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Marta Guillén ayer ante un plano con los planes urbanísticos previstos para el litoral.
Conselleria permite eliminar 650 viviendas protegidas de un plan urbanístico en la costa

Conselleria permite eliminar 650 viviendas protegidas de un plan urbanístico en la costa

Cambiemos critica que la Generalitat deje la pelota al Ayuntamiento cuando el PAU-7 junto con el PAU-5 comprometen, según la formación, el crecimiento de todo el municipio

Pilar M. Maciá

Sábado, 21 de enero 2017, 01:18

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En esta ocasión Cambiemos decidió adelantarse a la salida a exposición pública de un nuevo plan urbanístico, el PAU-7 que prevé la construcción de 2.570 viviendas más en el litoral oriolano. La concejal Marta Guillén anunció ayer la resolución de la Generalitat que permite no solo que la tramitación siga adelante sino que se eliminen 650 casas previstas en él de protección oficial por otras tantas viviendas libres, algo que la edil aseguró que permite una ley, la urbanística modificada por última vez en el 2014, «que está planteada para favorecer a los poderosos». De hecho desde Cambiemos se criticó el hecho de que la administración autonómica deje en manos del Ayuntamiento el seguir adelante con una actuación que tal y como aparece en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat del 25 de noviembre pasado, «tiene efectos negativos considerables a nivel municipal», los mismos o incluso más que ya se han usado desde la formación ecologista para alegar en contra de la urbanización de Cala Mosca, como el hecho de que la masa residencial aumenta «superando la capacidad de carga del territorio que hace que se saturen los servicios e infraestructuras».

En el caso del PAU-7 la situación todavía es peor, ya que Guillén aseguró que las 2.570 viviendas se suman a las del PAU-5 llegando a las cuatro mil nuevas casas «que según esta resolución, en base a la documentación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que limita el crecimiento de Orihuela para los próximos veinte años, superaría las expectativas del crecimiento». Esto es, que el municipio no podría contar con nuevos espacios residenciales «allí donde los vecinos lo necesitan, que es para quedarse a vivir en las pedanías donde han nacido».

Guillén reseñó una serie de problemas que la Generalitat marca en la resolución «donde se admite que habría consecuencias negativas» por la afección a la Zepa (Zona de Especial Protección de Aves), por la inundabilidad o por la inexistencia de recursos hídricos suficientes «que indica el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura», además de que la actuación urbanística no cuenta con informe de impacto ambiental por el simple hecho de que cuando se homologó a la última normativa, la ley todavía no pedía como necesaria esa declaración que ahora es obligatoria para cualquier tipo de desarrollo.

Desde Cambiemos se critica que pese a esas consecuencias que en nada apunta que vayan a beneficiar al municipio y que reconoce el Consell, se permite aprobar -en este caso una modificación puntual del plan para quitar el carácter de protección oficial a 650 casas- y todo se deja en manos del Ayuntamiento, que será el que tenga que tener en cuenta todas esas cuestiones negativas al poner en marcha la ordenación pormenorizada del sector. «Se pasan la pelota de administración en administración, y esto para nosotros supone eludir responsabilidades porque no se quieren poner enfrente de los promotores inmobiliarios». Aunque la principal crítica de Cambiemos ayer fue para la Generalitat, por eludir lo que consideran que es su responsabilidad, Guillén se adelantó para considerar que tampoco es de recibo la política urbanística del PP en el Ayuntamiento de Orihuela. Así acusó al alcalde, Emilio Bascuñana, de tener paralizada la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, un documento cuyo avance se usa por la dirección territorial de Urbanismo para indicar que no hacen falta más casas en la zona, «y permitiendo aprobar planes y proyectos de ordenación pormenorizada se pone del lado de los promotores y da la espalda a los vecinos y vecinas de Orihuela». Marta Guillén consideró que lo que riza el rizo en esta actuación fue el hecho de que hace dos semanas el proyecto original del PAU-7 llegara a la Junta de Gobierno Local «para aprobarse como un trámite», y aseguró que se quedó de la mesa porque la concejal Begoña Cuartero «en connivencia con el promotor sabía que se estaba tramitando una modificación para evitar que se construyeran viviendas de protección oficial».

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