Echávarri pidió prisión provisional para Castedo cuando fue investigada como él

Gabriel Echávarri, durante su comparecencia de ayer junto a la edil socialista Eva Montesinos. / efe
Gabriel Echávarri, durante su comparecencia de ayer junto a la edil socialista Eva Montesinos. / efe

El alcalde exigió contundencia en su etapa de opositor al sumar la exprimera edil del PP dos imputaciones: «Alicante lleva meses paralizada», denunció

F. M. VALENCIA.

Gabriel Echávarri sumó ayer una nueva complicación a su ya delicada situación política y judicial. El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante citó a declarar al alcalde como investigado (antes imputado) por el despido de una funcionaria, que es cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. Un día después de que otro juzgado dictara su procesamiento por un supuesto delito de prevaricación al trocear contratos en el consistorio alicantino, Echávarri anotó ayer la confirmación de que el otro frente judicial que mantiene abierto también se le complica.

Pese al nuevo revés para el alcalde alicantino, que a juicio de todas las organizaciones políticas -con la única excepción del PSPV- debería forzar su dimisión, Echávarri insistió ayer en que no presentará su renuncia. Una inesperada convocatoria de prensa a las 12 de la mañana hizo pensar que el dirigente socialista anunciaría su renuncia. Máxime después de que la líder de Compromís, Mónica Oltra, hubiera exigido solo unas horas antes su relevo. Pero no. Inasequible al desaliento, Echávarri dijo que gobernará con los seis concejales del grupo socialista -sus socios de Compromís y Guanyar Alacant han decidido abandonarlo- de los 29 que tiene la corporación. «Es la única opción que han dejado porque la otra es que gobierne el PP», dijo.

La obstinación del alcalde socialista en aferrarse al cargo deja en evidencia algunas de las declaraciones que el propio Echávarri realizó cuando era líder de los socialistas en el Ayuntamiento, durante la etapa de Sonia Castedo como alcaldesa. El 17 de septiembre de 2014, el entonces diputado nacional y secretario general de los socialistas de Alicante anunció que su partido iba a pedir prisión provisional para la alcaldesa del PP hasta que se produjera su declaración como imputada en el caso Rabasa. El dirigente socialista explicó entonces que un gabinete jurídico se estaba ocupando de elaborar esa solicitud y justificó la petición en la «alarma social» existente en la ciudad y en el «riesgo de destrucción de pruebas». La pieza de Rabasa por la que Castedo estaba investigada -por supuesto trato de favor al constructor Enrique Ortiz- se archivó en diciembre de 2016.

En noviembre de 2014 Echávarri también se refirió a la situación de Castedo y aseguró que «Alicante no se merece este circo. Llevamos semanas siendo noticia en toda España porque un partido no es capaz de apartar a una alcaldesa doblemente imputada (Rabasa y Brugal). Alicante lleva meses paralizada, sin equipo de gobierno y en situación de adelanto electoral si la ley lo permitiera».

El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, también se refirió en agosto de 2014 a la entonces alcaldesa de Alicante. El secretario general del PSPV sostuvo entonces que «el verbo dimitir debería aplicarse cuando se está en el foco de la corrupción». Los socialistas dicen ahora que las investigaciones a Echávarri no son por corrupción aunque los dos casos -en uno está procesoa y en el otro investigado- son por presunta prevaricación.

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