Gabriel Echávarri durante una intervención en el Salón Azul.
Gabriel Echávarri durante una intervención en el Salón Azul. / A.D.

Echávarri cree que el auto que paraliza el cambio de calles tiene «contradicciones»

  • La magistrada determina que el Ayuntamiento debe volver a colocar las placas originales en los casos en los que ya se hubieran sustituido

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha opinado hoy que el auto judicial que paraliza el cambio de calles franquistas y ordena reponer las antiguas tiene algunas "contradicciones" que los servicios jurídicos pondrán de manifiesto en el recurso de apelación que están preparando.

Echávarri también ha reconocido que el asunto del cambio de nombres de las calles fascistas de la ciudad crea "incertidumbre" en la población

En declaraciones a los periodistas, el regidor socialista ha mostrado su "respeto absoluto" por el auto judicial que ayer determinó, de forma cautelar, que el Ayuntamiento debía paralizar el proceso de cambio de denominación del callejero de la ciudad y volver a colocar las placas originales en los casos en los que ya se hubieran sustituido.

La magistrada establecía que debía proceder a ello "a la mayor brevedad posible", por lo que ayer por la tarde ya se paralizaron los cambios que quedaban pendientes y se va a proceder a restaurar las placas anteriores.

El pasado 25 de noviembre, el PP planteó un recurso contencioso-administrativo contra el cambio de las calles con el argumento de que el tripartito no cumplió los requisitos de la Ley de Memoria Histórica ya que algunos cambios no estaban justificados, como el de la plaza de Calvo Sotelo, y porque el acuerdo de la sustitución de las vías públicas debió adoptarse en pleno municipal.

A este respecto, el PP señaló que el pleno es el órgano competente, de acuerdo con el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica

El alcalde ha opinado que el auto pide que se retiren las placas, pero no suspende el acuerdo de la junta de gobierno local del 15 de noviembre por el que se aprueba el cambio de nombre de las calles de origen franquista, por lo que podría darse la "dicotomía" de que una placa ponga un nombre y, a nivel administrativo, figure otro.

"Una calle no se llama con un nombre determinado porque lo diga una placa, sino porque hay un acuerdo de junta de gobierno local que no ha sido suspendido", ha incidido, justo antes de calificar este hecho como "un vacío legal que deberán aclarar en apelación".

Pero el auto sí establece que el Ayuntamiento debe proceder a "la paralización de todos los trámites administrativos iniciados en orden al cambio de denominación de las vías afectadas, -con restablecimiento de las denominaciones primitivas-, así como el libramiento de las comunicaciones oportunas a las personas, entidades, organismos afectados".

Y prosigue: "haciéndoles saber que el acto administrativo se encuentra suspendido, y que por ende no puede desplegar sus efectos".

En cuanto a la petición que desde el grupo municipal del PP (partido que presentó la denuncia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) lanzaron ayer para que dimitieran los ediles responsables o, en su defecto, que el alcalde les retirara las competencias, Echávarri ha asegurado que es un extremo que descarta "en todos los casos".

En cambio, sí ha reconocido que no se sentía "cómodo" con cómo estaban haciendo las cosas en este asunto sus compañeros de formación, los concejales de Estadísticas, Daniel Simón (Guanyar Alacant), y de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís).

A este respecto, ha querido matizar que "en el fondo del asunto" está "totalmente de acuerdo", pues lo que estaban haciendo es aplicar una ley y por eso no mostró "ninguna duda" en aprobarlo en la junta de gobierno local.

"Al PP le gusta que en Alicante haya una calle que se llama Plaza de la División Azul, va en su ideología; a mí, no es que no me guste, es que no me gusta y es ilegal", ha señalado Echávarri.

Dicho esto, ha insistido en que, una vez se tenía constancia del recurso pendiente, la ejecución del acuerdo administrativo "podría haberse hecho de otra forma" y esperar a que se resolviera la medida cautelar.

Si finalmente la jueza decide que el Ayuntamiento tenía razón y desestima el recurso del PP, el procedimiento de cambio de placas y denominación a nivel administrativo volvería a empezar.

"Es un poco de tebeo, pero es que el PP nos ha abocado a esta situación en la que ha habido acuerdo de una mayoría elegida de forma legítima políticamente y la ha llevado a los tribunales", ha subrayado el alcalde.