Las Provincias
El alcalde, Gabriel Echávarri, y el portavoz del PP, Luis Barcala.
El alcalde, Gabriel Echávarri, y el portavoz del PP, Luis Barcala. / Á. D.

El PP exige dimisiones y abre una nueva brecha en el seno del tripartito

  • Compromís y Guanyar acusan a los populares de querer paralizar la democratización del callejero pero el alcalde se desvincula de sus socios

El auto judicial que obliga al tripartito a dar marcha atrás en el cambio de nombre de las calles franquistas no solo va a suponer un perjuicio económico y un engorro tanto para el Ayuntamiento como, sobre todo, para los vecinos. También ha vuelto a evidenciar las diferencias en el seno del equipo de gobierno.

El PP, como es lógico, aprovechaba ayer su victoria parcial en los tribunales para hablar de «varapalo» y «fracaso» para el tripartito y para lanzarse a exigir dimisiones, en concreto, las de los concejales de Estadística, Daniel Simón, y Memoria Histórica, María José Espuch. También reclamaba la habilitación de una partida presupuestaria para hacer frente a posibles reclamaciones por parte de los vecinos afectados y que se evalúe el gasto total del cambio y reposición de las placas.

El portavoz municipal y de Compromís, Natxo Bellido, la edil de Memoria Histórica y el de Estadística salían enseguida al paso para acusar al PP de intentar «obstaculizar» la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Defendían que han actuado en todo momento guiados por los consejos de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y que piensan seguir con la labor de «democratización» del callejero.

Respecto al coste del proceso de reversión del cambio de calles, Simón explicó que se han cambiado cerca de 40 de las 46 calles previstas y que ha costado 12.000 euros. Volver a colocar las placas antiguas será más económico dado que se han guardado en el almacén municipal como «restos arqueológicos».

Sin embargo, el alcalde, Gabriel Echávarri, no salía a defender a sus socios de gobierno. Más bien al contrario, resaltaba que no comparte la forma de actuar de sus compañeros, es decir que se desvinculaba de los posibles errores cometidos. «Nunca nos hemos sentido cómodos con las formas empleadas», resaltaba.

La decisión judicial provocó un torbellino de reacciones. CC OO lamentó que el auto puede obligar al Ayuntamiento «a rotular las calles con una denominación ilegal y, seguramente, inconstitucional».

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Ignasi Candela preguntó en un comunicado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si apoya el «callejero franquista» que defiende el PP alicantino. Candela criticó el «boicot» del PP alicantino al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y opinó que «el recurso demuestra una vez más que el PP no está por la memoria histórica ni por acabar con los símbolos de la opresión y la dictadura franquista»

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se hacía eco de la noticia en Twitter y lamentaba: «España y su Transición».

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