secundaria Obligatoria (ESO). más información El examen que sustituirá a la Selectividad constará de 350 preguntas cortas y tipo test Exactamente, el texto señala que "no será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segundas o sucesivas convocatorias de las materias que haya superado, a no ser que desee elevar su calificación final". Se refiere a los que no consigan sacar adelante la reválida a la primera y también a los que pese a hacerlo prefieran mejorar su nota, por ejemplo, para tener más opciones para entrar en determinadas carreras. En otras palabras, el que no la apruebe a nivel global -no saque una media de cinco sobre diez- pero sí haya superado algunas de las asignaturas, mantendrá estas calificaciones cuando vuelva a intentarlo, ya sea en una convocatoria extraordinaria o en cursos siguientes. Además, se utilizará el mismo criterio en el caso de la evaluación de la ESO. Se trata de una diferencia sustancial respecto a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) vigentes hoy en día, donde si el estudiante no saca adelante la fase general, que es obligatoria para todos los aspirantes, no tiene más remedio que repetirla en bloque. No es el único cambio entre la situación actual y el escenario que dibuja la Lomce con sus reválidas. Como informó LAS PROVINCIAS, la evaluación externa de Bachillerato tendrá una composición muy diferente. El borrador señala que incluirá siete asignaturas: cuatro troncales (obligatorias para todos), dos de opción y una específica (que varían en función del itinerario formativo que elige el alumno cuando llega al Bachillerato). En total el examinado se enfrentará a un máximo de 350 preguntas, a razón de 50 por materia, y los formatos predominantes serán las de elección múltiple con cuatro opciones (tipo test) y las semiconstruidas, que son aquellas que el estudiante completa a partir del enunciado, de un cuadro o de los datos proporcionados. También da la posibilidad de utilizar cuestiones abiertas, que sólo se podrán emplear en aquellas que quieran medir destrezas en expresión oral y escrita. Eso sí, su inclusión no es obligatoria. La normativa cuenta con otros aspectos llamativos. Quedaba en el aire saber qué pasaba con las personas adultas, aquellas con más de 18 años que se matriculan en centros específicos para sacarse el graduado escolar o el Bachillerato, por ejemplo, para poder presentarse a la Selectividad, pues no se sabía si tendrían que enfrentarse a la reválida ordinaria, la común para todos. El borrador confirma esta idea. Concretamente dice que «las evaluaciones finales serán realizadas de acuerdo con las prescripciones recogidas en este real decreto», aunque es cierto que deja la puerta abierta a «adaptar estas normas», tanto para este tipo de centros como para los que ofrecen formación a distancia. El documento también regula una manera de conseguir los títulos de ESO y Bachillerato por vías distintas a las reválidas, aunque no está pensada para el alumno ordinario, pues esta opción se articula a través de las pruebas directas, que ya existen en la actualidad y están ideadas para personas que se reenganchan al sistema más allá de la edad de escolarización obligatoria. En este caso se aplicará un modelo mixto. Por un lado incluirán pruebas adaptadas de las áreas propias de la etapa que diseñará la consejería competente (es la metodología que se utiliza en las escuelas de adultos), y por el otro habrá un examen global para medir la adquisición de competencias, que dependerá completamente del ministerio. Además, este último tendrá que superarse para poder titular. El borrador también deja claro que los resultados de los centros en las evaluaciones externas tendrán que ser públicos -«serán puestos a disposición de la comunidad educativa»- mediante indicadores comunes y contextualizados en base al índice económico y sociocultural. La información podrá servir a las familias a la hora de elegir centro.

02/06/2015 11:21

Comunitat

El examen que sustituirá a la Selectividad constará de 350 preguntas cortas y tipo test

Las reválidas de la Lomce se organizarán en tres partes que sumarán como máximo 350 preguntas sobre varias de las asignaturas cursadas en ESO y Bachillerato, sobre todo de los últimos cursos de la etapa. Podrán ser de respuestas múltiples con cuatro opciones a elegir (tipo test) o semiconstruidas, como por ejemplo completar un enunciado, elegir entre verdadero o falso o rellenar cuadros a partir de datos que se aportan. La normativa que regula la organización básica de estas pruebas, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se tratará en la próxima Conferencia Sectorial de Educación del ministerio y permite conocer por primera vez detalles de su configuración. Su importancia radica en que son una de las principales novedades de la reforma educativa y, sobre todo, porque tienen carácter eliminatorio. En el caso de Bachillerato habrá que aprobarla para entrar a la universidad -es la sustituta de la Selectividad-, mientras que en la Secundaria Obligatoria permitirá obtener el graduado escolar, la llave para poder promocionar a la siguiente etapa. En ambos casos el resultado se combinará con las calificaciones del expediente académico para obtener la nota final. También es llamativo el cambio de formato del examen en comparación con las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se prolongan durante tres días -no se concreta la duración de la nueva- y donde prevalecen los comentarios de texto, los desarrollos y la resolución de problemas. Las estructura de las dos evaluaciones finales, popularmente conocidas como reválidas, es muy similar. Cada una de las tres partes versará sobre un grupo de asignaturas: troncales -obligatorias para todos-, de opción y específicas, que son diferentes clases de materias que se derivan de la reforma educativa. Las dos últimas varían en función de la elección que haga el alumno, que puede optar por una ESO enfocada a continuar hacia FP o Bachillerato y por tres modalidades distintas de esta última etapa (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes). Doscientas preguntas de la 'nueva Selectividad' saldrán de los contenidos de las troncales, que son diferentes en función del itinerario de Bachillerato: Lengua y Literatura, Extranjera, Matemáticas, Historia de España, Latín, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y Fundamentos del Arte. Otras cien procederán de las dos materias de opción que haya cursado el alumno, un abanico que incluye, entre otras, la Física y Química, el Diseño o la Economía de Empresa. Eso sí, se dice que podrán extraerse de asignaturas cursadas tanto en 1º como en 2º a elección del examinado. Las 50 restantes se referirán a una de las áreas específicas (también podrá ser una que se haya dado en 1º). En este caso las posibilidades son muchas por la variedad de materias que incluye este grupo. Por último, se da la opción, aunque no se obliga como en los casos anteriores, de incluir preguntas relacionadas con la expresión -se entiende que oral y escrita- que tendrán que ser de respuesta abierta. Aunque a priori la propuesta da a entender que las reválidas no incluirán la lengua cooficial (Valenciano), al formar parte de un bloque de materias de donde no se extraerán preguntas (el de libre configuración autonómica), en otros puntos de la normativa se señala que las administraciones regionales deberán fijar los criterios para evaluar estos contenidos y que la nota obtenida tendrá el mismo peso que Lengua a la hora de establecer la calificación final (de uno a diez). Es decir, puede resultar contradictorio, por lo que habrá que esperar a una mayor concreción una vez se estudie el documento en la Conferencia Sectorial. Las pruebas se harán una vez se termine el último curso de ESO y Bachillerato. Para la primera etapa se podrán presentar los alumnos que hayan aprobado todo o tengan un máximo de dos materias suspendidas (siempre que no coincidan Lengua, Valenciano y Matemáticas), así como aquellos que dispongan de un título de FP Básica, que sólo deberán hacer la parte de las asignaturas troncales para conseguir el graduado. En el caso de la de Bachillerato, habrá que llegar sin suspensos. Las reválidas serán simultáneas en todo el país y los criterios de corrección los elaborará el ministerio mediante guías. En cuanto a plazos, la primera de ESO y Bachillerato llegará en 2017, aunque será experimental porque no tendrá efectos académicos hasta el curso siguiente. Eso sí, respecto a la segunda etapa, ese año ya contará para entrar en la universidad.

02/06/2015 11:19

Comunitat

La Selectividad limitará el uso de calculadoras para evitar trampas

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que llegarán en poco más de un mes, incluirán una novedad en relación al uso de la calculadora que se deriva del acuerdo adoptado por la comisión gestora encargada de su organización y de la preinscripción, que ha decidido regular qué tipos de aparatos se permiten para evitar picarescas entre los aspirantes y aunar criterios de actuación en todos los tribunales valencianos. La medida llega tras la polémica que se produjo en la última convocatoria, cuando a varios alumnos de dos institutos se les dejó repetir el examen de Matemáticas II después de que durante la prueba se les retiraran las calculadoras que estaban empleando al considerar los profesores que sus prestaciones les daban ventaja respecto al resto. El acuerdo señala que se permite el uso «siempre que no sean gráficas o programables y que no puedan realizar cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en la memoria». De hecho, se advertirá de esta limitación en la cabecera del examen de la asignatura citada y también en el de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. En estas dos áreas la regulación incluye un matiz más, pues sí se aceptarán calculadoras que pese a no formar parte de las tipologías anteriores sirven para hacer cálculos relacionados con los contenidos evaluados, como derivadas, integrales, matrices o sistemas de ecuaciones. La explicación a esta decisión se justifica en que en las pruebas se exigen respuestas razonadas y la plasmación de las operaciones realizadas para resolver cada ejercicio. Es decir, de nada sirve obtener el resultado correcto sin poder justificar cómo se ha llegado al mismo. Es más, este criterio de corrección se reflejará en cada una de las preguntas. Además, también se recuerda al alumnado que no se permiten modelos de calculadoras que sirvan para comunicarse con otras personas. El Diari Oficial publicó ayer las fechas de la Selectividad, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio en el caso de la convocatoria ordinaria y entre el 7 y el 9 de julio en el de la extraordinaria. Las calificaciones se podrán consultar el 19 de junio y el 15 de julio respectivamente y habrá una única preinscripción, en la que tendrán prioridad los de junio. En cuanto a las condiciones de acceso, las universidades públicas han optado por no tener en cuenta la posibilidad que da la Lomce de fijar pruebas propias para el alumnado procedente de ciclos formativos de grado superior o equivalente, de sistemas extranjeros o que ya cuenten con títulos universitarios. La reforma educativa daba esta opción desde el curso pasado. Además, el acuerdo se refiere a todas las convocatorias futuras hasta que desaparezca la Selectividad en 2016-2017.

30/05/2015 22:18

Comunitat

Las ayudas de comedor llegan ya a 7.500 alumnos de centros concertados

Las becas de comedor, que permiten a la familia beneficiaria recibir un máximo de 3,94 euros al día para sufragar el menú escolar, han llegado este curso a 7.523 alumnos matriculados en colegios concertados. Se trata del segundo ejercicio en que se les permite concurrir a la convocatoria autonómica, decisión que generó polémica en parte de la comunidad educativa y que respondió a la reclamación reiterada de patronales y asociaciones de padres de este tipo de escuelas. Según los datos facilitados por Educación, las ayudas concedidas implican un incremento del 13,7% respecto al curso pasado (912 más). También se ha producido en las subvenciones que llegan a los centros públicos, que cuentan con 76.638 becados, lo que supone un crecimiento del 0,48% que se traduce en 367 estudiantes más que en el 2013-2014. En global, se ha pasado de 82.882 beneficiarios a 84.161. El aumento, según la conselleria, responde a dos causas. Por un lado se incrementó la partida presupuestaria global hasta alcanzar los 81,5 millones (+2%), de los que 46,6 se destinan a la subvención y el resto a los gastos de funcionamiento que recibe cada centro en función del número de comensales que atiende. Además, este curso las escuelas concertadas de la ciudad de Valencia no han tenido la posibilidad de optar a las ayudas asistenciales que hasta ahora ofrecía el ayuntamiento para este menester, por lo que se ha producido un trasvase de becados entre convocatorias. La decisión municipal se debió a la inclusión de esta red en las subvenciones autonómicas, que también se rigen por criterios de renta, por lo que se consideró que los estudiantes ya quedaban cubiertos. De hecho este ejercicio sólo han podido concurrir a las municipales las familias de los niños en escuelas infantiles (de cero a tres años), pues también se han restringido al resto de colectivos beneficiarios de años anteriores, como los alumnos de los centros cuyo titular es el ayuntamiento. La justificación fue la misma: se preveía que también podrían optar a las subvenciones que convoca la Generalitat, aunque no fue así. En el caso de los públicos la ayuda máxima se acerca mucho al precio del menú fijado en la normativa, que es de 4,25 euros. Si hay diferencias, las tiene que asumir la familia (0,31 céntimos al día por hijo). En los concertados la situación es distinta pues no se establece un máximo al ser una decisión que depende de los colegios. Eso sí, la parte que no se cubre con la beca la deben asumir los propios centros. Ayudas directas El principal criterio para optar a la ayuda, que se mantendrá de cara al próximo curso, es la renta familiar, aunque se dan casos de adjudicaciones directas, como los usuarios de transporte escolar que residen en un municipio distinto, los que viven en familias de acogida o los que tienen la consideración de víctimas del terrorismo o de la violencia de género, sin olvidar a los estudiantes de Educación Especial. Para el resto de aspirantes se aplica una baremación, y en función de los puntos se consigue el 100% de la ayuda (3,94 euros) o el 70% (2,76). Por otro lado, la Conselleria de Educación está ultimando el listado de beneficiarios de la beca de los centros de titularidad municipal, que por una imprecisión en la redacción de la convocatoria autonómica se quedaron fuera. El motivo es que sólo contemplaba como aspirantes a la misma a los estudiantes de colegios que dependían directamente de la Generalitat y a los de los concertados. Las mismas fuentes explicaron que para el próximo curso se aclarará el artículo referido a los beneficiarios para incluir cualquier centro de titularidad pública, sea de carácter autonómico (la inmensa mayoría) o municipal.

25/05/2015 00:53

Comunitat

Educación advierte de que la nueva prueba final es obligatoria para todos los alumnos

Los colegios valencianos deberán informar a las familias con hijos en 3º de Primaria de que la primera prueba final de la Lomce, que se hará los días 28 y el 29, es obligatoria para todo el alumnado matriculado en este curso. Así se desprende de unas instrucciones internas remitidas en las últimas semanas y que coinciden en el tiempo con la puesta en marcha de diferentes campañas contra la evaluación, tanto nacionales como regionales, que llegan a alentar a los padres para que no lleven a los niños a clase para evitar su realización. El documento, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se refiere además a las diagnósticas autonómicas, que se harán en 4º de Primaria y 2º de la ESO. Más allá de la obligatoriedad, se señala que los colegios deberán transmitir a los progenitores "el objeto real de las pruebas, que no es otro que la mejora de los resultados académicos de sus hijos y la adopción de medidas ordinarias o extraordinarias adecuadas a sus características y necesidades". También se les insta a colaborar en la aplicación de las mismas y a resolver cualquier duda que puedan plantear los padres afectados. Por último, se dice que los inspectores supervisarán "que los equipos directivos y docentes colaboren con la transmisión de la información adecuada a las familias y en la realización de las pruebas". La importancia que dan las instrucciones al hecho de que los padres conozcan lo que rodea a la evaluación es clave, pues se ha llegado a argumentar que no tiene consecuencias legales ni académicas para el alumno después de proponer la idea, a modo de boicot, de que los progenitores no los lleven los días elegidos. Es lo que se refleja, por ejemplo, en la campaña impulsada por la Trobada de Plataformes Comarcals, entidad de la que forman parte varias organizaciones y el principal sindicato de docentes, el Stepv. Sin embargo, la Lomce deja claro que los resultados pueden valorarse para decidir sobre la promoción de un estudiante, además de para detectar necesidades de refuerzo, que es el fin principal de la evaluación de 3º. Sin olvidar que cualquier ausencia en los días previstos tendrá que acreditarse correctamente para que no cuente como una falta. En este sentido, la Confederación Española de Ampas (Ceapa) llega a incluir un modelo de justificante en el marco de su campaña contra la Lomce y sus pruebas. Exactamente dice que la inasistencia se debe a "causas ajenas a su voluntad (la del hijo), basadas en una decisión familiar que pertenece al ámbito privado y que si fuera necesario será explicada ante las instancias oportunas que tengan capacidad y derecho a conocer la misma". Los directores e inspectores consultados ayer plantearon serias dudas sobre la validez de este tipo de justificaciones genéricas. Entre los diferentes escritos que Ceapa facilita a las asociaciones e interesados también figura uno que sirve para que los padres firmantes prohíban que sus hijos sean sometidos a la prueba aunque asistan a clase los días elegidos. La confederación Gonzalo Anaya, mayoritaria en los colegios públicos valencianos e integrante de Ceapa, también ha elaborado un comunicado en el que se dirige a Ampas y familias para desaconsejar la evaluación de 3º, argumentando, por ejemplo, que es ineficaz o que no sirve para mejorar, sino para "filtrar y estigmatizar a los escolares de ocho años y a los centros". Las campañas también ponen el acento en el profesorado. En la que participa el Stepv, aunque se les recuerda que su participación en la prueba es obligatoria, se les ofrece asistencia jurídica en caso de ser expedientados si deciden negarse. Además, se les plantea la opción de dejar constancia por escrito de su rechazo a través de órganos como el claustro. La Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, que también ha impulsado una iniciativa de este tipo, propone a los docentes que manifiesten formalmente su oposición y destaca la posibilidad de que no tengan en cuenta los resultados para decidir sobre la promoción.

24/05/2015 23:08

Elecciones/Autonómicas y municipales

Podemos, ilusionados ante una «noche histórica»

Las valoraciones de la noche electoral de Podemos-Comunuitat Valenciana, se suceden con cuentagotas. Con el 8 % escrutado, y 13 diputados en Les Corts, ha comparecido Lola Bañón, número 6 por Valencia. "Es la primera vez que una fuerza nacida hace unos meses ha entrado en las instituciones, es un paso adelante increíble. Nos espera una noche repleta de sorpresas e ilusión. Para una fuerza política con nuestros medios, poder entrar en las instituciones marca un momento histórico en la vida política valenciana", ha explicado Bañón. También se ha mostrado sorprendida ante el retraso de los datos oficiales, y ha señalado que todavía es pronto para hacer una valoración más profunda. El ambiente en la Sala Off de Valencia, donde el partido está siguiendo el escrutinio es comedido, y con pocos simpatizantes en la sede. Antes, la primera reacción de Podemos ha corrido a cargo de la responsable de campaña de en la Comunitat y Secretaria de Coordinación de la formación a nivel estatal, Ángela Ballester, que no ha entrado a valorar resultados de participación, que aún no eran oficiales, por lo que ha aprovechado su intervención para agradecer el apoyo de apoderados, militantes y simpatizantes. "Nos constituímos hace apenas 3 meses, y con escasos recursos económicos, que no personales, hemos conseguido llegar a muchas personas ilusionadas con el cambio. Hemos demostrado con la ilusión de la gente que se puede desafiar a los partidos tradicionales, y hemos demostrado que se puede hacer una campaña con recursos escasos y sin depender de los bancos. La gente que representa a Podemos en las instituciones se va a deber a la ciudadanía y a la gente y no va a tener deudas con los bancos", ha señalado la responsable del partido. En cuanto a la participación, simplemente ha señalado como positivo el ligero incremento respecto a las elecciones de 2011 que apuntaba el segundo avance de datos. También ha apuntado que en el partido se mantiene un ambiente de tranquilidad e ilusión similar al de principios de la campaña.

19/05/2015 20:48

Valencia Ciudad

Un colegio rectifica y dejará pasar de curso a un niño con transtorno del lenguaje

El hijo de Eva, con once años, está acostumbrado a superar obstáculos. Padece un trastorno del lenguaje (TEL), y tras mucho esfuerzo y tratamiento lleva una vida normal. Por ejemplo, ha sacado adelante todos los cursos de Primaria, incluidas las dos evaluaciones de 6º realizadas hasta la fecha. Su último hito llegó la pasada semana: su colegio informó a los padres de que podrá pasar al instituto en el mes de septiembre como el resto de sus compañeros, una explosión de alegría que contrasta con días de angustia, teniendo en cuenta que en una reunión celebrada el pasado martes se les dijo todo lo contrario: tendría que repetir el último curso de la etapa. Según el relato de la madre, vecina de Alboraya, el conflicto llegó después de que al centro se le trasladara, por parte de la administración, que los niños con determinadas necesidades de apoyo han de mantenerse un año más en Primaria. El objetivo es que adquieran un plus de madurez para facilitar su paso al instituto, un bache complicado para todo tipo de estudiantes. Tal y como explicó, se le informó de que todo se debía a una instrucción interna de la conselleria. En el caso de su hijo (se omite su nombre para preservar su intimidad), tiene una adaptación curricular en dos asignaturas: Conocimiento del Medio -se le permite hacer los exámenes en castellano, aunque el área se imparte en la lengua materna- y Valenciano, donde el cambio consiste en que trabaja con contenidos y criterios de evaluación correspondientes al segundo ciclo de Primaria. El mismo martes decidió dar difusión a su situación a través de una conocida red social al considerar que se cometía una "injusticia" porque el niño llevaba un ritmo normal en clase y disponía de un expediente "impecable". Para demostrarlo adjuntó a su queja la imagen de un boletín de notas donde todas las áreas aparecen aprobadas. "Y elegí el más discreto. Mi hijo siempre ha sido de notables y sobresalientes", explicó. Su estrategia tuvo efecto. En sólo dos días ha sumado más de 36.000 apoyos, por no hablar de la oleada de mensajes de ánimo recibidos a nivel particular por parte de padres afectados y asociaciones que trabajan con chicos que padecen trastornos que influyen en el aprendizaje. "Esto me ha servido para darme cuenta de la cantidad de niños que están en esta situación", añadió. No hay instrucciones Las tornas cambiaron tras la reunión en la que el centro informó a la familia de que se le iba a permitir pasar al instituto después de que su expediente fuera valorado de nuevo en la conselleria. Eva se mostraba agradecida, tanto hacia los responsables del colegio, "que han presionado para que pueda promocionar porque consideran que se lo merece", como en relación a las muestras de apoyo recibidas en estos días. Sin embargo, desde la Conselleria de Educación negaron que exista alguna instrucción interna sobre repetición de alumnos con necesidades especiales, e insistieron en que la promoción de los mismos depende únicamente del claustro docente, sobre todo si es la primera vez que se adopta esta medida. Es decir, aunque cabe la opción de mantenerlos un curso más si se considera que ayudará a su evolución, dijeron no es algo que decida la administración. En cualquier caso, el hijo de Eva, un apasionado de los ordenadores y con facilidad para las asignaturas de cálculo, vuelve a la normalidad tras sortear una dificultad más en su carrera vital. Entre las primeras tareas de la familia, después del sobresalto, está buscar un instituto adecuado a las necesidades de su hijo con la ayuda del centro, desde donde prefirieron no hacer declaraciones.

14/05/2015 21:05

Comunitat

Residencias de ancianos bajo la lupa

Elegir una residencia para mayores, sean o no dependientes, es un proceso sensible que implica trasladar parte de la responsabilidad sobre un ser querido a personas externas. Sucesos como el del pasado miércoles, cuando se clausuró un centro de Paterna tras comprobarse que los ancianos estaban desatendidos y presentaban graves problemas de higiene, pueden generar dudas en muchas familias que recurren a este tipo de servicios. Los datos facilitados por la Conselleria de Bienestar Social apuntan a que lo de la pasada semana fue un caso aislado, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años sólo se han impulsado 66 actas de denuncia en todo tipo de recursos sociales de la Comunitat por incumplimientos de la normativa básica, que reúne los requisitos mínimos en cuanto a instalaciones, servicios y formación del personal de atención directa. Para hacerse una idea, la red asistencial valenciana está compuesta por 1.524 centros, la gran mayoría especializados en la tercera edad. El control sobre el buen hacer de las residencias recae en el Servicio de Inspección del departamento autonómico, que puede actuar de motu proprio, por ejemplo en base al plan anual de visitas, o a través de reclamaciones de usuarios, familias o terceros, siempre que lleguen por alguna vía oficial. Entre 2011 y 2014 se han impulsado 1.380 actuaciones de este tipo, con una media que supera las 300 al año, siendo el primero el ejercicio con más incidencias (395) y 2013 el que menos actividad inspectora registró (289). En el mismo periodo se tramitaron 265 denuncias de particulares, lo que da a entender que la mayoría de actuaciones llegan de oficio. Desde la Conselleria de Bienestar Social indicaron que todas las quejas formales que se presentan provocan el inicio de un procedimiento para verificarlas y actuar en consecuencia, ya sea pidiendo informes, enviando requerimientos o impulsando visitas in situ. No son las únicas vías para activar una inspección. Por ejemplo, también pueden hacerse si el servicio o las sedes territoriales reciben información sobre irregularidades por caminos distintos a los habituales. Dos tipos de clausuras Las incidencias más graves han derivado en cierres, "principalmente por deficiencias de personal e infraestructuras y por incumplimiento de ratios de profesionales y de medidas de seguridad, lo que supone una vulneración de los derechos de los usuarios y entraña riesgos para su seguridad y salud". En total se han registrado cinco entre 2011 y 2014. Cuatro eran centros de mayores y uno de personas discapacitadas. En tres la clausura llegó tras un expediente, uno no estaba autorizado por la conselleria -requisito indispensable que debe comprobar cualquier familia- y el otro resultó afectado por un cierre cautelar. Las mismas fuentes explicaron que además se dieron cuatro casos adicionales que tuvieron que bajar la persiana voluntariamente ante la imposibilidad de atender los requerimientos del Servicio de Inspección para adaptarse a la normativa tras las irregularidades detectadas. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) coincide con el diagnóstico de la administración, en el sentido de que las situaciones de desatención son una "absoluta excepción" en el sistema. Además, atribuyen parte de la culpa a los procesos de supervisión de los centros valencianos. "Las inspecciones llegan sin previo aviso y los profesionales conocen muy bien su trabajo. No sólo desempeñan una función de vigilancia, sino que en sus informes, que siempre se trasladan por escrito, también asesoran sobre cómo superar las deficiencias detectadas, es decir, se proponen alternativas. Por eso son muy poco habituales los problemas graves", continúan. A juicio de la patronal, el primer sistema de control es interno y más simple de lo que parece. "En el sector funciona mucho el boca-oreja. Si el centro trabaja bien, si los familiares saben que su ser querido está o ha estado bien atendido, se genera una especie de publicidad efectivísima. Por el contrario, si trasciende que no hay suficiente personal o que hay carencias de higiene es el camino más fácil para que no vaya adelante. Los usuarios buscan calidad en el servicio", explican. También destacan la necesidad de que los familiares sean los primeros en verificar que todo está correcto. Los centros de mayores deben cumplir una serie de requisitos que se regulan en una orden vigente desde 2005. A grandes rasgos, obliga a que todo el personal de atención directa cuente con una titulación oficial y fija las características de las instalaciones, así como las prestaciones que hay que ofrecer, sin olvidar la plantilla exigible, que se modula en función de las plazas mediante ratios mínimas. También se dan directrices para aspectos sensibles como la atención nocturna. Plantilla obligatoria Por regla general una residencia no puede sobrepasar los 150 puestos, aunque se admiten excepciones siempre que se disponga de los espacios y dotaciones necesarias. En el caso de las que atienden a mayores dependientes, que son las más representativas, deben ofrecer a los usuarios servicios de alojamiento, restauración, lavandería, atención sanitaria, psicológica -incluida la terapia ocupacional- y de carácter social. Esto se traduce en una plantilla mínima en la que trabajan médicos, enfermeros, auxiliares y gerocultores, psicólogos, fisioterapeutas, expertos socioculturales y profesionales de servicios generales (limpieza, cocina, lavandería o administración), además del director y máximo responsable. En las inspecciones también se verifica que los espacios cumplen las exigencias de la normativa, que prevé, entre otros, salas de curas, baños geriátricos o zonas diferenciados en función de la clase de atención que se presta al residente. Tal y como apuntan desde Aerte, la orden también regula el funcionamiento del sistema de quejas y sugerencias, que a juicio de la patronal debe tener un tratamiento especial en aras de la calidad del servicio y la satisfacción de usuarios y familiares. También señalan que si esta primera vía no da resultados, cualquier afectado tiene la posibilidad de presentar una hoja de reclamaciones o de acudir a las delegaciones territoriales de Bienestar Social, a la inspección e incluso a los servicios sociales municipales.

13/05/2015 20:51

Comunitat

Un sindicato pide a los padres que boicoteen la prueba de la Lomce no llevando a los niños

La Trobada de Plataformes Comarcals, integrada por el sindicato docente mayoritario en la red pública (Stepv) y otras entidades de ámbito local, dio a conocer ayer su campaña para obstaculizar el desarrollo las pruebas diagnósticas y las que se derivan de la Lomce, siendo la más inmediata la que se aplicará a lo largo de este mes a todo el alumnado de 3º de Primaria. Entre las medidas propuestas destaca la que anima a las familias a no llevar a sus hijos al colegio los días que se programen. También se plantean acciones hacia el profesorado y los claustros para que dejen constancia oficial de su disconformidad con el objetivo de las mismas. La idea es seguir los pasos de otras regiones como Cataluña, donde ya existen unas cuarenta escuelas insumisas, como explicó el representante del Stepv, Marc Candela, en la presentación, en la que también se dio a conocer un estudio sobre la evolución del número de unidades (aulas) en los centros públicos y concertados. La evaluación de 3º medirá competencias lingüísticas y matemáticas a lo largo de dos jornadas y los resultados deben servir para establecer planes de mejora. Aunque los docentes pueden tenerlos en cuenta para decidir sobre la promoción de un alumno, no serán definitivos. En cuanto a las diagnósticas, se aplican en 4º de Primaria y 2º de ESO y son iniciativa de la Conselleria de Educación. Tampoco tienen efectos académicos, pues sirven a los colegios para detectar fortalezas y debilidades de todas las clases participantes y actuar en consecuencia. La entidad recurre a la idea de que no afectarán al expediente del estudiante para plantear el boicot de las familias, asegurando que no habrá ninguna consecuencia legal para ellos ni para sus hijos, aunque no se puede olvidar que se trata de una etapa obligatoria, por lo que las ausencias a clase deben estar justificadas. También sugieren que muestren a la administración su rechazo a las evaluaciones o que pidan por escrito que no quieren que sus hijos se sometan a las mismas. La situación es distinta para los docentes, cuya participación es obligatoria sin son elegidos para su aplicación. La entidad propone a los profesionales que promuevan escritos de rechazo en los claustros, mientras que el Stepv ha ofrecido el apoyo de sus servicios jurídicos si algún profesor es expedientado por negarse a realizar o corregir las pruebas. En cuanto a los argumentos, la campaña de rechazo nace, como aseguró Patricia Tervel, la representante de 'Escoles en lluita' de Castelló -una de las entidades de la plataforma-, porque creen que las evaluación individualizadas se usarán para hacer rankings y "segregar centros y alumnado" según sus resultados, "algo que perjudica a la educación pública". Además, se considera que anulan los proyectos pedagógicos al enfocar los cursos afectados a la superación de las pruebas. En cuanto a las fechas exactas de la de 3º, desde la conselleria explicaron que llegará a finales de mes, una información que se concretará en los próximos días. Si la ley se mantiene, el próximo curso se aplicará en 6º, mientras que las reválidas de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato (definitivas) llegarán en el 2017-2018. Respecto al informe sobre unidades, la Trobada destacó que en los últimos cursos han caído un 3% en los públicos (en Infantil) y han aumentado en el mismo porcentaje en los concertados. De ahí que consideraran que los ajustes responden a criterios ideológicos y no de demografía, como sostiene Educación.

12/05/2015 20:58

Comunitat

El CEU completa su implantación en la Comunitat al ofertar FP por primera vez

La Fundación San Pablo CEU contará el curso que viene con una importante novedad al ofertar por primera vez títulos de Formación Profesional, que sumarán 208 plazas repartidas en siete ciclos (seis de grado superior) que se impartirán en los campus universitarios de Valencia y Castellón. Se trata de los estudios de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (se dará en ambas ciudades), Educación Infantil, Radioterapia, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Higiene Bucodental y el de técnico en Emergencias Sanitarias (el único de grado medio). Los alumnos interesados ya pueden participar en la admisión, que incluye una entrevista personal. De esta forma la institución docente, dependiente de la Asociación Católica de Propagandistas, completará su implantación en la Comunitat tras su aterrizaje hace más de cuatro décadas. En la actualidad dispone de oferta privada en todas las etapas educativas, ya sea a través de los colegios CEU San Pablo de Moncada y CEU Jesús María de Alicante (desde Infantil hasta Bachillerato) o de la Cardenal Herrera (grados y postgrados). El itinerario pendiente, el de ciclos formativos, se ofrecerá mediante el Instituto Superior de Estudios Profesionales (Isep CEU), de nueva creación. Es decir, los títulos no dependen de la universidad, pues se ha optado por seguir el modelo que ya funciona en Madrid y adscribirlos a una entidad distinta integrada en la fundación. Eso sí, se ha buscado rodear a los nuevos estudios de un ambiente universitario. No sólo los aularios, laboratorios e instalaciones auxiliares están integrados en los campus de la Cardenal Herrera, sino que los alumnos podrán beneficiarse del resto de servicios que ofrece a sus matriculados (biblioteca, centro de idiomas, de orientación, de deportes o actividades culturales). En el ámbito académico, los estudiantes podrán formar parte de equipos de investigación conformados por profesores y alumnos de grado, siempre que se trate de disciplinas de la misma rama de conocimiento. Además, una vez aprobado el ciclo formativo podrán acceder a carreras con carácter preferente y tendrán la opción de convalidar créditos de áreas ya superadas durante el título de FP. Respecto al profesorado, fuentes de la institución señalaron que mayoritariamente son docentes con experiencia en estudios de Formación Profesional, aunque no se descarta recurrir a expertos de la universidad si su perfil guarda relación con algún ciclo. El proyecto de la fundación, que no se pudo activar este curso por falta de tiempo ante lo ajustado de la autorización administrativa, está muy ligado al prestigio creciente de los estudios profesionales, cuya demanda aumenta año tras año en la Comunitat. Otro ejemplo del interés en la FP por parte de la iniciativa privada es el de la Universidad Europea de Valencia, que desde hace dos cursos ofrece títulos de grado superior. En la actualidad disponen de ocho, y se prevé, si llega a tiempo la verificación, habilitar dos más: Administración y Finanzas y Alojamientos Turísticos.

11/05/2015 21:13

Comunitat

Educación endurecerá los requisitos para poder impartir clases en inglés

Los profesores de los centros públicos y concertados que impartan asignaturas en inglés deberán cumplir un requisito adicional en lo que se refiere al dominio de lenguas extranjeras. Se trata del Certificado de Capacitación, que se consigue tras superar un curso de varios meses sobre técnicas pedagógicas para dar materias en un idioma foráneo. Es decir, no consiste en evaluar conocimientos técnicos, que de hecho ya se suponen a estos profesores, que tienen que disponer de un nivel B2 en la lengua en cuestión para poder optar al mismo. La exigencia se reguló en 2013 y entrará en vigor el próximo año, de cara al curso 2016-2017. El elevado plazo se justificó en que de esta manera se daba tiempo a los profesionales interesados en conseguir la capacitación. No es un asunto trivial pues afectará a miles de docentes si se tiene en cuenta que de cara al citado ejercicio todos los colegios deberán dar una asignatura no lingüística en un idioma extranjero entre 1º y 4º de Primaria. O lo que es lo mismo, los alumnos recibirán la clase de inglés habitual y una más (excepto Lengua o Valenciano), para la que se pedirá este certificado. Esta es la base del modelo de enseñanza plurilingüe que el próximo septiembre ya habrá llegado a los dos primeros cursos de la etapa. En este caso y de forma provisional, los docentes encargados de estas clases en inglés sólo necesitarán acreditar el B2, el mismo requisito que se aplica a los que trabajan en centros de la Red Plurilingüe, que ya duplican las horas de inglés desde hace años e incluso en cursos superiores. Eso sí, de cara al 2016-2017 sólo valdrá la certificación. Según explicaron fuentes sindicales, aunque la formación necesaria para conseguir la capacitación se oferta gratuitamente para la red pública, las plazas no son suficientes ante la elevada demanda, por lo que muchos docentes se ven obligados a recurrir a vías alternativas de pago. La capacitación también favorecerá a los que se presenten a una oposición, pues permitirá sumar dos puntos en el concurso de méritos, el máximo posible en lo que se refiere al dominio de lenguas extranjeras. Sin embargo, al no ser un requisito para la docencia hasta 2016, de cara al proceso selectivo de este verano (de 887 plazas) aún se podrán sumar con el B2. En un principio Educación planteó exigirlo ya, pero ha optado por esperar un año al considerar que es más acorde con la normativa que regula la capacitación y después de que sindicatos como CSI·F presentaran reclamaciones en este sentido.

10/05/2015 13:34

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Un profesor de la Politècnica, obligado a suspender una charla en Argentina por amenazas

El profesor de Biotecnología de la Universitat Politècnica de València, José Miguel Mulet, se ha visto obligado a suspender una charla que tenía prevista en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), después de recibir amenazas de muerte a través de internet. El doctor, conocido divulgador y experto en bioquímica, alimentación y transgénicos, es autor de los libros 'Comer sin miedo' y 'Medicina sin engaños', y ha participado en gran cantidad de foros de divulgación, entre ellos, el Aula LAS PROVINCIAS. Según publica el diario argentino La Voz, debía estar en la charla "Mitos y debates: del campo a la mesa". Las amenazas, que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes y la embajada española, estaban relacionadas con su participación en el acto. El decano de la facultad que lo acogía explicó a la citada publicación que llegaron a producirse amenazas de muerte y que ya fue increpado la pasada semana en otros actos. Mulet se encuentra estos días promocionando 'Comer Sin Miedo' en Argentina.

09/05/2015 12:27

Comunitat

¿Cómo funciona el proceso de admisión en los colegios?

La normativa autonómica sólo regula el acceso a centros públicos y concertados, que es similar, pues en los privados depende de la existencia de plazas libres. En cuanto a los dos primeros, si hay más puestos ofertados que solicitudes los alumnos entran sin más problemas. En caso contrario se selecciona en base a una baremación, es decir, se suman puntos en función de varios criterios y los que más tengan conseguirán la plaza. Si se producen empates (por ejemplo, que haya tres niños con la misma puntuación para ocupar la última plaza disponible) se hace un sorteo. Es importante elegir más de un centro en la solicitud de admisión (es posible hacerlo con un máximo de diez). Sobre todo porque si no se accede al seleccionado el niño será escolarizado de oficio en alguna de las plazas que hayan quedado libres en el municipio. La renta familiar puede resultar definitiva La baremación cambió en el curso 2013-2014, incrementando el peso de este criterio, que antes se situaba en 0,5 puntos. Para beneficiarse los ingresos familiares que figuraban en la declaración de la renta de 2013 deben ser iguales o inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Tras la creación del distrito único puede resultar definitivo, pues en la práctica supone que cualquier aspirante sume todos los puntos posibles en cuanto a proximidad. Para calcularlo se tiene en cuenta a todos los miembros de la unidad familiar. Los centros tienen potestad para dar un punto La legislación actual permite a los centros otorgar un punto en función de una serie de criterios que se deben aprobar en el consejo escolar. Eso sí, deben ser objetivos y está prohibido pedir notas medias para cualquier etapa obligatoria. Los ejemplos más habituales son: la condición de antiguo alumno, que el colegio haya sido elegido en la primera opción de la solicitud e incluso que se trate de una escuela incluida en la misma zona de escolarización que la vivienda. Además, puede ser coincidente con el resto de criterios establecidos de oficio, como la renta. Si los padres son antiguos alumnos es más fácil entrar Fue otra de las novedades introducidas en el curso 2013-2014 al establecerse de oficio, más allá de que los centros entregaran su punto si en la familia había antiguos alumnos. Eso sí, sólo sirve si reúne esta condición el padre, la madre, los tutores legales o algún hermano. Y tampoco vale si el exalumno sólo cursó el Primer Ciclo de Infantil. Es otro de los criterios definitivos, sobre todo si el centro ha decidido dar su punto en este sentido, pues en lugar de uno se sumarían dos. Hay que tener en cuenta que suele ser una práctica bastante habitual. Familia numerosa, en función de categoría Se otorgan entre tres y cinco a las familias numerosas, en función de si son de categoría general (3) o especial (5). Hay un matiz importante y polémico en este caso, pues los hijos neonatos computan como uno ya nacido a la hora de acceder a esta condición. Esta prerrogativa, que se deriva de una ley autonómica de protección de la maternidad, ha sido llevada a los tribunales por parte de la Abogacía del Estado al considerar que la Generalitat no tiene competencias para acometer esta regulación. Eso sí, elcriterio sigue siendo válido. El distrito único anula el criterio de proximidad El curso pasado se completó la implantación del distrito único en Valencia, Elche y Alicante (un año antes sucedió en el resto de municipios). Esto significa que cualquier alumno suma cinco puntos independientemente de que su vivienda esté situada en un distrito de escolarización diferente al del colegio. Es decir, en la práctica se anula el criterio al igualarse todas las solicitudes. Si los padres optan por un colegio de una localidad distinta a la de residencia, sólo se obtendría uno, lo que da pocas opciones en caso de baremación en la admisión. Admisión asegurada si los progenitores trabajan en el centro Los hijos de trabajadores del centro se benefician de cinco puntos directos, que suelen ser definitivos para conseguir plaza, algo lógico al facilitar la conciliación laboral y familiar. Eso sí, es importante clarificar el criterio, pues para poder acogerse tiene que existir una relación directa con el titular o con la administración. Es decir, se suman si se trata de profesores y personal de administración y servicios, pero no valen otras situaciones como subcontratas de limpieza o de mantenimiento, pues en estos casos la vinculación profesional es discontinua. Hermanos en el colegio, la máxima puntuación posible Es el criterio de la baremación que más puntos permite conseguir, pues se ampliaron aprovechando los cambios introducidos hace dos cursos. Si ya hay un hermano, el aspirante conseguirá ocho puntos, lo que supone garantizar la escolarización. Y por cada uno adicional se suman tres más. Es decir, si hay dos ya matriculados y van a continuar asistiendo en el curso en cuestión, se consiguen 11. Educación justificó el cambio en que se garantiza la conciliación, pues con el sistema anterior habían opciones de que nuevos hermanos se quedaran fuera. Simultaneidad, discapacidad y deportistas Se otorgan 1,5 puntos si el alumno simultánea los estudios ordinarios con otras enseñanzas de régimen especial, como deportivas, musicales y de danza o de idiomas, siempre que sean a partir del nivel elemental y en centros reconocidos por la administración. Por su parte, los deportistas de élite tiene derecho a dos puntos de manera directa. En cuanto a situaciones de discapacidad, si las padeceel alumno se consiguen entre tres y cinco en función del grado, y si la sufren los padres ohermanos la horquilla vadesde uno y medio a tres.

07/05/2015 21:52

Comunitat

Cuenta atrás para elegir colegio

Este viernes se inicia la admisión para el próximo curso con la presentación de las solicitudes en los centros. Durante estos días miles de familias meditan una decisión que marcará a sus hijos y que no es ni mucho menos sencilla. ¿Mejor cerca de casa? ¿Hay que valorar si es público, privado o concertado? ¿Hasta qué punto es importante si son plurilingües? ¿Qué servicios hay que tener en cuenta? Son preguntas habituales que pueden condicionar la elección final. LAS PROVINCIAS ha recogido el punto de vista de tres expertos que han dedicado gran parte de su vida laboral al mundo de la educación. Más allá de sus diferencias de opinión, coinciden en algunos puntos: es fundamental visitar varios centros, aunque no se hayan programado jornadas de puertas abiertas, y sobre todo, preguntar sobre cualquier duda, ya sea sobre la formación del profesorado y los criterios de selección, los servicios, en relación a la organización interna o al proyecto lingüístico. También insisten en la importancia de que se potencien las lenguas extranjeras, preferiblemente el inglés, durante la enseñanza. La admisión empieza con las etapas de Primaria e Infantil, siendo esta última la que acumula la gran mayoría de altas. En España el 95% de los niños entran en el colegio con tres años, por lo que de cara al siguiente curso los protagonistas -los nuevos alumnos- serán los nacidos en 2012. Las familias dispondrán de cinco días efectivos para llevar la solicitud al centro elegido en la primera opción. Aunque se pueden presentar hasta el día 14, hay un fin de semana de por medio. También es importante saber que si se entrega más de una instancia (por ejemplo, una en cada colegio de la lista) se invalidarán todas, por lo que el alumno será escolarizado de oficio al final del proceso. La admisión estará marcada por la caída de la natalidad, un desplome que se inició en 2009. En números, los potenciales nuevos alumnos de tres años bajan hasta niveles propios de hace una década y son casi dos mil menos que hace sólo un año. Según los datos del INE, en 2012 nacieron en la Comunitat 47.574 personas frente a las 49.446 de 2011. Hay que remontarse hasta 2003 para encontrar una cifra similar (47.322). Aunque los datos no tienen por qué coincidir exactamente con el número real de nuevos alumnos, pues pueden estar afectados por flujos migratorios, sí permiten hacer una aproximación, que además coincide con las previsiones de la conselleria, que pondrá a disposición de las familias 51.000 plazas de tres años en centros públicos y concertados. Son más de las necesarias pero es una práctica habitual, pues se ofertan todas las vacantes disponibles, como si las aulas fueran a llenarse hasta su máxima capacidad, algo que nunca sucede. También la oferta de plazas se minora, ya que para este curso habían 51.432 (52.042 en el anterior). Aunque es difícil establecer un perfil único en cuanto a los centros más demandados, en base a las admisiones de años anteriores se extrae la idea de que suelen ser colegios grandes y conocidos en la localidad, que incluyen toda las etapas obligatorias e incluso postobligatorias, que disponen del concierto y que acumulan experiencia en la introducción del inglés. En este sentido, una de las novedades del próximo curso es el avance que se producirá en la implantación de la enseñanza plurilingüe, que se aplica de manera progresiva y que llegará al primer ciclo de Primaria (1º y 2º) tras consolidarse este curso en toda la etapa de Infantil. Esto significa que todos los centros, sin excepción, están obligados a dar al menos una materia no lingüística en un idioma extranjero, además de otra en la lengua que no sea la base del programa. En cifras, Educación calcula que a los 136.000 niños de entre tres y cinco años ya incluidos en el modelo se sumarán 100.038 de Primaria. Será la prueba de fuego de la iniciativa, pues hasta ahora sólo había consistido en introducir entre 1,5 y cuatro horas semanales de aproximación a la lengua extranjera. Es decir, el curso que viene el plurilingüismo ya llega a las asignaturas propiamente dichas. Además hay que tener en cuenta que existen numerosos centros que ya llevan varios cursos aplicando el modelo al disponer de personal formado, por lo que los padres pueden encontrar escuelas que ya aumenten el peso del inglés en cursos sucesivos, incluso en la Secundaria. Otro de los cambios es la aplicación completa de la Lomce en Primaria, de manera que los cursos pares incluirán las nuevas materias de la reforma. Lo que no se conoce aún es el calendario, es decir, si Educación prevé que las clases arranquen durante los primeros días laborables de septiembre.

04/05/2015 20:54

Comunitat

Los notarios podrán oficiar matrimonios y divorcios a partir del próximo verano

El Senado tratará en las próximas semanas el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que abrirá la puerta a que figuras como los notarios o los secretarios judiciales tengan potestad para oficiar bodas y también divorcios, en este último caso siempre que sea de mutuo acuerdo y no hayan menores de por medio ni personas discapacitadas a cargo de la pareja. La reforma busca mejorar la eficacia de los tribunales, de manera que la administración de justicia pueda concentrarse en "la labor fundamental que la Constitución le atribuye de juzgar y ejecutar lo juzgado", tal y como recoge el texto en la exposición de motivos. Es decir, se pretende derivar asuntos de los que pueden encargarse otros operadores para descongestionar los órganos judiciales. Si no hay variaciones en las previsiones que figuran en el borrador, la normativa será efectiva a partir del 15 de julio. "El cambio mejorará la prestación de un servicio público, teniendo en cuenta que existen 3.000 oficinas notariales en toda España, 341 de ellas en la Comunitat. Es decir, habrán 3.000 funcionarios más a disposición de los ciudadanos en este sentido" explicó César Belda, decano del Colegio Notarial de Valencia, quien recordó que también permitirá evitar las esperas actuales para formalizar un matrimonio o un divorcio. "En una notaría un plazo de una semana ya es largo", añadió. Este servicio incluirá una contraprestación económica que deberá asumir el interesado, de ahí que una de las modificaciones que se han incluido durante la tramitación en el Congreso sea la existencia de otra posibilidad gratuita distinta al juzgado, que sigue manteniendo esta atribución. "Desde las primeras reuniones con el ministro hemos pedido que existiera una alternativa sin coste, de manera que nosotros también pudiéramos hacerlo", según fuentes de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, que se mostraron satisfechos con esta modificación, que ha llegado a través de una enmienda presentada del PP. Pocos recursos La portavoz adjunta de Justicia del grupo popular, Beatriz Escudero, explicó que otra de las mejoras introducidas se refiere a que las personas con derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán optar por la vía notarial sin cargas económicas. Esta opción está pensada para aquellos que pese a no tener recursos precisen de la máxima celeridad en la tramitación de un divorcio o un matrimonio. Sobre el conjunto de la ley, la diputada añadió que "responde a una necesidad tremenda de agilizar la justicia" y que se ha conseguido pactar los cambios con los operadores judiciales implicados. Además, la ley mantiene la potestad de celebrar enlaces por parte de alcaldes o concejales, del juez encargado del Registro Civil y del funcionario diplomático o consular responsable de este mismo organismo en el extranjero. Otro cambio consiste en elevar la edad mínima para contraer matrimonio, que se establece en 16 años, la misma que la de consentimiento sexual. De esta forma se elimina la posibilidad de que un joven pueda emanciparse a los 14 por casarse, como ocurría ahora. Además, se introduce el reconocimiento de efectos civiles de los matrimonios celebrados por los ritos budista, mormón, ortodoxo y los de los testigos de Jehová, que se unen a los ya aceptados (católicos, musulmanes y judíos). La modificación incluye más novedades en cuanto a atribuciones a notarios y secretarios judiciales, así como en favor de los registradores de lo mercantil. Esto provocó las críticas de la oposición, que llegó a acusar al Gobierno de privatizar la justicia, extremo que Escudero rechazó con el argumento de que en el caso de los matrimonios y divorcios siempre existirá la vía gratuita, que además será más rápida que las actuales. El proyecto de ley salió de la Comisión de Justicia con 23 votos a favor, todos del PP, 15 en contra y dos abstenciones (CiU y PNV).

03/05/2015 01:46

Valencia

El Consell estudia mejorar los préstamos universitarios ante la falta de demanda

Las medidas ideadas por la Conselleria de Educación y las universidades públicas para facilitar el pago de las tasas avanzan con ritmos más bien opuestos. La posibilidad de dividir el abono en varias mensualidades, que en el mejor de los casos llega a ocho, es la preferida entre el alumnado, mientras que la opción de hacerlo a través de un préstamo bancario a reembolsar una vez finalizada la carrera no ha acabado de despegar en su primer curso de vigencia, por lo que se estudia mejorar las condiciones. El departamento autonómico calcula que el 40% de los estudiantes que tenían que hacer frente a los precios públicos de este ejercicio han optado por el fraccionamiento, síntoma de que muchas familias prefieren evitarse el contratiempo que supone afrontar las tasas en un abono único, que además suele llegar a finales de año. En datos absolutos son alrededor de 40.000 beneficiarios. Por poner un ejemplo, en el caso del grado de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica esta modalidad supone la diferencia entre pagar de golpe los 1.431 euros que cuesta el primer curso o hacerlo en ocho cuotas de 178,8. Esta flexibilidad debe solicitarse a principios de curso y ya se contempla en la Ley de Tasas de la Generalitat tras la última actualización, de finales de 2013. El documento dice que se podrán abonar en mensualidades, sin precisar cuántas, aunque se exige haber formalizado todas las cuotas antes de los exámenes de las materias. Además, se advierte de que el impago de un recibo conllevará la anulación de la matrícula y se permite a las universidades condicionar esta posibilidad a que el interesado pague un importe mínimo de las tasas o a que los recibos se remitan vía domiciliación bancaria. El cambio en la normativa ha servido para dar cobertura legal a una práctica extendida en varias universidades valencianas, que en los últimos cursos, sobre todo a raíz de la crisis y de la subida de los precios públicos, ya aceptaban este tipo de pagos fraccionados. El caso más extremo es el de la Politècnica con sus ocho cuotas, mientras que la Jaume I llega a siete. En la Universitat de València se permiten seis y en la de Alicante y en la Miguel Hernández de Elche cuatro. Además se siguen manteniendo otras dos posibilidades: el pago único, que a nivel global continúa siendo la opción mayoritaria pese al crecimiento del fraccionamiento, y el abono en dos cuotas a afrontar tras cada cuatrimestre. Los únicos alumnos que están excluidos de esta posibilidad son aquellos que han solicitado una beca para este curso, bien porque se les concede y no deben pagar nada (aproximadamente uno de cada tres) o porque se les deniega. En este caso no tienen más remedio que abonar las tasas en una sola cuota. La medida está pensada para los matriculados en títulos oficiales. La otra iniciativa para facilitar el pago de los estudios se desprende de los convenios que firmó el Consell con seis entidades bancarias para que ofrecieran préstamos con condiciones preferentes a devolver tras el final de la carrera, aunque la medida entró en vigor con el curso ya empezado, lo que ha limitado su alcance. Según fuentes universitarias, los datos provisionales hablaban de una decena de solicitudes, aunque son previos a la resolución de las becas del ministerio. Hay que tener en cuenta que uno de los perfiles para los que se idearon estos créditos era, precisamente, el de las familias que se quedan fuera de la convocatoria y prefieren evitarse un pago único. Fuentes de Educación explicaron que una vez se disponga de todas las cifras correspondientes al curso actual se convocará una reunión con las entidades bancarias para plantear propuestas de mejora, ya sea fomentar la publicidad de la iniciativa o permitir la inclusión en los préstamos de las segundas matrículas.

01/05/2015 21:54

Comunitat

Ochenta profesores van a juicio por agresiones, amenazas, insultos o denuncias de padres

Un total de 81 profesores se han visto inmersos en procesos judiciales por conflictos y situaciones derivadas de su actividad en las aulas, ya sea en calidad de denunciados o de denunciantes. Aunque los datos se refieren a los juicios celebrados desde 2012 hasta la actualidad, evidencian que los profesionales se tienen que enfrentar a problemas graves que nada tienen que ver con la enseñanza. Las cifras se refieren sólo a procedimientos centralizados en la conselleria. La casuística es variada, aunque con la suficiente importancia como para acabar en los tribunales. Fuentes del departamento autonómico explicaron que en la mayoría de los casos en los que el profesor es el impulsor del procedimiento se trataba de agresiones verbales y físicas y amenazas por parte de padres, aunque también se dieron situaciones como insultos de alumnos. Incluso se registró un pleito en el que el profesional denunció el acoso al que le sometía un estudiante. Respecto a los procesos en los que el docente acudió como denunciado, la inmensa mayoría fueron juicios de faltas iniciados a instancias de los progenitores. En estos se tratan cuestiones de carácter más leve, como pueden ser supuestos insultos, injurias e incluso empujones. De los 81 procedimientos, en 32 el profesor acudió como denunciante y en 49 participó en calidad de acusado. En este caso, desde 2013 todas las sentencias fueron absolutorias, según las mismas fuentes. Todos los afectados se han acogido a la opción que da la Ley de Autoridad del Profesorado de la Comunitat, que garantiza el derecho «a la adecuada defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos». Se trata de un servicio gratuito que se tiene que solicitar, bien a la Abogacía a través de la conselleria o mediante el seguro de responsabilidad del centro. Además, la normativa, vigente desde finales de 2010, ofrece esta cobertura a los docentes de los centros públicos y también a los de los concertados, aunque no alcanza a los de titularidad privada. El curso con más asistencias prestadas fue el 2013-2014, con 32, lo que da a entender que la violencia contra los profesionales, pese a existir, es minoritaria. Para hacerse una idea, cada ejercicio los centros notifican entre 1.500 y 1.900 incidencias que incluyen todo tipo de casos, desde desperfectos, robos o peleas hasta acosos o amenazas. Además, los últimos datos del Observatorio para la Convivencia Escolar, herramienta pionera a nivel estatal, evidencian una reducción de los conflictos muy graves, además de una estabilización a de las cifras globales con el paso de los años. Los profesionales de la educación también disponen de otras vías de asesoramiento, como los sindicatos. En el caso de ANPE, cuenta con el Defensor del Profesor, que les orienta sobre las medidas a tomar e incluye apoyo legal. El último informe, del 2013-2014, apuntaba que los conflictos más habituales para contactar con el servicio eran las denuncias falsas por parte de padres (24% del total), una problemática que ha aumentado respecto a años anteriores. Le siguieron las amenazas y el acoso de familiares (13%) y los insultos de alumnos (12%).

27/04/2015 20:42

Comunitat

Las penas son menores si se agrede a profesores de colegios concertados

La última reforma del Código Penal endurece las penas a las que puede enfrentarse un alumno o un padre que agreda a un profesor, pues establece que el denunciado será acusado de atentado contra la autoridad. Es decir, se hace una asimilación con la figura del policía, y lo mismo sucede en el caso de los sanitarios. Sin embargo esta protección sólo llega a los que tienen la condición de funcionario, lo que deja fuera a miles de profesionales de la educación concertada y privada, pues la situación de los interinos sí sería asimilable a la de los primeros. En la práctica, la misma agresión podría derivar en castigos distintos simplemente en función de la condición laboral de la víctima, pudiendo implicar penas de cárcel si la violencia o intimidación se ejerce contra un funcionario y quedarse en un delito de lesiones si el afectado trabaja para una empresa educativa. La trágica muerte de un profesor a manos de un alumno en el instituto Joan Fuster de Barcelona ha vuelto a poner de relieve la importancia del cambio legislativo, ideado para mejorar la prevención en las aulas y centros sanitarios y para dar visibilidad "a lo que ya venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria", según el preámbulo. El texto, que entrará en vigor en julio, recuerda que los delitos de atentando contra la autoridad suponen penas de prisión de entre seis meses y tres años, lo que se hace extensible al profesorado de la red pública. La diferencia es sustancial, pues sin tener en cuenta este agravante una lesión básica, por ejemplo que no precise de asistencia médica, implica hasta tres meses de multa. Esto no quita que en casos extremadamente graves (una paliza con secuelas físicas) se apliquen otras disposiciones del Código Penal que sí acarrean penas elevadas e incluso de privación de libertad. Críticas de los profesionales La diferencia de tratamiento no gusta a los representantes de los trabajadores. Blas Giner, secretario autonómico de FSIE-CV, la tildó de "barbaridad", pues en su opinión "situaciones iguales deben tratarse de manera similar". También destacó que los profesores de centros privados o concertados desempeñan las mismas tareas que los funcionarios y apuntó que al sindicato han llegado sentencias por agresiones que sólo fijaban sanciones económicas. Para Joaquín Sanz, coordinador de Enseñanza Concertada de USO CV, este tipo de distinciones "no contribuyen a prestigiar a los profesionales" de la red ni a facilitar su labor, de ahí que señalara que a nivel nacional se reclamó una equiparación de los profesores en el futuro Estatuto Básico de la Función Docente, un documento que no se ha llegado a tramitar. También Giner se refirió a la campaña de FSIE respecto a esta normativa, aunque destacó que además de la igualdad de condiciones en cuanto a la consideración de autoridad se incluía la necesidad de hacerlo en otros aspectos, como las condiciones laborales. La situación de los interinos es algo ambigua, pues el Código Penal habla de "funcionarios públicos" y "funcionarios docentes", por lo que atendiendo a la literalidad del texto podrían quedarse fuera de esta protección añadida. Sin embargo, tal y como recordaron desde el sindicato Stepv, el Estatuto Básico de la Función Pública sí les otorga esta condición, pues distingue entre funcionarios de carrera (con plaza) y funcionarios interinos (que cubren puestos libres y sustituciones). Fuentes del departamento autonómico confirmaron que la única diferencia en cuanto al tratamiento de los profesores es la que se deriva del Código Penal, en el sentido de que agredir a un funcionario computa como agravante. Eso sí, recordaron que desde 2010 en la Comunitat existe la Ley de Autoridad del Profesorado, que no hace distinciones en función de la red. Por ejemplo, a todos se les reconoce la presunción de veracidad (por regla general su palabra tiene más peso que la de un alumno), aunque en los centros privados esta prerrogativa sólo es efectiva si figura en el reglamento de régimen interno. Además, los profesionales de los públicos y los concertados tienen derecho a defensa jurídica por parte de la Generalitat en caso de denuncia.

22/04/2015 21:08

Comunitat

Educación blinda el acceso a la inspección para evitar nombramientos a dedo

El Diari Oficial publicará en las próximas semanas la normativa que regula la nueva bolsa de trabajo para los inspectores accidentales, aquellos que sin plaza definitiva en el cuerpo cubren vacantes o sustituciones que se generan durante el curso en función de las necesidades de la conselleria. Es decir, desempeñan su labor como interinos. El reglamento cumple dos objetivos. Por un lado se blinda el sistema de acceso temporal, evitando la tentación de recurrir a nombramientos que dependan únicamente de la administración (a dedo), y por el otro, se les equipara con el resto de profesionales de la educación, pues el orden que se ocupe en la bolsa se basará en los mismos criterios. Desde que se transfirieron las competencias en la materia a las comunidades hasta 2011, cuando había que cubrir una baja por una jubilación o una excedencia, por ejemplo, la elección recaía en la conselleria, por lo que era un método más arbitrario que transparente. A partir del citado año se crea la primera bolsa de inspectores interinos, de la que formaron parte los que tras participar en la oposición celebrada entonces no fueron seleccionados pero sí superaron al menos dos de las tres fases del proceso selectivo. Sin embargo, el número de profesionales incluidos, los que cumplían el requisito, no fue suficiente para cubrir las necesidades, llegando a agotarse la bolsa. En la práctica, los que ya desempeñaban el cargo, tanto con plaza como interinos, vieron incrementado su volumen de trabajo, con más centros asignados. Por esta razón en 2012 se cambió la regulación con una orden que permitía la entrada de más personal mediante concursos de méritos. El problema fue que esta normativa preveía que una vez se convocaran nuevas oposiciones al cuerpo, que es lo que pasará este verano, se eliminaría esta bolsa y a sus integrantes y se volvería al sistema anterior. Es decir, se corría el riesgo de que volvieran a faltar manos para cubrir sustituciones, por lo que se abría la puerta a recurrir a procedimientos de urgencia como los nombramientos a dedo -ha sucedido en otras regiones como Andalucía- o concursos de méritos periódicos. Con la nueva orden se garantiza el personal suficiente. Por un lado se mantienen los accidentales actuales y se favorece un aumento del número de integrantes de la bolsa a medida que se vayan convocando más oposiciones. Eso sí, el orden de los puestos a ocupar, que determina la facilidad para acceder a una plaza temporal, cambiará como sucede con el resto de interinos, dando prioridad a los que tengan las tres partes de la oposición aprobadas (y entre estos, a los que ya han prestado servicios en el cuerpo). Apoyo de los inspectores La creación de esta norma para evitar arbitrariedades en el acceso fue valorada positivamente por el colectivo mayoritario de inspectores, Usie, que también mostró su satisfacción porque se haya abierto el debate para actualizar el decreto que regula la organización y funcionamiento de la inspección, que se ha quedado obsoleto. Por su parte, desde Educación destacaron que servirá para "conseguir una mayor seguridad jurídica, mejorar la transparencia y primar el concepto de mérito y capacidad" en los procesos.

19/04/2015 21:17

Comunitat

Un recurso amenaza las medidas para la reutilización de libros de texto

El recurso presentado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) para intentar frenar las medidas que favorecen la reutilización de los libros de texto sigue avanzando en la sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJCV. Tras ser admitido a trámite se han tenido en cuenta varias de las pruebas presentadas por las partes, aunque el litigio todavía está pendiente de resolución, según informaron fuentes del tribunal. En el caso de que se dé validez a las tesis de la patronal de las editoriales, la Conselleria de Educación se verá obligada a rectificar algunas de las iniciativas impulsadas. En este escenario, a los 300.000 alumnos que el curso que viene se verán perjudicados por la renovación de los libros tras los cambios introducidos en la Lomce se sumarían los que no podrían beneficiarse de las medidas impugnadas, aunque no les afecte la llegada de la ley. El recurso pone el foco en varias decisiones concretas, como la creación de la página web Llibrey para fomentar los intercambios y el reciclaje entre familias. Si la sentencia es desfavorable, no seguiría funcionando, por lo que no se podrían aprovechar los cientos de manuales de cursos anteriores que se han introducido en el sistema. También carga contra la elaboración por parte del departamento del libro de la asignatura Cultura Valenciana (de 6º) -que ya no se podría distribuir gratuitamente por internet- y contra la decisión de ampliar la vigencia de los ejemplares a seis años de duración. Desde el 2013-2014 se obliga a que cualquier libro que se renueve en Primaria se tenga que mantener durante el siguiente sexenio, a contar desde la fecha de adopción. En este caso el perjuicio sería a medio plazo, pues Educación facilita a los centros la sustitución prematura en aquellos cursos afectados por la Lomce si los docentes consideran que los manuales antiguos no se adecúan a los nuevos contenidos. Un fallo contrario a la conselleria obligaría a volver al periodo anterior de cuatro ejercicios, lo que se traduciría en una mayor renovación de los manuales. Además de las medidas concretas, Anele carga las tintas a nivel genérico al criticar que se haya potenciado «la no utilización de libros de texto, el préstamo y la reutilización». Por ejemplo, en la Comunitat se ha fomentado la creación de bancos de reciclaje por parte de las Ampas mediante normativas reguladoras y ayudas públicas (aunque limitadas) y se ha incentivado la creación de materiales propios por parte de los profesores. El curso que viene también funcionarán los sistemas de préstamo gestionados por los propios centros, que tendrán un fondo bibliográfico para alumnos de familias con rentas bajas que devolverán los ejemplares al año siguiente para reutilizarlos. Aunque la iniciativa se anunció con posterioridad al recurso, y por lo tanto no se hace referencia a la misma, la patronal ha impulsado denuncias contra actuaciones parecidas de otras regiones. Los argumentos de Anele, plasmados en un requerimiento previo que no fue respondido por la conselleria, son que las medidas contravienen «la libertad pedagógica de centros y profesores a la hora de seleccionar los libros de texto más idóneos», teniendo en cuenta los cambios de la Lomce, que van contra la «obligación de absoluta neutralidad que en materia de educación deben mantener los poderes públicos» y que se trata de actuaciones contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia «por restringir el derecho de las editoriales a elaborar y comercializar en la comunidad materiales adaptados a las nuevas necesidades». En cuanto a la excepción de Educación para renovar libros antes de los seis años, hay que tener en cuenta que tiene una vigencia limitada. Por ejemplo, en el caso de Primaria se acabará el curso que viene, cuando toda la etapa ya esté adaptada a la reforma educativa.

18/04/2015 20:24

Comunitat

El cambio de libros de texto afectará a casi 300.000 alumnos, el doble que este curso

Los colegios enfilan desde hoy la última parte de un ejercicio especial, que será recordado como el que sirvió para iniciar la implantación de la séptima reforma educativa de la democracia, concretamente en 1º, 3º y 5º de Primaria. La adaptación cogerá carrerilla en el 2015-2016, con la aplicación de las novedades de la Lomce en los cursos pares de esta etapa (2º, 4º y 6º), a los que se sumarán 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato. Los cambios de libros de texto no serán una excepción, con los consiguientes quebraderos de cabeza para miles de familias teniendo en cuenta que la ley marcará desde septiembre los estudios de alrededor de 280.000 alumnos, según se desprende de la estadística oficial sobre matriculaciones en los cursos afectados. Y la mayoría tendrán que recurrir a manuales de nueva creación, como ha sucedido en el ejercicio actual, donde las modificaciones han afectado a unos 150.000 estudiantes. Más allá de las materias que llegan con la reforma, lo esencial es que las variaciones que introduce en los contenidos y los criterios de evaluación alcanzan a todas las áreas, lo que da pie a que se acometa una renovación editorial en la que el sector pone a disposición de la comunidad educativa manuales acordes a la nueva normativa. La consecuencia es que se invalidan las principales opciones de reutilización, como recurrir a los de un hermano mayor o a los cada vez más numerosos intercambios entre padres. En el caso de Primaria, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales son asignaturas nuevas que sustituyen a Conocimiento del Medio, por lo que son las principales candidatas para el cambio de libros junto a la alternativa de Religión, llamada Valores Sociales, que no existía. También se modifica el de Inglés, área que se organiza de manera distinta a lo largo de la etapa (ganará peso lectivo en 2º y 4º). En 1º de ESO entre las novedades está Valores Éticos, espejo de la material confesional en este ciclo, mientras que en 3º las matemáticas habituales se dividen en dos: aplicadas, que la elegirán los alumnos que quieran dirigirse hacia la FP, y académicas, ideadas para seguir en Bachillerato. Además, en ambos cursos llega una optativa nueva: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Respeto al Bachillerato, no hay grandes cambios de asignaturas, aunque sí se reordenan los itinerarios (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes). La última palabra sobre los libros que varían es de los centros, ya se trate de materias nuevas o existentes. Según las instrucciones de funcionamiento de este curso, por regla general un manual debe durar al menos seis años desde que se adoptó, aunque se ha añadido una excepción mientras dure la adaptación a la Lomce. Aunque se insta a los centros a fomentar la reutilización para evitar gastos añadidos a las familias, se dice que los órganos de coordinación didáctica deberán valorar la adecuación de los ejemplares al currículo vigente, que hay que recordar que cambia en todas las asignaturas, sin excepción. Y si se considera que no es el caso, se pueden elegir otros nuevos con tal de que se justifique la medida en el acta de la reunión donde se adopte la decisión. Desde la conselleria explicaron que la idea es pedir que se mantengan si las variaciones son menores. Los colegios tienen hasta el 30 de junio para dar a conocer la relación de ejemplares del nuevo ejercicio, si bien es cierto que en Secundaria aún no se ha podido tomar ninguna decisión en este sentido pues los currículos aún no son oficiales. Pese a las novedades, también habrán casos de familias no afectadas. El curso pasado fueron muchos los colegios que pactaron en el consejo escolar mantener la relación vigente, introduciendo las novedades a través de materiales de elaboración propia, una idea impulsada desde las Ampas que tendrá continuidad. Además, en septiembre funcionará el sistema de préstamo que se implantará en los centros, que permitirá a las rentas bajas disponer de libros sin coste, que deberán devolverse para su reutilización. La inversión prevista llega a ocho millones. Para este ejercicio no habían ayudas de este tipo, con la excepción de los centros Caes y de Especial.

14/04/2015 12:24

Comunitat

Los colegios contarán con voluntarios y becarios para dar clases de refuerzo

Los colegios valencianos dispondrán el curso que viene de nuevos planes que permitirán contar con más recursos para atender al alumnado que precisa de algún tipo de refuerzo para poder avanzar en sus estudios. Por un lado, la Comunitat participará en el proyecto experimental impulsado por el ministerio que consiste en contratar a graduados universitarios para que ayuden a alumnos con especiales dificultades, tanto en horario lectivo como extralectivo. La casuística es diversa, pues tendrán que atender a estudiantes que presentan elevadas tasas de repetición o absentismo, que arrastran materias suspendidas o que precisan de alguna necesidad específica de apoyo, desde un trastorno del aprendizaje o el lenguaje hasta el desconocimiento del idioma. Podrán participar en el plan quienes dispongan del título de magisterio o de carreras relacionadas con las lenguas, las matemáticas o las ciencias, siempre que lo obtuvieran en los últimos cuatro años. Trabajarán en centros de Primaria a propuesta de la conselleria, y la previsión es contar con 150 becarios de los 2.000 que se contratarán para toda España. Recibirán una remuneración de unos mil euros durante siete meses y deberán acreditar una nota media en sus estudios superior al ocho y un nivel alto en idiomas extranjeros (B2 o equivalente). Por otro lado, la Conselleria de Educación tiene previsto ampliar el programa piloto Club de Deures, una iniciativa que abre la puerta a que personas externas a los centros pueden trabajar con los alumnos, fuera del horario escolar, en el refuerzo de asignaturas básicas o simplemente ayudándoles con la realización de deberes y trabajos. Eso sí, lo tienen que hacer en condición de voluntarios, esto es, de manera altruista, por lo que deben formalizar su inclusión en un registro creado ex profeso por la conselleria para que la iniciativa pudiera dar sus primeros pasos. Hay que tener en cuenta que desde hace un par de cursos funciona en Castellón, si bien en este se amplió a La Vall D'Uixò y Almassora con la idea de poder medir la incidencia de este acompañamiento en el rendimiento. El objetivo es que de cara al nuevo ejercicio se puedan sumar centros de más municipios interesados. Los voluntarios deben cumplir varios requisitos, como estar en posesión de algún título universitario, como el de maestro, o acreditar que lo están cursando en el momento de participar en el plan. Por ejemplo, se admiten profesores jubilados que quieren poner su experiencia a disposición de los alumnos. En Castellón, los grupos de apoyo se limitan a 4º de Primaria y hay medio centenar de participantes repartidos en treinta centros, la mayoría estudiantes de la Universitat Jaume I, recién titulados y jubilados. Ambas iniciativas tienen un punto en común: recurren a vías distintas a los sistemas habituales de provisión de puestos para los centros públicos, como son las oposiciones y las bolsas de trabajo. Esta opción es rechazada por los sindicatos docentes, que ya han llevado medidas parecidas a los tribunales. No son los únicos programas piloto previstos para el nuevo curso. Como informó LASPROVINCIAS, el Éxit II, que ya funciona en Secundaria, se ampliará a los centros de Primaria. En este caso los repasos extralectivos y gratuitos corren a cargo de profesores interinos. Educación prevé contratar a un millar de docentes para ambas etapas.

12/04/2015 20:26

Comunitat

Los colegios perderán casi 200 profesores por la caída de la demanda

Los colegios públicos de Infantil y Primaria perderán el curso que viene 169 puestos de profesores que tenían carácter definitivo, es decir, que se habían consolidado en los últimos años para atender la demanda de los municipios. Así se desprende del arreglo escolar publicado ayer en el Diari Oficial, el documento normativo mediante el cual la Conselleria de Educación planifica el número de aulas que se crean o suprimen en base a criterios de demanda, como la demografía. De hecho, la eliminación de estas plazas se debe, principalmente, al descenso de la natalidad que comenzó a notarse en 2009. La mejor prueba es que la mayoría de los puestos que desaparecen definitivamente corresponden a maestros de Infantil, etapa donde ya se está notando el fenómeno al acoger a niños de entre tres y cinco años. Los profesores que se asignan a cada centro se calculan en función del número de unidades (aulas) que lo componen. Por eso la supresión de clases conlleva la pérdida de profesionales, y viceversa. La información publicada ayer sólo se refiere a unidades y puestos docentes definitivos y consolidados, pero no incluye las creaciones provisionales, aquellas que se autorizan durante un solo año y se revisan cada ejercicio, pues su permanencia dependerá de la demanda existente. Según informó ayer la Conselleria de Educación, en toda la Comunitat se van a habilitar temporalmente unas 275 unidades, que lógicamente irán acompañadas de nuevas plazas docentes provisionales, lo que al final arrojará un saldo total positivo. Desde el departamento destacaron que el balance global de aulas creadas y suprimidas de cualquier tipo (definitivas y temporales) es de 206 unidades más. Por etapas, la que más sufre es Infantil, que pierde 11 por la menor natalidad. La inclusión de las habilitaciones fue criticada ayer por Fete UGT PV, que acusó a Educación de querer maquillar las cifras. Si no se contabilizan, se extrae que la Comunitat ganará 127 puestos docentes pero perderá 169 (-42). Más allá de que el balance global sea positivo, la eliminación de un puesto de profesor nunca agrada al centro que le toca, si bien es cierto que en este caso no se debe a algún tipo de ajuste, pues Educación defiende que el arreglo escolar se realiza en base a criterios objetivos, como los nacimientos o las altas y bajas del padrón. Según la información que consta en esta normativa, los casos más extremos son los colegios que pierden tres plazas pese a suprimirse una sola unidad. Es lo que sucede con los que pasan de 18 clases a 17, que deben prescindir, en base al catálogo de plantillas, de un profesional de Primaria, otro de Educación Física y otro de Pedagogía Terapéutica. Si el puesto corresponde a un funcionario con plaza definitiva, tendrá que ser recolocado en otro centro, y si se cubre con interinos, simplemente se dejará de hacerlo. Un factor que influye en la elaboración del arreglo es la ratio máxima de alumnos por aula. En este sentido será la última planificación con las derivadas del decreto Wert (hasta 30 en lugar de 25). Hay que recordar que Català se ha comprometido a reducirlas en el 2016-2017. Lo mismo sucederá si hay cambio de Consell, pues todos los partidos de la oposición han mostrado su rechazo a los parámetros actuales.

05/04/2015 22:45

Comunitat

La demanda para estudiar Medicina multiplica porseis las plazas existentes

Conseguir plaza para estudiar la carrera de Medicina es complicado, pues año tras año la nota de corte para acceder se sitúa entre las más elevadas de todo el sistema público (por encima del 12 sobre 14). Se debe, en parte, a la altísima demanda de este estudio, que supera a la del resto de grados de Ciencias de la Salud, una de las ramas de conocimiento que mayor interés suscita entre el estudiantado. Para hacerse una idea, el número de solicitudes presentadas por los alumnos para poder entrar es seis veces mayor que las plazas ofertadas, según se desprende de los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación sobre resultados de la última admisión, correspondientes al ejercicio actual. En concreto, los tres centros públicos de la Comunitat adjudicaron un total de 534 plazas de primer curso, mientras que las peticiones de ingreso alcanzaron las 3.484, lo que supone una sobredemanda de más del 650%. Expresado de otro modo, significa que sólo el 15,3% de los interesados consiguieron entrar en la carrera. Además, los datos sólo se refieren a los jóvenes que eligieron el grado en la primera opción de la preinscripción. Si se tiene en cuenta a los que lo hicieron en la segunda y las sucesivas -es decir, tenían otras prioridades- la relación porcentual sería muchísimo mayor. En la actualidad Medicina se puede cursar en la Universitat de València, en la Miguel Hernández de Elche y en la Jaume I de Castellón. En este caso es de reciente implantación y todavía no ha salido la primera promoción de graduados. También se oferta en el sistema privado, concretamente en la Católica San Vicente Mártir de Valencia y en la CEU Cardenal Herrera, tanto en Valencia -en inglés, dirigida a alumnado extranjero- como en Castellón. Incluso se han llegado a presentar dos proyectos de nuevas instituciones privadas para la provincia de Alicante que la incluían en su cartera de títulos, lo que provocó el rechazo del Foro de la Profesión Médica Colegial, que agrupa a colegios, sindicatos, asociaciones de estudiantes y decanatos, al considerar que si no se limitan las plazas de nuevo ingreso para adecuarlas a las del MIR se fomentará el paro médico. Sin embargo, los dos nuevos centros están en 'stand by'. En el caso de la Universidad Católica San Antonio, prevista en San Juan, el expediente de creación se ha cerrado, aunque existía la intención de funcionar como un centro adscrito. En cualquier caso tendrá que esperar a la próxima legislatura, igual que el proyecto previsto en El Campello (Mare Nostrum University). La estadística oficial incluye información sobre todas las carreras ofertadas en la Comunitat Valenciana. Algo parecido, aunque con menor intensidad, sucede con las relacionadas con la docencia, como las de Maestro de Infantil y de Primaria, donde la demanda también supera con creces a la oferta. A nivel general, según el ministerio, en la Comunitat se imparten 180 títulos de grado, la mayoría de ellos (64) pertenecientes a las Ciencias Sociales y Jurídicas, aunque seguidas de cerca de las Ingenierías y la Arquitectura (50). Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud suman 24 cada una, siendo la rama de Ciencias la menos representada (18). También se da información sobre la tasa de ocupación de plazas de nuevo ingreso, que en el caso valenciano se sitúa, a nivel global, en el 87,08%. Es decir, se cubren la inmensa mayoría de los puestos que se ofertan. Por áreas, la más ajustada es la de Ciencias (100,19%, lo que supone cierto grado de sobreadjudicación), seguida de Ciencias de la Salud (98,06%), Artes y Humanidades (87,1%), Ciencias Sociales y Jurídicas (83,74%) e Ingeniería y Arquitectura (83,42%).

04/04/2015 20:48

Valencia

Casi un tercio de los alumnos arrastra asignaturas pendientes durante la ESO

El 30,75% del alumnado avanza a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con asignaturas pendientes. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación sobre resultados académicos, que son novedosos ya que por primera vez se reflejan estadísticas sobre esta cuestión referidas a la Comunitat Valenciana. 1.300 centros tendrán conexión a internet de alta velocidad El Gobierno destinará 330 millones para dotar a escuelas de toda España de conexión ultrarrápida a internet, de las que 1.300 se sitúan en la Comunitat. Según explicaron desde la Conselleria de Educación, a través del convenio de colaboración, presentado ayer por el presidente Mariano Rajoy, se podrá garantizar un ancho de banda de alta calidad en todos los centros valencianos a partir de 2016. La autonomía sólo tendrá que encargarse del mantenimiento de la red. La conexión permitirá alcanzar una velocidad de 100 megabits por segundo. Aunque la información es antigua, pues se basa en el curso 2012-2013, permite hacer comparaciones entre comunidades. La conclusión es que aunque no se trata de un hecho aislado sí se dan variaciones significativas. A nivel estatal el porcentaje es algo menor (28,8%), si bien es cierto que la autonomía no queda mal posicionada teniendo en cuenta que hay seis cuya tasa supera a la valenciana: Baleares (34,85%), Extremadura (34,82%), Castilla-La Mancha (32,49%), Murcia (32,05%), Castilla y León (31,88%) y La Rioja (30,93%). Si se contabilizan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hay que ubicarlas en los primeros puestos del ranking, con un 42,31% y un 41,75% respectivamente. Los mejores datos se registran en las comunidades de Navarra (22,45%) y País Vasco (25,18%). La información estadística se refiere al alumnado que promociona, y diferencia si lo hace con todas las materias superadas o con alguna pendiente. Además, se ha dividido por cursos. En la Comunitat, el 32,9% de los que pasaron a 2º de la ESO lo hicieron arrastrando asignaturas, porcentaje que se sitúa en el 33,79% entre los que alcanzaron 3º y en el 37,25% entre los que llegaron a 4º. Por último, de los que pasaron de 4º a la siguiente etapa (Bachillerato o FP de Grado Medio), el 15,39% lo hizo con áreas por aprobar. En la actualidad se puede pasar de curso con un máximo de dos materias suspendidas. Incluso se permite, de forma excepcional, hacerlo con tres, siempre que el claustro docente apoye esta medida y considere que hay expectativas de recuperarlas y que es conveniente para la evolución académica del joven. Incluso se puede conseguir el graduado de ESO sin tener todas las áreas aprobadas, aunque se trate de una medida extraordinaria. Eso sí, no suele suceder si entre ellas están las básicas: Valenciano, Lengua y Matemáticas. De hecho, el único cambio en cuanto al paso de curso que incluye la Lomce es, precisamente, dificultarlo si entre las no aprobadas está alguna de las citadas. En cuanto a los datos globales sobre promoción (los que pasan de curso sobre los matriculados), apuntan a que lo consiguieron el 83,2% de los que estaban en 1º, el 80% de los que cursaron 2º, el 80,4% de los que hicieron 3º y el 75,5% de los de 4º. Dándole la vuelta a esta estadística se extrae la proporción de repetidores en cada curso, aunque puede caber algún matiz, como por ejemplo, que dejaran los estudios si tenían más de 16 años. Los datos oficiales del ministerio también han permitido actualizar la tasa bruta de graduados en ESO, que se refiere al porcentaje de alumnos que terminan esta enseñanza respecto al total de la población con la edad teórica para empezar el último curso (15 años en este caso). En la Comunitat se sitúa en el 63,1%, siendo el porcentaje restante (36,9%) lo que se conoce como fracaso escolar. Es decir, los que no consiguen el graduado. Como ya informó LAS PROVINCIAS, los centros valencianos se sitúan a la cola de España, sólo por delante de Ceuta y Melilla, a pesar de que se ha mejorado ligeramente dicho indicador (0,1%). A nivel estatal se ha alcanzado el registro más positivo de los últimos años.

30/03/2015 10:57

Comunitat

Gastronomía e ingenierías, ganchos de las universidades para captar nuevos alumnos

El Consejo de Universidades ha tratado las propuestas de creación de 14 carreras en centros públicos y privados para el próximo curso, a las que se añadirá otra de la Católica que no pasará por este órgano. Las más llamativas son las que versan sobre nuevas áreas de ingeniería y las actividades gastronómicas. En este último caso la Comunitat pasará de no tener oferta a contar con dos grados: uno en la capital (Universitat de València) y otro en Castellón (CEU Cardenal Herrera). LOS NUEVOS TÍTULOS UVCiencias Gastronómicas. UPVIngeniería para la Empresa. UAIngeniería Robótica y Tecnologías de la Información para la Salud. CEUGastronomía y Gestión Culinaria, Psicología, Ingeniería Biomédica y Fundamentos de la Arquitectura. CatólicaHistoria, Traducción, R. Internacionales y Criminología. EuropeaPsicología. VIUIngeniería Informática y Traducción e Interpretación. En cuanto al primero, se ofrecerán 50 plazas de nuevo ingreso y recibirá el nombre de Ciencias Gastronómicas. La idea es cubrir las necesidades docentes con personal propio, aunque para la parte práctica se van a firmar convenios de colaboración con centros especializados para disponer de espacios adecuados, como cocinas de última tecnología. Será el único título de nueva implantación de la institución decana, que además, es el primero que se crea desde el ejercicio 2010-2011. El grado de Castellón se llamará Gastronomía y Gestión Culinaria y acogerá a 60 estudiantes el primer año. Según fuentes de la institución, el plan de estudios tendrá cuatro pilares -Gastronomía, Nutrición y Salud, Gestión Empresarial y Gestión de Marketing- y dará un peso especial al inglés (en 1º y en 2º). El centro privado tiene la intención de ampliar su oferta con tres grados más: Fundamentos de Arquitectura (que sustituye a la carrera del mismo nombre), Psicología -ya disponible en la VIU, la Católica, la Jaume I, la Universitat y la Miguel Hernández y a partir de septiembre en la Europea- y el de Ingeniería Biomédica, una titulación emergente que sólo está presente en la red pública (en la Politècnica). Varias de las nuevas carreras están relacionadas con la tecnología, si bien los centros han buscado áreas poco exploradas como una forma de captar alumnado y cubrir las necesidades de determinados sectores. Además del ejemplo anterior está el de Ingeniería Robótica, grado pionero de la Universidad de Alicante. También es llamativo el caso de la Politècnica, que junto a la escuela de empresarios Edem implantará el de Ingeniería de la Empresa, que ofrecerá formación técnica global y adaptada al mundo de los negocios. Otro de los títulos de este área es Ingeniería Informática, si bien es cierto que ya está presente en la oferta presencial a través de diferentes modalidades (Miguel Hernández, Cardenal Herrera, Alicante, Jaume I, Politècnica, Europea y Valencia). En este caso, la docencia será íntegramente a través de internet. La VIU también implantará, con el mismo sistema, el de Traducción e Interpretación, que ya se ofrece en la Universitat de València, Alicante, Jaume I y en la Europea, aunque con perfiles académicos diferenciados. También la Universidad Católica ha apostado por esta carrera para ampliar su oferta, además de por el grado de Historia (Universitat, Alicante y Jaume I) y el de Relaciones Internacionales (Europea y Cardenal Herrera). Ayer el Arzobispado informó de que también se ofertará la de Criminología, si bien no entra dentro del orden del día del consejo. Por último, queda por citar otro nuevo estudio de la Universidad de Alicante: Tecnologías de la Información para la Salud. Hay que tener en cuenta que en algunos casos las carreras están ultimando su proceso de verificación, por lo que su oferta en septiembre dependerá de que se tenga margen suficiente para organizarla. El Consejo de Universidades también tratará la creación y supresión de másteres. En este caso hay más ejemplos, aunque desde Educación destacaron que la oferta final cumplirá con las limitaciones marcadas en el mapa de titulaciones.

23/03/2015 12:30

Sociedad/Educación

Educación abre la puerta a reducir el horario lectivo de los profesores

La Conselleria de Educación presentará hoy a los sindicatos la normativa que servirá para establecer el número de profesores que se necesita en cada centro de Secundaria en función de su tamaño. Se trata de un documento importante, pues será una especie de convenio colectivo del profesorado y permitirá adaptar la Lomce en la etapa a partir de septiembre. El borrador incluye una disposición adicional llamativa, pues abre la puerta a que los docentes vuelvan a recuperar la jornada lectiva de 18 horas semanales, que se incrementó tras la entrada en vigor del real decreto Wert en 2012, que incluía una serie de medidas urgentes para reducir el gasto educativo de cara a la contención del déficit. En la práctica, obligó a las comunidades autónomas a establecer un mínimo de 20 horas de clase. Según fuentes del departamento, el artículo se ha incluido para evitar males mayores en el caso de que la normativa estatal perdiera vigencia, es decir, que fuera derogada, ya que no tiene caducidad. En este caso obligaría a redactar de nuevo la orden de plantillas, con los consiguientes pasos administrativos. Podría suponer, por ejemplo, que durante ese periodo los docentes estuvieran dando más horas de las fijadas. Eso sí, para que sea efectiva la reducción la única opción es que el Gobierno impulse un cambio, pues la competencia no es autonómica. La jornada lectiva de un profesor es distinta en función de la etapa. En Primaria se tienen que impartir 25 sesiones semanales frente a las 20 de Secundaria. Eso sí, la jornada laboral es similar y llega a 37,5 horas. Las restantes se dedican a tareas de planificación, preparación de clases, organización y participación en órganos colegiados. La nueva orden de plantillas establece la carga de horas que se necesitarán en los centros una vez se aplique la Lomce, que introduce cambios en las asignaturas y diferentes itinerarios formativos, fomentando las materias optativas y dejando a los centros cierta libertad para elegir las áreas a ofrecer. También contempla las reducciones horarias por asumir funciones directivas y de coordinación y los desdobles de grupos para las enseñanzas de Formación Profesional. La aplicación de la reforma educativa no es el único motivo para remozar la normativa sobre el personal docente, pues la vigente hasta la actualidad, aprobada en 2010, fue anulada por el Supremo tras un recurso presentado por la Federación de Enseñanza de UGT PV. Es decir, se matan dos pájaros de un tiro. En la mesa de negociación también estará el borrador sobre la organización y el currículo de Secundaria, donde se concretan aspectos de la Lomce como el peso de las troncales, las modalidades a ofertar o el tratamiento de la Religión. Los sindicatos pedirán aplazarla negociación Varios sindicatos docentes pedirá hoy a la administración que se aplace la negociación de la orden de plantillas y el decreto que establece la organización de la Secundaria derivada de la Lomce. Así lo harán, por ejemplo, el Stepv y la Federación de Enseñanza de UGT PV. El motivo es que el calendario elegido por Educación coincide con las Fallas, lo que provoca que en muchos centros, sobre todo de la provincia de Valencia, sean días festivos y no se hayan podido reunir aportaciones y enmiendas de profesores. No parece probable que la conselleria vaya a acceder a la propuesta, teniendo en cuenta que las sugerencias también se podrán presentar a lolargo de la próxima semana.

18/03/2015 10:49

Comunitat

Cuarenta colegios públicos no tienen candidato para ser director

Doscientos treinta y ocho centros educativos públicos necesitan nuevo director de cara al próximo curso tras finalizar el mandato del responsable anterior. Para ello, la Conselleria de Educación ha impulsado un procedimiento, que de hecho es anual, para elegir entre los candidatos interesados, que deben cumplir una serie de requisitos de experiencia y superar un concurso de méritos para conseguir el cargo. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar profesionales dispuestos a asumir esta responsabilidad. Según los datos facilitados por el departamento, hay 40 colegios e institutos en los que no se ha presentado ninguna solicitud, aunque la cifra puede aumentar una vez se cierren las listas de admitidos en el proceso, pues puede darse el caso de que el único aspirante para un centro se caiga en el último momento si no cumple algunas de las exigencias que figuran en la convocatoria. El dato no implica una proporción demasiado elevada (16,8% del total), aunque sí causará más de un quebradero de cabeza a las tres direcciones territoriales de Educación, que en los próximos meses tendrán que buscar profesores que quieran convertirse en directores accidentales durante el próximo ejercicio. De cara al siguiente, el centro volverá a ser incluido en el concurso ordinario de selección. Según explicaron fuentes de la conselleria, preferentemente se sondea al claustro del colegio. No es una tarea sencilla teniendo en cuenta que no hay nadie que haya presentado su candidatura de forma voluntaria. Por esta razón se suele recurrir a profesores que trabajan en otras escuelas públicas. La falta de aspirantes no es un fenómeno nuevo de este curso ni está relacionado con la implantación de la reforma educativa, que conlleva un trabajo añadido en cuanto al diseño de horarios, cambios en asignaturas y programaciones docentes. Por ejemplo, en el concurso impulsado el ejercicio pasado -para elegir directores de cara al actual- la cifra fue mayor al llegar a 68 centros sin candidato. Y eso que se incluyeron menos escuelas donde finalizaba un mandato (177). Si el motivo fuera adaptarse a la Lomce, lo lógico sería que para el próximo ejercicio los colegios sin aspirantes se incrementasen, pues a a partir de septiembre se tendrán que adaptar los primeros cursos de ESO y Bachillerato además de los pares de Primaria (2º, 4º y 6º), mientras que en el actual sólo se ha implantado en 1º, 3º y 5º. Desde la asociación de Directores de Primaria apuntan a una posible causa del fenómeno. "A veces la tarea de director resulta ingrata. No es que no sea atractiva, sino que se considera que no está lo suficientemente valorada por la administración. Es fundamental prestigiarla, facilitar la autonomía real de los centros, que conocen la realidad que se vive en cada uno, en lugar de dictar normas que normalmente llegan de arriba a abajo. En definitiva, darle caché a la función directiva", señalan. Una reivindicación muy extendida, que apenas avanza, es la posibilidad de que los responsables tengan cierta capacidad de contratación docente, aunque sea para puestos determinados. En la actualidad sólo es posible hacerlo de manera puntual a través de los contratos programa, aunque la elección es temporal y se articula a través de una comisión de servicios de un año. Además, el director "tiene que mediar entre la administración y el claustro, y no es una situación sencilla de gestionar, y más en el contexto actual de recortes", apuntan desde la asociación. Asumir la dirección de un centro se premia a nivel salarial a través de un complemento, aunque las mismas fuentes apuntan que no es una motivación real, como sí sucede en relación a la oportunidad de dirigir un proyecto educativo que ilusione y con personal comprometido en sacarlo adelante. Los candidatos de los 198 centros restantes deben tener una antigüedad como funcionario de al menos cinco años y haber dado clase durante el mismo periodo. También tendrán que presentar un proyecto de dirección que será evaluado por una comisión de selección. Además, en los próximos años será requisito indispensable disponer de un curso formativo sobre la función directiva, exigencia de la Lomce que de momento sólo cuenta como mérito. Otro cambio de la reforma educativa es la elección de los miembros encargados de evaluar a los candidatos, pues se ha incrementado el peso de los representantes de la administración en detrimento de los que se seleccionan entre la comunidad educativa del centro.

17/03/2015 11:07

Comunitat

Los colegios concertados sólo han cobrado los gastos de dos meses en lo que va de curso

El retraso en el abono de los gastos de funcionamiento que se cubren con el concierto educativo vuelve a marcar el día a día de los colegios. Tal y como explicaron fuentes del sector, en lo que va de curso sólo se ha cobrado el dinero de dos meses, exactamente el correspondiente a septiembre y octubre. En otras palabras, el impago se prolonga entre noviembre y febrero, lo que equivale a cuatro mensualidades. La falta de liquidez obliga a los titulares a recurrir a recursos propios o a créditos bancarios para afrontar sus obligaciones, con los consiguientes intereses financieros que deben asumir. En el peor de los casos les impide cumplir con determinados pagos a proveedores. Eso sí, el retraso sólo se refiere a los gastos de funcionamiento, pues el concierto también sirve para afrontar las nóminas del personal docente y de administración y servicios, que sí están cobrando en tiempo y forma. Legalmente la Generalitat puede pagar a trimestre vencido, lo que significa que tendría de plazo hasta finales del mes actual. Sin embargo, en los últimos años la práctica habitual ha sido otra al abonarse las cuantías mes a mes, de ahí que los centros hagan su planificación en base a esta periodicidad. Con el dinero de la administración se cubren gastos corrientes, como los derivados de la luz, el agua, el alquiler o el material fungible, entre otros. Desde la Conselleria de Educación argumentaron que la deuda se prolonga menos tiempo teniendo en cuenta que puede afrontarse una vez pase el mes actual. En cualquier caso señalaron que se pondrán al día a finales de marzo o principios de abril, una vez lleguen las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que contempla una cuantía extraordinaria para la Comunitat. Además señalaron que el montante pendiente asciende a 11 millones y que la idea es hacer frente también al resto de impagos que afectan al sector educativo con el dinero procedente del Gobierno. Si se cumplen las previsiones de Educación se aliviará la situación de las guarderías, que igual que los concertados sólo han cobrado el bono infantil correspondiente a dos meses del curso (septiembre y octubre). Se trata de una ayuda por cada niño matriculado que se descuenta de los recibos que pagan las familias. El retraso genera problemas graves, pues hay profesionales que no pueden cobrar sus nóminas íntegras por falta de fondos. En estos casos los impagos no son el único problema que deben afrontar los propietarios, pues también está influyendo la caída de la natalidad, y por tanto de la demanda, y la competencia desleal de los centros ilegales, es decir, que funcionan sin cumplir los requisitos que marca Educación, lo que les permite ofrecer precios más económicos. Los retrasos también afectan a los centros públicos. Es lo que sucede con las becas de comedor de este curso, que están pendientes de pago. Es la misma situación que viven los concertados, cuyas familias con rentas bajas también pueden concurrir a estas ayudas económicas.

16/03/2015 13:01

Comunitat

Una empresa de la trama Púnica optó a dos colegios promovidos por el Consell

La empresa Alfedel, promotora de escuelas ubicada en Madrid, se presentó a los dos concursos impulsados por la Conselleria de Educación para construir los primeros colegios concertados sobre parcelas de uso público, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS). La mercantil está incluida en la investigación de la Operación Púnica impulsada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que se destapó a finales de octubre cuando varias actuaciones de la Guardia Civil permitieron detener a medio centenar de personas, entre ellas, el exconsejero de la comunidad de Madrid Francisco Granados, supuesto cabecilla de una trama de corrupción urbanística extendida sobre por varios municipios madrileños. Los proyectos valencianos a los que optó la empresa, cuyo presidente está imputado, se sitúan en Elche y Calpe. En el primer caso se presentó junto a otras tres licitadoras, si bien no pasó de la primera fase. Según se desprende de las actas públicas que dan cuenta del avance del concurso, se le requirió que presentara documentación adicional para subsanar distintas deficiencias: se consideró que su objeto social no se correspondía con la gestión de un centro, no había rellenado un impreso tal y como recogían los pliegos y tampoco acreditó su solvencia económico-financiera. Sin embargo, en el departamento que dirige María José Català no volvieron a tener noticias de Alfedel, por lo que fue eliminada del proceso. De hecho al final la licitación quedó desierta. Otra de las empresas interesadas cayó a la vez que la investigada por no subsanar errores, mientras que las otras dos se quedaron en la fase que consistía en analizar la solución técnica ideada para acometer las obras y el proyecto educativo. Hay que recordar que un CIS no sólo se basa en construir la escuela, sino que también se incluye su gestión durante un plazo de 75 años en régimen de concesión. La empresa de la trama Púnica también optó al de Calpe. Este proceso se ha ralentizado después de que un colegio de Benidorm presentara un recurso administrativo contra el pliego, al considerar que el proyecto no es necesario por existir plazas escolares libres en las inmediaciones. Sin embargo, a principios de febrero se reanudó la tramitación tras ser desestimado por la conselleria, lo que ha permitido conocer las dos licitadoras interesadas. Alfedel volvió a ser excluida por los mismos motivos que en el caso de Elche y por uno más: no acreditar su capacidad técnica y profesional. En los pliegos se exigía una experiencia mínima de tres años en la gestión de un centro educativo. De esta forma, sólo se mantiene en liza la otra empresa interesada, Colegio Iale SA, que ya es titular de una conocida escuela privada de L'Eliana. El siguiente paso es estudiar el plan de obras y su proyecto educativo, que deben sumar una puntuación mínima para llegar a la última parte del concurso: la oferta económica, pues Educación exige a la empresa que se quede la concesión el abono de un canon anual de al menos 8.497 euros. Modus operandi El diario Abc desveló el martes el modus operandi de la trama en el ámbito educativo de Madrid. Alfedel actuaba junto a los cabecillas -Granados y su socio, David Marjaliza, también en prisión-, que supuestamente usaban sus influencias para conseguir que terrenos de los ayuntamientos llegaran a manos de la mercantil. Esta, a su vez, se los cedía a cooperativas de profesores para su posterior gestión a cambio del pago de sus servicios, que incluían los trámites para obtener el concierto. En total la empresa promovió 19 centros en la comunidad. Las cooperativas estaban al margen de las irregularidades y Alfedel se desvinculaba de los colegios tras el proceso, siempre según el diario, que añade que la entidad investigada abonaba a la trama entre 900.000 euros y 1,2 millones por las gestiones, que se enmascaraban mediante contratos falsos de consultoría.

16/03/2015 11:56

Comunitat

Educación aumenta el control de las cuentas en los colegios concertados

El Consell ha publicado la resolución oficial que permitirá aplicar la prórroga de los conciertos educativos de Primaria hasta el curso 2018-2019, lo que supone ampliar su vigencia durante dos ejercicios adicionales. Además, se ha aprovechado para incluir una novedad que se traducirá en una mayor capacidad de control de las cuentas de los colegios, tanto las relacionadas con los salarios como las que tienen que ver con los gastos de funcionamiento, las principales partidas sostenidas con dinero público. La medida se concretará mediante el programa informático que utiliza la conselleria para la gestión del sistema educativo, denominado Ítaca, que le permite disponer de información en tiempo real sobre multitud de cuestiones: actividades extraescolares, la programación de un centro, sus alumnos matriculados y becados, el perfil del profesorado e incluso los fondos disponibles. Hoy en día toda la información de los colegios públicos se centraliza en Ítaca. En cuanto a los concertados, comenzaron a adaptarse en 2011 gracias a un decreto que ya obligaba a comunicar una serie de datos, sobre todo de carácter académico y administrativo, y se completará gracias a la nueva resolución. La diferencia respecto al procedimiento de rendición de cuentas actual es que se facilita la consulta de cualquier parámetro. Por ejemplo, si hay dudas sobre el dinero abonado por la administración a un docente ya no será necesario revisar la información en papel presentada en su momento. Bastará con consultar el programa informático. La normativa dada a conocer ayer concreta algunos de los datos que tendrán que incorporarse al programa por primera vez. Habrá que incluir una relación de los cargos que desempeñan los profesores, ya sean directivos o de coordinación -que pueden implicar una mejora salarial-, el régimen de dedicación del profesorado y los horarios "detallados según el nivel impartido". No son cuestiones triviales, pues la cuantía del concierto y las nóminas están relacionadas con las horas asignadas. También se piden los datos sobre bajas y la información completa del personal sustituto. En concreto, la resolución se refiere a los diferentes modelos de convenio a suscribir con la administración, entre ellos los necesarios para acogerse a la prórroga. Además figuran los que no hacen referencia a Primaria -la única etapa en la que se amplía el concierto- para actualizarlos, pues también pueden concertarse estudios de FP Básica. En cualquier caso, en todos aparece un artículo sobre la necesidad de completar la información que se introduce en Ítaca. Además se dice que "deberá estar actualizada puntualmente" y en algunos casos se especifica que la herramienta se usará para comunicar "cualquier información relevante para la realización y comprobación del pago delegado objeto de concierto educativo". Es decir, un añadido genérico que puede referirse a todo tipo de gastos cubiertos con dinero público. En 2011 los centros concertados empezaron a utilizar Ítaca para incluir información como las vacantes de cara al proceso de admisión, la relación y perfil de los docentes (idiomas, titulación y especialidad) o para dar cuenta de los miembros del consejo escolar, por citar varios ejemplos. Algunos de estos datos se repiten en los modelos dados a conocer ayer, si bien desde el departamento autonómico señalaron que la intención es que quede claro que toda esta información debe transmitirse de forma obligatoria y con la mayor actualización posible. El objetivo es alcanzar una adaptación completa de los concertados al programa de gestión, añadiendo además la información económica. La publicación de la normativa ha coincidido en el tiempo con la polémica generada a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía en relación a supuestos pagos irregulares en colegios concertados, que actualmente está en manos de un juzgado valenciano. Sin embargo, las dos principales patronales, Feceval y Escuelas Católicas, destacaron que la inclusión en Ítaca se trabaja desde hace años. Además, fuentes de Educación recordaron que tras la adaptación de la red llegará una tercera fase que afectará a los centros dedicados a enseñanzas de régimen especial, como las escuelas oficiales de idiomas o los conservatorios. También añadieron que la centralización de la información en el programa servirá para reducir el gasto de papel y agilizará las relaciones con la administración. Para Feceval "se mejorará la gestión", idea que comparte Escuelas Católicas, si bien en este caso desde la entidad señalaron que los equipos directivos tendrán que dedicar más tiempo (o más personal) a la introducción de datos al añadirse nuevos parámetros.

15/03/2015 22:14

Comunitat

Educación blinda Religión y obligará a los centros a ofrecerla en Bachillerato

La asignatura de Religión no perderá peso en los colegios e institutos valencianos una vez se aplique la reforma educativa del Gobierno a partir del curso que viene. Pese a que la Lomce abría la puerta a que no se ofertara en Bachillerato, dejando la decisión final en manos de las comunidades autónomas o de los propios centros, el decreto que prepara la Conselleria de Educación para poder implantar la ley permitirá garantizar que cualquier familia pueda seleccionarla. La Lomce llegará el próximo septiembre a 1º de ESO y 1º de Bachillerato, pues los cursos pares se adaptarán en 2016-2017. Según se desprende de su articulado, la materia forma parte del grupo de asignaturas opcionales, un bloque conformado por entre 12 y 15 áreas de donde las administraciones regionales o en su caso los colegios debían elegir un máximo de cuatro a la hora de configurar la oferta académica de Bachillerato. Es decir, era posible que hubieran regiones o escuelas que no la ofrecieran, por lo que la decisión del ministerio contó con el rechazo de la Conferencia Episcopal, que presionó al Gobierno para cambiar la ley, aunque sin éxito. Tal y como explicaron fuentes de la Conselleria de Educación, se están manejando dos alternativas en relación al tratamiento de la Religión que no serán complementarias. En otras palabras, al final se optará sólo por una después del proceso de negociación del borrador normativo que permite desarrollar la Lomce. El número de alumnosque eligen la materia en Bachillerato ha caído a la mitad en los últimos años La primera consiste en que todos los centros tengan que ofrecerla en 1º y 2º dentro del citado grupo de materias opcionales, por lo que el alumno la tendrá a su disposición junto? a las otras optativas. En este escenario se plantean tres horas semanales, las mismas que se establecen para el resto de posibilidades. La otra idea que se estudia es que la asignatura confesional tenga carácter obligatorio en 1º, aunque se asociaría, como si fuera una asignatura espejo, a Cultura Científica. Es decir, todos los alumnos tendrían que elegir una u otra. En este caso se prevén dos sesiones semanales, el mismo peso lectivo que tiene actualmente en Bachillerato, donde lo habitual es que la materia sólo se ofrezca en 1º y no en 2º. En definitiva, las dos alternativas en las que trabaja la conselleria garantizan la oferta de Religión y trasladan la decisión final a la familia o al alumno. La polémica sobre el tratamiento de la materia en la Lomce no ha llegado a salpicar a la ESO, pues en este caso el Gobierno ya estableció desde el principio que tendría que ser de oferta obligatoria junto a su alternativa: Valores Éticos. Esta última idea también supone un cambio importante, pues hasta ahora los que optan por no seleccionarla reciben atención educativa, es decir, no tienen una asignatura como tal, con carga curricular. Evitar conflictos Con la decisión de Educación también se cerraría la puerta a posibles conflictos legales en relación a la materia. A principios de este año el Gobierno publicó una normativa de carácter básico para detallar el currículo y la ordenación de la Secundaria de cara a la aplicación de la Lomce, que incluía un artículo donde se recordaba la necesidad de que en cada curso los padres pudieran manifestar su deseo de cursar Religión. Por ejemplo, desde el sindicato Apprece lo interpretaron en el sentido de que en última instancia todo dependería de las familias, pues si un centro no la ofrecía en Bachillerato y un padre la solicitaba no habría más remedio que permitir que su hijo la cursara. Con la regulación autonómica se evitarán estas situaciones. La decisión de Educación es una buena noticia para los docentes encargados de la impartición de la asignatura, muy preocupados por la posibilidad de que su consideración de optativa pura (de oferta no obligada) se tradujera en una pérdida de horas de clase asignadas, y por extensión, de puestos de trabajo. Si se observan las últimas estadísticas del ministerio, el porcentaje de alumnos que eligen Religión en Bachillerato ha ido cayendo año tras año. A principios de siglo -curso 2000-2001- el 56,5% del estudiantado valenciano matriculado en la etapa eligió la materia, mientras que los datos del 2012-2013, que se actualizaron ayer, establecen que el porcentaje se sitúa en un 28,5%. Por titularidad, en los públicos son el 16,3%, en los concertados el 58,8% y en los privados el 21,1%.

08/03/2015 17:25

Comunitat

La mitad de los licenciados tienen un empleo que no requiere carrera

Uno de cada dos titulados universitarios con empleo ocupa un puesto para el que no es necesario disponer de semejante nivel de formación. Es lo que se conoce como sobrecualificación. La conclusión forma parte del informe 'Inserción laboral de los egresados', que ha sido elaborado por la Conferencia de Consejos Sociales y que vio la luz la pasada semana. El documento es novedoso porque incluye diferentes indicadores sobre todas las carreras que se ofertan en España. Permite saber, por ejemplo, cuáles tienen una mayor tasa de empleabilidad, las que destacan por la estabilidad de sus promociones o aquellas en las que se consiguen mejores condiciones laborales. EJEMPLOS EXTREMOS Gestión y AdministraciónEl 87,9 % de los titulados tenían un empleo que no exigía carrera TurismoSe alcanza el 85,4 % Ciencias EmpresarialesEn esta diplomatura se llega al 77,3 % Biblioteconomía y DocumentaciónLa tasa es del 72 % Ingeniería AeronáuticaSólo el 6,1 % de los titulados tenía un empleo que no requería una carrera OdontologíaSólo el 2,2 % MedicinaEs residual: 0,2 % Para hacerlo, la organización ha analizado al grupo de jóvenes que terminaron sus estudios en el curso 2009-2010 en cada una de las titulaciones que se ofertaban, a los que se les hace un seguimiento a lo largo de los años. En la primera edición se ha llegado hasta 2014, aunque fuentes de la Conferencia explicaron que habrán más actualizaciones. Eso sí, se trata de licenciaturas y diplomaturas, es decir, estudios antiguos sustituidos por los grados derivados del plan Bolonia. El informe está basado en el volumen de afiliaciones a la Seguridad Social de cada promoción en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, y la idea del exceso de formación se extrae de los diferentes grupos de cotización. De esta forma, se asegura que en marzo de 2014 el 55,5% de los titulados con empleo estaban en un puesto donde se requería una carrera. Es decir, el 44,5% restante formaba parte del colectivo que se considera sobrecualificado. De estos últimos, «prácticamente uno de cada cuatro -24,4%- está contratado para trabajos de carácter manual para los que no se requiere ningún tipo de cualificación», según dice el informe en el apartado de conclusiones. El 20,1% restante se encuadraría en un grupo intermedio correspondiente a niveles formativos anteriores al universitario. Aunque los datos son de carácter nacional sirven para hacerse una idea de la situación valenciana. De hecho, desde la Conferencia que aglutina a los Consejo Sociales de las universidades del país explican que hay información de cada centro, que se presentará próximamente. En cuanto a títulos concretos, hay casos llamativos como el de los diplomados en Turismo o en Gestión y Administración Pública, donde menos del 15% tenían un empleo en el que se exigía una carrera (14,7% y 12,1% respectivamente). En el extremo opuesto, con porcentajes superiores al 90%, figuran ingenierías y carreras de Ciencias de la Salud. En cuanto a la empleabilidad, el 64,4% de los que terminaron sus estudios en el curso 2009-2010 estaban afiliados a la Seguridad Social en 2014, por lo que se entiende que estaban trabajando. Eso sí, en esta estadística no se tiene en cuenta a los que se fueron al extranjero, a los autónomos, que cuentan con un apartado diferenciado en el informe, o a los que están inscritos en alguna mutualidad profesional. Por ramas de conocimiento la peor posicionada es la de Artes y Humanidades (48,8%) y la mejor Ciencias de la Salud (71,4%). Respecto a condiciones laborales, uno de cada dos titulados de la muestra (50,7%) tenía un contrato indefinido, por lo que la tasa de temporalidad era del 49,3%. Y en cuanto a la jornada, el 74,2% trabajaba a tiempo completo. En este caso, además de factores del mercado hay que tener en cuenta que influyen las decisiones personales de cada uno.

27/02/2015 11:51

Comunitat

Las becas Erasmus del Consell sólo financiarán la mitad de la estancia

El Consell ya ha pbulicado su convocatoria de ayudas económicas para los universitarios valencianos que disfrutan este curso de una estancia Erasmus en Europa. El acceso a la beca es similar, pues se otorga básicamente por el expediente, aunque sí ha cambiado una condición importante: la cuantía para sufragar gastos sólo llegará para un semestre, independientemente de que el beneficiado esté fuera todo el curso académico. Hasta el ejercicio pasado el importe mensual se vinculaba a la duración, lo que podía suponer que un joven percibiera el correspondiente a nueve meses (un año completo). El vuelco que ha dado el programa de movilidad estudiantil por excelencia, desde 2014 llamado Erasmus Plus, está detrás de la decisión del departamento autonómico, que ha imitado la postura adoptada tanto por el Ministerio de Educación como por la Comisión Europea. Una de las variaciones fundamentales es precisamente que la movilidad sólo la financian durante cinco meses (semestre académico), al considerarse la duración idónea para los planes de estudios actuales y la más habitual en otros países. Pero lo cierto es que en España (y en la Comunitat) la tendencia es la contraria. Según la última estadística, correspondiente al curso 2012-2013, la estancia media era de casi ocho meses (7,75 exactamente). Fuentes del departamento autonómico señalaron que no implicará una reducción de los beneficiarios, pues otra de las novedades de la convocatoria, también siguiendo el ejemplo de Europa y del ministerio, es incrementar la asignación mensual. Hasta el 2013-2014, dependiendo del nivel de vida del destino se daban entre 60 y 90 euros, cuantías que ahora oscilan entre 80 y 120. Además hay que tener en cuenta que la dotación presupuestaria llega a 308.100 euros, la misma que en los cursos anteriores. Todos los estudiantes que son elegidos por su universidad para una estancia en Europa perciben una asignación económica para cubrir gastos de alojamiento, viaje o manutención. Pero con la llegada del programa Erasmus Plus ha cambiado la forma de financiarlos. Hasta el curso pasado era una caja única: Europa establecía una cuantía básica (115 euros por mes) que era complementada por el Ministerio de Educación (100), las universidades y en la Comunitat también por la conselleria, aunque en este caso no se llega a todos los estudiantes. Además, el dinero total dependía de la duración de la estancia. Desde este curso hay dos convocatorias distintas. O se consigue la de Europa o la ministerial. En este último caso (25% de todos los beneficiarios) se dan entre 300 y 400 euros durante cinco meses en función del destino, aunque para conseguirlos hay que cumplir determinados requisitos, como acreditar un nivel B2 en lengua extranjera o haber superado 60 créditos, que equivale a un curso completo. En cambio, la europea -75% restante- está dotada con entre 200 y 300 euros y la duración es similar. En ambos casos, la cuantía se puede elevar en cien más si el alumno percibió, en 2013-2014, una beca de estudios estatal. En la práctica, el nuevo modelo beneficia a los que eligen un semestre, que percibirán más que con el sistema anterior, y también a algunos alumnos que se vayan un curso completo -los de rentas bajas y los que acrediten nivel de idiomas-. Pero para la mayoría de estancias anuales la financiación será ligeramente inferior. Por ejemplo, los no becados que reciben dinero de Europa consiguen como mucho 1.500 euros (300 por cada uno de los cinco meses). Un curso antes, con el sistema antiguo, habrían percibido unos 1.700 (215 y ocho meses duración media de la estancia). Lo mismo pasa con la beca valenciana, que como mucho llegará a 600 euros en total mientras que hasta ahora podía superar los 800. Por esta razón, son varias las universidades que decidieron, con fondos propios, desmarcarse de la tendencia oficial y cubrir a todos sus alumnos que optaran por una estancia completa. Es lo que ha hecho la Universitat, que da entre 200 y 300 euros adicionales hasta el noveno mes, y la Miguel Hernández de Elche. Por último, la convocatoria autonómica incluye otra novedad restrictiva, pues sólo estará disponible para los que reciben la ayuda del ministerio.

21/02/2015 14:36

Comunitat

Grietas en la universidad

Bajan aguas revueltas en los campus. Coincidiendo con la aprobación de las últimas medidas de la reforma universitaria, muy contestada por gran parte de la comunidad académica, el Tribunal de Cuentas ha publicado el informe de fiscalización de las instituciones de 2012, que en algunos aspectos resulta demoledor. El documento cuestiona procedimientos contables, los entramados societarios de los centros y medidas relacionadas con el personal, planteando una serie de recomendaciones desde la premisa de que hay margen para mejorar la gestión y la rendición de cuentas. Por ejemplo, propone crear la figura del interventor y fortalecer las unidades de control interno. La idea de aumentar la transparencia universitaria no es nueva. Desde 2010 se habla seriamente de la necesidad de implantar sistemas de contabilidad analítica, que servirían para hacer una radiografía mucho más exhaustiva de cualquier gasto, desde una conferencia hasta el coste real de un título. Prejubilaciones alegales Se critican los planes para incentivar la retirada Hasta 2012 las universidades impulsaron planes de jubilación incentivada, que permitían al personal (docentes y PAS) retirarse a partir de los 60 años en base a una serie de requisitos percibiendo un incentivo que se sumaba a la pensión, con la idea de igualar la cuantía a la retribución que tenía el beneficiario estando en activo. En España se acogieron 3.828 personas, 609 de centros valencianos, con la única excepción de la Miguel Hernández. El tribunal cifra el coste de esta iniciativa a nivel nacional en 182,9 millones, y la previsión es que una vez finalicen los planes -el complemento se paga hasta los 70- la cifra se eleve a 237,7. También dice que no tienen encaje legal al no existir una norma específica distinta a la que se aplica al sector público, con el argumento de que no hay amparo para los incentivos una vez se extingue la relación laboral. Jesús Pastor, portavoz de los rectores valencianos, recuerda que las universidades dejaron de impulsar los programas después de que el tribunal transmitiera sus dudas. Eso sí, reconoce la dificultad de cancelar los pagos a los ya acogidos, con los que existe un acuerdo firmado. La medida se ideó para facilitar la renovación de las plantillas. El tribunal llegó a plantear una denuncia contra varios centros que la aplicaron, si bien en el caso valenciano se archivaron al entender que no había mala praxis con Se pretendía disponer de una herramienta precisa para ajustar la financiación pública e incrementar el nivel de eficiencia. La necesidad se convierte en exigencia a partir del decreto Wert de abril de 2012, que obliga a tenerlos en funcionamiento, como tarde, el curso que viene. Una de las críticas del documento es, precisamente, que durante el ejercicio fiscalizado ninguna universidad lo había implantado. También se habló de rendición de cuentas en el informe de la Comisión de Expertos creada por el Ministerio de Educación para aportar ideas de cara a la reforma universitaria. Se hizo en el apartado que proponía otro modelo de gobernanza con la inclusión de más miembros externos a los centros, desde administraciones y colegios hasta personas de reconocido prestigio, creando un Consejo de la Universidad que entre otras funciones asumiría el control presupuestario y pediría cuentas al equipo de dirección. Hasta la fecha muchas de las ideas de los expertos, entre ellos dos reputados catedráticos de universidades valencianas, no han sido impulsadas, si bien se han aceptado otras medidas como variar la duración de los grados. Por ejemplo, no se ha entrado a valorar el pretendido cambio en la forma de gobierno. Y tampoco se espera un giro radical del Ejecutivo central en este sentido en lo que queda de legislatura, sobre todo con una cita electoral tan próxima. El tribunal también se hace eco de esta corriente de opinión y se refiere a la necesidad «de cambios dirigidos a una simplificación y reducción de órganos colegiados, una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, cambios en el proceso selectivo que eviten corporativismos y una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas». Si en el caso de los expertos sus planteamientos se apoyaban en sus vivencias y puntos de vista -casi todos eran académicos-, el tribunal lo afirma tras un extenso análisis que empezó a gestarse a finales de 2012 y que vio la luz la pasada semana. más plantilla de la necesaria Pocas horas lectivas Dice el informe de fiscalización que en el ejercicio en cuestión se apreció «cierto sobredimensionamiento» de las plantillas en relación al alumnado en algunas ramas de conocimiento al evaluar la carga docente media de los profesores, situada en 24 créditos anuales (240 horas de clase). En la Comunitat Valenciana el principal déficit se situaba en las carreras de Ciencias y en las de Arquitectura e Ingeniería, pues ningún centro alcanzó la media fijada. Eso sí, se compensó con la de otras áreas, como la de Ciencias de la Salud, donde sí se llegaba a rebasar los 24 créditos. El organismo atribuye la carga docente más baja a la Universidad de Alicante. El portavoz de los rectores señala que esta disfunción se debe a «un problema estructural del sistema». «Es difícil la configuración de la docencia cuando la demanda fluctúa, y si hay menos alumnos no se puede prescindir de los profesores funcionarios», explica. Y tampoco pueden adscribirse a departamentos completamente distintos. «Además, la menor carga coincide con los ámbitos en los que mayor caída del alumnado se ha producido», añade Pastor. En su opinión, se podría mitigar esta rigidez a través de un mecanismo de intercambio de docentes entre universidades, una opción que tampoco es sencilla pues dependería de la voluntariedad de los profesionales. Las cinco universidades valencianas también son cuestionadas en diferentes aspectos. El organismo plantea sus dudas al hecho de que las entidades dependientes o participadas por las instituciones permitan un ahorro a las arcas públicas, además de lamentar la falta de información sobre las mismas para poder realizar el informe. Por otro lado se reclaman menos cambios en los presupuestos, en el sentido de que el dinero previsto al inicio del ejercicio 2012 se incrementó claramente en las cuentas finales. Además, insiste en una crítica que ya aparecía en informes previos, como el difícil encaje legal de las jubilaciones voluntarias incentivadas -los beneficiarios recibían un complemento que se sumaba a su pensión-. Por último, se afirma que entonces existía «cierto sobredimensionamiento» en las plantillas docentes de determinadas ramas de conocimiento, como la de Ciencias y la de Arquitectura e Ingeniería. Por otra parte, en 2012 también fueron polémicas las ofertas de empleo público de varias universidades pese a la limitación existente, aunque en este caso fue el Gobierno quien asumió el papel fiscalizador. La réplica Los rectores se han mostrado «sorprendidos» ante las críticas que lanza el organismo independiente. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Jesús Pastor, considera que es «aventurado trasladar que las fundaciones y demás entidades han servido para evitar controles y facilitar determinadas decisiones. Al menos, ningún rector de la Comunitat ha obrado de esta forma», apunta. desequilibrio presupuestario Las cuentas se modifican hasta en 590 millones La gestión de los presupuestos de las universidades también se crítica en el informe, siendo el ejemplo más claro la cantidad de modificaciones que se fueron realizando a lo largo del ejercicio. A nivel estatal las variaciones fueron, en 2012, del 32%, si bien es cierto que en la Comunitat el porcentaje se elevó hasta al 55%. Se pasó de un presupuesto inicial entre las cinco instituciones de 1.075,3 millones a otro final de 1.667, una diferencia de 591,7. Esto no significa que las universidades consuman más de lo que tienen, pues las variaciones son tanto de gastos como de ingresos. Eso sí, el tribunal recomienda más precisión en las cuentas. A juicio de Pastor, la divergencia se explica en que se incorporan conceptos como el remanente del ejercicio anterior, ayudas para investigación -cuyo abono no coincide con la concesión- o cuestiones sobrevenidas, sin olvidar que en 2012 los pagos de la Generalitat acumularon grandes retrasos. El portavoz también señala que «no dependen normalmente del Tribunal de Cuentas, pues tienen una doble fiscalización a través de la Sindicatura de Comptes y la Intervención General, además de auditorías internas. Sin olvidar al Consejo Social, que tiene mucho margen de maniobra, pues por ejemplo debe aprobarnos las cuentas. Estamos muy bien fiscalizados», sentencia.

21/02/2015 14:35

Comunitat

Faltan los datos de la mitad de sociedades

Una de las críticas más duras del Tribunal de Cuentas se refiere al entramado de sociedades, fundaciones, empresas y consorcios de las universidades, donde tienen algún tipo de participación, ya sea de capital o en forma de representación. De hecho, en el apartado de sugerencias reclama la realización de un inventario completo de este tipo de entes y su información asociada, pues no ha tenido la opción de acceder a la mayoría de sus cuentas. En clave valenciana el documento habla de 47. De 21 sí disponía de la documentación, pero no de las 26 restantes, si bien en algunas de estas últimas el peso era minoritario, como sucede con las empresas de base tecnológica (spin-off). El gasto de las auditadas rozó los 20 millones (529 en toda España). El organismo va un paso más allá y desliza que en ocasiones han servido para eludir mecanismos de control y facilitar cierta discrecionalidad en la toma de decisiones relativas al personal, la contratación o la prestación de servicios. También asevera que para mejorar la eficiencia de uso de recursos públicos sería recomendable limitar su creación e incluso fomentar su supresión. En este sentido recuerda que a nivel estatal en 2010 se impulsó una reestructuración en el sector público en general, que hasta 2013 permitió la eliminación de 374 entidades vinculadas, dato que en el caso de las universidades cae a 16. El tribunal, aunque en ningún momento plantea que los centros hayan cometido una ilegalidad, sí reclama un «control exhaustivo» de las entidades, especialmente a través del Consejo Social. «Ningún rector valenciano ha impulsado una entidad para evitar mecanismos de control o tomar determinadas decisiones», enfatiza Pastor, que aunque reconoce que en el caso de las spin-off no siempre hay auditorías por la universidad al considerarse de naturaleza privada, sí señala que en la mayoría de entes existe ya fiscalización interna.

21/02/2015 14:33

Comunitat

Contrataciones al límite

El Ministerio de Hacienda requirió en 2012 a la Universitat y a la Jaume I la paralización de dos ofertas de empleo público que sumaban 74 plazas para promocionar a profesor titular y catedrático, con el argumento de que contravenían las normativas dictadas para la reducción del déficit por superar la tasa de reposición de jubilaciones (10%). Al no aceptarse la sugerencia, se presentó un contencioso administrativo, al igual que ha sucedido en muchos centros españoles. En cuanto al de la Universitat, en primera instancia se le dio la razón, al considerar el juzgado que las dos normas que fijaban limitaciones en materia de personal no afectaban a la convocatoria, entre otros motivos porque se aprobó antes de que las restricciones entraran en vigor. Eso sí, Hacienda ha presentado un recurso de apelación para intentar tumbarla. El Tribunal cita en su informe otras sentencias que sí se han pronunciado a favor del Gobierno. Además, ese mismo año la Universitat intentó impulsar una segunda oferta de empleo de 47 plazas, que en este caso no fue autorizada por la Conselleria de Educación al considerar que rebasaba la citada tasa. En cuanto a la Jaume I, aún no hay resolución oficial.

18/02/2015 17:49

Comunitat

Las universidades públicas valencianas no rinden cuentas de la mitad de sus entidades

El Tribunal de Cuentas no dispuso de la información contable de la mitad de las entidades vinculadas o participadas por las universidades públicas valencianas para poder incluirlas en el informe de fiscalización referido al año 2012. Así se desprende del documento que el organismo publicó la semana pasada y que critica especialmente el papel que juega este entramado de empresas, sociedades, fundaciones y consorcios, al llegar a dudar de que contribuya a una mejor gestión de los fondos públicos. De hecho, se plantea la opción de eliminar algunas para evitar duplicidades y de esta forma mejorar la eficiencia. El informe recuerda que durante las actuaciones fiscalizadoras se pidió a las universidades que dieran cuenta de "las entidades dependientes o aquellas en las que existían vínculos con las mismas", así como de "la aportación al capital fundacional, ayudas entregadas o recibidas y otra información relevante como el control efectuado, cuentas anuales o sometimiento a auditorías". Sin embargo, en la mayoría de los casos los centros no tenían "un inventario actualizado de los entes en los que participan con la documentación acreditativa adecuada de las aportaciones económicas o de los representantes de la universidad en sus órganos de Gobierno". Aunque la crítica es general, es aplicable a la Comunitat ya que el volumen de entes que no han podido fiscalizarse por falta de datos (55% del total) coincide con el de ámbito nacional. El tribunal atribuye a los centros valencianos 47 organismos con alguna vinculación, de los que 38 estaban participados por una única universidad y nueve por más de una (el órgano los contabilizó de las dos maneras). Hay que tener en cuenta que hay entidades en las que figuran varias instituciones académicas, ya sea a nivel autonómico (como sucede con el Consorcio Espacial Valenciano, donde participan la UV y la UPV) o nacional (Universia). Del total, no se aportaron las cuentas de 26 -más de la mitad-, y si sólo se contabilizan las vinculadas a una sola universidad, no se informó correctamente en 18 casos de 38 (47%). La carencia de datos no se refiere sólo a las cuentas. Muchas veces no se aportó información sobre ingresos y gastos de los entes en el citado ejercicio o no se llegó a indicar el porcentaje de participación. Hasta falta información de aquellos en los que el peso de la universidad era mayoritario. Es lo que sucedió con la Fundación L'Alcúdia de la Universidad de Alicante, que gestiona un espacio arqueológico (74,3% de participación) o con el encargado del Parque Científico (100%). Eso sí, lo habitual es que no hayan datos de los más pequeños, en los que la vinculación es minoritaria. El informe también indica que no se han aportado o realizado informes de auditoría propios sobre todos los organismos vinculados o participados, pues sólo se hizo en diez casos de 47. La casuística es variada. Según establece la Ley Orgánica de Universidades los centros tienen autonomía para crear fundaciones o sociedades para la consecución de determinados fines y objetivos en lugar de hacerlo directamente si de esta forma se alcanzan mayores niveles de eficiencia o agilidad en la prestación de servicios. En la Comunitat hay entidades que sirven para la gestión de museos y actividades científicas relacionadas, como la que responde del espacio ubicado en la Ermita de Vera (UPV), o para cada uno de los parques científicos, que concentran la labor investigadora. También destacan servicios como el aprendizaje de idiomas (sucede en la Universitat de València y en la de Alicante), la transferencia tecnológica, la gestión de páginas web de ámbito nacional (portal Universia), las acciones de desarrollo y formación en colaboración con países sudamericanos (Fundación para el desarrollo del Cono Sur), la gestión de clínicas universitarias (Lluís Alcanyís) o para la impartición de títulos propios, los que no tienen la consideración de oficiales (Fundación Universitat-Empresa Adeit). El funcionamiento de los dos laboratorios valencianos relacionados con tecnologías espaciales también se controla de esta forma (Consorcio Espacial Valenciano). El tribunal critica que este entramado ha servido, en ocasiones, para escapar de mecanismos de control y asevera que también genera duplicidad de competencias, lo que deriva en un mayor gasto público.

17/02/2015 20:44

Valencia Ciudad

Las universidades valencianas tienen 38 entidades cuestionadas por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas atribuye a las universidades públicas valencianas un total de 38 entidades vinculadas, desde fundaciones hasta institutos de investigación, cuya finalidad es ayudar a la consecución de los fines de los centros académicos y prestar servicios de manera más ágil y eficaz. Estas se incluyen en el medio millar a nivel nacional que han sido duramente criticadas en el informe de fiscalización correspondiente a 2012 -año al que se refiere la estadística-, pues se concluye que en ocasiones implican más gasto público o que el entramado societario dificulta la rendición de cuentas que se exige a una administración. Las afirmaciones son, en algún punto, demoledoras, al llegar a asegurar que a veces sirven a las universidades para evitar mecanismos de control, facilitando así cierta arbitrariedad en la toma de decisiones relacionadas con el personal, la política de contrataciones, las inversiones o la prestación de servicios. A nivel nacional el documento sitúa el dato en 574, y en el ejercicio citado supusieron un gasto de al menos 528,9 millones de euros, cifra que en clave valenciana fue de 19,76. Eso sí, se trata de previsiones debido a que, según el organismo, no todas las entidades realizaron sus cuentas de forma correcta. El informe no valora la eficiencia u opacidad de cada una, y extrae conclusiones generales referidas al conjunto del sistema público estatal en base a la información aportada y también a la que no se le ha remitido. El análisis se refiere a todo tipo de entidades vinculadas, lo que incluye fundaciones, institutos de investigación, empresas de base tecnológica o sociedades de otro tipo. Lo que se ha mirado es que exista algún tipo de participación, sin necesidad de que sea mayoritaria, a través de ayudas y subvenciones o de su presencia en la estructura orgánica, directiva o en su capital social. La posibilidad de crear personas jurídicas para alcanzar determinados fines deriva de la Ley Orgánica de Universidades, que daba la opción de hacerlo por sí mismas o a través de entidades asociadas. Sin embargo, a juicio del tribunal, las instituciones «han hecho uso de su normativa estatutaria (...) para construir un entramado de entidades cuyas proporciones y complejidad ocasionan la inoperancia en el control de las mismas a través del Consejo Social», a quien corresponde la aprobación de las cuentas de aquellas en las que la participación de la universidad es mayoritaria. Eficacia y eficiencia También se dice que "la alta proporción de entes integrantes del sector público universitario, en comparación con la importancia económica y el personal del mismo, hace necesario preguntarse si desde una perspectiva de eficacia y eficiencia (...) resulta admisible o recomendable este sistema de organización". A continuación se reflexiona en el sentido de que los costes derivados de la estructura de estas entidades no siempre fueron tenidos en cuenta en su creación. El tribunal concluye además que no sólo sirve argumentar que la gestión será más eficaz a través de personas jurídicas, sino que debe estudiarse y motivarse de forma exhaustiva esta opción. A modo de síntesis, el organismo dice que "la evolución del sector universitario hacia un modelo más eficaz y eficiente pasa por el estudio y diseño de un mapa universitario acorde a las necesidades demográficas, económicas y sociales actuales y orientado a formas más lógicas de prestación de servicios, eliminando y evitando en lo posible la proliferación de entidades integrantes del sector institucional que suelen generar duplicidad de actuaciones y mayor gasto público". El último informe sobre universidades de la Sindicatura de Comptes no refleja irregularidades en relación a estos entes, si bien se refiere a aquellos en los que la participación de los centros es mayoritaria. En total habla de 22 y entre otras funciones sirven para ofertar títulos propios, gestionar actividades culturales, dar formación en idiomas o prestar servicios en campus.

17/02/2015 11:04

Comunitat

Los inspectores de Educación se quedan con los restos en las oposiciones

La Conselleria de Educación va a presentar mañana a los sindicatos docentes la normativa que regulará las oposiciones de este año, que suman 539 plazas de acceso libre que se añadirán a la oferta de empleo público de 2014, que no se ejecutó, y 232 de promoción interna. En esta última modalidad se incluyen los puestos destinados a la inspección, el cuerpo más prestigioso pues acceder al mismo se considera la culminación de la carrera docente. De esta forma el departamento que dirige María José Català cumple con el compromiso de impulsar plazas de este tipo tras la sequía de los últimos años, aunque la cuantía no ha gustado a los profesionales del sector. A preguntas de LAS PROVINCIAS, el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, Jesús Marrodán, dijo que se trata de «una cifra insuficiente que no soluciona los problemas de interinidad existentes». Eso sí, se mostró confiado en poder incrementar el número en las próximas semanas durante la negociación con los representantes sindicales. En la actualidad, en la Comunitat hay unos 40 puestos cubiertos de manera accidental, es decir, los inspectores desempeñan su función temporalmente, por lo que suelen cambiar de un año para otro, lo que ocasiona una inestabilidad que dificulta las relaciones con los centros. En otras palabras, con la oferta que plantea Educación sólo se podrán cubrir el 25% de los puestos que se necesitan. Hoy en día el cuerpo está conformado por unos 130 profesionales, lo que arroja una idea de la elevada interinidad que se padece, mayor que en el resto de estamentos y especialidades. Otra cuestión que llama la atención de la oferta de empleo público es que incluirá 132 plazas para catedráticos de Música y Artes Escénicas (de ingreso libre y promoción interna) con la idea de solucionar los problemas que se viven actualmente en los conservatorios superiores, donde, como informó el Stepv, la inmensa mayoría de la plantilla es interina o desempeña su labor a través de comisiones de servicio que se han llegado a considerar irregulares. En líneas generales todos los sindicatos de educación han criticado el número de plazas incluidas en la oposición al considerar que no es suficiente para cubrir las necesidades de los centros, a pesar de que la tasa de reposición de jubilaciones se ha elevado del 10% de los últimos años al 50%.

06/02/2015 01:27

Comunitat

Un juez acusa a Educación de «manipular» actas de una oposición

Un juzgado de Elche ha tumbado el concurso de méritos que impulsó la Conselleria de Educación en 2013 para cubrir un total de 110 plazas de asesores en los Centros de Formación del Profesorado (Cefires), a raíz del recurso presentado por una aspirante que al final no fue seleccionada. En la sentencia, publicada este mes y a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se plantean acusaciones graves, como que la administración manipuló las actas donde figuran las puntuaciones de los interesados con el objetivo de perjudicar a la afectada. Este extremo fue negado ayer por fuentes del departamento autonómico, que ha recurrido el fallo a través de la Abogacía de la Generalitat. Por lo tanto, los seleccionados continuarán en sus puestos a la espera de que exista un pronunciamiento firme. Además, en la conselleria están "tranquilos y convencidos" de que se les acabará dando la razón. La resolución judicial, en base a las pruebas documentales aportadas y extraídas del expediente, dice que "resultan manifiestas las correcciones efectuadas en la puntuación de la recurrente, sobrescritas en las actas de puntuación y cuyos resultados van en detrimento de la demandante y en claro beneficio de su oponente, a la que llega a valorarse en algún apartado excediendo incluso la puntuación máxima". También añade que "tales correcciones son tan evidentes que saltan a la vista de cualquier ciudadano medio que sepa ver y entender". En el recurso de la administración, tal y como explicaron las mismas fuentes, se alega que no se introdujo ningún cambio en las actas definitivas, fundamentales en el resultado final del concurso, y señalan que el pronunciamiento de la magistrada se basa en las plantillas con las que trabajó la comisión de selección durante una de las fases del proceso, consistente en la exposición de un proyecto de actuación, que en este caso sí aparecen sobrescritas y con anotaciones añadidas. También pusieron un ejemplo. "Si al primer aspirante se le valora con un ocho sobre diez y los que vienen a continuación realizan una exposición más completa y desarrollada y merecen una calificación más alta hay que corregir la primera". Es decir, se busca que exista proporcionalidad entre las diferentes puntuaciones. "Es una forma de trabajar muy habitual en cualquier procedimiento selectivo", añadieron. La sentencia asegura que "la manipulación en cada una de las puntuaciones se detalla casuísticamente en el informe caligráfico" elaborado por un experto en la materia. Ante esta afirmación, desde Educación responden que es algo lógico teniendo en cuenta que se refiere a las citadas plantillas de la comisión (borradores) y no a las actas finales. Otro de los argumentos de la juez es que se incumple la base de la convocatoria en la que se decía que para la fase B del proceso -la defensa del proyecto- sólo se elegirían a los tres aspirantes con más puntuación en la primera parte, consistente en valorar los méritos objetivos, como la experiencia profesional -sólo pueden concurrir al concurso funcionarios de carrera-, los proyectos de innovación o las publicaciones presentadas. "Sin embargo, se convocó a más de tres candidatos, vulnerando así lo dispuesto en esta base", según el fallo. Aunque no lo dice, da entender que se 'coló' a algún interesado que en realidad no consiguió los puntos necesarios. Interpretación incorrecta Para Educación se trata de una interpretación incorrecta, en el sentido de que debían convocar a tres personas por plaza y especialidad. Por ejemplo, en el caso de las relacionadas con formación en plurilingüismo, si habían tres puestos de este tipo se citó a nueve aspirantes. La resolución de la juez también señala que se infringió la disposición de la convocatoria que decía que la comisión de selección debía establecer los criterios de valoración que se utilizarían para puntuar la segunda fase, la defensa del proyecto. "Sin embargo, la comisión se limitó a determinar y estructurar la valoración de la exposición en diversos apartados sin establecer criterio alguno (...), lo cual dejaba un margen de discrecionalidad a la comisión y a sus miembros". También niega este punto el departamento, que afirma que sí se fijaron los criterios utilizados para valorar la exposición de cada candidato, y que de hecho, han sido adjuntados en el recurso de apelación. Por último, la juez concluye que "las irregularidades acreditadas y expuestas son motivo suficiente para determinar que la administración infringió las bases del concurso y manipuló las puntuaciones en detrimento de la demandante".

05/02/2015 13:10

Comunitat

8.000 profesores quieren cambiar de centro el curso que viene

La Conselleria de Educación ofertará un total de 2.141 plazas vacantes en el próximo concurso de traslados para los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de Secundaria, técnicos de Formación Profesional y catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Artes Plásticas y Diseño. Con este procedimiento, al que pueden concurrir los funcionarios de carrera, los interesados optan a puestos libres que hay los centros, que se convertirán en sus destinos definitivos el próximo curso. Normalmente se utiliza para intentar aproximarse al municipio de residencia o por necesidades familiares. Las mismas fuentes explicaron que se prevé la participación de 8.331 profesionales, una cifra que supone casi el 20% de los 42.000 funcionarios que actualmente están en las aulas. Sin embargo, sólo un cuarto lo conseguirán. Además hay que tener en cuenta que algunos de los interesados están obligados a concursar, como aquellos cuyo puesto fue suprimido, los funcionarios en prácticas o los que vuelven de determinadas excedencias. En cuanto a las plazas, desde Educación señalaron que se trata de un listado provisional que puede ampliarse cuando el definitivo sea publicado el próximo 14 de abril. Además, se trata de una convocatoria estatal, que llega cada dos años, lo que implica que los docentes de otras comunidades también pueden optar a las plazas libres de la Comunitat. Los datos fueron facilitados por el departamento en una reunión mantenida ayer con los sindicatos docentes en relación a las plazas de Secundaria incluidas en el procedimiento. Antes, se celebró una mesa sectorial en la que las organizaciones pidieron a los representantes de Educación la sentencia que ha provocado el cambio en los criterios utilizados para puntuar a los aspirantes, una variación que ha provocado malestar entre el profesorado porque se aplicó con la convocatoria ya publicada. El concurso de traslados funciona en base a los méritos de los aspirantes, como la formación académica, las publicaciones realizadas o los cursos de formación, lo que determina la puntuación final. El cambio de este año, según explicaron fuentes sindicales, es que no se han tenido en cuenta los puntos derivados de cursos de formación que los aspirantes realizaron en su etapa previa a convertirse en funcionarios de carrera, por ejemplo, cuando trabajaban como interinos, méritos que sí contaron en procesos anteriores. "Si se tiene que dar cumplimiento a la sentencia es entendible, pero no que cambien las reglas del juego con la partida ya iniciada", explicaba ayer Laureano Bárcena, presidente de ANPE cv. Se puede dar la circunstancia de profesores que opten por primera vez y hayan adjuntado en sus méritos cursos de este tipo, pese a tener otros realizados siendo ya funcionarios, debido a que antes era indiferente presentar unos u otros. Sin embargo, no conseguirán la puntuación máxima en concepto de formación al no tener validez en esta convocatoria. Bárcena destacó que en otras comunidades no se ha aplicado este criterio, lo que puede provocar un agravio para los docentes de la Comunitat. Además, muchos profesionales piden que se les rebaremen los puntos obtenidos en el último concurso si no estaban de acuerdo con el total, por lo que si con anterioridad presentaron cursos de los citados y no han aportado los nuevos -hay que recordar que no figuraba esta premisa en la convocatoria- habrán perdido puntos. En cambio, los que no han pedido ser rebaremados (se puede conservar la puntuación de un año a otro), no se verán afectados por el cambio. La misma idea ha trasladado el área de Enseñanza de CSIF, que de hecho, está estudiando de la mano de sus servicios jurídicos la posibilidad de tomar medidas legales "para evitar esta discriminación de los docentes valencianos". Además, piden a Educación que rectifique su postura, un planteamiento que también trasladó el Stepv debido a las quejas recibidas. Volviendo a los datos, en esta ocasión se han duplicado las plazas en comparación con el último concurso estatal (2013), siendo la mayoría del cuerpo de Primaria (1.686).

30/01/2015 21:47

Valencia Ciudad

Con 'Imagine' también se aprende

Un niño no aprende sólo trabajando contenidos en las clases. La música, los juegos e incluso los grafitis sirven para el objetivo final de abordar la formación integral del alumnado. Multitud de colegios valencianos recurrieron a este tipo de iniciativas para conmemorar ayer el Día de la Paz y la No Violencia, combinando actividades lúdicas, algunas estropeadas por el viento, con el trabajo en el aula. El objetivo fue insistir en la importancia de los valores y los derechos fundamentales. Un buen ejemplo fue el Colegio público Luis Vives de Valencia, donde contaron con la colaboración de Amnistía Internacional en la elaboración de un mural en homenaje a Gandhi, lo que permitió que los alumnos se aproximaran a la figura de este personaje histórico. También aportaron su granito de arena decorando el mural con palabras relacionadas con la paz. Los más pequeños también estamparon manos blancas en otro grafiti que ha servido para dar un toque de color a los cerramientos del histórico centro, que va camino de cumplir cien años (el próximo 20 de diciembre). De hecho, en los actos programados para conmemorar el centenario se incluyó, fuera del horario lectivo y coincidiendo con la celebración del día, un concierto didáctico abierto a los padres y vecinos en el que se interpretaron canciones celebérrimas como 'Imagine' de John Lenon, 'No dudaría' de Antonio Flores, 'Color esperanza' de Juanes o 'Somos diferentes' de Macaco. «Además los alumnos han trabajado las canciones y su significado en clase durante estos días», explicó la directora, Pilar Estela. Fue una especie de fiesta de la paz basada en la importancia del respeto y la tolerancia.

29/01/2015 13:19

Valencia Ciudad

El plan del Consell para facilitar y construir nuevos colegios concertados encalla

Los dos únicos proyectos impulsados hasta la fecha por la Conselleria de Educación para construir colegios concertados en suelo público no han llegado a cuajar, lo que supone un importante contratiempo para el Consell en su intento de aumentar este tipo de oferta educativa y facilitar así la libertad de elección de las familias. Se trata de los Centros de Iniciativa Social (CIS), una idea que sí ha triunfado en Madrid y que consiste en ceder el terreno para que una empresa levante un colegio y se encargue de su gestión durante 75 años. A cambio se le garantiza el concierto, mediante el cual se cubren los gastos de personal y los de funcionamiento. Las ventajas para la administración son varias: se ahorra las obras, ingresa un canon anual y reduce el coste de la escuela una vez abierta, pues una plaza concertada cuesta la mitad que otra pública. A finales de junio se sacaron a concurso los dos primeros CIS de la Comunitat, que debían ubicarse en Calpe y Elche. La licitación del primero, a la que optaron dos empresas, está paralizada desde hace meses debido a un recurso administrativo presentado por un colegio privado de una localidad próxima, que considera que la oferta de plazas en la zona está cubierta, por lo que alega que la infraestructura no es necesaria. En cuanto al segundo, el concurso va a quedarse desierto después de que la mesa de contratación de la conselleria haya detectado deficiencias en todas las ofertas presentadas. Esto significa que para que el concertado de Elche pueda ser una realidad habrá que convocar de nuevo el procedimiento. En otras palabras, no podrá abrir en el curso 2016-2017, tal y como establecía el pliego de condiciones a cumplir por las empresas que optaban a la licitación. En este caso se recibieron cuatro ofertas. Dos no pasaron de la primera fase al no presentar toda la documentación exigida para acreditar su solvencia económico-financiera. Las restantes sí han llegado a la segunda, que consistía en valorar el proyecto técnico de obras y el programa educativo propuesto por parte de un comité de expertos. Pero ninguna ha superado el trámite al detectarse varios defectos, según se desprende de las actas públicas que dan fe de las decisiones adoptadas en la mesa de contratación. La propuesta de la empresa Trinity College of Spain, que ya gestiona varios CIS en la comunidad de Madrid, no incluía el gimnasio, instalación que se considera imprescindible en arreglo a la normativa autonómica. Incluso la mesa llegó a estudiar si se podía adaptar alguna otra estancia para asumir sus funciones, opción que se ha considerado técnicamente imposible. Respecto al proyecto educativo, se proponía una "comisión de urgencia" dentro del consejo escolar para tratar asuntos disciplinarios graves. El acta dice, textualmente, que la idea "contraviene el principio de participación de la comunidad educativa previsto en todas las leyes educativas". Tampoco convenció el proyecto lingüístico para Infantil -la proporción del inglés es incompatible con el decreto sobre plurilingüismo- ni la propuesta que se hacía para Primaria y Secundaria, etapas en las que "se citan unas asignaturas distintas a las establecidas en la normativa". La otra empresa, la Fundación Educatio Servanda, sí consiguió un pronunciamiento favorable en el proyecto de obras, pero también incluyó errores en su propuesta de organización, de ahí la valoración negativa de los expertos. El acta se refiere a que el horario escolar planteado llegaba a las 16.30 horas en lugar de a las 17, aunque es cierto que se pueden autorizar, una vez en marcha, situaciones especiales. Además, no se considera legal la propuesta lingüística, entre otros motivos porque en Infantil no se concreta el uso del valenciano, "utilizando la acepción valenciano y/o castellano como lengua vehicular, cuestión que no asegura el uso de la lengua vernácula en la enseñanza", tal y como se exige en los pliegos. En cuanto al CIS de Calpe, desde el centro promotor del recurso explicaron ayer que no hay novedad en cuanto a su situación. Además, si en el plazo de seis meses a contar desde su presentación Educación no lo ha resuelto, presentarán una demanda con la idea de evitar el avance del concurso.

28/01/2015 21:54

Comunitat

Los profesores de los centros concertados cobrarán parte de la extra de 2012 en febrero

El secretario autonómico de Educación, Manuel Tomás, informó ayer a los representantes sindicales de los profesores de los centros concertados que recibirán parte de la paga de Navidad de 2012 que se les retiró debido a la aplicación de las medidas para la corrección del déficit público. La percibirán en la nómina de febrero (es decir, a finales de mes o a principios de marzo) y la cuantía se referirá a 44 días, que es el periodo transcurrido entre el 1 de junio, cuando empezó a generarse el derecho a la paga, y el 15 julio, cuando se hizo oficial su eliminación. En función del cuerpo y la especialidad el importe ronda los 450 euros. De esta forma los profesionales de la red se equiparan a los funcionarios de los centros públicos, que ingresarán el dinero junto al salario de este mes. En este caso el Consell ya se comprometió con los sindicatos el año pasado a restituir la parte proporcional de la paga ante el aluvión de sentencias favorables a los trabajadores. Desde el departamento informaron ayer de que la medida beneficiará a 14.400 docentes y supondrá un desembolso de 5,5 millones de euros, que de hecho, ya estaban consignados en los presupuestos de este año. Dicho de otra forma, estaba previsto su abono, pero se desconocía la fecha concreta de pago. Los sindicatos han optado por diferentes estrategias de presión ante la administración para conseguir el abono, desde denuncias individuales en los tribunales hasta reclamaciones colectivas por la vía administrativa. Ayer, desde la sección de educación concertada del Stepv informaron de que continuarán presentando reclamaciones «por si acaso no se cumple el compromiso». La anécdota de la reunión fue la presencia de una notario a instancias de la organización mayoritaria, Fsie, para que diera fe de lo dicho en el encuentro, y por extensión, de los plazos y compromisos anunciados. Según explicaron fuentes del sindicato fue una manera de cubrirse las espaldas al tratarse de una reunión informativa, es decir, informal, pues la de ayer no fue una mesa de negociación sindical al uso, en las que se levanta acta.

25/01/2015 16:47

Comunitat

La sentencia que permite a los menores asistir a huelgas enfrenta a los padres

«Si un padre no lleva a su hijo a clase durante la escolaridad obligatoria puede llegar a perder su tutela. En cambio, ahora un hijo sí que puede no acudir para hacer huelga sin que lo sepa la familia. Es chocante». Son palabras de Ramón López, presidente de la principal federación de asociaciones de Ampas en los centros públicos de Alicante, la Gabriel Miró, una de las diferentes organizaciones que han mostrado su preocupación ante las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo que permite a los alumnos de 3º y 4º de la ESO (de 14 a 16 años) ejercer el derecho a la huelga sin necesidad de contar con el permiso de los padres. Directores apuntan que sí se pide la justificación de los padres ante cualquier ausencia «El fallo provoca un contrasentido legal», explica Julia Llopis, presidenta en la Comunitat de la Confederación católica nacional de padres de alumnos (Concapa), mayoritaria en los centros privados y concertados. Las dos entidades, pese a defender a colectivos distintos, coinciden en distanciarse del posicionamiento de la Gonzalo Anaya, que es la más grande a nivel autonómico y la promotora de la denuncia que ha provocado la decisión judicial que se conoció la pasada semana, ante la que no cabe recurso. Para esta última, el fallo sí tiene una interpretación positiva porque ha servido para reforzar el derecho del alumno a la no asistencia colectiva a clase, a su juicio limitado después de que el Consell exigiera la autorización por escrito de la familia para poder ausentarse del aula. López, también presidente de la Confederación valenciana de Ampas (Covapa), destacó que en una encuesta impulsada por la federación alicantina el 86% de los participantes dijo no compartir la sentencia, que desde su punto de vista suscita preguntas como quién se responsabiliza del niño que decide no entrar en clase por ser día de huelga sin que lo sepan los padres al no exigirse ningún permiso. Por esta razón, reclama que el Gobierno establezca algún tipo de regulación para evitar problemas en el caso de que durante la jornada se produzca un incidente: «No es una cuestión de si nuestros hijos son lo suficientemente maduros para decidir secundar una huelga, sino que existe una clara contradicción entre los deberes del padre y los derechos de los hijos». También recuerda la matización que hace la sentencia, que viene a decir que con la ley en la mano no se puede reclamar la autorización de la familia, aunque no guste la idea. El argumento que se utiliza para justificar el fallo es que el visto bueno de los padres lesionaba el derecho a secundar un paro, pues ya no dependía exclusivamente del interesado. La decisión judicial tumba el decreto que el Consell impulsó en relación a esta opción, que añadía la necesidad de que los tutores legales permitieran por escrito que los hijos no acudieran al centro. Se hizo, precisamente, para evitar conflictos en cuanto a la responsabilidad sobre los alumnos en caso de que se produjeran problemas. Además, el derecho a la huelga a partir de los 14 años se reconoce en la ley educativa de 1985, cuando la escolarización obligatoria llegaba hasta esta edad, y no dice nada de la exigencia de contar con una autorización. Desde Concapa recuerdan que los progenitores son responsables de la educación de los hijos, lo que implica «la necesidad de tutorizarlos» durante la minoría de edad, «siendo imprescindible el consentimiento paterno para todas las decisiones que les afectan», de ahí que soliciten al Gobierno medidas en este sentido, como una modificación de la actual ley educativa, que mantiene la regulación de 1985. También se pregunta «a quién se atribuye la responsabilidad de sus acciones» en días de huelga y dice que la no asistencia entre menores es un «falso derecho» que «en nada potencia» la responsabilidad del estudiante, consistente en ir a clase y en estudiar». La inquietud también ha llegado a organizaciones docentes. Por ejemplo, el área de Enseñanza de CSI·F ha iniciado una campaña para conocer la opinión del profesorado ante «la preocupación de los profesionales por el vacío legal» que se genera. Consistirá en una encuesta de cuatro preguntas que se distribuirá a los centros y a través de su web. Por su parte, la asociación de directores de institutos de Secundaria plantea la necesidad de que la Conselleria de Educación establezca algún protocolo sobre cómo actuar en los días de paros. «No hay nada que objetar al derecho a la inasistencia de un alumno, pero parece contradictorio con el hecho de que cualquier ausencia sí debe estar justificada por el tutor legal», explica el presidente, Vicent Baggetto.

22/01/2015 13:33

Comunitat

Topografía, Arquitectura y Filología catalana, entre las menos demandadas

El balance final del proceso de admisión de este curso en las universidades públicas acredita que no son buenos tiempos para los estudios relacionados con la arquitectura y la obra civil, que son las áreas peor situadas en relación a la demanda de los alumnos de nuevo ingreso. Pero no son los únicos con problemas para llenar todas las plazas ofertadas, tal y como se desprende del informe sobre la preinscripción en los grados de las instituciones valencianas, elaborado por una comisión mixta dependiente de la Dirección General de Universidades de la conselleria. El documento incluye un apartado sobre los diez títulos con más vacantes en al menos una de las universidades donde se ofertan, síntoma de que no se han cumplido las previsiones que se manejaron cuando se aprobaron los puestos para los alumnos que entran en primero. En función del sexo El informe permite detectar aquellas carreras que están copadas por uno u otro sexo. En cuanto al femenino, destaca en los estudios de Ciencias de la Salud (Medicina o Enfermería) y en los vinculados al Magisterio, mientras que el masculino predomina en las ingenierías. El ejemplo más claro se da en la Jaume I, donde sólo cinco chicas eligieron como primera opción Ingeniería Informática. Tres hicieron lo propio con Mecánica. Se trata, por este orden, de Ingeniería Geomática y Topografía (Politècnica), Arquitectura Técnica (Jaume I), Ingeniería Agroalimentaria (Miguel Hernández), Estadística Empresarial (Miguel Hernández), Arquitectura Técnica (Universidad de Alicante), Ingeniería Civil (UA), Obras Públicas (Politècnica), Relaciones Laborales (UA), Filología Catalana (UA) y Relaciones Laborales (Miguel Hernández). En todos los casos el porcentaje de plazas libres supera el 42% del total -es el dato del último grado- y en siete ni siquiera se consigue llenar la mitad de la oferta. Además, dos se quedan justo en el límite -50%-. El listado deja en evidencia la crisis que atraviesan los estudios vinculados con la construcción, aunque es cierto que el comportamiento de algunos grados de esta rama no ha sido malo en otros centros. Por ejemplo, la Politècnica ha cubierto todos los relacionados con la arquitectura, mientras que en la Jaume I han quedado sólo 19 vacantes. También llama la atención la presencia de títulos específicos del sector empresarial, seguramente debido al tirón de la carrera de Administración y Dirección de Empresas, cuyo plan de estudios es más genérico, sin olvidar que es una de las más demandadas y duplicadas del sistema público valenciano. En cuanto a Filología Catalana, la única representante del área de Artes y Humanidades, hay que destacar que la otra universidad que la ofrece, la de Valencia, sí ha conseguido llenar las 70 plazas de nuevo ingreso, si bien es cierto que sólo hubo 26 estudiantes que la eligieron como su primera opción de la preinscripción. El resto de puestos se han cubierto con los alumnos que también la incluyeron en su solicitud, aunque no era la que abría la lista de opciones. En este caso, la principal salida, la docencia, está muy limitada por la escasa oferta de empleo público. En términos relativos la situación más extrema es la de Geomática y Topografía, donde las vacantes -53- suponen el 70,6% de las plazas, si bien en datos absolutos el mayor desfase se da en ADE (Universidad de Alicante), con 243 puestos sin cubrir (30,3% del total). No se han incluido los grados ofrecidos por centros privados adscritos a las universidades a pesar de que la tasa de ocupación es mucho menor, al rozar los puestos libres el 90% del total en algunos casos. Eso sí, se trata de plazas especiales, pues aunque el título en cuestión depende de la institución pública correspondiente, la docencia no se financia con fondos de la administración. Alicante, líder en vacantes De todas las carreras ofertadas en la última admisión en las cinco universidades hay 31 que no han conseguido cubrir la oferta, incluyendo desde las diez con más vacantes hasta aquellas que sólo necesitaban un alumno más para alcanzar el cupo. La que más casos suma es la Universidad de Alicante, con nueve, seguida de la Miguel Hernández (siete), de la Politécnica y la Jaume I (ambas con seis), y de la de Valencia (tres). En la situación actual, las carreras con vacantes no corren riesgo de desaparecer, ni siquiera aquellas que encabezan el ranking de las menos solicitadas. Esto se debe a que el acuerdo sobre el mapa de titulaciones rubricado entre los rectores, los presidentes de los consejos sociales y el Consell reconoce que la oferta existente, resultante de la adaptación al Plan Bolonia, es la adecuada. No pasaría lo mismo si se tratara de títulos pendientes de implantación, pues el convenio señala que uno de los requisitos que se exige para su autorización es acreditar una demanda de nuevo ingreso de al menos 50 alumnos. De las diez con más puestos libres, sólo cuatro superarían este umbral. El informe de la comisión permite medir la demanda de los nuevos alumnos en función de las veces que cada título aparecía en el primer puesto de la preinscripción, es decir, el que establece la preferencia máxima del estudiante. Sin embargo, estos datos no significan que al final queden plazas libres pues en muchos casos el cupo se llena con los que se matriculan en sus segundas y sucesivas opciones. Hay casos en los que no se sumaron más de diez solicitudes, como sucedió en Información y Documentación de la Universitat de València, el doble grado de ADE y Gestión Turística del campus de Alcoy de la Politècnica, Ingeniería Geomática y Topografía, también de la UPV, o Filología Catalana y Relaciones Laborales de la de Alicante. Las últimas tres, además, están en el ranking sobre el mayor número de vacantes. En cuanto a las de más demanda en la primera opción aparecen las carreras habituales: Medicina, Enfermería, las relacionadas con el Magisterio, Psicología, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Ingeniería Aeroespacial (en el caso de la UPV). De hecho, suelen ser los títulos con la mayor nota de acceso, pues la preferencia de los alumnos es uno de los factores que influye a la hora de fijar el corte. Oferta global Pese a las disfunciones citadas, el sistema público es eficiente en términos de oferta y demanda, teniendo en cuenta que se cubrieron el 93,4% de todas las plazas de nuevo ingreso que se ofrecieron en el proceso de matrícula, quedándose libres sólo 1.673 de 25.481. Además muchas de las vacantes se deben a los puestos reservados para vías de acceso diferentes a la Selectividad, como los destinados a deportistas de alto nivel, personas discapacitadas o mayores de 25 años.

18/01/2015 21:54

Comunitat

53 colegios participarán en PISA, la evaluación internacional más prestigiosa

La Conselleria de Educación, a través de la Inspección General, organizó ayer unas jornadas para tratar diferentes asuntos que rodean a las evaluaciones externas que se organizarán este año en los colegios valencianos. Una de las dudas se refería a quién se va a encargar de la corrección de las pruebas que se harán a final de curso a los alumnos de 3.º de Primaria. Servirán para medir su destreza en las competencias matemáticas y lingüísticas y se derivan de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Aunque no serán determinantes, sí deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar si el alumno en cuestión pasa al siguiente curso o para establecer medidas de refuerzo. La duda se planteaba porque la nueva ley orgánica habla de que esta tarea corresponderá a personal externo. Sin embargo, en el marco general elaborado por el Ministerio de Educación sobre cómo hacer las pruebas se ha establecido que deberán corregirlas profesores que no tengan docencia directa con el grupo en cuestión. Tal y como explicaron fuentes de la Dirección General de Ordenación de la conselleria, a partir de este matiz se ha considerado que no podrá encargarse el tutor de la clase o ningún profesor especialista que la atienda (ya sea el de inglés, música o educación física). Por esta razón, se propone, en el caso de que hayan dos o más líneas, que sean los profesores de los otros grupos y si es necesario que se encarguen los de cursos superiores. Hasta ahora, se pensaba que la evaluación sería corregida por personal de otros centros. Además, se informó de que esta evaluación también se hará a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (que no a los de Educación Especial). Eso sí, con la correspondiente adaptación. Hay que recordar que actualmente estos niños no tienen que pasar la evaluación diagnóstica propia de la conselleria, que se hace en 4.º de Primaria. En la jornada, a la que acudieron decenas de inspectores, también se informó de que 53 centros valencianos participarán, en primavera, en las pruebas de PISA, la evaluación internacional -organizada por la OCDE- más prestigiosa. Es la primera vez que la Comunitat participa con una muestra ampliada, lo que significa que se podrán tener los resultados propios de la autonomía. En las ediciones anteriores han participado centros valencianos (en menor cantidad), aunque se incluían en la muestra estatal. Es decir, no habían datos valencianos, sino que las pruebas realizadas servían para extraer los resultados de España. Entrar en PISA es una decisión propia de María José Català, y la idea es disponer de informes externos para valorar el efecto de las medidas incluidas en el plan de choque contra el fracaso escolar.

18/01/2015 21:53

Comunitat

Los padres podrán consultar todos los exámenes y reválidas de sus hijos

La aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) llegará el próximo curso a la ESO y Bachillerato e incluirá novedades sobre la implicación de las familias en el seguimiento académico de sus hijos. El real decreto que clarifica cómo trasladar lo dispuesto en la reforma educativa a la etapa de Secundaria, publicado a principios de año, cuenta con un apartado específico sobre «participación de los padres en el proceso educativo» que blinda el derecho a consultar los exámenes y las nuevas reválidas externas a las que se someterán sus hijos. También permite acceder a otros documentos oficiales de evaluación, lo que abre un abanico de posibilidades. No es la única medida que la polémica Lomce introduce en cuanto a la información disponible para las familias. Por ejemplo, en la ESO las notas finales estarán acompañadas de un consejo orientador, donde el equipo docente sugerirá itinerarios para el alumno adaptados a sus capacidades, además de informar del grado de asimilación de las competencias básicas, desde la matemática o la lingüística hasta las relacionadas con el dominio de nuevas tecnologías o sus capacidades sociales. Es decir, una manera distinta de expresar la formación académica. En cuanto al derecho a la consulta del examen, llama la atención que se vincule con una implicación activa de los padres. En el mismo apartado se dice que estos deberán «apoyar y participar» en la evolución del proceso educativo de sus hijos, «conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción» y «colaborar en las medidas de refuerzo que adopten los centros». En otras palabras, no se asocia a las siempre polémicas revisiones de exámenes, sino a la importancia de que la familia se implique en el aprendizaje de los alumnos, variable que influye positivamente en el rendimiento según los principales estudios internacionales. Por citar un caso práctico, puede servir para comentar con el docente un examen suspendido de cara a la recuperación, con la idea de ayudar en la preparación. Lógicamente también se da cobertura a la posibilidad de reclamar los exámenes si los padres discrepan con la evaluación obtenida, aunque es cierto que en la Comunitat este derecho está regulado desde 2011 a través de la orden sobre decisiones de promoción y evaluación, que plantea que si las explicaciones previas dadas por el profesor no satisfacen a los interesados se podrá pedir la consulta de la prueba. Más allá de los exámenes ordinarios o extraordinarios, tiene especial valor la opción de acceder a las evaluaciones externas, en las que el alumno se juega mucho en el caso de las de 4º de ESO y 2º de Bachillerato teniendo en cuenta que supondrán, respectivamente, un 30% y un 40% de la nota final que se tomará como referencia para decidir si promociona. Además, al depender de las administraciones no quedaba del todo claro el grado de acceso a las mismas, pues su organización no corresponderá a los centros. La consulta de los exámenes no sólo afecta a Secundaria, pues esta disposición también aparece en la normativa que regula la adaptación de la Lomce a Primaria, que se ha producido este curso. Hasta las actas Ambos reales decretos incluyen otro apartado en el que se especifica qué se entiende por documentos oficiales de evaluación. Se consideran las reválidas ya citadas (incluyendo la prueba externa de 6º de Primaria, que no es determinante), el expediente y el historial académico y las actas de evaluación. En este último caso se trata de material sensible, pues recogen las calificaciones de todos los alumnos de un grupo, por lo que será necesario establecer alguna cautela para garantizar, como exigen ambos decretos, la protección de los datos personales.

15/01/2015 11:48

Valencia Ciudad

Cien colegios perderán aulas por la caída de la demanda, la baja natalidad y las ratios

Ciento diez colegios públicos de la Comunitat perderán al menos un aula el próximo curso, una situación no muy agradable porque implica reducir alumnado y en muchos casos la eliminación de un puesto docente. Así se desprende del arreglo escolar, que de momento está en fase de borrador y puede variar en función de las alegaciones que presenten tanto los centros como los municipios afectados. El documento sirve para planificar la oferta del ejercicio venidero, incluye tanto las creaciones como las supresiones y debe ser definitivo antes de la admisión, pues también altera los puestos escolares de nuevo ingreso que se pueden ofrecer. Para su redacción, la conselleria tiene en cuenta varios parámetros, como el padrón, la evolución demográfica y la natalidad, la demanda de un centro en cursos anteriores e incluso las infraestructuras, pues también se intenta quitar barracones si hay espacio en otro centro escolar del municipio. Los criterios anteriores no son los únicos que intervienen en los cambios de unidades, pues el resultado final también tiene mucho que ver con las ratios por aula, que el curso que viene se mantendrán en los niveles máximos establecidos en el 2012-2013 a raíz del llamado decreto Wert (30 en Infantil y Primaria). Su influencia es clara. Por ejemplo, si la previsión de alumnado de nuevo ingreso en un municipio con un solo centro es de 27 niños y el colegio tiene dos aulas de tres años para ellos, Educación puede optar por eliminar una, pues cabrían perfectamente en la que queda en base al tope actual. Con la regulación anterior (hasta 25), no habría más remedio que mantener ambas. La mayoría de colegios afectados pierden clases en el segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años), según la conselleria porque la influencia de la natalidad es mayor, pues se trata de una generación afectada directamente por el cambio de tendencia iniciado en 2009, cuando empezaron a caer los nacimientos. No sucede en las pérdidas registradas en Primaria, pues la etapa aún no está afectada por los menores alumbramientos, aunque puede notarse la reducción de inmigrantes. El arreglo también incluye casos llamativos. Hay siete escuelas que aparecen en la lista porque pasan a convertirse en Centros de Atención Educativa Singular (Caes). Para hacerlo, se requiere que atiendan a un porcentaje significativo de alumnos con necesidades educativas especiales, como por ejemplo, derivadas de situaciones sociales o étnicas. En estos casos, las ratios máximas son sensiblemente más bajas para facilitar el seguimiento de los niños. Es decir, puede suponer la diferencia entre perder un aula o mantenerla. Es lo que sucede, por ejemplo, en el Ballester Fandos o en el Ceip Amistat de Valencia. En este último caso no sólo conservan los grupos actuales, sino que ganan uno nuevo con carácter provisional. Se trata de una medida paliativa o defensiva, pues la comunidad educativa suele ser reacia a poner etiquetas a su centro. La inmensa mayoría de los colegios con balance negativo pierden una unidad. Las excepciones son el Vilamar de Puerto de Sagunto, Miguel Hernández y Raquel Payá de Valencia, Gabriel Miró de Calpe, Molivent de Guardamar, Jorge Juan de Monforte del Cid y Bisbe Climent y Herrero de Castellón. En todos ellos se eliminan dos, mientras que en el Cremona de Alaquàs la reducción es de tres. En este caso desaparecen las aulas de cuatro años, pues este curso el cole ha dejado de tener nuevos alumnos. La medida, según conselleria, se debió a que hay espacio en otros centros de la localidad mientras que el Cremona está conformado por barracones. Si se toman las cifras de arreglo a nivel global el balance es positivo, es decir, hay 199 aulas más, que son la diferencia entre las 350 creadas o habilitadas y las 151 que se suprimen. Eso sí, la mayoría de las nuevas son provisionales, es decir, se revisarán de nuevo de cara al curso siguiente. Hay que recordar que el próximo arreglo, el del 2016-2017, será más generoso, pues para entonces se prevé elevar las ratios, tal y como prometió María José Català. Los sindicatos se han mostrado críticos con el documento. El Stepv recuerda, por ejemplo, que en los últimos años se han eliminado 277 clases de Infantil, una medida que a su juicio se debe a las ratios y no a la menor natalidad. Por su parte, CC. OO. PV considera que se mantiene el nivel de recortes de ejercicios previos y el efecto negativo del número máximo de alumnos por aula, valoración similar a la de UGT PV.

14/01/2015 22:25

Comunitat

El retraso de las oposiciones indigna al profesorado

La Comunitat será una de las últimas autonomías en concretar las plazas que se incluirán en la oposición docente correspondiente a este año. De hecho, la inquietud de los profesores es cada vez mayor a tenor de las consultas «diarias» que llegan a las sindicatos, tal y como explicaba ayer el presidente de Anpe-cv, Laureano Bárcena, quien lamentó que en la mesa técnica celebrada por la mañana la administración no diera información adicional sobre un proceso del que no se conoce ni el número de puestos ni las especialidades y cuerpos que se incluirán. El enfado se debe a que lo habitual es que el concurso-oposición se desarrolle en julio, aunque debe convocarse unos meses antes. Teniendo en cuenta estos plazos, los profesionales interesados en presentarse para acceder a una plaza de funcionario tendrán unos seis meses para prepararse las pruebas en el mejor de los casos, es decir, si todos los datos se conocieran hoy mismo, extremo más que improbable. Además, no son exámenes sencillos precisamente. A la cantidad de temas a estudiar hay que añadir la presión derivada de la necesidad de conseguir una nota alta, pues aprobar ya no es suficiente para acceder al puesto en cuestión ante la elevada demanda. Y eso sin contar que aquellos que estén ocupando una plaza de interino deben organizarse para compatibilizar la labor en las aulas con el tiempo de estudio, que además, suele requerir un apoyo añadido a través de academias. «La gente necesita tiempo para poder estudiar», explicaba ayer a este diario un inspector de Valencia, que a su labor diaria en los centros debe añadir las consultas que le llegan en relación al proceso. Las organizaciones sindicales confiaban en que ayer, aprovechando la celebración de la primera mesa técnica del año, se diera más información sobre el mismo en el turno de ruegos y preguntas, aunque poco pudieron 'rascar'. Desde el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) explicaron que se prevén unas 500 plazas por el turno libre correspondientes a la oferta de empleo público de 2015. Hay que recordar que en este caso ya se aplica la nueva tasa de reposición del 50%, lo que significa que la Conselleria de Educación puede cubrir la mitad de las jubilaciones del año anterior. El porcentaje de los últimos años ha sido todavía más restrictivo: el 10%. A este medio millar se añadirían las 116 aprobadas para 2014, que no se llegaron a convocar con la idea de sumarlas a las de este año, y las resultantes de la promoción interna entre cuerpos, como las de catedráticos de enseñanzas artísticas de música y danza o las relacionadas con la inspección educativa, que no afectarían a la limitación derivada de la citada tasa. En este punto la información es contradictoria. Mientras que desde el Stepv dijeron ayer que sí se prevén puestos para este cuerpo, según se informó en la mesa, desde otros sindicatos apuntaron que no trascendió ninguna novedad. No es una cuestión baladí, pues los inspectores acumulan varios años sin oferta de empleo público, lo que implica un elevado grado de interinidad, que de hecho, es superior al que sufre el profesorado de las enseñanzas de régimen general. En total, se trabaja con la previsión de que salgan unas 700 plazas, aunque eso sí, se desconocen los cuerpos y especialidades, una información fundamental para los interesados, que no pueden arriesgarse a empezar a estudiar -los temarios son públicos- sin saber si van a salir los puestos a los que pueden optar. Que la falta de información preocupa a los profesores quedó patente ayer en la mesa. No sólo fue criticada por el Stepv, que lamentó que ni siquiera haya una fecha prevista para dar a conocer todos los datos, sino que también se refirieron a la demora otras organizaciones como Anpe-cv o CSIoF. En cuanto a la primera, instó a Educación «a que haga pública con urgencia la oferta definitiva de plazas y el desglose por especialidades», mientras que fuentes de la segunda informaron de que también se planteó la cuestión durante el encuentro, sin conseguir información adicional. Otra factor clave en la ecuación se deriva del acuerdo de interinos de 2013, que obliga a aquellos que no tengan una oposición aprobada a presentarse en el siguiente proceso que se convoque para intentar superarla, pues en caso contrario perderá puestos en la bolsa de trabajo, y por tanto, muchas opciones de trabajar como personal laboral. Es lo que se conoce como la rebaremación, que sólo se activa en aquellos cuerpos o especialidades en los que se convoca oposición. Es decir, los interinos que no se puedan beneficiar de las moratorias incluidas en el acuerdo deben saber cuanto antes si van a salir plazas de las suyas para poder prepararse la prueba. En este sentido, el Stepv, reforzado tras los últimos resultados en las elecciones sindicales, ya ha anunciado que planteará un nuevo acuerdo antes de la convocatoria de oposiciones para evitar las citadas rebaremaciones.

11/01/2015 21:01

Comunitat

El consumo de tabaco se reduce más de la mitad tras la aplicación de la ley

La polémica ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo ha tenido consecuencias claras y positivas para la salud de los valencianos. Al menos así se desprende de los datos publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, que marcan un descenso más que pronunciado en el volumen de ventas, y por extensión, del consumo. Las cifras establecen que entre 2005 y 2014 la caída se ha situado en un 55,8%, al pasar de 589,51 millones de cajetillas vendidas a 'sólo' 260,59. Son 329 millones menos. Hay que recordar que la primera norma restrictiva entró en vigor el 1 de enero de 2006. Fue la que prohibía, entre otras cuestiones, el consumo en lugares de trabajo, la que obligó a instalar mandos a distancia en las máquinas expendedoras y la que fijó la obligación de separar, en negocios de hostelería y ocio, las zonas de fumadores y no fumadores. Cinco años después el Gobierno acometió la modificación de la ley, que empezó a aplicarse el 1 de enero de 2011, aumentando las restricciones. Es la situación actual. La medida más destacada, por la polémica que generó entre el sector hostelero, fue la prohibición de consumir en lugares de uso público, desde bares y restaurantes hasta en las inmediaciones de los parques infantiles o en los recintos hospitalarios, aunque estuvieran al aire libre. Si se valoran las cifras desde el cambio de la ley el descenso se mantiene, si bien en este caso se ha pasado de vender 435 millones de paquetes (2010) a los 260,59 actuales (-40%). Aunque es cierto que las dos comparaciones no están completas al no estar disponibles los datos de diciembre de 2014 -sólo llegan hasta noviembre-, la estadística oficial apunta a una clara tendencia, pues el volumen de comercialización en las expendedurías baja año tras año. Las cifras son distintas si se tiene en cuenta el valor económico de las cajetillas vendidas, tomando como referencia el precio de venta al público. En este caso también se produce un descenso, pero mucho menos acusado. Por ejemplo, en 2005 el montante total ascendió a 1.301 millones de euros, que se situó en 1.437 en todo 2010 (+10,39%) y en 1.129 en 2014, hasta noviembre (-13,27%). En otras palabras, la minoración es menor debido al continuo incremento de los impuestos como medida preventiva. En cuanto al tabaco de liar, sólo se puede comparar la evolución desde la entrada en vigor de la modificación de la ley, pues en 2005 las ventas se cuantificaban por botes y no por kilos, como se hace ahora. En este caso, pese a ser un producto al alza en detrimento de la cajetilla, también hay caída. En 2010 se comercializaron 1.083.815 kilos, cifra que en 2014, a falta de los datos de diciembre, se situó en 890.460. La reducción es del -17,84%. Ayuda para dejar de fumar La estadística acredita que cada vez son más los valencianos que dejan de fumar. Francisco Camarelles, médico de familia y vicepresidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, recomienda, en caso de intentarlo de motu proprio, recurrir a guías oficiales donde se aportan claves para conseguirlo, como la elaborada por el Ministerio de Sanidad ('Se puede dejar de fumar'). También está la opción de acudir al médico de familia o en casos especiales -recaídas o enfermedades específicas- a recursos especializados en deshabituación. Desde Sanidad destacan que en la actualidad existen 38 unidades de este tipo. En cuanto a los beneficios de dejar el tabaco, Camarelles destaca que a los tres meses mejora la función pulmonar, con menos tos, congestión y fatiga. Al año se reduce a la mitad el exceso de riesgo de padecer enfermedades asociadas, mientras que a los cinco las posibilidades de sufrir un infarto cerebral pueden ser similares a las de un no fumador. A los diez se minoran las opciones de padecer cáncer de pulmón y a los 15 el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares es el mismo que el de alguien que nunca ha consumido. En definitiva, se alarga la vida.

10/01/2015 20:57

Comunitat

Los expertos exigen endurecer el acceso a las carreras de magisterio

El Consejo Escolar del Estado, el órgano consultivo conformado por representantes de toda la comunidad educativa, ha planteado al Gobierno y al resto de administraciones autonómicas 112 propuestas de mejora del sistema, que se incluyen en su informe anual. Muchas son críticas a las medidas de contención del gasto, que se mantienen este curso, aunque hay otras que llaman la atención. Es el caso de la que sugiere endurecer el acceso a los estudios de formación inicial de los docentes, los que habilitan a una persona para dirigir un aula. En la actualidad se trata de los grados de maestro en Infantil y Primaria y del máster de Educación Secundaria, que sustituye al antiguo CAP y permite ocupar una plaza de profesor en un instituto. La propuesta se incluye en el apartado que aglutina las medidas destinadas a «robustecer la profesión docente» y plantea «establecer un sistema de selección previo a la formación inicial, equiparable en el conjunto de las comunidades independientemente de la titularidad de los centros de destino». En el documento se argumenta que cuestiones como la necesidad de atraer el talento, conseguir a los mejores candidatos, buscar nuevos perfiles o favorecer la renovación de las plantillas son preocupaciones ya expresadas por el órgano consultivo en ocasiones anteriores, como por ejemplo, en el XXI Encuentro de consejos escolares, celebrado hace un par de años. En aquella ocasión se desarrolló más la idea. Ya entonces se alertaba, entre otros problemas, de que la formación inicial -que no ha variado- «sobrepasa con mucho, en términos cuantitativos, las necesidades de profesorado del sistema educativo». En clave valenciana los datos son bastante elocuentes. El curso pasado habían 15.379 estudiantes matriculados en los grados y el máster antes citados, una cifra imposible de absorber en la Comunitat, especialmente en la actual coyuntura de restricción de la oferta de empleo público. En el encuentro de consejos escolares también se criticaba la variación en las condiciones necesarias para ejercer en función de si se trata del sector público o el privado y se lamentaba que la selección de los candidatos se realice una vez formados y no antes, que es precisamente lo que se propone. Hay que recordar que el Gobierno, a través de la Lomce, dará la opción a las universidades de fijar exámenes de acceso específicos para determinados títulos una vez desaparezca la Selectividad en un par de cursos. Respecto al último informe del consejo, publicado tras el verano, también se habla de establecer un programa de formación inicial sólido, prestar una especial atención a la selección de profesores tutores de docentes en prácticas, incentivar al profesorado en activo y promover la mejora de su competencia profesional. En el caso de la función pública, se plantea el desarrollo de un estatuto propio que recoja «los principios de evaluación del desempeño, la formación permanente y la carrera profesional». Estatuto docente En este último caso ya existe algún borrador normativo, que se empezó a negociar con el último Ejecutivo socialista y que también se ha tratado más recientemente, ya con el PP. En la última versión se planteaba incluir como requisitos adicionales para presentarse a una oposición un elevado conocimiento en inglés y en nuevas tecnologías. En relación al resto de propuestas del Consejo del Estado destacan ideas como eliminar la tasa de reposición (de momento se eleva al 50% de las jubilaciones) y reducir las ratios actuales, además de críticas a iniciativas derivadas de la Lomce como las clasificaciones de centros.

07/01/2015 11:18

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El Consell pagará gran parte de la deuda universitaria durante la próxima década

Los convenios firmados entre el Consell y los rectores de las cinco universidades públicas para fijar los mecanismos y plazos para el pago de la deuda histórica establecen que gran parte del dinero pendiente llegará a las arcas de los centros a partir de 2020. En clave política, los acuerdos firmados el pasado 30 de diciembre no sólo comprometen económicamente al actual Ejecutivo valenciano. También atan al que salga de las próximas elecciones autonómicas e incluso al resultante de la siguiente cita con las urnas, en teoría en 2019. La cuantía a devolver se acumuló entre 2004 y 2008 por impagos de la financiación ordinaria y de infraestructuras que adelantaron las universidades, hasta alcanzar los 891 millones de euros. Ese año se rubricó un convenio donde se decía que se abonarían en 14 anualidades -hasta 2022-, idea que sólo se cumplió en 2009 y 2010, pues para los siguientes ejercicios el Consell anunció que no pagaría debido a sus graves problemas de tesorería. De esta forma, al cierre de 2014 la deuda viva era de 768,86 millones. Con la firma de esta semana se acuerda la liquidación de 374,26 con efectos a partir de 2015. Eso sí, es como un abono en especie, ya sea a través del cambio de titularidad de pólizas y créditos suscritos por las universidades o mediante obras y programas prioritarios que correrán a cargo del Consell. Es decir, no se trata de dinero de libre disposición, sino que tiene carácter finalista, ya sea para nuevos edificios o para proyectos de investigación como los de los campus de Excelencia. No sucede lo mismo con los 394,6 millones de euros restantes, que llegarán a las universidades como financiación ordinaria, y por tanto, podrán reflejarlos en sus presupuestos como prefieran. Esta cantidad se abonará paulatinamente, pues se ha acordado mantener el pago en anualidades hasta 2022, aunque a diferencia de lo pactado en 2008 la cuantía no será uniforme, sino que crecerá de forma progresiva. La Politécnica es la única institución que no ha incluido infraestructuras en el acuerdo de la deuda Por ejemplo, en este año que empieza sólo se transferirán 6,04 millones mientras que en el último ejercicio previsto se rozarán los cien, tal y como se desprende de la información que ayer facilitó la Conselleria de Educación sobre los convenios. De hecho, llama la atención que la mayor parte de los 394,6 millones no se abonarán hasta la próxima década, pues para 2020 se prevén 68,91, para 2021 otros 82,21 y para 2022 94,66. En otras palabras, del pago en 'efectivo' de la deuda histórica, el 62% no llegará hasta entonces, por lo que se trata, como poco, de un acuerdo arriesgado. Los convenios son distintos en función de la universidad, de sus necesidades y de la deuda histórica acumulada. También varían los plazos. Las más grandes, la Universitat y la Politècnica de València, no empezarán a recibir anualidades hasta dentro de tres años en el caso de la primera (2018) y de cuatro en el de la segunda (2019). Es más, sólo la Miguel Hernández de Elche ingresará dinero en concepto de financiación ordinaria este mismo ejercicio (los 6,04). Además, es la única institución que no tiene pólizas de crédito, y por tanto, no ha podido acogerse al cambio de titularidad en favor de la Generalitat, como sí ha sucedido con el resto. En 2016 le llegará el turno a la Universidad de Alicante (5,35) y en 2017 a la Jaume I de Castellón (4,34). De la parte de la deuda que se liquida en especie, la mayor cuantía corresponde a pólizas de crédito y préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que son los que permitieron cubrir el agujero económico dejado por la deuda histórica. También se incluyen conceptos como los campus de Excelencia y de intereses derivados del pago aplazado pactado en 2008, sin olvidar el acuerdo para que el Consell sufrague obras en cuatro campus que han sido consideradas prioritarias por ambas partes y que supondrán una inversión total de 48,2 millones. En este caso el dinero llegará a lo largo de los próximos tres años. La actuación más cara es la Facultad de Ciencias de la Salud de la Jaume I, cuyo importe asciende a 17,75 millones. De esta forma la institución tendrá el espacio necesario para la carrera de Medicina, cuya implantación aún no es completa pues no ha salido la primera promoción. Le sigue la clínica que la Universitat de València necesita para activar el grado de Veterinaria, con una dotación de 13 millones. El título acogerá nuevos alumnos en el curso 2016-2017. En cuanto a la Universidad de Alicante, consigue 8,95 millones para el proyecto de reforma y equipamiento de la Facultad de Educación, la urbanización de su parque científico y para una actuación en un inmueble de la Facultad de Ciencias, mientras que la Miguel Hernández dispondrá de 8,5 para levantar un nuevo edificio departamental. La Politècnica es la única que no ha incluido obras pendientes en el acuerdo rubricado con el Consell.

30/12/2014 12:44

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Una selectividad a los nueve años

El Ministerio de Educación ha elaborado junto a 14 comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, el marco general de la nueva evaluación a la que tendrán que enfrentarse este curso los alumnos de 3º de Primaria para valorar el grado de adquisición de destrezas y conocimientos en las áreas de lengua y matemáticas. Aunque la concreción de la prueba corresponde a cada administración, lo lógico es que se mantenga el esquema propuesto, al menos, en las regiones que han participado en este trabajo. La primera evaluación de la Lomce se hará en mayo y tendrá dos correcciones Algunas de las características formales recuerdan a la Selectividad, como por ejemplo, que los exámenes se hagan en al menos dos días, al que se podría sumar un tercero para las encuestas de contexto, que sirven para valorar la incidencia en los resultados de variables como el nivel socioeconómico y cultural. Otro parecido es que se plantea un mínimo de dos correcciones, es decir, que cada prueba pase por las manos de dos docentes, ninguno de ellos maestro de la clase en cuestión. Algo parecido sucede en el caso de las PAU, donde reglamentariamente se pueden hacer hasta tres revisiones, también por parte de personal externo, aunque es cierto que llegan a petición del interesado. En cuanto a plazos, el ministerio propone que se programen en mayo con la idea de evitar que su organización se solape con el cierre del curso en junio. También abre la puerta a que algún ejercicio incluya una parte digital, como pueden ser audiciones o vídeos en el caso del que versará sobre la comprensión oral. El documento tiene en cuenta el perfil de los alumnos que se enfrentarán a la evaluación, pues se trata de niños de entre ocho y nueve años. Plantea que las pruebas sean atractivas, por ejemplo con dibujos en color y textos comprensibles, y que se les conciencie de la importancia de hacerlas "con la máxima concentración". A diferencia de la Selectividad o las reválidas de Secundaria, tiene carácter diagnóstico, es decir, la de 3º carecerá de valor académico aunque debe tenerse en cuenta para establecer planes de mejora e incluso para decidir sobre la promoción del alumno al siguiente curso. La propuesta habla de cuatro ejercicios distintos, dos para cada jornada, que valorarán competencias como el cálculo y la resolución de problemas (dos sesiones), y la comprensión y expresión oral y escrita (otras dos). En cuanto a la duración, se plantea que sean de entre 35 y 45 minutos para los de matemáticas y de entre 35 y 55 para los vinculados con la lengua. Además, entre cada examen habrá un descanso de 20. El ministerio también ha elaborado diferentes pruebas tipo y guías de corrección, material que está a disposición de profesores y familias en la página web. Cada ejercicio se introduce con un texto o imagen, o combinando ambos elementos, y partir de ahí se plantean las preguntas. Pueden ser de test, abiertas, con cierto desarrollo (redacciones y descripciones) o de verdadero o falso. En los de expresión oral y escrita se valorarán destrezas como la coherencia, fluidez, cohesión, adecuación y presentación de las respuestas, mientras que en los de matemáticas se hará lo propio en relación a la identificación, comprensión y análisis de los diferentes contenidos incluidos en los dos exámenes: números, unidades de medida, geometría y estadística y probabilidad. El documento también recoge lo dispuesto en la Lomce -la evaluación se deriva de la reforma educativa- en relación a las adaptaciones para los alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea un estudiante con altas capacidades o que padezca hiperactividad. Además, a partir de los resultados se elaborarán diferentes informes: el del alumno, el del centro y el general del sistema. A priori los dos últimos serán accesibles, sobre todo el segundo, a efectos de una posible escolarización. Ahora quedan por desarrollar matices, desde las fechas concretas hasta la lengua de las pruebas -se prevé que coincida con la de la línea del alumno-, sin olvidar el sistema para elegir a los profesores que se encargarán de las correcciones.

29/12/2014 12:36

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El ciberacoso se asienta en las aulas

Jokin Ceberio, de 13 años, Amanda Todd, de 15, o Rebecca Ann -12- se quitaron la vida al no poder soportar el acoso de sus compañeros de clase, tanto presencial como a través de internet. Sus trágicas experiencias -para algunos el calvario duró años- evidencian la necesidad de tomar medidas ante un problema que existe en las aulas valencianas y que puede tener consecuencias extremas. De hecho, crece año tras año en la modalidad conocida como ciberbullying (ciberacoso). Según los datos de la Conselleria de Educación, los centros registraron el curso pasado 188 incidentes en los que hubo algún tipo de violencia mediante el uso de nuevas tecnologías (TIC), desde difusión de mensajes o fotos vía móvil o email hasta amenazas en redes sociales o chats, que en función de su intensidad o continuidad pueden derivar en un caso grave de ciberacoso. El dato no es demasiado elevado si se tienen en cuenta todas las incidencias de diferentes causas que llegaron al departamento (1.910), en las que se incluyen problemáticas más amplias, como desperfectos, robos o peleas. Sin embargo, crece claramente en comparación con las cifras del ejercicio anterior, cuando se detectaron 139 incidentes vinculados con las TIC sobre un total de 1.818. El incremento global fue del 5%, mientras que las situaciones de ciberacoso lo hicieron en un 35,2%. Fuentes de la conselleria citaron dos posibles causas para explicar el aumento. Por un lado está la vertiente técnica, y es que el registro que centraliza la información, operativo desde 2007, se actualizó en 2012 para facilitar la introducción de problemas que incluían componentes tecnológicos, de violencia de género y de acoso escolar, pues hasta ese momento los datos concretos eran poco significativos. La mejora estuvo acompañada de una campaña de concienciación en los centros para que directores y docentes hicieran un registro más exhaustivo. Las mismas fuentes apuntaron que se continúa insistiendo en este sentido, pues restar importancia a los casos, aunque parezcan leves, obstaculiza la intervención para atajar el problema. La segunda causa del incremento se refiere al "mayor uso de la telefonía móvil y de la frecuencia de acceso a redes sociales" entre un curso y otro, tal y como acreditan las muestras de alumnos que participan en las pruebas diagnósticas, a los que se les pregunta en este sentido. En datos concretos, de todos los de Secundaria que hicieron la última (49.603), el 94% dijo disponer de dispositivo propio, la mayoría con acceso a internet, porcentaje que durante el ejercicio anterior fue dos puntos más bajo. Eso sí, en Primaria se produjo una reducción del 1% en el mismo periodo. Aunque el aumento es discreto, hay que recordar que no refleja la realidad completa de los centros, pues sólo se refiere a estudiantes de 2º y 4º curso respectivamente, pero sí acredita una tendencia al alza. Lo mismo sucede con las redes sociales, donde crece el número de estudiantes de 2º de ESO (+2%) que afirmaron acceder cuando quieren, sin control parental. Además, la estadística coincide con las tipologías de ciberbullying más habituales: las relacionadas con chats y mensajes telefónicos y con foros virtuales. Actitud familiar activa Las familias deben tener un papel fundamental en la prevención y detección de esta forma de acoso escolar. Como explica la psicóloga María Jesús Hernández, "nunca hay que restar importancia a incidentes de este tipo, aunque sea un empujón o un insulto, porque la víctima lo sufre, lo interioriza y puede derivar en que cada vez tenga una actitud más tímida. Un empujón puede tener peores consecuencias que algo que parece más grave", explica. También da algún consejo a aquellos padres que sospechen que su hijo está sufriendo este tipo de intimidación. "Es fundamental hablar con el niño, que haya confianza y comunicación. Hay que tratar de averiguar qué pasa, por ejemplo, con preguntas indirectas. Y nunca escandalizarse por lo que cuente, porque puede hacer que perciba que ha dicho algo que no debía contar. También hay que hablar con el profesor, y de esta manera tener una versión distinta para saber si el niño ha exagerado o ha minimizado los hechos", destaca. Además, insiste en la necesidad de actuar también con el agresor. "Al fin y al cabo es una persona en desarrollo. Tratar el problema en estas edades siempre hará que sea más fácil de corregir". El avance del ciberacoso ha hecho que proliferen títulos universitarios especializados. Uno de ellos, el máster en prevención de problemas de conducta en la escuela, se oferta en la Universidad Internacional Valenciana (VIU). Fuentes de la institución explicaron que entre los síntomas que pueden indicar que un alumno está siendo acosado destacan el descenso en el rendimiento, el absentismo, mareos, conductas de huida y evitación, aislamiento o respuestas emocionales extremas, como llanto incontrolado. Perfiles También se han trazado perfiles tipo. En cuanto al acosador, puede tener conductas amenazantes, poca disciplina en el aula o destacar a la hora de asumir el rol de líder ante alumnos de características parecidas que buscan reconocimiento e integración. Más complicado es esbozar claves relacionadas con la víctima. Algunas de las más habituales son una personalidad introvertida, padecer problemas de aprendizaje (los trastornos orales son los más evidentes) , pertenecer a minorías étnicas o religiosas e incluso haber elegido una orientación sexual distinta.

23/12/2014 12:58

Comunitat

Las universidades pactan no reducir las carreras a tres años

Las universidades públicas no reducirán la duración de los grados de los cuatro años actuales (240 créditos) a tres (180). Al menos, hasta que comience el curso 2017-2018, tal y como explicó ayer el rector de la Politècnica, Francisco Mora, poco antes de presidir el claustro de la institución académica. La idea es dejar dos ejercicios de colchón para poder analizar el funcionamiento de los títulos vigentes, que comenzaron a adaptarse en 2009 al Espacio Europeo de Educación Superior (plan Bolonia), lo que ha supuesto acabar de forma progresiva con las licenciaturas, diplomaturas y los títulos técnicos equivalentes (de entre tres y cinco años). El pacto implica obviar la posibilidad que daba el Ministerio de Educación a cualquier universidad de modificar la estructura de los estudios, tal y como refleja uno de los borradores que configuran la anunciada reforma del sistema universitario español, que colea desde el arranque de la legislatura. Hay que recordar que el documento establecía que los estudios con la nueva ordenación, que estarían asociados a másteres de dos años (120 créditos en lugar de 60), podían ofertarse de manera voluntaria a partir de septiembre del año que viene. "Las cinco universidades hemos decidido tomarnos estos dos cursos para poder evaluar los resultados del sistema actual teniendo en cuenta las valoraciones de los estudiantes, empleadores y profesores antes de tomar decisiones. Hacerlo ahora significaría actuar a ciegas, no sabríamos si es adecuado o no", explicó Mora, quien apuntó que el acuerdo alcanzado por los rectores no afectaría a las nuevas carreras que se vayan a implantar durante los dos cursos de margen, sino sólo a la "foto fija" de titulaciones actuales. La idea del Gobierno, que ya se deslizaba en el informe de la comisión de expertos constituida por el ministerio para proponer mejoras para el sistema, busca que España se homologue a los países de su entorno, que en la mayoría de los casos aplicaron la configuración de tres años de grado y dos de máster aprovechando la adaptación a Bolonia. El objetivo es facilitar la movilidad internacional del alumnado y también su especialización, al ganar peso los estudios de postgrado. Si se adoptan cambios serán pactados Mora también apuntó que si se adoptan cambios a partir del curso 2017-2018 serán pactados. Es decir, si se decide reducir la duración de una carrera, se hará en todas las universidades públicas que la impartan. De hecho, es la idea que defiende la Conselleria de Educación, si bien pretende incluir en el acuerdo también a las instituciones privadas para que el mapa de titulaciones sea lo más homogéneo posible. El rector también dio a conocer las intenciones de los centros públicos ante la desaparición de la Selectividad, que según el calendario de la Lomce llegará en el 2016-2017. Será sustituida por la reválida de Bachillerato, de la que saldrá, junto al expediente académico, la nota de entrada a la universidad. Además, la reforma educativa da la opción a las instituciones de crear pruebas de acceso propias, y en clave valenciana se está estudiando la opción de implantarlas en algunos títulos. "En este caso también vamos a ir juntas", dijo Mora, en el sentido de que si finalmente se hace un examen de admisión será común para todos los centros que impartan el grado en cuestión, de manera que sirva para acceder a cualquier universidad valenciana. También señaló que se podría aplicar en títulos "con muy alta demanda, en los que sabemos que hay más peticiones de primera opción que plazas disponibles". Además, descartó hacerlo en las menos solicitadas. Respecto al resto, reconoció que todavía no se ha tomado ninguna decisión. En cuanto al claustro, se habló de la acreditación de títulos por entidades de reconocido prestigio, de la creación de 'Generación Espontánea', un programa de apoyo a alumnos que se presentan a concursos internacionales o del plan de emprendimiento. La reducción de la factura eléctrica o iniciativas como el plan de igualdad o el protocolo ante acoso laboral o sexual también se debatieron con la comunidad académica. Además, se comunicó la elaboración de un informe "exhaustivo" de rendición de cuentas.

17/12/2014 22:08

Valencia

24 horas de consulta lingüísitca

La consulta a las familias para sondear su opinión sobre el programa lingüístico que prefieren en la enseñanza de sus hijos (plurilingüe en castellano o en valenciano) tendrá unos horarios amplios, pues se podrá votar durante 24 horas, exactamente desde las 00.00 horas del día 19 hasta las 23.59, tal y como explicaron fuentes de la Conselleria de Educación. Esto se debe a que se hará a través de la página de internet https://opina.edu.gva.es, lo que a priori facilitará la participación al no restringirse al horario habitual de los centros. El objetivo de la iniciativa, prevista desde el verano de 2012, es disponer de toda la información posible a la hora de autorizar los programas lingüísticos que tendrán los centros a partir del próximo curso, pues la mayoría deben adaptarlos a lo que establece el decreto sobre plurilingüismo, que da un mayor peso al inglés como lengua vehicular en las aulas. Que se haga ahora se debe a que a partir de septiembre todos los colegios de Infantil y Primaria deben adaptarse a la normativa, lo que en la práctica supondrá dar una asignatura no lingüística en el idioma extranjero. Es decir, Educación utilizará la consulta, junto a otros parámetros, para determinar la lengua base de cada línea, y con esta información, los centros deben elaborar su proyecto lingüístico, donde se plasmará qué asignaturas se imparten en inglés, castellano y valenciano en cada una de ellas. La consulta ha llegado acompañada de críticas, como su precipitación. Hay que recordar que la normativa que la regula se publicó la pasada semana, cuando también se conoció la fecha elegida por la conselleria. Aunque los centros han tenido que anunciarla, tanto en los tablones de anuncios como a través de comunicaciones escritas a los padres, el proceso para participar no es sencillo para todos. Por ejemplo, aquellos que no tienen acceso a la Web Familias, que permite conocer datos académicos de los hijos, han tenido que presentar una solicitud para obtener la credencial, que también les permitirá entrar en la web de la consulta. En el proceso, limitado a los centros públicos de Infantil y Primaria, podrán participar los dos padres. Eso sí, no será vinculante, sino que se tendrá en cuenta junto a otros informes de planificación y de resultados en la diagnóstica antes de que Educación determine de oficio la lengua base de cada línea. Y con esta directriz, será cada centro el que redacte el proyecto lingüístico, que en última instancia debe ser aprobado por la administración. Hay que recordar que los que pertenecen a la Red Plurilingüe, que se adelantaron a lo establecido en el citado decreto, ya tienen su proyecto redactado, aunque en cualquier caso los padres también pueden participar en la consulta. Aunque se barajó la posibilidad de que fuera vinculante, Educación decidió renunciar ante la inseguridad jurídica que se generaría, pues han sido varias las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra una iniciativa similar que impulsó el Ejecutivo regional.

09/12/2014 18:46

Valencia Ciudad

Los vecinos se suman a las quejas contra el alquiler de habitaciones a turistas

Una vecina del Ensanche ha denunciado ante el ayuntamiento y la Conselleria de Turismo la existencia de un piso en Almirante Cadarso dedicado al alquiler de habitaciones a estudiantes y turistas con las consiguientes molestias que ocasiona a los residentes, según se desprende de los numerosos escritos presentados ante las administraciones desde que el inmueble fue tabicado para dividirlo en nueve estancias durante el verano de 2011. Se suma de esta manera a las denuncias y quejas de varios residentes del Carmen, que en este caso y a través de la vía judicial consiguieron la clausura de un edificio residencial dedicado a esta actividad. La afectada, Julia Valcárcel, vive con su familia en un piso que linda con el denunciado, y alega que la actividad vulnera las normativas municipales y los estatutos de la finca, que prohíben actividades económicas y de hospedaje, por lo que ha pedido su clausura al no disponer de la licencia correspondiente. Según explica, la visita de los técnicos se produjo el pasado junio, aunque desconoce el contenido del informe, y por tanto, si el ayuntamiento ha recogido su petición. Ella lo tiene claro: «Si no deciden poner fin a esta actividad, que es su obligación, acudiré a los tribunales». La residente asegura que tras detectar las obras se celebró una reunión de la comunidad de vecinos en la que «se requirió a las propietarias que abandonaran la actividad, sin que lo hicieran». Desde entonces, durante tres años, ha lidiado con diferentes servicios municipales y con fiestas de jóvenes erasmus, música a todo volumen, timbrazos a horas intempestivas y con la inseguridad que provoca el hecho de que la puerta del portal se quede abierta cuando no está el portero. De hecho, según el primer escrito, en 2012 se produjo un robo que fue denunciado. También aporta copias de los anuncios que se han colgado en internet, que hablan de alquiler de habitaciones a estudiantes. Sin embargo, asegura que el perfil de los inquilinos es bastante más variado. En el documento remitido a la Junta Municipal de Ruzafa en mayo se afirma que «la citada vivienda, de forma continua y permanente, es arrendada por temporadas (días, semanas, meses o el tiempo que se determine con los clientes) a estudiantes preferentemente extranjeros y a personas no estudiantes para un uso distinto al de vivienda habitual, desarrollando una actividad económica y con carácter claramente turístico que debe ajustarse a la legislación vigente». También se apunta que infringe el Plan General, que dice que no podrá «realizarse el alquiler turístico de habitaciones de una vivienda si está al mismo nivel y por encima y por debajo del resto de las destinadas únicamente a usos residenciales de un edificio de uso mixto». Es decir, debería ubicarse debajo del resto de inmuebles, algo que no se da al tratarse de una sexta planta. Y además, se alega que no hay ningún acceso diferenciado. La petición de los escritos es similar: si quieren funcionar como hostal y lo acepta el ayuntamiento -los propietarios consideran que no hay lugar para legalizarlo- ha de tener licencia y los proyectos exigidos para actividades calificadas, como el de prevención de incendios o el de insonorización. En caso contrario, debe clausurarse. El mismo documento se presentó ante la Conselleria de Turismo en octubre. Valcárcel también lamenta los obstáculos que se ha encontrado hasta conseguir la inspección. Le han remitido al servicio de Contaminación Acústica -«algo que en ningún escrito se ha pedido»-, ha visto como los policías no podían acceder al edificio tras un aviso porque nadie abría la puerta -«estaba en casa sola con mis hijas dormidas; yo no podía bajar al portal»- o le han respondido que no había sospechas de ningún «ilícito penal», algo que sorprende a la afectada porque siempre se ha referido en sus denuncias a una irregularidad administrativa.

05/12/2014 12:30

Valencia Ciudad

Los veterinarios alertan del riesgo de saturación por la apertura de dos facultades más

La Conferencia de Decanos de Veterinaria de España, que agrupa a todas las facultades del país, ha emitido un informe demoledor contra la creación de cuatro nuevos centros que impartirán el título en los próximos años. De estos, dos se ubicarán en la Comunitat, concretamente en El Campello, donde se implantará la quinta universidad privada de la autonomía -La Mare Nostrum University-, y en la capital, donde la decana, la Universitat de València, activará el título de cara al curso 2016-2017. Las otras dos se situarán en Lleida y Madrid. El documento, elaborado el mes pasado, pide a las administraciones "que valoren la necesidad real" de estos centros y sus "repercusiones económicas", además de reclamar a los profesionales que luchen "contra la apertura de nuevas facultades". También solicitan que no se autoricen si no se acredita que cuentan con los equipamientos exigidos para una formación adecuada. Los decanos plantean que en España "sería suficiente con tener entre cuatro y siete facultades", en base a las recomendaciones de los organismos europeos relacionados con la profesión, que abogan por la existencia de un centro por cada siete o diez millones de habitantes "para mantener un estándar de calidad en la formación y en los servicios veterinarios atendiendo a la disponibilidad de recursos existente". Sin embargo, en España actualmente existen 12, cifra que en los próximos años puede llegar a 16. "El número de facultades y estudiantes está sobredimensionado, y ello influye negativamente en diversos ámbitos, por ejemplo el de los recursos económicos que se pueden dedicar para obtener una buena formación, aparte de la sobresaturación del mercado laboral veterinario", prosigue el informe. Este exceso, añade, "hace que España sea motivo de crítica en todas las reuniones en los foros europeos". La Comunitat será la región con más universidades que ofrezcan veterinaria En este sentido, se denuncia que a medio plazo la Comunitat será la región con más centros ofertando la carrera (cuatro), lo que supondría colocarse por delante de Madrid (tres). Actualmente se imparte en la CEU Cardenal Herrera y en la Católica, a las que se añadirán la Mare Nostrum, en fase de autorización, y la Universitat. En este caso no habrá una facultad física como tal, aunque sí a nivel administrativo. En cuanto al impacto laboral, los decanos aseguran que cada curso salen de las universidades 1.200 veterinarios, mientras que el mercado produce unos 600 empleos. "Todos los años se genera un exceso de oferta respecto a la demanda de trabajo por las empresas y la administración", lo que hace que en pocos años se haya pasado de ser una profesión con "escaso paro" a una situación en la que "no aumenta en exceso" aunque "la precarización profesional está alcanzando niveles muy preocupantes", con salarios y trabajos "indignos". Una realidad que será "insostenible" con las nuevas carreras previstas a nivel estatal. La lectura del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, en términos de empleabilidad, es similar. "Es necesaria una profunda reflexión sobre el sistema universitario", explica el presidente, Francisco Beltrán, quien recalca que hay muchos títulos cuyos egresados compiten con los veterinarios, como Biología, Biotecnología o los relacionados con Tecnología de los Alimentos. "Hay poco paro, pero cada vez se genera más subempleo. En cuestión de veinte años se ha pasado en la provincia de contar con unas 40 o 50 clínicas a alrededor de 400, empresas en las que se ha mermado la rentabilidad por la crisis, lo que afecta a la contratación", concluye, antes de recomendar a los estudiantes que exploren vías laborales alternativas a la medicina veterinaria, la salida más vocacional. Las críticas a la saturación del mercado por el exceso de oferta universitaria también se han dado en otros ámbitos relacionados con las Ciencias de la Salud. Por ejemplo, ha sucedido con los colectivos de médicos, enfermeros y odontólogos.

04/12/2014 20:59

Comunitat

Cómo aprender francés con un sombrero

La primera planta de la Escuela Oficial de Idiomas se ha llenado de color estos días gracias a la exposición de 121 vistosos sombreros elaborados por alumnos que estudian francés en cualquiera de los niveles. La iniciativa, organizada por la profesora Genoveva Nieto y la responsable del departamento, Marina Tarrazona, sirve para conmemorar una tradición que pervive en el país vecino denominada Catherinettes y que se remonta al siglo XII, cuando las jóvenes solteras invocaban a Santa Catalina en el día de su fiesta - el 25 de noviembre - para pedirle que les ayudara a encontrar marido. Hoy en día la celebración tiene un significado más lúdico, e incluso comercial, hasta el punto de que grandes firmas de moda organizan desfiles en París con motivo de la festividad, en la que el sombrero adquiere un papel protagonista. Por ejemplo, suele ser habitual que en los trabajos se regale uno a la compañera que todavía sigue soltera, plasmando en la obra rasgos a destacar de su personalidad. En la Escuela Oficial la tradición se ha aprovechado para enseñar, para que tenga una utilidad didáctica. La actividad consiste en elaborar el sombrero, que se tiene que hacer en casa, y explicar su significado, teniendo en cuenta que los dos colores que se deben utilizar, para no romper la tradición, tienen connotaciones distintas. El verde representa la juventud, la esperanza y el conocimiento, y el amarillo se refiere a la Fe y el tiempo que fluye. Una vez conseguido, el autor debe exponer ante el resto de compañeros qué significado se le ha querido dar. «De esta forma trabajamos la expresión escrita, sin olvidar la parte lúdica, pues se hace un desfile en las clases», añade Nieto. Para preparar la actividad los alumnos visualizan un vídeo que posteriormente es comentado en clase, «trabajando la comprensión oral en francés, pues se explica el por qué de la tradición y cómo se conmemora», sin olvidar la parte de creatividad e imaginación que queda patente en cada prenda: "No hay ninguno igual", concluye la especialista. Nieto ha llevado la tradición por todas las Escuelas Oficiales de Idiomas por donde ha pasado: Castellón, Sagunto, Torrent y ahora Valencia, donde se celebra por segundo año. Tras la exposición, todos los alumnos y personal de la escuela votan a su preferido en un concurso que incluye tres premios, que se entregarán la próxima semana.

04/12/2014 13:18

Valencia Ciudad

Educación prepara una web para que las tutorías se puedan hacer por internet

La Conselleria de Educación presentará a finales de enero una nueva página web destinada a padres de alumnos que incluirá la posibilidad de realizar tutorías, entre otros servicios relacionados con el aprendizaje de los hijos. En la práctica actuará como un nuevo canal de comunicación entre las partes, una alternativa a la agenda escolar o a la habitual hoja de papel que llega a las familias en la mochila. Incluso irá más allá, pues da pie a informar directamente a los progenitores de los deberes diarios a realizar, de las fechas de exámenes, de las notas y del horario, lo que facilitará la supervisión de su evolución desde casa. La herramienta sirve para que los padres autoricen salidas y para conocer los deberes del alumno La página web ya está en fase de pruebas y dispondrá de dos apartados diferenciados. El primero incluye información de servicio relacionada con el proceso de admisión, la oferta educativa o las ayudas existentes para el estudio, además de guías de interés, por ejemplo, sobre cómo actuar en caso de conflicto. La segunda área será la que versará sobre cada alumno y dispondrá de un acceso restringido. Tal y como explicaron fuentes del departamento autonómico, las tutorías se podrán articular a través de un sistema de buzones, que funcionará como si se tratara de un chat o de un programa de mensajería instantánea propio de un teléfono móvil. Es decir, permitirá una comunicación instantánea entre padres y docentes. Las mismas fuentes apuntaron que todavía quedan por cerrar algunos flecos, como cuándo podrá el profesor dedicar tiempo a la página web, cuyo uso será de carácter voluntario. Por ejemplo, se trabaja con la posibilidad de hacerlo durante las sesiones de tutoría o en las horas complementarias, que se dedican a tareas propias de organización y coordinación de la escuela. En cualquier caso, no se maneja la idea de que sea una herramienta de utilización obligatoria, por lo que al final dependerá de la voluntariedad del profesor. También se podrán enviar comunicaciones concretas sobre aspectos del día a día sin necesidad de esperar una oportunidad en la entrada o en la recogida de los alumnos, e incluso justificar ausencias o autorizar salidas del centro para actividades extraescolares. El apartado de acceso restringido tendrá también una agenda electrónica donde figurarán desde fechas a destacar (exámenes o excursiones) hasta amonestaciones por comportamiento, incluyendo faltas de asistencia y avisos de otro tipo. Además, se completa con un menú en el que se podrán consultar las notas obtenidas por el alumno, que de hecho, llegarán directamente al móvil o a la tableta gracias a que la web está diseñada para ser consultada directamente desde estos dispositivos. También incluye un servicio de notificaciones para avisar cuando se actualice algún apartado de este tipo. Para acceder será necesario darse de alta a través de una solicitud que se distribuirá en los centros, y se tendrá en cuenta la custodia del menor en caso de parejas separadas para evitar conflictos entre progenitores. La web está destinada a todos los centros sostenidos con fondos públicos -lo que incluye a los concertados- que quieran utilizarla. De hecho, ya hay alguna iniciativa parecida a nivel particular. Incluso la propia conselleria puso en marcha un portal similar hace varios años, aunque más limitado, pues sólo permitía acceder a las calificaciones y a las faltas de asistencia, además de a otras informaciones como el calendario de extraescolares.

03/12/2014 12:26

Sociedad/Educación

Sólo el 20% de alumnos con discapacidad accede a la universidad

La pedagoga y experta en Educación Especial de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Estrella Alfonso, destacó ayer que apenas el 20% de los alumnos con algún tipo de dependencia accede a la universidad, de ahí que propusiera una serie de medidas para mejorar su integración, entre ellas, extender el modelo de unidades especiales que funciona en Primaria -hay muchos centros ordinarios que las integran- a la educación Secundaria. La universidad, privatizada el curso pasado tras la compra por parte del grupo Planeta, planteó esta medida con motivo del Día de la Discapacidad que se celebra hoy. Otras de las iniciativas propuestas son la incorporación de nuevos perfiles profesionales y una "radical mejora en la formación de los grados universitarios en materia de discapacidad". Pese a todo, Alfonso señaló que se ha incrementado el número de niños con discapacidad que se han incorporado al sistema educativo, hasta el punto de que hoy en día el 97% de los menores con edades entre los 6 y los 15 años están en los centros. Eso sí, el porcentaje decae a medida que avanzan de etapa, de ahí la necesidad de tomar medidas generalizando las unidades específicas en toda la Secundaria, que llega hasta los 18 años. La experta también apostó por la incorporación de la figura del neuropsicopedagogo a los equipos multidisciplinares que atienden a alumnos con discapacidad, de manera que actuaría conjuntamente con los distintos profesionales que los conforman (psicólogos, logopedas, neuropsicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales y Maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje). Alfonso insistió en la importancia de formar a profesionales en este sentido, y puso el ejemplo del máster en Educación Especial de la VIU, que incide en aspectos punteros como la neurociencia o en la adaptación de materiales didácticos. Por último, la profesora afirmó que para conseguir la inclusión integral de estos alumnos es "primordial" avanzar en la adaptación de las webs y los sistemas operativos para las personas con discapacidad ya que, a su juicio, "queda mucho camino por recorrer" y estas herramientas "juegan un papel muy importante en la integración total".

02/12/2014 20:57

Comunitat

Las claves del éxito de los mejores colegios

El listado de los centros con mejores resultados en la evaluación diagnóstica realizada el pasado curso a los alumnos de 4.º de Primaria es variado. Hay 16 concertados y 14 públicos, tanto de ámbito rural como urbano. Algunos tienen menos de cien alumnos y otros ofertan estudios desde los tres a los 18 años. Es decir, se adaptan a realidades distintas, aunque con puntos en común: todos dan un peso especial al inglés, las familias participan de forma activa y se aplica una atención lo más individualizada posible, ya sea en clase o con actividades de refuerzo. Y todos los directores consultados coinciden en destacar como clave del éxito la calidad e implicación de sus docentes. Médico Pedro Herrero. Alicante Ayudas y apoyos entre alumnos de distinta edad. «La característica que mejor nos define es la familiaridad. En el centro no hay conflictos, los alumnos llegan a los tres años y permanecen hasta los 16, y lo que se intenta es que estén lo más felices posible. ¿No es más fácil trabajar en lo que te gusta? Lo mismo pasa en una clase». Son palabras de Ignacio Cirauqui, director del colegio, que en los últimos años ha aparecido entre las 60 mejores posiciones en las pruebas diagnósticas. Motivo de orgullo para un claustro de 37 docentes. Médico Pedro Herrero Varios alumnos, durante una actividad en el patio. LP El centro, concertado, oferta desde Infantil a ESO y tiene unidades de Especial. Los estudiantes se relacionan en las aulas, independientemente del curso. «Los de Secundaria pasan por las clases de Primaria, por ejemplo a explicarles un tema de ciencias. Y los de Primaria van con los de Infantil a contarles un cuento, y a su vez, estos juegan con los de Especial», explica el director. También se refiere a la buena sintonía del equipo docente. «Hay mucha comunicación. Hablamos, preguntamos dudas, intercambiamos información sobre cómo trabajar. Es una plantilla estable», explica. Es un centro de la Red Plurilingüe, por lo que llevan varios cursos dando un peso especial al inglés en las aulas de Infantil. Y el próximo ejercicio llegará a Primaria. Cuentan con un grupo de refuerzo de lengua extranjera, y los resultados son muy buenos. De hecho, la mayoría pasan las pruebas de acreditación de idiomas de la Universidad de Cambridge, del que son centro examinador. CRA La Ribera Alta. Sant Joanet-Benimuslem Padres voluntarios y más horas de clase a la semana. Un Centro Rural Agrupado (CRA) atiende varios municipios a través de aularios separados físicamente. El Ribera Alta, plurilingüe y público, escolariza a niños de San Joanet y Benimuslem, aunque ya está ganando alumnado de otras localidades cercanas y más grandes. Sus clases son curiosas. No sólo agrupan a estudiantes de varias edades en el aula, lo que da ventaja a efectos de motivación y de convivencia (se ayudan entre ellos), sino que también desarrollan otras actuaciones de éxito. Han aumentado el horario lectivo -los alumnos dan 29 horas semanales, no 25-, un extra que se invierte en repasos y numerosas ampliaciones. CRA La Ribera Alta Un grupo de alumnos en el aulario de Benimuslem. LP Los martes y los jueves organizan bibliotecas tutorizadas, en las que los protagonistas son los padres, que ejercen de voluntarios para trabajar contenidos y disciplinas, desde el teatro hasta la astronomía, pasando por el inglés. También cuentan con tertulias literarias y gestionan un huerto urbano. El objetivo, explica la responsable del aulario de Sant Joanet, Carmen Vargas, es crear una cooperativa para vender los productos y donar el dinero a una oenegé. «Lo que buscamos es que la enseñanza sea individualizada. Si uno destaca le dejamos que llegue hasta donde pueda, aunque implique asumir contenidos de etapas superiores», apunta Vargas, que define al centro como «un bombón que hemos hecho entre todos», en referencia a su «gran equipo de profesores», a las familias y también a la colaboración de los ayuntamientos. Trabajan con especial intensidad la formación docente y también la de las familias. Una muestra: hay cursos de inglés para que puedan ayudar a sus hijos con los deberes. También dan mucha importancia a la salud a través de un proyecto europeo para prevenir la obesidad. Sant Pere Apòstol. Alqueria de la Comtessa Plantilla estable y cada alumno en su curso. Es un centro público pequeño que como el resto, prefiere huir del protagonismo. «Trabajamos las competencias que se tratan en la evaluación (diagnóstica), y también se cuida mucho la programación», explica Judith Guillem, la directora. Aunque se muestran «contentos» con los resultados, insisten en que no implican que sean «mejores que otros». «No somos líderes de nada, somos una escuela más», concluye. A su juicio, la clave está en que lograron evitar convertirse en un centro incompleto, lo que obliga a agrupar a alumnos de diferentes edades en los mismo cursos. «No juntarlos fue algo fundamental porque consideramos que así podemos trabajar de manera más individualizada». Qué es la prueba diagnóstica Alumnos. Se realiza todos los años a los alumnos que están en 4.º de Primaria. En la última, la del curso pasado, participaron 49.553 estudiantes de 1.324 centros. ¿Qué mide? La destreza de los alumnos en las competencias matemáticas y lingüísticas. ¿Para qué sirve? Se utiliza para detectar fortalezas y debilidades con el objetivo de establecer planes de mejora en los centros. Aunque pueda resultar contradictorio con la experiencia del CRA La Ribera Alta, en realidad lo que se demuestra es que cada equipo docente adapta su manera de trabajar a la realidad de sus alumnos. El centro dispone de contrato-programa, que les ha permitido contar con más personal para evitar las agrupaciones, además de para reforzar el inglés en Infantil -dos sesiones semanales-, pues son un centro plurilingüe desde hace años. En Primaria se imparte Plástica en la lengua extranjera. La directora también destaca la «altísima participación» del Ampa en los proyectos del centro y del ayuntamiento, sin olvidar a la plantilla, que está muy estabilizada. Gençana. Godella Atender a la diversidad dentro de la misma clase. En el colegio Gençana (concertado) los alumnos no usan libros. Es el profesor el que a partir del material del aula elabora la programación, es decir, qué se trabaja en clase, cómo y cuándo. Sólo a partir de 4.º de Primaria disponen de un libro de consulta. En Bachillerato hasta se utilizan manuales universitarios, explica el director, Pedro Gil. Todas las clases tienen bibliotecas que crecen en tamaño en función del curso. Los estudiantes desayunan en el centro, lo que «ayuda a que entiendan la importancia de la primera comida, que el trabajo de la jornada se desarrollará mejor». Y dan un peso especial a la lectura. Disponen de una librería propia en la que se pueden adquirir ejemplares que se utilizan en el aula o de autores que participan en el Carnaval Literario que organizan todos los años. Gençana Vista de una de las aulas del colegio de Campolivar, en Godella. La distribución es similar, ya sea de Infantil o Bachillerato. IRENE MARSILLA «Creemos que es fundamental la atención a la diversidad. El alumno que destaca, que va bien, arrastra al resto», añade Gil. Las clases se organizan en distintos dependiendo de la evolución del alumno. Por poner un ejemplo, los problemas de matemáticas a realizar se expresan de forma distinta en función del grupo. Y lo mismo pasa con su guía de actividades. También es habitual encontrar a más de un maestro en el aula, una manera de fomentar la atención individualizada y de trabajar necesidades específicas. También se cuidan las actividades complementarias, que tienen una vinculación clara con el contenido curricular, con lo que aprenden en las aulas, aunque en este caso lo asimilan jugando o en un ambiente más distendido. Todas cuentan con sus normas para fomentar la socialización y la disciplina, aspectos en los que se insiste mucho. A modo de anécdota, los alumnos no pueden salir sin dejar preparados los materiales de la siguiente clase. En cuanto a idiomas, se introduce el inglés y el francés progresivamente. Mariano Serra. Aldaia Tutorías individualizadas para reforzar contenidos. Medio centenar de docentes trabajan en este colegio concertado, que acoge a 670 alumnos. «Trabajo, horas, un gran grupo de profesores e implicación de los padres», responde Paco Márquez, el director, cuando se le pregunta por los buenos resultados de la diagnóstica, cuyo informe oficial, el que recibe cada centro para valorar su desempeño, está colgado en el tablón de anuncios y en varias zonas comunes. Son un centro plurilingüe. Desde hace años dan más peso al inglés en Infantil y el próximo curso se ampliará su utilización hasta 3º de Primaria y en toda la ESO. Mariano Serra, Un grupo de Primaria, durante una clase de Inglés en el centro de Aldaia. IRENE MARSILLA Aplican varios programas de innovación, como Educa con Música, donde se dan al alumno «pautas de aprendizaje y hábitos de trabajo» o Scratch, en el que los estudiantes, en las clases de tecnología, profundizan en programación informática para, por ejemplo, crear robots de diseño propio. Los profesores se organizan de manera que se pueden sacar 53 clases de refuerzo adicionales en las que de manera individual -un profesor, un alumno-, se trabajan aspectos del día a día que flojean, sobre todo competencias básicas. Carles Salvador. Valencia Los alumnos elaboransus materiales didácticos. El colegio público, de una sola línea, participa en el proyecto experimental que consiste en usar tabletas en sustitución de los libros tradicionales. «Son los alumnos los que a través de aplicaciones elaboran los materiales con los que trabajan: presentaciones, grabaciones de vídeo y voz, esquemas conceptuales y herramientas interactivas», apunta Vicenta Guijarro, la directora. El centro da mucha importancia a la atención individualizada, de manera que cada alumno aporta lo que mejor se le da, una especie de estructura por niveles dentro del aula. Y para evitar conflictos «se insiste mucho en la educación emocional y en el respeto». Algo que se consigue, por ejemplo, a través del trabajo cooperativo dentro del aula. Carles Salvador Alumnos de 5.º de Primaria, con los contenidos que elaboran ellos mismos. IRENE MARSILLA En los otros cursos tampoco el libro de texto tiene mucho peso, sobre todo gracias a las bibliotecas de aula. El trabajo por proyectos, el impulso del reciclaje y la implicación de la comunidad educativa -«en el colegio hasta la señora de la limpieza hace pedagogía»- son otras claves de sus resultados. «Hacemos lo mismo que cualquier escuela pública, aplicamos lo que aprendemos de experimentar y de otros centros», señala. Eso sí, reconoce que disponen «de una gran materia prima». Se refiere al núcleo de cualquier proyecto educativo: los alumnos.

01/12/2014 17:57

Comunitat

Casi 6.000 universitarios tendrán que pagar ahora las tasas del curso pasado

Las universidades valencianas empezarán a remitir en los próximos días los recibos para que los alumnos que no consiguieron una beca para sufragar los estudios del curso pasado afronten las tasas correspondientes. El abono afecta a al menos 5.846 estudiantes, que son aquellos a los que la Generalitat no les ha concedido la ayuda solicitada por no cumplir los requisitos de la convocatoria. El desfase temporal se debe al sistema que se utiliza para resolver las peticiones. Cuando un estudiante hace la matrícula indica si ha solicitado la beca, por lo que la universidad paraliza el procedimiento de pago de las tasas, que queda aparcado mientras se prolonga la tramitación de la petición. El proceso es largo y escalonado. En una primera fase resuelve el ministerio, que asume la mayor parte de las cuantías, y una vez las listas de beneficiarios y excluidos son definitivas, empiezan a estudiarse las solicitudes que llegan hasta la Conselleria de Educación. Es habitual que el estudiante la pida a ambas administraciones, una forma de cubrirse las espaldas teniendo en cuenta que los requisitos autonómicos son más laxos, tanto el de rendimiento como el de renta. El departamento que dirige María José Català cerró la convocatoria la pasada semana (aunque las listas provisionales se conocieron en julio), con el resultado de 2.028 ayudas concedidas y 8.672 denegadas por no cumplir con las bases. Entre estas figuran 2.826 solicitudes de interesados que previamente habían recibido la ayuda estatal, pues son excluyentes. Por tanto, no tendrán que afrontar las tasas pues las universidades ya las han ingresado del ministerio. En cambio, los otros 5.846 no tendrán más remedio que atender a los requerimientos de pago que lleguen a sus domicilios. Además de la citada incompatibilidad, muchas denegaciones llegan por incumplir los requisitos de rendimiento -no alcanzar la nota media de acceso a la universidad para los nuevos alumnos o el porcentaje de créditos superados para los que estaban en segundo o cursos superiores- y los de renta, tanto en lo que se refiere a los ingresos familiares como a los rendimientos de empresas o el patrimonio. Otras causas de exclusión son no residir en la Comunitat o rellenar mal la solicitud. Como explicaron desde el departamento autonómico, se ha concedido la beca a todos los que cumplían las bases. En cuanto a la renta, el umbral se situaba en 43.846 euros anuales para una familia de cuatro miembros -38.831 en la del ministerio-, mientras que la media de los excluidos se elevaba a 52.955. Los estudiantes que deben afrontar las tasas del curso pasado no tienen mucho margen de maniobra. No pueden optar a las becas por causas sobrevenidas que da Educación al estar cerrada la convocatoria, y lo mismo sucede con las iniciativas propias de las universidades. Hay que tener en cuenta que el perfil del solicitante de las ayudas de las instituciones académicas y el de los que optan por las de las administraciones son distintos, pues las primeras suelen atender situaciones que suponen una merma de ingresos durante el curso (el 2013-2014 en este caso), mientras que las segundas utilizan los datos económicos del ejercicio fiscal de 2012. Según señalaron desde la Universitat Politècnica, el reintegro de las tasas se tendrá que hacer en un abono único, y para pedir el pago en mensualidades sólo pueden presentar un escrito para que se estudie el caso. En la Universitat, cuando llegue el requerimiento se podrán presentar alegaciones que se valorarán de forma individualizada.

24/11/2014 22:19

Comunitat

Los colegios han perdido 3.800 profesores en cuatro años

La Federación de Enseñanza de CC. OO. PV ha elaborado un informe para evaluar el impacto que han tenido las medidas de ajuste del gasto educativo aplicadas en los últimos años, en el que se evidencia que los centros valencianos públicos disponen de 3.834 docentes menos que hace cuatro años. Para el cálculo, el sindicato ha cruzado los datos del censo de las últimas elecciones sindicales, celebradas en 2010, y los de la próxima cita, que llegará el 4 de diciembre. Entonces, los centros disponían de 55.849 profesionales, incluyendo a los interinos que cubren vacantes o sustituciones, dato que en la actualidad se sitúa en 52.015. En realidad las cifras varían cada semana debido a las adjudicaciones de puestos que Educación realiza para cubrir bajas, jubilaciones, excedencias y permisos de cualquier tipo a través de las bolsas de trabajo de interinos. Por este motivo, la federación ha recurrido a la 'foto fija' que se deriva de los censos (de diciembre de 2010 a diciembre de 2014). La reducción, en términos relativos, es del 6,87% de la plantilla, un ajuste que el sindicato atribuye, sobre todo, a la limitación en la reposición de los puestos que quedan libres por jubilaciones o fallecimientos. Desde 2012, las administraciones educativas sólo pueden cubrir el 10% de las bajas, lo que significa que el 90% restante se amortizan. El sindicato señala además que si se tiene en cuenta la oferta de empleo público docente de los últimos ejercicios, afectada por esta limitación, se concluye que sólo se ha cubierto el 7% del total. También se apuntan como causas del descenso el cambio en el acuerdo que regía las plantillas de Primaria, que supuso reducir un puesto de maestro en la mayoría de centros, la subida de las ratios máximas vigente desde el 2012-2013 (hasta 30 en Primaria, 36 en la ESO y FP y 42 en Bachillerato) y el aumento del horario lectivo en Secundaria (de 18 a 20 sesiones semanales). El estudio de CC. OO. PV también evidencia que ha aumentado el profesorado interino, o lo que es lo mismo, los que desempeñan su labor de forma temporal, lo que tiene un efecto negativo en la estabilización de las plantillas debido a que muchos cambiarán de destino el próximo curso. Para hacer este cálculo se vuelve a utilizar la 'foto fija'. Se parte de la base de que el 1 de febrero de 2009 se informó a los sindicatos en una mesa técnica de que habían 7.010 interinos prestando servicios en los centros, cubriendo tanto vacantes como sustituciones, cifra que a principios de este curso se situó en 9.884, sumando todas las adjudicaciones realizadas entre julio y septiembre. Esto implica un incremento de 2.874 profesionales temporales. La cifra se reduce ligeramente si la situación de partida (2009) se compara con el censo para las elecciones, que se cerró en octubre y que sitúa el total en 9.508. En resumen, el número de interinos crece en una horquilla comprendida entre los 2.498 y 2.874 profesionales. Aunque el aumento pueda parecer contradictorio con la reducción de la plantilla global, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos profesores han ocupado plazas vacantes amortizadas debido a la tasa de reposición. Es decir, 'desaparecen' funcionarios de carrera vía jubilaciones, y los puestos libres se los quedan, durante un curso, los interinos. Otro punto interesante del informe es el referido a la movilidad del profesorado, que CC. OO. PV sitúa en un 24,75% de la plantilla actual, sumando tanto interinos con plaza vacante como docentes en comisión de servicios o en situación provisional (los que ganaron plaza en oposición y todavía no tienen puesto definitivo). «La cuarta parte de la plantilla de la enseñanza pública está en una plaza no definitiva. Esta movilidad es enorme y dificulta extraordinariamente la implantación de proyectos pedagógicos estables en el tiempo o la consolidación de equipos docentes», alerta la organización, que propone, entre otras medidas, «un plan de recuperación de plantillas a medio plazo».

24/11/2014 19:39

Comunitat

Treinta colegios de sobresaliente

Los colegios Sant Pere Apòstol de Alquería de la Comtessa (público), Carles Salvador de Valencia (público) y Gençana de Godella (concertado) han obtenido los mejores resultados en la última evaluación diagnóstica, realizada por todos los centros con aulas de Primaria de la Comunitat (alrededor de 1.300). La prueba se hizo el pasado mayo y no tiene valor académico, pero sirve para medir la destreza de los alumnos en las competencias matemáticas y lingüísticas que deben aprender a través de las materias que se trabajan en el aula. En la evaluación participaron los estudiantes que el curso pasado estaban en 4º de Primaria (49.500), y se enfrentaron a problemas de números y operaciones, unidades de medida, geometría, azar y estadística y a ejercicios de comprensión oral y escrita y de composición de textos. La prueba es la misma para todos, lo que facilita la comparación entre centros, una información útil, por ejemplo, a efectos de escolarización. Cada colegio ha recibido recientemente un informe personalizado en el que se recaban los datos de los grupos participantes, lo que sirve a las escuelas para aplicar programas de mejora en las áreas donde se flojea y también para medir el impacto de aquellas que ya están funcionando. Colegios centro localidad provincia régimen 1. CEIP Sant Pere Apòstol Alquería de la Comtessa Valencia Público 2. CEIP Carles Salvador Valencia Valencia Público 3. Centre Privat Gençana Godella Valencia Concertado 4. Centre Privat Mariano Serra Aldaia Valencia Concertado 5. CEIP Blasco Ibáñez Benetússer Valencia Público 6. Centre Privat Médico Pedro Herrero Alicante Alicante Concertado 7. Centre Privat Sagrados Corazones Alicante Alicante Concertado 8. Centre Privat Liceo Corbí Valencia Valencia Concertado 9. CRA. La Ribera Alta Sant Joanet Valencia Público 10. CEIP Ausiàs March Alzira Valencia Público 11. Mare de Dèu de la Salut Onil Alicante Público 12. Centre Privat Escuelas Profesionales de Artesanos Valencia Valencia Concertado 13. CEIP Rafael Altamira Quatretonda Valencia Público 14. Centre Privat Santa Ana y San José de la Montaña Albal Valencia Concertado 15. CEIP La Rambla Agost Alicante Público 16. Centre Privat Nuestra Señora del Carmen Sant Joan d'Alacant Alicante Concertado 17. CEIP Primer Marqués del Turia Valencia Valencia Público 18. CEIP La Xara Denia Xara (La) Alicante Público 19. CEIP Número 49 Elx Algoda-Matola Alicante Público 20. CEIP Verge dels Desemparats Oliva Valencia Público 21. Centre Privat Aitana El Torrellano Alicante Concertado 22. Centre Privat Colegio Hermanas Mantellate Valencia Valencia Concertado 23. Centre Privat Unión Cristiana Sueca Valencia Concertado 24. CEIP Mirantbó Callosa d'En Sarrià Alicante Público 25. Centre Privat Nuestra Señora del Carmen Elx Algoda-Matola Alicante Concertado 26. Centre Privat San José HH. Franciscanas de la Inmaculada Valencia Valencia Concertado 27. Centre Privat Miralvent Betxí Castellón Concertado 28.Centre Privat La Salle Paterna Valencia Concertado 30. Centre Privat El Ave María Valencia-Benimàmet Valencia Concertado Junto a los ya citados, el colegio Mariano Serra de Aldaia (concertado) y el Ceip Blasco Ibáñez de Benetússer (público) copan los cinco primeros puestos. Y tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, tres cuentan con contratos-programa, la principal medida de la Conselleria de Educación para mejorar el rendimiento académico, que consiste en la dotación de recursos humanos y materiales para aplicar iniciativas y programas de refuerzo propuestos por el centro, como repasos extralectivos o tutorías individualizadas, cuyo impacto se evalúa cada cuatro años. Lo suscribieron el Sant Pere Apòstol, el Gençana y el Blasco Ibáñez. También tres forman parte de la Red de Centros Plurilingües, lo que significa que desde hace varios cursos dan más peso a una lengua extranjera en las clases, preferentemente el inglés. En Primaria, lo habitual es que se vehicule una asignatura no lingüística además de la de especialidad, como puede ser Educación Física. Estos colegios se adelantaron a lo que prevé el decreto de enseñanza plurilingüe, vigente desde 2012 y que llegará a 1º de Primaria el curso que viene. En la práctica, la normativa supone extender el modelo que ya aplican los incluidos en la red a todos los centros sostenidos con fondos públicos. En este caso, forman parte de la misma el Carles Salvador, Gençana y el Blasco Ibáñez. La Conselleria de Educación ha facilitado la información de los 30 colegios mejor situados, de los que 16 son concertados y 14 públicos, dos de los cuales lideran el ranking. Predominan los de Valencia y llama la atención que sólo hay uno de la provincia de Castellón. En el listado aparecen dos colegios de educación diferenciada (Aitana de Elche y Miralvent de Betxí), dependientes de Fomento de Centros de Enseñanza, institución educativa vinculada al Opus Dei. La clasificación de 2013 La clasificación se puede comparar con la de la diagnóstica del curso anterior (2012-2013), aunque en aquella ocasión la información que trascendió, publicada por el periódico especializado Magisterio, sólo se refería a los diez mejores. El único que repite en ambos rankings es el Gençana de Godella. Aunque no se ha dado a conocer la nota obtenida en la prueba de cada uno -la media de las diferentes competencias evaluadas- en todos los casos se supera con creces la de la Comunitat, que se sitúa en 500 puntos. Además, son datos brutos en los que no se ha tenido en cuenta el impacto en el rendimiento del contexto social, económico y cultural de cada centro, una variable que tiene una destacada influencia en los resultados, tal y como acreditan los informes internacionales más prestigiosos. La diagnóstica también mide las competencias básicas en Secundaria, exactamente en 2º de la ESO, pero de momento no se ha difundido la información. Cualquier padre puede solicitar a su centro el informe de resultados, aunque debe hacerlo en las mismas instalaciones y no puede quedarse una copia. De hecho, debe firmar un documento de confidencialidad en el que se compromete a no difundir la información para falicitar la elaboración de rankings, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de Educación, vigente cuando se aprobó el decreto que regula estas evaluaciones, prohibía este tipo de clasificaciones, una cautela que desaparece con la Lomce, actualmente en vigor. También pueden hacerlo los que estén interesados en matricular a su hijo el próximo curso.

23/11/2014 20:22

Comunitat

25 familias valencianas piden al Gobierno 5.700 euros por no poder matricular a sus hijos en castellano

El Ministerio de Educación ha iniciado el procedimiento para valorar si 25 familias valencianas tienen derecho a cobrar la ayuda que establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para aquellos padres que no tienen la opción de matricular a sus hijos en una línea en castellano en centros sostenidos con fondos públicos, lo que también incluye a los concertados, de su municipio o lugar de trabajo. La medida se desarrolló pensando sobre todo en Catalunya, cuyo modelo de inmersión lingüística reduce la escolarización en la lengua oficial del Estado a los colegios privados. Sin embargo, hasta el momento la valenciana es la autonomía con más casos aceptados para su estudio, pues hay un total de 35. Otros cuatro proceden de Galicia, tres de Cataluña y otros tantos de Baleares. El dinero se abona a las familias como una subvención para cubrir los gastos derivados de la escolarización del alumno en un colegio privado que sí vehicule en castellano. Las mismas fuentes explicaron que el plazo para resolverlas es de seis meses desde su recepción. Antes, el ministerio debe dar trámite de audiencia a las respectivas comunidades. El procedimiento establece que el departamento autonómico tendrá que informar del número de alumnos escolarizados en cada lengua y justificar, si se da el caso, las diferencias en la proporción de cada una. Además, antes de la resolución final podrá presentar alegaciones en el caso de que sea desfavorable. Fuentes de la Conselleria de Educación explicaron que, a día de hoy, el ministerio no ha solicitado ningún informe sobre las 25 peticiones. Desde el departamento que dirige José Ignacio Wert apuntaron que las familias que se consideren afectadas debían presentar una instancia y aportar documentos como la solicitud de matriculación en castellano en un centro público o concertado (aunque no hubiera oferta) y los justificantes que acrediten que ha escolarizado a su hijo en un colegio privado. El coste lo tiene que adelantar la familia, y sólo se recuperará si la resolución de la ayuda es positiva. En estos casos, el Gobierno descontará la cuantía abonada de las transferencias de la Administración General del Estado a cada comunidad autónoma. El importe máximo anual a percibir varía en función de la región. Para la valenciana, según las mismas fuentes, se ha establecido en 5.781 euros. La medida del ministerio no sólo contempla la inexistencia de oferta en castellano, sino que también pueden acogerse quienes no disponen de un programa en el que la lengua oficial del Estado tenga una proporción razonable, situación que deberá acreditarse a lo largo del procedimiento. Desde el departamento autonómico matizaron que para este curso se va a introducir una nueva regulación para que todos los programas en valenciano que funcionan en la actualidad deban impartir una materia adicional en castellano. La intención es adaptarse a lo que dispone la ley a la espera de que el decreto de plurilingüismo de la Comunitat, que se aplica de forma progresiva y que contempla esta medida, llegue a todas las etapas. Las 25 familias valencianas no serán las únicas. El ministerio ha recibido un total de 292 peticiones, aunque la inmensa mayoría -257- aún no han sido valoradas.

20/11/2014 22:08

Valencia

La justicia impide a los padres elegir la lengua de enseñanza para sus hijos

Los padres de los colegios de Infantil y Primaria podrán participar antes de que acabe el año en la consulta orientativa que servirá a la Conselleria de Educación para decidir los programas lingüísticos que se aplican en cada centro. Se trata de una medida derivada del decreto de plurilingüismo, que el curso que viene ya se aplicará en 1º de Primaria, y que supone pasar de los tres programas actuales (castellano, valenciano e inmersión en valenciano) a dos: plurilingüe en castellano y plurilingüe en valenciano. En realidad, sólo se va a impulsar un sondeo de opinión, no vinculante, que se tendrá en cuenta junto a otros informes a elaborar por la propia administración: desde un documento sobre la planificación de unidades escolares y puestos en cada línea del municipio en cuestión hasta un estudio sobre el rendimiento del centro en la última evaluación diagnóstica, concretamente el referido a las competencias lingüísticas. El modelo utilizado no es casual. De hecho, supuso renunciar a la intención inicial de la conselleria de que los resultados de la consulta fueran vinculantes a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, esta propuesta no habría tenido encaje legal, teniendo en cuenta que en Galicia la justicia tumbó una iniciativa similar incluida en su decreto plurilingüe, en el que se deslizaba que la opinión de las familias sería determinante. Este desarrollo normativo decía que «la lengua materna predominante será determinada por el centro educativo de acuerdo con el resultado de una pregunta que se efectuará a los padres antes del inicio del curso escolar», y además, establecía que en Infantil «el profesorado usará en el aula la lengua materna predominante entre el alumnado». En otras palabras, el decreto hacía que la consulta fuera definitiva a la hora de decidir la lengua vehicular. La normativa derivó en un aluvión de recursos presentados por sindicatos docentes y asociaciones favorables a la lengua gallega. Y en todos los casos el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón en este aspecto a través de diferentes sentencias publicadas en 2012. Según se lee en los fallos, el derecho reconocido a la participación de los padres no podía «dar pie a que la consulta a los familiares de los alumnos determine, con carácter vinculante, la lengua a emplear en el aula, porque este aspecto entra dentro de la potestad de ordenación de la enseñanza que corresponde a la administración educativa en exclusiva». En este sentido, el tribunal, recogiendo la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, señaló que «una cosa es que las familias hayan de colaborar para lograr una educación de calidad y otra muy distinta que la administración educativa pueda abdicar de su potestad de ordenación general de la enseñanza, haciendo dejación de su responsabilidad a la hora de garantizar que los niños reciban la primera enseñanza en su lengua materna (el gallego)». Este último argumento se refería a que la consulta entraba en contradicción con la Ley de Normalización Lingüística de la comunidad, que garantizaba el derecho de los niños «a recibir la primera enseñanza en su lengua materna». Se trata del equivalente a la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que expresa una idea similar pero de forma distinta, al establecer que «la incorporación del valenciano a la enseñanza en todos los niveles educativos es obligatoria». En resumen, las sentencias del tribunal gallego están detrás de la idea mixta que ha planteado la Conselleria de Educación: se pregunta a las familias pero la decisión depende también de otros informes de elaboración propia, por lo que no hay lugar para que se acuse al departamento de dejación de funciones. Las voces para que la consulta sea vinculante han sido varias. Por ejemplo, lo planteó el sindicato CSIoF la pasada semana, durante la negociación de la orden que regula esta herramienta, aunque con la matización de que no impida una oferta suficiente tanto en valenciano como en castellano. Otras organizaciones más críticas con la medida, como la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV y Escola Valenciana, la han puesto en cuestión, entre otro motivos, por no ser vinculante, pues entienden que se trata de una iniciativa de corte electoralista de cara a las familias.

19/11/2014 21:56

Comunitat

Acusaciones falsas, insultos y acoso de los padres, principales denuncias del profesorado

El sindicato Anpe presentó ayer el informe anual del Defensor del Profesor, un servicio de apoyo a docentes que han sufrido algún problema en las aulas y que precisan de asistencia legal o asesoramiento sobre cómo actuar. En el documento, referido al curso pasado, también se incluye una clasificación de las diferentes problemáticas que se plantean, y destacan, con el 24% de los casos, las falsas acusaciones de alumnos y padres, seguidas de las amenazas y acoso de los progenitores (13%) y de los insultos de los estudiantes (12%). Aunque los datos no se pueden extrapolar al sistema en general, pues se trata de una muestra reducida (los que contactan con Anpe), sí que sirven para hacerse una idea de lo que sucede en los centros, sobre todo si se comparan con los informes elaborados en cursos anteriores. Por ejemplo, en el del 2012-2013 la queja principal eran los problemas para dar clase (27%), seguida de los encontronazos con la administración (20%) y de las faltas de respeto (11%). Las denuncias falsas sólo alcanzaron el 9% de los contactos, y las amenazas y los insultos apenas llegaron al 5% y al 3% respectivamente, porcentajes que deslizan la posibilidad de que se hayan incrementado este tipo de incidentes. Un curso antes (2011-2012) despuntaron los problemas con la dirección, con la administración y para dar clase (11% en todos los casos). El 60% de los contactos son de profesores de Infantil y Primaria, el 27% de docentes de Secundaria, el 4% de los de ciclos formativos de FP y el 9% restante de otras enseñanzas (Pcpi y FP Básica, EOI, Escuelas de Adultos, etcétera). El sindicato destacó ayer que «hay un aumento de los casos en las primeras etapas educativas en comparación con la Secundaria, datos que hace unos años se daban a la inversa». La organización considera que «el aumento de las ratios, la disminución de programas de apoyo y refuerzos y los múltiples recortes hacen que surjan problemas en las aulas y veamos estos datos tan alarmantes». De hecho, ayer ponía el acento en el incremento experimentado por las falsas acusaciones hacia los profesionales. El primer contacto del docente con el servicio suele ser telefónico. En el momento de hacerlo, el 82% presentaba cuadros de ansiedad, el 10% depresión y en el 8% de los casos restantes el problema derivó en una baja laboral. En situaciones extremas, como agresiones (8% el pasado curso) o casos de acoso también se presta asistencia jurídica.

14/11/2014 11:03

Sociedad/Educación

Alumnos de diez

La Conselleria de Educación ya ha resuelto las convocatorias de los Premios Extraordinarios al Rendimiento Académico de Secundaria y de Primaria, que sirven para reconocer el esfuerzo de los alumnos que el pasado ejercicio consiguieron las mejores notas. De manera indirecta también se valora el trabajo de sus profesores y el apoyo dado por las familias. La entrega de los mismos, que no tienen dotación económica a diferencia de ediciones de años anteriores, llegará en los próximos meses a través de varios actos públicos (al menos uno por provincia), en los que se les dará un diploma acreditativo. Además, la distinción será anotada en su historial académico. En total hay 1.777 alumnos galardonados y en el peor de los casos la nota obtenida es de un 9,25 en Primaria, aunque la inmensa mayoría alcanza el diez. Es lo que sucede en Secundaria, donde todos llegan a la calificación máxima. La media se extrae de los resultado obtenidos en 4º curso de la ESO. En este caso se han concedido 269 premios de entre todas las propuestas remitidas, lo que supone un aumento de 63 estudiantes respecto al 2012-2013. 95 cursaron sus estudios en centros de la red pública y 174 lo hicieron en colegios concertados o privados. Educación afirmó ayer que la previsión es reconocer en cada ejercicio a un centenar de estudiantes, sin embargo, los buenos resultados obligan año tras año a ampliar el total de beneficiarios. En Primaria los galardonados ascienden a 1.508, con un máximo de tres por cada centro, y la media se extrae de las calificaciones obtenidas en el tercer ciclo (5º y 6º). También se dan premios al rendimiento a los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y de enseñanzas profesionales de Música y Danza.

01/11/2014 22:06

Valencia

Educación rectifica una normativa para evitar que los profesores tengan la tarde libre para votar en las elecciones sindicales

Más de 50.000 docentes de los centros públicos están llamados a votar en las elecciones sindicales que se celebrarán el 4 de diciembre. Y para hacerlo dispondrán del tiempo indispensable, que será el establecido por el director, según se desprende de la nueva normativa que ha elaborado in extremis la Conselleria de Educación «para dotar de seguridad jurídica al proceso y para garantizar la correcta atención del alumnado», tal y como explican fuentes del departamento. Esto supone que la administración rechaza el modelo que ha imperado en todas las citas electorales en las que no ha habido una mesa por centro, que consistía en decretar la tarde no lectiva para facilitar los desplazamientos, y por extensión, la participación. Es la opción que han defendido tanto Anpe como el Stepv. Los documentos normativos que regularán el proceso han pasado esta semana por las mesas en las que la administración negocia o presenta iniciativas, resoluciones e instrucciones que afectan al ámbito docente. Y han sido polémicas, según confirman diferentes fuentes sindicales. En la del pasado jueves se conoció un borrador de instrucciones que recogía el modelo de Educación (el del tiempo indispensable). Sin embargo, en la mesa los dos sindicatos citados se acogieron a que existía una orden de 2006 en la que quedaba claro que podía disponerse de la tarde libre. Además, es el texto específico que regula las elecciones en el sector docente. Para más inri, las propias instrucciones presentadas se basaban en esta normativa, citada expresamente, que a juicio de los dos sindicatos se mantenía vigente al no haberse decretado su derogación. Y justo en el siguiente párrafo se referenciaba otra norma del mismo rango sobre los procesos electorales a órganos de representación del personal funcionario al servicio de la administración (es decir, para toda la función pública), que es la que establece que los votantes dispondrán del tiempo necesario e indispensable, el modelo que quería Educación y que se plasmaba en las instrucciones presentadas, que obviaban la opción de la tarde libre. Esta contradicción jurídica fue subsanada en la Mesa Sectorial del viernes, en la que los representantes de la administración presentaron una nueva orden sobre las elecciones docentes, actualizada y que deroga la anterior. Y lógicamente recoge la posición de Educación. También se trasladaron a los sindicatos otras instrucciones, las definitivas, basadas en la nueva normativa. De ahí que al final se haya establecido que los docentes que se tengan que desplazar, que son la mayoría, voten en función del tiempo que les dé su director. Laureano Bárcena, presidente de Anpe, se mostró muy crítico con la decisión de la conselleria. Argumentó que la casuística es muy variada, con profesores que tendrán que moverse hasta centros de otros municipios, en el peor de los casos situados a más de treinta kilómetros de distancia. «Las nuevas instrucciones no impiden ejercer el derecho al voto, desde luego, pero sí lo van a dificultar. Además deja la responsabilidad en los equipos directivos, que tendrán que decidir qué se interpreta como el tiempo indispensable», señaló. Las elecciones de 2014 son distintas a las últimas, las celebradas en 2010, donde sí se estableció una mesa por cada centro, por lo que ni siquiera se planteó el debate de las tardes libres. En esta ocasión las mesas coordinadoras de cada provincia han considerado que no había mayoría sindical para seguir con la misma organización, pese a la propuesta de Anpe y Stepv en este sentido, que no fue suscrita por los otros tres colectivos (CSIoF, CC. OO. PV y UGT PV). Sus argumentos se basaron en que no se les informó del pacto (solo se les invitó a unirse), que en 2010 la medida no consiguió un aumento destacable de la participación y que en la situación actual, con el recorte de liberados aplicado, no habría sido posible atender de manera efectiva semejante cantidad de mesas.

20/10/2014 21:51

Valencia

Los universitarios que suspenden pagan hasta un 400% más por cada asignatura

El coste que debe asumir un estudiante universitario de la Comunitat por suspender varias veces la misma asignatura llega a un 395% en el peor de los casos. En datos absolutos, supone pasar de una tasa de 24,89 euros por crédito en la primera matrícula a otra de 123,2 en el caso de las cuartas y sucesivas, siempre en estudios de un nivel 1 de experimentalidad, que se corresponden con los de Ciencias de la Salud, siguiendo la nomenclatura que utiliza el Ministerio de Educación. Por poner un ejemplo, una materia de seis créditos de Medicina puede pasar de costar 149,34 euros a 739,2. El incremento porcentual es similar en el resto de carreras, aunque los precios se reducen al tener precios más asequibles. En el nivel 2 (Ingenierías) se pasa de 23,85 euros en la primera matrícula a un máximo de 118,07; en el 3 (Turismo) de 19,30 a 95,53; en el 4 (ADE) de 17,6 a 87,13; y en el 5 (Derecho) de 16,31 a 80,73. En todos los casos el incremento porcentual oscila entre el 394% y el 395%. En la práctica, la penalización por suspender hace que a partir de la cuarta matrícula el estudiante se pague el coste completo de sus estudios. En otras palabras, no hay aportación pública como sí sucede en el resto de convocatorias. Para hacerse una idea, en el caso de la primera el abono del alumno corresponde al 20%, y el 80% restante lo aporta la administración a través de la subvención ordinaria que se transfiere a las universidades. Para las segundas matrículas el crecimiento es menos acusado, pero aún así es llamativo. Siguiendo con el mismo ejemplo de Medicina, el alumno paga 43,55 euros por crédito, y en la tercera, 92,40. En el nivel 2 el abono asciende a 41,73 y 88,55 euros respectivamente; en el 3 a 33,77 y 71,65; en el 4 a 30,81 y 65,35; y en el 5 a 28,54 y 60,55. Esta penalización por suspender es habitual en las diferentes comunidades autónomas, tal y como se desprende del último informe elaborado por el Ministerio de Educación, que permite comparar las tasas académicas que se pagan en España. De hecho, hay regiones donde la penalización máxima es mayor que en caso valenciano, como sucede en Andalucía, Extremadura, Cantabria, Navarra o Murcia, donde alcanza el 500% a partir de la cuarta matriculación. Si se observan las cifras absolutas sucede lo mismo. Un alumno de Madrid llega a pagar hasta 151,6 euros por crédito en el peor de los casos (cuarta matrícula en un estudio de la experimentalidad más cara), cifra que en Barcelona se 'reduce' a 146,4 frente a los 123,2 de la Comunitat. El informe oficial mantiene a la valenciana como la quinta región más cara de España para cursar estudios de grado, por detrás de Aragón, Castilla y León, Cataluña y Madrid. Es la misma posición que la obtenida el curso pasado a pesar de que para el actual las tasas universitarias se han congelado. Sin embargo, esta misma decisión se ha tomado en la mayoría de autonomías, de ahí que la Comunitat mantenga el mismo lugar en el ranking.

15/10/2014 22:26

Comunitat

Los profesores tendrán que salir de los centros para poder votar en las elecciones sindicales

Los más de 50.000 profesores de los centros educativos valencianos están llamados a participar en las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo 4 de diciembre. Se trata de un proceso más que importante, pues los resultados determinan el número de delegados que consigue cada organización y su participación (o no) en las mesas sectoriales en las que se negocian cuestiones de índole laboral con la administración. A diferencia de la cita anterior (2010), en esta ocasión no se va a constituir una mesa para poder votar en cada colegio o instituto, sino que se habilitará una por cada 250 profesionales, lo que en la práctica hará que sean muchos los claustros docentes que tengan que desplazarse a la escuela más cercana para depositar su papeleta. Además, provocará que la mayoría lo haga durante su horario laboral, lo que les obligará a salir del centro de trabajo. Esta configuración de las urnas se ha decidido ya en Valencia y Castellón, después de que las mesas de coordinación (hay una por provincia) decidieran rechazar el acuerdo planteado por los sindicatos Stepv y Anpe de habilitar una en cada centro, con la pretensión de que se favorecería la participación al evitar desplazamientos. La de Alicante todavía no se ha pronunciado. Este pacto causó malestar en el resto de organizaciones con representación en la mesa sectorial (CSIoF, Fete UGT PV y la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV). Su argumento fue que el acuerdo se alcanzó sin tenerlos en cuenta, y que sólo se les consultó sobre su adhesión a posteriori, sin poder participar en la configuración del mismo. El ambiente se ha enrarecido hasta el punto de que CC. OO. PV presentó un recurso ante las mesas de coordinación electoral pidiendo la nulidad del acuerdo, de ahí el rechazo al mismo en Valencia y Castellón, al considerar que no cuenta con el apoyo de la mayoría sindical, en el sentido de que sólo lo suscribieron dos de los cinco sindicatos. Anpe y Stepv, por su parte, consideran que sí representan a más del 50% del colectivo docente (en base a los resultados de 2010), de ahí que impulsaran el citado pacto, pues la normativa en la materia exige una mayoría para decidir sobre la organización de la cita electoral. Eso sí, no se desarrolla cómo se mide esta mayoría. Ayer, Fete UGT PV informó en un comunicado de que con la decisión de las mesas «se garantiza la viabilidad del procedimiento, al impedir que un defecto de forma, como hubiera sido aceptar un acuerdo tomado por dos de los cinco promotores, sirva de base para futuras reclamaciones que anulen las elecciones». Hay que recordar que en 2010 sí hubo consenso entre las cinco organizaciones. También consideró que permitirá racionalizar el proceso electoral, «teniendo en cuenta el brutal recorte de permanentes sindicales al que nos ha sometido el Consell en los últimos años». Por ejemplo, cada sindicato cuenta con un interventor en las mesas. Por último, alega que el modelo de 2010 (mesa por centro), no consiguió aumentar la participación de manera clara. Entonces acudió a las urnas el 67,7% del censo frente al 62,3% de 2006, cuando se habilitó una mesa por cada 250 docentes o fracción inferior. La división sindical ha tenido más consecuencias. En una nota explicativa colgada en la página web de CSIoF se acusa a Anpe y Stepv de «falsas acusaciones» en sus respectivos portales al afirmar que el sindicato «ha recurrido ante la mesa electoral coordinadora para que las elecciones no se hagan en cada centro y la mayoría del profesorado se tenga que desplazar para poder ejercer el derecho al voto». CSIoF niega que se hayan pronunciado sobre el acuerdo y menos haber recurrido ante las mesas, por lo que alerta de que si no rectifican públicamente tomarán medidas legales. Además, alegan que el acuerdo de Anpe y Stepv no garantiza, por ejemplo, el derecho a la intimidad en el voto de los docentes. Mientras, desde el Stepv y Anpe se critica la postura del resto de colectivos, que «no han justificado las razones de fondo que expliquen por qué el profesorado se tendrá que desplazar, haciéndose cargo del gasto que ocasiona».

30/09/2014 21:59

Valencia

Profesores jubilados y estudiantes de Magisterio darán clases de repaso en 27 colegios

El 15 de octubre comenzarán a funcionar clases de repaso fuera del horario lectivo en 27 colegios de Castellón. No serán grupos al uso, en el que es un profesor del centro el que se encarga de dirigir las sesiones, pues se trata de un proyecto experimental que pretende medir el impacto que tiene el voluntariado social en el rendimiento académico del alumnado. Para este curso el programa se ha ampliado a tres localidades de la provincia -Castellón, Almassora y La Vall d'Uixò- teniendo en cuenta que durante el pasado ejercicio ya funcionó en la capital de La Plana. La idea de la Conselleria de Educación es extenderlo al resto de la Comunitat una se haya evaluado la iniciativa por parte de la Dirección General de Innovación. El proyecto se denomina Club de Deures. La participación es voluntaria, tanto por parte del centro como de la familia, que deberá autorizar por escrito que su hijo sea incluido en uno de los grupos. Las asignaturas a reforzar son las lingüísticas (Lengua Castellana, Valenciano e Inglés) y Matemáticas, y se limita a alumnos de 4º de Primaria. Entre las tareas a realizar también se contempla el apoyo en la elaboración de trabajos y deberes que pongan los maestros de los niños. Los centros se encargarán de formar los grupos, que oscilarán entre cinco y 15 estudiantes, además de ceder las instalaciones para las dos clases semanales previstas. En el caso de que la demanda obligue a seleccionar participantes, tendrán prioridad los que precisan de apoyo educativo. Lo más llamativo, sin duda, es el perfil de la persona que hará las veces de docente, pues serán voluntarios que se comprometen a trabajar de manera altruista y sin ninguna remuneración. Para ello deben formar parte de una bolsa de trabajo creada expresamente para el programa. Los requisitos son estar en posesión de un título universitario, ya sea el de maestro o el de cualquier rama de conocimiento, o estar cursando actualmente estudios oficiales relacionados con el Magisterio. Es decir, la bolsa de voluntarios se cubrirá con maestros jubilados, titulados desempleados o jóvenes que se preparan para ser profesores. Recibirán un curso de formación organizado por la dirección general en el que se les orientará sobre metodología y deben comprometerse a guardar confidencialidad en relación a la información que conozcan durante la actividad. Incluso tienen que rechazar cualquier contraprestación material o económica que se les pueda ofrecer. Los grupos de repaso funcionarán hasta el 29 de mayo, y los voluntarios recibirán al final un certificado de participación. Cuando la medida se presentó generó dudas entre algunos sindicatos docentes, al considerar que abría la puerta a la utilización de profesionales externos, que no pasaban por los sistemas habituales de provisión de puestos, cuando hay profesores suficientes para desempeñar estas tareas en las bolsas de interinos.

21/09/2014 21:31

Valencia

Los profesores pueden conseguir ayudas de hasta 5.000 euros para crear libros y materiales digitales

El Ministerio de Educación ha impulsado una subvención nueva que busca incentivar la elaboración de libros y materiales didácticos digitales por parte de los docentes. La ayuda oscilará entre los 2.000 y los 5.000 euros y abarca una amplia variedad de proyectos, como aplicaciones informáticas para trabajar determinadas áreas, libros o manuales interactivos que comprendan materias de un curso o una etapa y puedan utilizarse a través de internet o en pizarras digitales, modelos de pruebas de evaluación de competencias o iniciativas de aprendizaje por proyectos, en las que se trabajan diferentes áreas curriculares a través de casos prácticos. El objetivo de la medida es facilitar la creación de recursos didácticos que puedan ser compartidos a través de plataformas de intercambio y fomentar la innovación educativa. De manera secundaria, se da cumplimiento al mandato de la Lomce de impulsar alternativas a los manuales tradicionales. La convocatoria se basa en un proceso de concurrencia competitiva, pues cada proyecto será evaluado y los mejor puntuados se llevarán la cuantía, que se abonará por adelantado. A partir de la resolución, los beneficiarios contarán con un plazo de ocho meses para crear el material, que tendrá que ser remitido al ministerio para ser incluido en las plataformas de intercambio. Es decir, no sólo se beneficiarán los alumnos de los autores, pues serán trabajos de acceso libre. Los proyectos deben elaborarse en formato digital y han de estar adaptados a las modificaciones curriculares de la Lomce, al menos, en los cursos en los que ya se aplican cambios en las materias. La convocatoria abarca todas las etapas, desde Infantil hasta Formación Profesional de grado superior, e incluye también a las escuelas de personas adultas. Los profesores interesados pueden concurrir tanto en solitario como en grupo. La dotación presupuestaria asciende a cuatro millones de euros. La cantidad máxima a recibir -5.000 euros- se limita a los proyectos más completos, es decir, a aquellos que incluyan contenido curricular durante toda una etapa. Entre los criterios a evaluar están la originalidad y el carácter innovador, la adecuación a las distintas edades, el estímulo del trabajo en grupo o la inclusión de mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos. En clave valenciana -la convocatoria citada es estatal- hay iniciativas parecidas, aunque centradas en proyectos y actividades innovadoras y no en materiales didácticos. Eso sí, la dotación económica no supera los 800 euros, por lo que es bastante inferior. Sí se incentiva la elaboración de manuales propios -tradicionales y digitales- en la valoración de los méritos en los concursos de traslados que permiten a los funcionarios cambiar de destino, aunque la puntuación es baja en comparación con otros criterios como la formación académica.

19/09/2014 16:49

Valencia Ciudad

Las inspecciones contradicen las denuncias de calor en las aulas

La primera huelga estudiantil del curso, convocada para criticar el calor en las aulas y para mostrar el rechazo a la Lomce, se desarrolló ayer en la Comunitat con un seguimiento que variaba en función de la fuente. Mientras que el Sindicato de Estudiantes cifró la participación en un 80% en los institutos, el muestreo realizado por Educación rebajaba la cifra al 18% en los públicos y al 3% en los concertados. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

17/09/2014 20:34

Comunitat

Nueve centros valencianos repiten en la lista de los más brillantes en Selectividad

Nueve centros educativos valencianos vuelven a situarse entre los que mejores resultados medios consiguen en la Selectividad. Se trata del Mas Camarena (Bétera), IES Antonio Sequeros (Almoradí), Gençana (Godella), Guadalaviar (Valencia), Palma (Paterna), Nuestra Señora de la Consolación (Castellón), Sagrado Corazón de Jesús-Esclavas (Valencia), Newton College (Elche) y Gregorio Mayans i Císcar (Gandia). Todos aparecen en el ranking correspondiente al 2013-2014, que se dio a conocer ayer, y ya figuraban en el del curso anterior. Además, la nota media obtenida en las pruebas, que dan acceso a los estudios universitarios, supera el 6,961 sobre diez en todos los casos. Para hacer el cálculo se han tenido en cuenta los resultados de las convocatorias ordinaria y extraordinaria (junio y julio). Además, se excluyen las calificaciones de la fase específica, que es de carácter voluntario. El centro con la mejor nota en las últimas pruebas es el Mas Camarena (7,686), que se mantiene en lo alto del ranking por tercer año consecutivo. Este curso ha presentado a 46 alumnos, que son todos los que estaban matriculados en 2º de Bachillerato. Le sigue el Antonio Sequeros con un 7,433 (34 presentados sobre 62 matriculados), que fue el que mejor media obtuvo en la convocatoria de junio. El podio lo completa el Iale de l'Eliana (7,327). En este caso, llegaron a la Selectividad 16 de los 17 matriculados. El ranking lo elabora anualmente Magisterio, la publicación especializada para el ámbito docente, que además dispone de la clasificación de todos los centros que presentan alumnos a la Selectividad. Se puede consultar en la aplicación para móvil y tableta que se ha desarrollado para el sistema operativo Android, que además, está abierta durante este mes a modo de oferta de lanzamiento, y en la edición digital (previa suscripción). Los datos en que se basa Magisterio son de acceso público y se pueden consultar en la página web de la Conselleria de Educación, dentro del apartado de Pruebas de Acceso a la Universidad incluido en el menú de Universidad y Ciencia. Aunque aparecen las notas de todos los centros que presentaron alumnos, no están ordenados. Además, de momento sólo está colgada la clasificación correspondiente a la convocatoria ordinaria. En la nota de prensa de Magisterio sólo aparecen los 25 primeros, de los que diez son concertados, ocho privados y siete públicos. La clasificación incluye otros parámetros como la media del expediente de Bachillerato y la diferencia respecto a la nota obtenida en las PAU. De los 25, sólo en dos casos se supera el punto de diferencia (Torrenova de Betxí y Newton College de Elche). Es decir, la calificación del expediente es ligeramente mayor que la de la Selectividad. En cambio, en el Iale se da la situación inversa, pues se alcanzó un 7,275 en Bachillerato y un 7,327 en la Selectividad (-0,052). Otra curiosidad es que este año hay más colegios por encima del siete (17) que el curso pasado (5). Además, en el ranking aparecen cuatro centros de educación diferenciada (dos masculinos y dos femeninos), que son la mitad de los existentes en la Comunitat. La relación de los 25 centros es la siguiente: Mas Camarena de Bétera (7,686), IES Antonio Sequeros de Almoradí (7,433), Iale de l'Eliana (7,327), Colegio de Levante de Chiva (7,322), Gençana de Godella (7,275), Guadalaviar de Valencia (7,243), San Pablo-Ceu de Moncada (7,231), IES Playa Flamenca de Orihuela (7,146), Miralvent de Betxí (7,119), Palma de Paterna (7,118), Nuestra Señora de la Consolación de Castellón (7,115), Esclavas de María de Valencia (7,103), Torrenova de Betxí (7,073), IES Guadassuar (7,063), IES Botànic Cavanilles de La Vall d'Uixó (7,043), IES María Ibars de Dénia (7,021), Jesús-María de Alicante (7,009), Sagrado Corazón de Jesús-Esclavas de Valencia (6,996), Newton College de Elche (6,987), Gregori Mayans i Císcar de Gandia (6,961), Aitana de Elche (6,961), Alfinach de Puçol (6,956), Santa Teresa-Vistahermosa de Alicante (6,923), IES Catral (6,900) e IES Benejúzar (6,897).

10/09/2014 11:21

Comunitat

La conselleria rechaza la petición de suspender las clases en Alicante por el calor

La Conselleria de Economía y Trabajo ha desestimado la solicitud presentada por la junta de personal docente de Alicante (integrada por los cinco sindicatos más representativos) para paralizar la actividad en los centros de la provincia "por riesgo grave e inminente" como consecuencia del calor y la humedad que han marcado los primeros días del curso. En la respuesta a la petición, la Dirección Territorial de Trabajo alega "que no se acredita la validez del acuerdo tomado por la mayoría de miembros de personal al carecer de la fecha y firmas de las personas intervinientes". En cuanto al fondo de la cuestión, aunque recuerda que las condiciones ambientales no deben superar los 27 grados, destaca que es necesario tener en cuenta mas allá de las características de los centros, el clima de la zona, los factores individuales y fisiológicos del individuo, e incluso el tipo de ropa. También señala que no caben realizar genéricas actuaciones de paralización en base a incumplimientos normativos genéricamente expresados. Trabajo se refiere a que la existencia de un riesgo debe ser constatado en cada centro de manera individual. En cambio, en la petición solo se plantea una suspensión global, sin citar los centros afectados. El escrito prosigue diciendo que para tomar semejante medida "el daño que podría producirse habría de ser grave para la salud de cada trabajador y no una mera molestia, incomodidad o daño leve". Sin embargo, la dirección territorial también acuerda solicitar un informe a la inspección de trabajo y seguridad social del Ministerio, así como realizar las comprobaciones necesarias por parte del instituto valenciano de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, a nivel individual han sido centenares las denuncias presentadas por diferentes sindicatos ante la inspección de trabajo, que en este caso sí que están acompañadas de la casuística propia de cada uno. Es decir, se adjuntan mediciones homologadas y acuerdos formales adoptados por los órganos del centro. En otras palabras, la institución estatal, una vez realizadas las diferentes comprobaciones, puede establecer con carácter individual suspensiones puntuales, en el caso de que considere que la temperatura supone un riesgo grave para las personas del centro.

08/09/2014 22:48

Comunitat

Sindicatos y alumnos preparan un otoño caliente en las calles

El nuevo curso no estará exento de movilizaciones en la calle. El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), mayoritario en la educación pública, ha convocado esta semana asambleas de profesorado para valorar diferentes medidas de presión de cara al otoño. Entre ellas, una huelga docente para el 23 de octubre que servirá para mostrar su rechazo a la Lomce, a los recortes, al avance del arranque de las clases o al nuevo acuerdo de interinos. La idea de la organización es que se sumen otros sindicatos y colectivos educativos como ampas y asociaciones de alumnos. De hecho, para esas fechas el Sindicato de Estudiantes, con especial implantación en los institutos públicos, ha convocado un paro de tres días (exactamente entre el 21 y el 23) para mostrar su oposición a la reforma educativa del Gobierno. Se trata de una estrategia de movilización habitual (no hay curso sin huelga de tres días) que cada vez cuenta con menos apoyos. Las ampas integradas en la confederación Ceapa, que llegaron a sumarse a una convocatoria de este tipo en octubre de 2012, no sólo se han desmarcado con posterioridad, sino que han roto con el colectivo estudiantil, que en los últimos años les ha acusado públicamente de no adherirse a sus convocatorias. Otras de las acciones previstas por el Stepv son concentraciones el 6 de octubre, en conmemoración del Día Mundial del Docente (se celebra 24 horas antes) y una jornada «de lucha por la enseñanza pública» con asambleas, encierros y concentraciones. En este caso coincidiría con los actos organizados por las llamadas Marchas por la Dignidad, que culminarán con manifestaciones masivas el sábado 29. En cuanto a la huelga, la fecha no es definitiva, pues se abre la puerta a modificarla si supone un mayor seguimiento por parte del resto de actores de la comunidad educativa. Pero no da la sensación de que vaya a ser así. Más allá de las reticencias de las ampas a participar en paros que implican una pérdida de la capacidad de conciliación, en clave valenciana existe una fractura total a nivel sindical entre el Stepv y el resto de organizaciones representativas. La ruptura se produjo en abril de 2013 como consecuencia de la firma del nuevo acuerdo de interinos, que no fue rubricado por el colectivo mayoritario. Fue el punto y final a la unidad sindical que se fraguó tras la aplicación del decreto Vela a principios de 2012, que implicó importantes pérdidas salariales. Recientemente, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT PV respondió mediante una nota de prensa a la carta remitida por el Stepv en la que se informaba de la convocatoria y de la intención de buscar nuevas adhesiones. Además de señalar que no apoyarán la convocatoria al haberse decidido la fecha de manera previa y unilateral, se despachaban apuntando que las propuestas de la organización tienen fines electoralistas, teniendo en cuenta que en diciembre hay elecciones sindicales en el sector de la enseñanza pública. «Este es un nuevo intento del Stepv de arrastrar al conjunto de la comunidad educativa a unas movilizaciones que quiere instrumentalizar frente al proceso electoral sindical donde lleva 25 años ganando, a pesar de su sorprendentemente negativa histórica a firmar la mayoría de los acuerdos que suponen mejorar las condiciones laborales y económicas de los docentes valencianos, como ha sucedido en estos últimos tiempos», decía la misiva. Se refería, por ejemplo, al acuerdo que sirvió para recuperar parte de los sexenios, tampoco apoyado por el sindicato mayoritario.

21/08/2014 21:02

Valencia Ciudad

El metro reduce las frecuencias para facilitar el inicio del curso

El adelanto del inicio del curso escolar al 3 de septiembre ha provocado que Metrovalencia modifique los horarios de verano de manera temporal en la línea 1 (Llíria-Bétera/Villanueva de Castellón) con el objetivo de facilitar la movilidad a las familias. Esto permitirá, por ejemplo, que las frecuencias aumenten a la mitad, pasando de esperas de 40 minutos en el peor de los casos a 20. El refuerzo se realizará durante las dos primeras semanas de septiembre. En concreto, serán los días 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 cuando se incrementará el número de trenes a primera hora de la mañana y de la tarde. Las franjas horarias con mayor servicio serán de 6 a 8 horas en Llíria y Bétera y de 7 a 9 en Picassent, mientras que por la tarde serán de 14 a 15.30 horas en Llíria y Bétera. Lógicamente las estaciones intermedias también se beneficiarán de la reducción de tiempos. Para conocer los horarios concretos se pueden consultar los mismos en las estaciones de Metrovalencia, en la página web y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente (900 46 10 46). Con el cambio, la línea 1 se ajustará a las frecuencias de 20 minutos que tiene la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport) actualmente. Además, durante las fechas señaladas habrá una circulación más en dicha línea a primera hora de la mañana, la de las 5:46 horas. Hay que tener en cuenta que la empresa pública ya había realizado su planificación estival, que formaba parte de su plan de ahorro energético, cuando Educación aprobó el adelanto de las clases. El ejercicio arranca el día 3 en todas las etapas y cursos, salvo en 1º de FP, que empezará el 12. Tres días después llegará el turno del alumnado de Educación Especial y de las escuelas de Formación de Personas Adultas.

12/07/2014 16:01

Política

Escola Valenciana felicitó a Catalá por el cambio de rumbo en política lingüística

«Escola Valenciana valora positivamente que la consellera María José Català haya pasado de las palabras a los hechos». Así arranca la nota de prensa que la entidad remitió a los medios en mayo de 2013 tras conocer que la mayoría de los centros que pidieron el cambio de líneas de castellano a valenciano habían recibido el visto bueno del departamento. en contexto Las cesiones de Català a Escola Valenciana, detonante de las dimisiones educativas Fue un giro más que llamativo teniendo en cuenta que hasta entonces lo habitual era tumbar este tipo de peticiones, sobre todo si implicaban la desaparición del castellano, tal y como sucedió mientras Alejandro Font de Mora dirigió la Conselleria de Educación. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

11/07/2014 14:44

Política

Català justifica con la libertad de las familias que haya colegios sólo en valenciano

La consellera de Educación y portavoz del Consell, María José Catalá, ha justificado esta mañana la autorización de su departamento para que haya centros que sólo ofrezcan líneas en valenciano con que es necesario tener en cuenta las peticiones de los padres en las solicitudes de admisión. Preguntada por si cree que este modelo lingüistico encaja con el programa del Partido Popular, ha destacado que el modelo que defiende el partido "se basa en la libertad de elección de las familias, expresada en las solicituides de admisión que presentan". en contexto Las cesiones de Català a Escola Valenciana, detonante de las dimisiones educativas Además, ha defendido que en la Comunitat más de la mitad de las unidades tienen una línea en valenciano y el resto en castellano, por lo que existe equilibrio en la oferta. La consellera Catalá ha rechazado que su departamento haya hecho concesiones a Escola Valenciana, que es una de las causas que ha influido en la dimisión del secretario autonómico, Rafael Carbonell y la subsecretaria, Virginia Jiménez. Catalá ha argumentado que Escola Valenciana ha pedido en los tribunales la suspensión del arreglo escolar, que es el documento que planifica el número de unidades (clases) que se autorizan y se suprimern cada curso. "Estoy muy alejada ideológicamente de la postura de Escola Valenciana", ha defendido. También ha insistido en que el motivo de las dimisiones fue el que tanto Carbonell como Jiménez esgrimieron el pasado miércoles, cuando trascendió su renuncia. Entonces hablaron únicamente de cuestiones de ámbito personal. La consellera también ha explicado que este curso se había solicitado un cambio de línea de castellano a valenciano en Castellón que ha sido denegado por el departamento al considerar que ya existen suficientes plazas en la capital de la Plana para alumnos que optan por la lengua cooficial.

10/07/2014 22:53

Comunitat

La mejor generación de la Selectividad

Los alumnos valencianos que se presentaron en junio a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), conocidas popularmente como la Selectividad, han conseguido la mejor calificación media desde que en el curso 2009-2010 entró en vigor la nueva estructura de los exámenes, compuesta por la fase general y la específica, que tiene carácter voluntario y permite mejorar la nota para acceder a determinadas titulaciones. pdf Listado oficial de notas de Selectividad Según los datos oficiales publicados por la Conselleria de Educación, la nota media de la fase general se ha situado en 6,388 sobre diez, un registro que supera al del año pasado (6,154) y al máximo que se alcanzó en las pruebas de junio de 2011 (6,182). También presentan la mejor nota de acceso a la Universidad (6,976), resultante de combinar el expediente de Bachillerato y los resultados en los exámenes de acceso, y el mayor porcentaje de aprobados (97,94%). La estadística oficial permite comparar resultados en función de la titularidad del centro, una novedad respecto a las ediciones anteriores. Los públicos y los concertados se mueven en parámetros muy similares en el número de aptos (97,99%-97,83%) y en la media de la fase general (6,37-6,39), aunque se distancian en la del expediente de Bachillerato (7,32-7,43). En cambio, los de titularidad privada destacan más en los dos últimos indicadores (97,91%, 6,69 y 7,65 respectivamente). También se pueden consultar los resultados por materias. En este caso, las asignaturas de Matemáticas evaluadas (Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales) son las que más flojean. Además, desglosa los resultados por centros, lo que permite buscar los datos medios de todos los que han presentado alumnos a la Selectividad. Esta información está disponible a partir de la página 65 del documento. No se sigue un orden alfabético sino en función de la universidad a la que están adscritos (donde hicieron las pruebas). Hay que tener en cuenta que no se incluyen los centros que trabajan con sistemas educativos extranjeros, pues no son evaluados por tribunales de las universidades públicas presenciales, sino que los alumnos que quieren estudiar en España hacen las pruebas a través de la UNED. Se da un caso llamativo, como el del American Schoool de Valencia, situado en Puçol, que esta semana informó que los resultados en la fase general han sido de 8,2, lo que implica superar al mejor centro ordinario, que ha sido el IES Antonio Sequeros de Almoradí (7,79).

08/07/2014 22:34

Comunitat

Pablo Iglesias y los hombres de negro de Merkel, en la Selectividad

Más de 4.000 estudiantes empezaron ayer las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con los exámenes de Lengua y Literatura, Historia de España y de la Filosofía. Se trata de la convocatoria extraordinaria que antes se hacía en septiembre y que servirá para que los que suspendieron o llevaban asignaturas pendientes de Bachillerato puedan optar a una plaza universitaria el próximo día 18, cuando se resolverá la preinscripción. En la primera prueba -Lengua y Literatura- los jóvenes tuvieron que hacer el comentario de texto de un artículo titulado 'El modelo Alemán', en el que el periodista Raúl del Pozo critica la dependencia de España frente a los designios del país germano y cuestiona sus medidas para reducir al máximo la tasa de desempleo, desde los minijobs hasta las amplias prestaciones que reciben los parados de larga duración a cambio de hacer trabajos para la comunidad, y de paso, desaparecer de las estadísticas oficiales. En el artículo se recuerda que los españoles «vivimos pendientes de lo que dicen de nosotros. Antes teníamos que soportar a los viajeros románticos, ahora a los hombres de negro, a los que habían profetizado nuestro rescate». Además, concluye diciendo que si «éramos una pandilla de vagos, de saltadores de presupuestos, si no solo hay que catalanizar España sino germanizarla, que nos muestren un modelo», antes de lanzar su ácida crítica a la política alemana en materia de empleabilidad. En el examen de Historia de España los alumnos valencianos que eligieron la primera opción se toparon con Pablo Iglesias. No con la cabeza visible de Podemos, sino con el fundador del PSOE y de la UGT, pues tuvieron que desarrollar la situación de los movimientos obreros durante la Restauración a través dos textos: un extracto de un artículo suyo en 'El Socialista' y otro de un manifiesto de la Comisión Federal de Trabajadores de la Región Española. En la segunda opción cayó la Transición democrática «con especial atención al papel del antifranquismo» a partir de otros dos documentos: un artículo de la revista Triunfo sobre la necesidad de aplicar una amnistía a los presos políticos y un extracto en el que Adolfo Suárez justificaba la legalización del Partido Comunista para avanzar hacia la democracia. En Historia de la Filosofía eligieron entre desarrollar a Descartes y Santo Tomás de Aquino o hacer lo propio con la 'Crítica a la Razón Pura' de Kant y el 'Crepúsculo de los ídolos' de Nietzsche.

30/06/2014 17:42

Valencia Ciudad

El retraso en la Lomce deja en el aire los horarios y los nuevos libros

La aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) el curso que viene está causando más de un quebradero de cabeza a los centros como consecuencia del retraso que acumulan las normativas e instrucciones que servirán para determinar los nuevos horarios de Primaria y los libros de texto que se utilizarán en 1º, 3º y 5º, cursos que se verán afectados a partir de septiembre. Hasta mediados de julio no se podrán concretar los cambios, situación que no se ha dado en años anteriores al quedar resueltos coincidiendo con el final del ejercicio. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

27/06/2014 16:04

Valencia

La marcha de alumnos inmigrantes deja 17.000 plazas libres en colegios en seis años

La salida de miles de familias inmigrantes ha generado un importante vacío en las aulas valencianas, imposible de cubrir con la tendencia demográfica actual. Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, desde el curso 2008-2009 hasta el 2013-2014 el total de alumnos procedentes de otros países que han dejado el sistema, en todas las etapas, asciende a 17.070, al pasar de 102.260 a 85.190 escolares. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

25/06/2014 22:38

Comunitat

Profesores 'exprés' para corregir exámenes

El adelanto de los exámenes de recuperación de septiembre a julio en todos los cursos de la ESO y Bachillerato ha tenido consecuencias colaterales. La medida, que se aplicará por primera vez el próximo mes, puede obligar a la Conselleria de Educación a desplazar profesores de un centro a otro por falta de efectivos para la elaboración o corrección de las pruebas. El procedimiento se regula en unas instrucciones que ayer se presentaron a los sindicatos docentes. El problema está en la duración de los contratos de los profesores interinos. Aquellos que cubrieron una sustitución o una vacante con el curso ya empezado serán cesados el 30 de junio, mientras que los que ocuparon un puesto adjudicado en julio de 2013 se mantendrán hasta el 31 de agosto. Teniendo en cuenta que los exámenes extraordinarios se tiene que hacer a partir del 9 de julio (con la obligación de entregar las notas como muy tarde el 15), se pueden dar casos de departamentos que carezcan de personal para hacer el examen de una asignatura determinada si estaban conformados por interinos que ya han dejado sus puestos, algo que se da especialmente en aquellos unipersonales o de tamaño reducido. Ayer, en la mesa de negociación donde se debatieron las instrucciones se puso el caso del de Música. El documento normativo prevé diferentes escenarios. Si se da el caso de que el profesor que ha impartido la asignatura es cesado el día 30 el jefe de estudios deberá asumir la responsabilidad de organizar la elaboración y corrección de las pruebas. En primera opción la tarea recaerá en algún compañero del departamento, como puede ser un funcionario de carrera o un interino con contrato hasta el 31 de agosto. Si no es posible, la asumirán docentes de otros departamentos cuya especialidad tenga vinculación con la materia evaluada. Incluso se da la opción de que lo hagan profesores «que acrediten una formación inicial mínima de 24 créditos en la materia». Si no es posible acogerse a los anteriores supuestos, la administración tendrá que recurrir a los traslados 'exprés' para que profesionales de otros centros se encarguen de sacar adelante el trabajo. Lo hará impulsado una comisión de servicios que se prolongará mientras dure la elaboración y corrección de las pruebas y la notificación de los resultados a los interesados. Para ello necesitará la aprobación del interesado, que además tendrá derecho a cobrar las dietas que le correspondan. Tal y como explicaron desde la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, el traslado temporal de un profesor se llevará a cabo en casos muy excepcionales. Sin embargo, plantearon a la administración una alternativa consistente en prorrogar los contratos a los interinos que sea necesario, al menos mientras duren las pruebas extraordinarias de julio. Algo parecido sugirió el Stepv, que pidió que todos los profesores que serán cesados el 30 de junio vean ampliados sus contratos al menos hasta julio. Según el comunicado que remitieron ayer, los representantes de la Conselleria de Educación señalaron que no es posible hacerlo ante la necesidad de «optimizar recursos». Para ANPE, este último recurso «va en contra del espíritu de la evaluación, puesto que se podría dar la situación de que un docente no conozca a los alumnos que evalúa».

23/06/2014 16:54

Valencia

La demanda de profesores para combatir el fracaso escolar se duplica

El número de colegios que han solicitado profesorado de refuerzo se ha duplicado en apenas tres cursos. El dato se desprende de las solicitudes presentadas por los centros para implantar un contrato-programa a partir de septiembre, un proyecto de la Conselleria de Educación que quiere fomentar la puesta en marcha de medidas adicionales para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de fracaso en Infantil, Primaria y ESO. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

20/06/2014 16:31

Comunitat

Educación frena las ayudas de transporte para centros concertados

El Diario Oficial de la Comunitat publicó ayer las convocatorias para que las familias puedan optar a las ayudas de comedor y transporte escolar del curso que viene. Las primeras están abiertas a los estudiantes de centros públicos y concertados, aunque las segundas se limitan a los de titularidad de la Generalitat, lo que implica retrasar la medida que María José Català anunció el año pasado para equiparar las dos redes en este sentido. Fue durante su participación en el Aula LAS PROVINCIAS organizada en marzo de 2013, donde desveló que el departamento trabajaba para que los estudiantes matriculados en colegios concertados pudieran beneficiarse de rutas de autobús o ayudas económicas siempre que cumplieran los requisitos establecidos. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

17/06/2014 22:45

Comunitat

Preocupación por el calor durante los exámenes de recuperación

El adelanto de los exámenes de recuperación en los institutos, que este curso se harán todos en las dos primeras semanas de julio y no en septiembre, sigue generando polémica entre los sindicatos docentes. La medida, rechazada por todos los colectivos en base a que no existen criterios pedagógicos que la sustenten, suma nuevos argumentos en contra, como el que esgrimió ayer el sindicato Csi·f. En un comunicado, la organización informaba de que ha pedido por escrito a la Conselleria de Educación que «ponga los medios oportunos» para que en los centros educativos «no se sobrepasen los 27 grados». Lo justifican en la «falta de acondicionamiento» de la mayoría de colegios -se da la paradoja de que la climatización está más presente en aulas prefabricadas- para evitar que en su interior llegue a alcanzarse semejante nivel térmico. Csi·f recuerda en el escrito que «el Real Decreto 486/1997 establece mínimos de seguridad y salud en lugares de trabajo» y que en el sector educativo «no deberían registrarse temperaturas que desciendan de los 17 grados ni que superen los 27 para evitar situaciones que afecten al rendimiento de los trabajadores del centro y del alumnado». Aunque el sindicato no se refiere expresamente al adelanto de las pruebas, sí lo hace de manera indirecta al añadir que «la extensión de los periodos lectivos en meses de altas temperaturas genera un grave riesgo de superar esos 27 grados». También advierte de que «si se sobrepasan estos niveles térmicos se estarían incumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores de la administración educativa y, por lo tanto, podría procederse a la paralización de la actividad laboral». De ahí que se pida a la administración que «vele por la seguridad, en cuanto a condiciones térmicas», del personal docente y del alumnado. El curso pasado sólo se adelantaron las pruebas de 2º de Bachillerato como consecuencia del cambio de la convocatoria de Selectividad de septiembre, que pasó a julio. Sin embargo, para el ejercicio actual todos se harán poco después de terminarse el curso, exactamente a partir del 9 de julio. Además, las notas deberán entregarse, como muy tarde, el día 15. En el caso de los concertados se concentrarán en la primera semana de julio, al ser la única en la que los docentes pueden desempeñar tareas de carácter lectivo, según el convenio colectivo. El cambio ha resultado muy polémico. Se trata de una petición de la Asociación de Directores de Secundaria (Adies-pv) para facilitar la organización del siguiente curso, pues los exámenes de septiembre obligaban, de manera sistemática, a incumplir los plazos para responder a las reclamaciones de los exámenes, por no hablar de otras interferencias en la gestión del ejercicio. Sin embargo, Adies siempre ha abogado por programarlos en junio. Educación argumenta que este año será de transición, pues no era posible ubicarlos este mes porque el curso termina tarde (el día 20). Sí se podrá hacer de cara al siguiente, que empezará el 3 de septiembre y terminará a principios de junio.

13/06/2014 09:13

Sociedad/Educación

Profesores alertan de un incrementode denuncias falsas de padres y alumnos

El Defensor del Profesor, el servicio de asistencia para los docentes que sufren algún incidente en las aulas, ha registrado un aumento de casos en los que alumnos y familias impulsan una denuncia formal, que acaba siendo falsa, contra el profesional encargado de la clase. Y no se trata de situaciones leves que no llegarían a la vía judicial, sino todo lo contrario. Tal y como informaron desde el sindicato Anpe Comunitat Valenciana, encargado de la gestión de la herramienta, se han producido acusaciones muy graves, como maltratos físicos e incluso acoso sexual, «aunque en todos los casos de los que tenemos constancia eran denuncias infundadas». Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

12/06/2014 22:18

Valencia Ciudad

El edificio que acogerá los quirófanos del General empezará a funcionar en octubre

El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General de Valencia informó ayer de que el nuevo edificio quirúrgico empezará a funcionar durante el mes de octubre. Dotado de veinte quirófanos, permitirá trasladar toda esta actividad a las nuevas instalaciones, diseñadas a tal efecto. Además, acogerá la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e implicará liberar espacios en el resto de edificios del complejo para mejorar los servicios que se prestan. En este sentido, servirá para desbloquear el proyecto que pretende incrementar las camas de enfermos crónicos del hospital, pasando de las 15 habilitadas hace tres años a un total de 25. La idea es centrarse en la atención de pacientes con daño cerebral y evitar los cambios de centro que se producen en la actualidad por falta de espacio. Es decir, beneficiará a aquellas personas que tras el ingreso hospitalario deben pasar largas temporadas en recursos especializados, lo que ayudará a realizar un seguimiento médico del paciente. Se baraja la opción de situar el área nueva en un espacio que sea accesible al jardín central. También incluirá un gimnasio para ejercicios de rehabilitación y una central de enfermería. Además, se espera que al reducir los desplazamientos, además de mejorar la atención, se minoren los costes derivados. El edificio quirúrgico cuenta con una inversión en obras por valor de 19 millones de euros, a los que se suman otros siete en concepto de equipamientos. El bloque está diseñado de forma que los circuitos de pacientes y acompañantes, el logístico y de mantenimiento y el de personal sanitario estén completamente separados, lo que evitará contaminaciones. Se quiere conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del servicio, de manera que se pueda absorber parte de la demanda de otros centros con costes más eficientes. Por ejemplo, los nuevos sistemas de información del edificio garantizan una mejor asignación de quirófanos, mayor trazabilidad de los enfermos a lo largo de su recorrido quirúrgico y agilidad en los procesos. También se ha diseñado un plan de formación específico para los profesionales que trabajarán en el inmueble que incluye competencias en gestión del cambio, trabajo en equipo, compromiso y creatividad. Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó las cuentas de 2013 tras la presentación del informe de la auditoría externa, en la que no se detectaron incidencias, según informó el centro sanitario.

12/06/2014 16:11

Comunitat

Los profesores no podrán renovar libros pese a los cambios de asignatura

La implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en la Comunitat no implicará cambiar los libros de texto que se venían utilizando en los años anteriores. Ni siquiera se hará con las asignaturas de nueva creación. Más que nada porque los plazos para aprobar el desarrollo normativo necesario para que la autonomía se adapte a la reforma educativa y a los nuevos currículos de Primaria -de momento en fase de borrador- son incompatibles con la regulación sobre la sustitución de los manuales. Leer la noticia completa en la edición impresa o en Kioso y Más

11/06/2014 22:34

Comunitat

Excelencia adolescente

La Conselleria de Educación ha reconocido el gran esfuerzo realizado por 1.168 alumnos que el curso pasado terminaron Primaria con la entrega del Premio Extraordinario de la etapa. No es fácil, teniendo en cuenta que en todos los casos la media del expediente es de diez sobre diez. Esta distinción se concreta en un diploma a la excelencia en el rendimiento expedido por el departamento. Además, figurará en su historial académico. El pasado martes se celebró en el Palau de les Arts el acto de entrega del diploma a 340 de los 680 adolescentes que cursaron sus estudios en la provincia de Valencia, mientras que para los galardonados restantes se ha previsto una nueva ceremonia para el día 17. En Alicante hay 356 excelentes y en Castellón 132. En el transcurso del acto, María José Català destacó que aproximadamente 1 de cada 300 alumnos de Primaria consigue el Premio Extraordinario. Además de agradecer el esfuerzo de los estudiantes, también tuvo palabras de gratitud para los profesores y las familias, «un tándem perfecto para obtener unos excelentes resultados». En cuanto a los jóvenes, los definió como «la esperanza de nuestro futuro». «Vuestra excelencia y vuestro esfuerzo han de servir para fortalecer nuestra sociedad, porque por encima de vuestros éxitos y vuestros logros individuales están los colectivos, que serán mucho mayores, tendrán más repercusión y nos permitirán avanzar, como sociedad, en igualdad, prosperidad y competitividad». La cifra de premiados ha ido creciendo en los últimos años, llegando a cuadruplicarse en la provincia de Valencia al pasar de 163 alumnos en el curso 2009-2010 a los 680 del 2012-2013. De ahí que haya sido necesario programar dos actos de entrega distintos. En cuanto a Alicante y Castellón, el departamento informó de que las ceremonias se celebrarán en las próximas semanas. De los 1.168 premiados, 772 son chicas y 446 chicos de un total de 552 centros (369 públicos, 172 concertados y 11 privados). Además, la inmensa mayoría cursaron sus estudios en colegios públicos (773). 366 lo hicieron en concertados y 29 en privados.

11/06/2014 16:30

Comunitat

La alternativa a Religión abordará el mal uso de internet y la seguridad vial

La asignatura Valores Sociales y Cívicos asumirá parte de los contenidos de la desaparecida Educación para la Ciudadanía, que hasta este curso se ha ofertado en 5º de Primaria. Además de trabajar claves como la autoestima, la no discriminación, la solidaridad, la igualdad, la importancia de los servicios públicos o la seguridad vial, la materia incluye algunos contenidos de nueva factura derivados del auge de las nuevas tecnologías. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

07/06/2014 21:27

Comunitat

Las faltas descontarán hasta tres puntos en los exámenes de Selectividad

El alumno que se enfrenta a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) se juega buena parte de su futuro académico durante tres días frenéticos de exámenes. De la nota obtenida, en conjunción con la de su expediente, dependerá que pueda entrar en la carrera elegida, con lo que conlleva en cuanto a motivación para continuar su progresión académica. Por esta razón una de las cautelas que debe tener el estudiante, más allá de hincar los codos de cara a a las pruebas, es prestar especial atención a la ortografía, que en algunos exámenes puede suponer la diferencia entre el aprobado o el suspenso. La asignatura 'hueso' en este sentido es Lengua y Literatura II, donde la reiteración de faltas llega a descontar hasta tres puntos de la calificación obtenida. Es decir, un siete, en teoría un resultado más que digno, puede convertirse en un catastrófico suspenso. El criterio aplicado es el siguiente: la nota final se reduce en 0,25 puntos por cada error en las grafías y en 0,15 por cada equivocación en las tildes hasta el tope citado. Eso sí, sólo cuenta la primera falta detectada, por lo que no influye la repetición. Los miembros de la comisión de la materia, el organismo encargado de la elaboración del examen y los criterios de corrección, decidieron hace unos años aplicar un plan que consistía en incrementar de manera paulatina la penalización por este tipo de fallos, después de detectar que se daban con demasiada frecuencia una vez los alumnos ponían el pie en la universidad. La idea era que en cada convocatoria el máximo a descontar aumentara medio punto con el objetivo de llegar a un tope de cuatro. Se hizo de forma progresiva para que desde los institutos se pudiera trabajar en la mejora de la ortografía, dando un plazo de tiempo razonable tras la implantación para que el plan diera resultados. Sin embargo, la entrada en vigor de la Lomce, que modifica el sistema de acceso a la educación superior, ha provocado que se paralice la medida. Tal y como explicaron fuentes de la comisión, se ha optado por mantener para este año la misma penalización que la aplicada en las dos convocatorias del curso pasado (tres puntos) en lugar de 3,5, que era lo que correspondía en arreglo al plan. El motivo es que la reforma educativa acaba con las PAU -en teoría, desaparecerán en 2017-, por lo que no se ha considerado oportuno continuar introduciendo modificaciones, con el argumento de que el cambio impedirá que haya tiempo suficiente para que se detecten las mejoras en la ortografía previstas en el plan. Lo mismo se ha hecho con la renovación de las lecturas para la pregunta de Literatura, que deberían haberse cambiado para este curso, por lo que finalmente se mantendrán. Además, las mismas fuentes añadieron que todo seguirá igual en la convocatoria del ejercicio que viene. No se puede olvidar que los miembros de las comisiones dejarán de participar en la regulación del acceso a la universidad, que dependerá de la calificación obtenida en la reválida de Bachillerato, cuya organización y corrección dependerá de personal externo al centro del alumno, ya sean docentes de otros colegios o profesionales de la administración educativa. No todo son penalizaciones en Lengua y Literatura II. Como sucede en otras materias, también se premia el buen trabajo realizado. En este caso, el joven podrá ganar hasta un punto sobre la nota final «cuando la producción escrita del alumno sea excelente o bien cuando valore la eficacia comunicativa del texto (adecuación enunciado-enunciación), cuando comente la interdisciplinariedad del contenido (conexión del tema tratado con otros campos) o cuando descubra algunos rasgos muy peculiares y específicos del texto: intertextualidad, ironía, importancia de determinadas estructuras oracionales, progresión temática, etcétera», según se desprende de los criterios de corrección. Los exámenes de Selectividad comienzan el próximo martes en la Comunitat con la prueba de Lengua y Literatura II y finalizarán el jueves en lo que se refiere a la convocatoria ordinaria. La extraordinaria, la que el curso pasado ya se adelantó de septiembre a julio, llegará el día 8 y terminará el 10 de este último mes.

07/06/2014 21:06

Comunitat

Ingenio adolescente para la Universidad

Los proyectos 'Signobot' y 'Què fem amb el fem', presentados por alumnos de ESO y Bachillerato del colegio Gençana de Godella y del IES Luis Vives, respectivamente, se han impuesto en la cuarta edición del concurso científico Pequeños Grandes Inventos, organizado por la Universitat Politècnica con la colaboración de la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat. Cada trabajo ha sido galardonado con 500 euros. El certamen busca reconocer las vocaciones científicas y tecnológicas y llama la atención por la originalidad de los ingenios presentados, cuyo desarrollo se trabaja en clase poniendo en práctica los contenidos curriculares. 'Signobot', es un sistema que permite traducir palabras en lengua de signos a través de un brazo mecánico controlado mediante un sistema informático en el que se introducen las letras o palabras a representar. El artilugio dispone de diferentes posiciones y movimientos para poder representar todas las letras del alfabeto. La idea, según explicaron las alumnas que realizaron la presentación, es que en un futuro se puedan introducir órdenes mediante la voz. El proyecto 'Què fem amb el fem' ha servido para que los estudiantes del instituto valenciano diseñen la maqueta de una planta de tratamiento de residuos sólidos, que permite separar diferentes elementos metálicos en función de su composición y también discriminar en base al tamaño. Además, se incluye una estación compactadora, de manera que se completa toda la cadena de recuperación. En la cuarta edición del concurso se inscribieron nueve centros, aunque al final sólo siete presentaron su proyecto. De estos, cinco fueron seleccionados para la fase final. Además de los premiados -el dinero lo aporta cada uno de los organizadores-, el jurado decidió conceder tres accésits al resto de finalistas «atendiendo a la calidad de los trabajos». Los alumnos del ciclo medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del IES l'Om de Picassent presentaron un sistema de riego inteligente alimentado por energía solar que se puede configurar en modo automático para regar durante la noche y reducir al mínimo las pérdidas por evaporación. Mediante sensores, también detecta el nivel de humedad de la tierra, lo que serviría para aprovechar al máximo el agua utilizada. La idea es aplicarlo en el jardín mediterráneo que forma parte del instituto. Por su parte, los alumnos de Escuelas San José de Valencia, del ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones, idearon un vehículo para detectar la presencia de gases peligrosos en entornos como conductos de aire acondicionado, falsos techos, tuberías, alcantarillas o sótanos. Equipado con un sensor y una cámara para visualizar el terreno inspeccionado, puede ser controlado con cualquier dispositivo con wifi (móvil, tablet, PC o portátil). El tercero de los trabajos premiados con un accésit fue el de los estudiantes de 4º de ESO del IES Escultor Francesc Badía de Foios. Se trata de un prototipo que permite seleccionar y distribuir automáticamente los palés de una cinta industrial en función del tamaño de la carga.

06/06/2014 12:35

Valencia

Català sustituye a su máximo responsable de universidades

La consellera de Educación, María José Català, ha decido relevar al ya exdirector general de Universidades, José Miguel Saval, que cesó ayer de sus funciones, según ha podido saber LAS PROVINCIAS. Tomará el testigo su número dos, Felipe Palau, que hasta ahora ocupaba la subdirección del departamento. Con esta maniobra, la también portavoz del Consell da un paso más en la redistribución de funciones del área que heredó de José Císcar. Hay que recordar que también cambió a su máximo responsable de Personal y Centros Docentes, el área de más peso de la conselleria, dando entrada a un hombre de confianza como Santiago Martí, concejal con ella durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Torrent. Este ocupó el puesto de Jorge Cabo, director de instituto, cuando Català asumió la cartera de Cultura y Deporte y perdió Empleo, donde Martí ocupaba la secretaría autonómica. También se han producido otros cambios a nivel interno, como sucedió con la inspección educativa tras el relevo del jefe territorial de Valencia, Vicente Marchante, que provocó importantes tensiones internas. PERFIL El currículo de Felipe Palau Palau Ramírez es licenciado en Derecho por la Universitat de València , doctorado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha realizado múltiples estancias de investigación en diversas instituciones como el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, en el Instituto de Derecho Comparado de Lausana en la Universidad de Bonn y en el instituto Max-Planck de Múnich. Desde 1996 a 2004 ejerció sus funciones como profesor titular de la Universidad de Derecho Mercantil en la Universidad Pompeu Fabra y se trasladó en 2004 a la Universitat de València . Además, ha realizado investigaciones relativas al Derecho de la Competencia, Marcas y Patentes y a los contratos de agencia y distribución, y es autor de varias monografías y artículos científicos. Saval ha tenido que lidiar con las universidades para negociar el mapa de titulaciones y sobre todo en relación a las minoraciones en la financiación pública de las mismas. También ha sacado adelante los prestamos-matrícula y diferentes convocatorias de becas, como las de excelencia o las sobrevenidas. El exdirector, previsiblemente, volverá a la Universidad de Alicante, donde tiene plaza. Es profesor de Ingeniería Civil y de Canales, Puertos y Caminos.

05/06/2014 21:53

Valencia

Valencianía entra por Ciudadanía

Los alumnos que en septiembre empiecen 5º de Primaria se enfrentarán a una asignatura nueva creada por la Conselleria de Educación aprovechando la llegada de la Lomce. Se trata de Cultura Valenciana, que durante una hora a la semana servirá para transmitir a los alumnos conceptos sobre la historia, la geografía y la cultura de la región. Criticada desde el mismo momento de su anuncio -se interpretó en clave política, como una forma de reafirmar las señas de identidad valencianas- en realidad pretende sortear el blindaje aplicado por el Gobierno a las asignaturas troncales a través de su reforma educativa, en el sentido de que los contenidos los determina la administración estatal, sin margen de maniobra para ampliarlos por parte de las autonomías. Esto provoca, por ejemplo, que no haya ninguna referencia en clave valenciana en Ciencias Sociales o Naturales, donde podrían tener cabida este tipo de temas. Con la LOE vigente hasta este curso las administraciones educativas sí tenían la potestad de completarlos. Por poner un ejemplo, un niño podía vivir una primera aproximación a la figura de Jaume I en Conocimiento del Medio, que será sustituida por las dos materias anteriormente citadas. La decisión de ubicar la asignatura en 5º no es casual, pues cubrirá el hueco que deja Educación para la Ciudadanía, la polémica materia impulsada por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que desaparece con la Lomce. Eso sí, según explicaron desde la Conselleria de Educación, tenía asignada una hora y media semanal, por lo que los 30 minutos que no se cubren con Cultura Valenciana se han amortizado dando más peso a las materias instrumentales. También es curiosa la polémica lingüística que rodeó (y rodeará) a los asignaturas. En cuanto a la derogada, hay que recordar que en la Comunitat se quiso vehicular en inglés, lo que derivó en varios procesos judiciales que acabaron tumbando la idea. Por no hablar de la opción B que permitía aprobarla realizando un trabajo, que también fue muy criticada. En cuanto a Cultura Valenciana, la administración abre la puerta a que se pueda impartir en valenciano, medida que de momento no está cerrada y se concretará durante las próximas semanas, aprovechando la negociación del decreto que regula los currículos y la nueva ordenación de Primaria en consonancia con la Lomce. También habrá que aclarar qué sucede con las dos materias en las que se desdobla Conocimiento del Medio, pues era una materia que tenía preferencia para ser impartida en valenciano. El proyecto de decreto incluye alguna idea llamativa más, como por ejemplo el blindaje que supone para que los centros puedan continuar reutilizando los libros de texto pese a los cambios en los currículos de las asignaturas. En una disposición adicional, la norma dice que «para evitar obligaciones económicas añadidas a las familias la programación de las áreas preverá el respeto a la normativa vigente en cuanto a sustitución de libros de texto y demás materiales curriculares». En otras palabras, un profesor podrá cambiar de manuales una vez cumplan seis años de vigencia, pero no antes, a no ser que la conselleria le autorice a hacerlo. Actualmente se ha llegado al cuarto año de 'vida' en algunas materias.

29/05/2014 21:12

Valencia

El primer satélite valenciano, en órbita en 2015

El Politech.1 se situará a unos 500 kilómetros sobre la superficie terrestre a lo largo del próximo año. Será el primer satélite con ADN valenciano que llega a la atmósfera, una demostración de tecnología universitaria que incluirá varios componentes con fines científicos. De pequeñas dimensiones (no más de 30 centímetros de largo y tres kilos de peso) el proyecto nace de la apuesta del Consorcio Espacial Valenciano (VSC) y de la Universitat Politècnica (UPV) por fomentar un sector productivo basado en la innovación tecnológica que poco a poco empieza a hacerse un hueco en tierras valencianas. Además de los dos laboratorios punteros para la verificación de sistemas y materiales -gestionados por el VSC y la Agencia Espacial Europea (ESA) en las universidades de Valencia- en los parques científicos empiezan a asentarse empresas privadas dedicadas a servicios aeroespaciales. El aparato tomará imágenes de la tierra -también de la Comunitat-, gracias a una cámara telescópica diseñada por las Escuelas Técnicas de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica y de Telecomunicación de la UPV. Además, servirá para probar en condiciones espaciales unos sensores de temperatura de fibra óptica ideados por el Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (Iteam) y un transmisor de microondas de gran ancho de banda (Iteam y ETSI Telecomunicación). El espíritu del proyecto ha sido implicar a investigadores (y también a alumnos) de la propia universidad. Las dos primeras escuelas citadas pertenecen a la UPV, mientras que el instituto se enclava en la Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), donde se concentra la producción científica e investigadora de la institución. Además, participa la pyme de base tecnológica Aurora Software and Testing -muy vinculada a la UV y la UPV- que trabaja en el desarrollo y gestión de la estación terrestre que controlará el aparato y que se situará en la CPI. Si no cambian las previsiones, grupos de alumnos se encargarán de analizar los datos que se recojan. Se espera que cada día hayan tres o cuatro 'ventanas' para poder comunicarse con el Politech.1. La participación del VSC permite que los dos laboratorios espaciales de la Comunitat (ubicados en la Universitat y en la UPV), colaboren con el testeo de los sistemas y materiales a emplear. Para ensamblar el puzzle se cuenta con la participación de la empresa ilicitana Emxys, radicada en el parque científico de la Universidad Miguel Hernández. El diseño de la plataforma básica y la integración de las diferentes cargas útiles serán de su competencia. La entidad es la contratista principal de la UPV en esta iniciativa. Como explicó el responsable técnico del proyecto y presidente de la Comisión Ejecutiva del VSC, Vicente Boria, el único cambio respecto al satélite presentado en 2011 es que no se montará un sistema diseñado por la NASA para la medición del viento solar, que podría aportar información útil sobre el comportamiento de los transbordadores espaciales en la fase de reentrada o de los aparatos en desuso que acaban cayendo hacia la superficie terrestre. Inicialmente se marcó de plazo hasta este año para el lanzamiento del satélite, aunque se ha tenido que posponer por una cuestión técnica. "Se produjo un pequeño problema con la unidad de comunicación que hemos resuelto ya, y ya estamos empezando a integrar junto con la empresa contratista principal. La idea es buscar posibilidades de lanzamiento para el año próximo", explicó Boria, antes de insistir en que el proyecto "no se abandonó, sino que sufrió un pequeño retraso por cuestiones técnicas". El coste previsto de esta demostración tecnológica no superará los 250.00 euros incluyendo el lanzamiento, para el que se busca alguna empresa especializada en situar objetos en la órbita terrestre.

25/05/2014 21:31

Comunitat

La Generalitat adeuda a la Universitat el dinero necesario para abrir los campus durante un trimestre entero

Los problemas de liquidez de las universidades valencianas no tienen visos de suavizarse debido a la deuda que mantiene la Generalitat con las instituciones. Así quedó patente en el claustro de la Universitat de València celebrado la pasada semana, donde se informó de las previsiones económicas de cara al próximo ejercicio. Las perspectivas no son halagüeñas. Se esperan unas cuentas restrictivas por enésima vez. La situación sólo cambiaría si el Ejecutivo autonómico afronta pagos extraordinarios o aumenta la subvención, si parte de la deuda se cubre con aportaciones del Gobierno mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o si el Consell decide aplicar el plan de financiación aprobado en 2010, un acuerdo que situaba las aportaciones ordinarias muy por encima de lo que actualmente reciben las instituciones públicas valencianas (665 millones de euros en 2014). Salvo la segunda opción, las dos restantes pueden calificarse de utópicas, al menos a corto plazo. El vicerrector de Economía e Infraestructuras, Juan Luis Gandía, destacó durante su intervención que a día de hoy se adeudan 64,7 millones de euros correspondientes a la subvención nominativa, las transferencias ordinarias que reciben las universidades mes a mes para cubrir sus gastos corrientes, desde las nóminas del personal hasta los derivados de abrir cada día los centros. Tal y como explicó, equivalen al importe de tres mensualidades y media, lo que obliga a recurrir a créditos y a herramientas financieras de pago como el confirming para cubrir sus necesidades. Otras medidas de austeridad como el plan de eficiencia energética ya han sido amortizadas, en el sentido de que ya no pueden generar nuevos ahorros a menos que se clausuren instalaciones. A esta cuantía hay que añadir 17,8 millones de otros conceptos, como ayudas Erasmus o derivadas de convenios suscritos con la administración que no se han afrontado. Esta cantidad, unida a la anterior, arroja un total de 82,5 millones. Es lo que se considera la deuda reciente, contraída desde 2010 hasta hoy. Si en el cálculo se contabiliza también la antigua (178 millones) los datos globales se multiplican por tres al llegar a 260,5. En este último caso se incluyen los atrasos que se acumularon entre los años 2004 y 2008, que superaban los 900 millones para todo el sistema público valenciano. En 2008 se firmó un convenio que establecía el pago aplazado de esta deuda en anualidades que se extenderían hasta 2022, aunque sólo se cumplió en 2009 y 2010. En los siguientes ejercicios las tensiones de tesorería de la Generalitat obligaron a aplazar, con el visto bueno de los rectores, los abonos comprometidos para 2011 y 2012. La idea era reanudarlos en 2013, aunque no ha sido así, lo que ha llevado a las universidades a anunciar medidas judiciales para reclamar la cuantía correspondiente a este último ejercicio. En principio, la decisión se pospone hasta saber si antes de verano se les rebaja la deuda a través del FLA.

25/05/2014 17:11

Comunitat

El Gobierno rechaza otra vez priorizar a las embarazadas en la admisión de alumnos

El Gobierno ya ha presentado al menos cinco recursos en los tribunales para tumbar los beneficios de las mujeres embarazadas a la hora de obtener una plaza en un colegio para sus hijos, una medida implementada por el Consell. El último ha llegado a un juzgado de Castellón y va contra la resolución que convoca el proceso y fija su calendario de cara al próximo curso. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

23/05/2014 16:16

Valencia

Multinacionales rastrean colegios para hallar programas informáticos ilegales

La compañía multinacional Microsoft, propietaria de los programas informáticos de pago más conocidos y utilizados a nivel mundial, realizará a partir del próximo verano una auditoría externa que afectará a todos los centros educativos públicos. El objetivo es verificar el correcto uso de las nuevas tecnologías en las aulas y evitar la presencia de software ilegal o descargado de internet sin la licencia correspondiente. Las inspecciones podrían derivar en sanciones a la Generalitat, a la postre titular de las escuelas, en el caso de que se acreditaran irregularidades importantes, una situación que ya se ha dado en otras comunidades autónomas. Lea la información completa en la edición impresa o en Kiosko y Más.

22/05/2014 21:16

Valencia

Los alumnos valencianos salvan la cara en Selectividad

El Ministerio de Educación ha publicado los últimos datos estadísticos sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las diferentes autonomías. Y la Selectividad da una alegría al vapuleado sistema educativo valenciano, pues la comparación le sitúa entre los tres mejores, en el grupo que conforman País Vasco, La Rioja, Navarra o Cantabria, algunas de las regiones que tradicionalmente obtienen los mayores resultados en cualquier indicador relacionado con la enseñanza. Es decir, a la hora de poner un pie en la universidad el estudiante de la Comunitat lo da todo, al contrario de lo que sucede en las etapas anteriores, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los datos dicen que en la última Selectividad (2013) aprobaron el 91,65% de los valencianos que se presentaron, sumando las convocatorias ordinaria y extraordinaria. La explotación estadística es cuantitativa, en el sentido de que compara porcentajes de éxito pero no las notas medias de cada autonomía, una información que se encuentra en fase de elaboración. Por encima de la valenciana sólo se sitúa el País Vasco (93,25%) y Canarias (94,27%), otro caso anómalo, pues no es habitual encontrar a la región insular en los puestos de cabeza. Cantabria (91,35%), La Rioja (91,21%), Aragón (91,15%) y Navarra (89,51%) completan lo más alto del ranking. La mayor motivación del estudiante que ha superado el Bachillerato (y por lo tanto no ha caído en una situación de abandono prematuro de las aulas) puede estar detrás de estos buenos registros, que son completamente distintos respecto a la ESO. Por ejemplo, la Comunitat es la región española con menor tasa de promoción en esta etapa, lo que implica que tiene el mayor número de repetidores por curso de toda España. El indicador puede servir para hacer la comparación con los datos de las PAU porque ayuda a medir el rendimiento o el éxito de los alumnos. En 1º de ESO promocionan el 82,4% de los matriculados, en 2º el 79,3%, en 3º el 79,2% y en 4º el 75,3%. Eso sí, estos datos no distinguen entre los que pasan de curso limpios o con asignaturas suspendidas. Si se recurre a la tasa bruta de población que se gradúa en la etapa la conclusión es la misma: la Comunitat está a la cola de España. Este indicador (63%) mide la cantidad de población que consigue el título de ESO respecto al total en la edad idónea para hacerlo. El porcentaje restante hasta el 100% se considera fracaso escolar, un término que no es del todo justo pues incluye también a los repetidores, que al fin y al cabo continúan luchando en clase para conseguir el graduado, y por lo tanto, no han dejado los estudios. La tasa bruta de graduación en Bachillerato (47,3%) es más baja que en la ESO, aunque es necesario matizar el dato, pues se ve penalizado por la cantidad de alumnos que optan por estudiar un ciclo de FP de grado medio tras finalizar la ESO. En este último caso el porcentaje se sitúa en el 26,5%. Si se suma al del Bachillerato da un total de 73,8%. Es decir, la mayoría de los jóvenes con 18 años, edad teórica para terminar los estudios medios de FP y de Bachillerato, consigue el título respectivo, y por lo tanto, presentan un mayor éxito que en la ESO.

18/05/2014 21:20

Comunitat

Educación se pone las pilas con las becas universitarias

La Dirección General de Universidades resolverá las becas para alumnos que entrega el Consell antes de julio, lo que supondrá un adelanto de cinco meses respecto a la convocatoria del curso anterior. Al menos es el compromiso que ha lanzado el departamento autonómico para arreglar el desaguisado que se viene produciendo con estas ayudas, que ha provocado situaciones tan surrealistas como que muchos estudiantes tuvieran que afrontar al mismo tiempo el pago de las tasas del curso en el que estaban matriculados y también las correspondientes al anterior tras enterarse de que se le había denegado la subvención. No en vano, la tónica general ha sido resolverlas con el ejercicio de referencia ya terminado. La idea es que a lo largo del mes de junio comiencen a publicarse las resoluciones de los diferentes tipos de ayudas en el Diari Oficial, donde figurarán las listas de admitidos y excluidos. En estos casos, al contrario de lo que sucede con la beca ministerial, el beneficiario no recibe ninguna cuantía, sino que es la Conselleria de Educación la que paga el importe correspondiente a cada universidad. Sólo aquellos que no cumplan los requisitos tienen que hacer frente al coste de la matrícula. Para cumplir el objetivo es necesario que antes el Ministerio de Educación haya resuelto su convocatoria. Desde la dirección general explicaron que el plazo que maneja el departamento de José Ignacio Wert es hacerlo antes de que termine mayo. Este proceso de resolución en cascada se debe a que el beneficiario de la ayuda estatal queda automáticamente excluido de la autonómica. Lo mismo sucede con las convocatorias propias de cada universidad, que necesitan tener los listados de admitidos y excluidos de la del Consell para poder empezar a adjudicar sus ayudas. Es más, en años anteriores han sido reiteradas las quejas de los vicerrectorados responsables por la demora acumulada. Los plazos en que se han resuelto las convocatorias de los ejercicios anteriores hablan por sí solos. La del 2009-2010 se publicó el 6 de agosto de 2009, pero no se conoció la lista de admitidos hasta el 13 de diciembre de 2010 (un año y cuatro meses después). En otras palabras, llegó con el curso siguiente más que empezado. Lo mismo sucedió en 2010-2011 y 2011-2012 (15 meses de demora en cada caso), mientras que las del pasado curso ya se tramitaron con más agilidad (diez meses de retraso), aunque también llegaron con el ejercicio terminado. Si se cumple la previsión de Educación, las del actual serán las primeras en varios años en conocerse en el mismo curso. O al menos, pocos días después de su conclusión. La Conselleria de Educación ofrece diferentes tipos de becas. Además de las que permiten la exención del pago de la matrícula, están las destinadas a causas sobrevenidas -para alumnos que han sufrido un problema reciente en su entorno familiar que conlleva una minoración de recursos, como el fallecimiento de uno de los progenitores-, y las de excelencia, que sirven para premiar a los mejores alumnos con el pago de un máster oficial en la red universitaria pública de la Comunitat. También están las complementarias, aunque en este caso no se solicitan, sino que se adjudican a todos los jóvenes que reciben una beca ministerial. Su objetivo es completar la cuantía recibida en función de la subida de las tasas aplicada por la autonomía en cumplimiento del real decreto de 2012 para la reducción del gasto educativo (decreto Wert). Las últimas en resolverse serán las sobrevenidas, según indicaron desde el departamento, pues el plazo para solicitarlas se mantendrá abierto hasta el día 31. El presupuesto destinado por Educación para los diferentes tipos de becas asciende a 16,9 millones. El curso pasado, siempre según las mismas fuentes, consiguieron una ayuda pública 38.710 universitarios de la Comunitat, lo que supone uno de cada tres.

06/05/2014 11:15

Valencia

Radicales causan destrozos en la Universitat horas antes de la huelga

Un grupo de radicales atacaron en la madrugada del domingo al lunes una sucursal bancaria del campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València. Los vándalos la emprendieron con el cajero automático, que quedó destrozado tras ser golpeado repetidas veces con un objeto contundente, además de llenar la fachada de pintura y de dejar un par de grafitis reivindicativos: 'Fora Especuladors' y 'L'educació no és un negoci'. Los destrozos se produjeron pocas horas antes del arranque de la primera de las tres jornadas de huelga estudiantil, que se prolongará desde hoy hasta el jueves. La oficina se sitúa en la parte trasera de la Facultad de Psicología, que ayer por la noche fue ocupada de forma pacífica por varios jóvenes como una de las acciones vinculadas a los paros, convocados por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y la Assemblea Interuniversitaria. El cartel que llamaba a participar en el encierro llevaba como lema 'Guerras de Educación, Luchas de Primavera', un lenguaje combativo habitual para estos colectivos, que aunque minoritarios han protagonizado varias jornadas de huelga especialmente conflictivas, con bloqueos en accesos, irrupciones en actos y conferencias o boicots de clases. Es lo que sucedió el 27 de febrero, cuando los piquetes causaron destrozos en un congreso organizado en la Facultad de Medicina y obligaron a cerrar los aularios de Tarongers tras vaciar los extintores. Los asaltantes actuaron alrededor de las dos de la madrugada y entraron en las instalaciones universitarias saltando la valla que recae a Menéndez y Pelayo. Después de que la vigilancia privada detectara la intrusión tras escuchar los golpes, hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Nacional, donde se recogieron muestras, como uno de los sprays utilizados en la acción. La sucursal ha sido objeto de ataques en paros anteriores. Además de inutilizar el cajero, se han destrozado las cristaleras exteriores a martillazos o se ha colocado un artefacto pirotécnico en la puerta que llegó a dañar el cristal blindado. Y todo con los trabajadores dentro. Aunque se han anunciado tres días de huelga en realidad existen dos convocatorias distintas, pues para el día 8 se ha impulsado una jornada a nivel estatal a la que se han sumado las principales asociaciones universitarias de la Comunitat, que no han hecho lo mismo con los dos días previos, por lo que se espera que el paro del jueves sea más multitudinario. En cuanto a la ocupación de Psicología, desde la Asamblea de Representantes de Estudiantes (ADR) del centro, el principal órgano de participación, lanzaron ayer un comunicado en el que se desmarcaban de la acción asegurando desconocer «los motivos, las intenciones ni lo que tienen pensado hacer los responsables de esta iniciativa». Aunque no se posicionaban a favor o en contra, dijeron que es el ADR quien tiene legitimidad para impulsar estas medidas «que repercuten en los alumnos y en la facultad». Por último animaron a los estudiantes «a defender sus derechos ante el actual panorama educativo desde la responsabilidad y el respeto a todos».

05/05/2014 17:14

Comunitat

La tasa de reposición amenaza el grado de Medicina de la UJI

La Conselleria de Educación no descarta adoptar medidas excepcionales ante los problemas que puede llegar a tener el grado de Medicina que oferta la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). El rector, Vicent Climent, ha transmitido en varias ocasiones a la administración las complicaciones que causará la tasa de reposición, que limita la cobertura de puestos vacantes de personal a un 10% de las bajas. Al tratarse de una carrera de nueva implantación, una vez finalice sus estudios la primera promoción de médicos -ahora están en 3º-, la institución deberá conseguir la renovación de la acreditación para continuar impartiendo el título, un trámite que plantea la necesidad de que exista un número determinado de profesorado doctor estable. En caso contrario se corre el riesgo de perder la autorización para seguir funcionando. Sin embargo, fuentes del departamento autonómico explicaron que no se llegará a esta situación. Por un lado, se espera que de cara al ejercicio 2015 el Gobierno suavice la citada tasa, una exigencia que han trasladado los rectores españoles de manera formal. En este caso, facilitaría la creación de nuevas plazas o las promociones de personal a la categoría de funcionario, lo que ayudaría a cumplir con la exigencia de la renovación. Si finalmente el Ministerio de Hacienda decide mantener la limitación citada, será la Conselleria de Educación la que actúe. Las mismas fuentes explicaron que para garantizar la continuidad de los estudios se autorizaría la contratación de los profesores doctores con carácter indefinido que sean necesarios, al tratarse de la máxima figura sobre la que tiene competencias el Gobierno Valenciano. Es decir, no serán funcionarios pero sí profesionales con una relación laboral estable. También recordaron que el «caso puntual» de la Jaume I ha sido trasladado al Gobierno para que sea tenido en cuenta. No es el único obstáculo al que se ha enfrentado la implantación de Medicina, pues al llegar con la crisis se ha dificultado la construcción de la nueva facultad de Ciencias de la Salud por falta de financiación. En cuanto a la tasa de reposición, los rectores han solicitado su retirada porque impide cubrir las exigencias docentes y favorece el envejecimiento de las plantillas.

30/04/2014 16:27

Comunitat

El Gobierno dice que el gasto educativo se ha centrado en subir el sueldo del profesor

La secretaria de Estado y número dos del Ministerio de Educación, Montserrat Gomendio, se desmarcó ayer con unas polémicas declaraciones asegurando que gran parte de la inversión educativa de los últimos años se ha esfumado en aumentar los profesores y mejorar sus condiciones salariales. Así se pronunció durante su intervención en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Evaluación de las Competencias de Adultos (Piaac) celebrada en Brasilia (Brasil), y se refería a que el elevado gasto público no ha servido para conseguir buenos resultados en estudios internacionales como el citado, que evalúa la adquisición de conocimientos de personas de entre 16 y 64 años. Como sucede con PISA, que hace lo propio con alumnos de 15, España no sale bien parada en la comparación con otros países. Gomendio dijo que en la última década se ha duplicado la inversión, un plazo temporal que abarca las dos legislaturas socialistas y parte de la actual, en la que el PP ha impulsado medidas para reducir el déficit como aumentar el número de alumnos por aula, las horas lectivas o limitar el crecimiento de las plantillas con la tasa de reposición. «En España, el gasto por alumno en relación al PIB per cápita está por encima de la media en gran parte del sistema educativo. Sin embargo, cuando los niveles de inversión son muy bajos (50.000 dólares por estudiante) importa mucho lo que se invierte, pero cuando se supera ese límite -es el caso de España- no importa la cantidad, sino que es más importante en qué se invierte», dijo, antes de añadir que en España se ha destinado mucho dinero «pero no se ha invertido bien. Por eso tenemos los resultados que tenemos». ACCESO A LA DOCENCIA Nuevos conocimientosEl borrador del estatuto docente plantea que la oposición permita acreditar «una suficiente competencia digital apropiada para la práctica docente». Además, dice que los aspirantes «deberán realizar una prueba de idioma extranjero en la que se acredite un adecuado nivel de las destrezas orales y escritas». Más peso a los exámenesEl documento abre la puerta a dar más peso a la nota de la oposición para calcular la calificación global en detrimento del concurso de méritos. En este sentido, añadió que la mayor parte de la inversión «se ha desviado a reducir la ratio alumno-profesor (o lo que es lo mismo, fomentar el aumento de las plantillas) y a mejorar el salario de los profesores. La ratio está en los 12 alumnos por profesor. Por debajo de ahí se ha demostrado que no hay mejorías. Además, se ha mejorado el salario de los profesores sin ofrecerles incentivos, de manera que no tienen actualmente los retos suficientes para ir mejorando en su carrera», sentenció la secretaria de Estado. Sus palabras fueron replicadas por varios de los representantes sindicales que ayer se reunieron con el ministro José Ignacio Wert para tratar los cambios que quiere introducir en las oposiciones. Nicolás Fernández, de Anpe, dijo que los políticos «deberían tener más respeto a la función docente y dar más apoyo a su trabajo», lo que serviría para mejorar los resultados en los informes internacionales. Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Francisco García, calificó las declaraciones de «desafortunadas» y alegó que en año y medio se ha despedido a 33.000 profesores, según informó Efe. Desde la Fete UGT fueron más allá al pedir la dimisión de Gomendio si no rectifica, antes de añadir que los docentes han perdido un 30% de su poder adquisitivo durante la crisis, tal y como recogió Europa Press. En cuanto al encuentro con el ministerio, se mostraron críticos con las nuevas pruebas que se quieren incluir en las oposiciones para que los candidatos demuestren sus conocimientos en lenguas extranjeras y en informática (competencia digital). Se trata de parte del estatuto de la función docente que se negociará en los próximos meses. En clave valenciana, las evaluaciones ya podrían aplicarse en el proceso selectivo previsto para verano de 2015, que sumará, según Educación, alrededor de 300 plazas.