La presión vecinal deja en suspenso hasta después de Navidad la retirada de la cruz

La cordura imperó después de cuarenta y ocho horas de posturas enfrentadas. La Cruz de los Caídos de Callosa de Segura permanecerá en su emplazamiento al menos hasta que acabe la Navidad. La segunda jornada de movilización ciudadana se zanjó con una tregua entre el Ayuntamiento y la Plataforma Defensa de la Cruz. Ambas partes se dieron un tiempo para llegar a un acuerdo que contente a los dos frentes, aunque la intención sigue siendo retirar el monumento de la plaza.

El colectivo vecinal insistió en el valor religioso de este símbolo callosino, instaurado tras la Guerra Civil, que la mayoría conoce en su actual ubicación desde que tiene uso de razón. El tripartito volvió a ceder por segunda vez en la misma semana y evitó un desalojó forzoso de alrededor de 200 personas que llenaron la Plaza de España. En esta ocasión se contó con la presencia de 25 agentes de la Guardia Civil y otros diez de la Policía Local. El operativo de seguridad no se había visto desde hace años en una población tranquila, que hacía mucho tiempo que no salía en masa a la calle para protestar. Fue hace casi una década para luchar contra el trazado del AVE, que finalmente atravesó la Sierra.

En esta ocasión la presión vecinal hizo recapacitar a los integrantes del equipo de gobierno. El portavoz de la plataforma, Antonio Illán, reconoció que desde ambos sectores se había faltado al respeto y que por una parte se había equiparado religión con política y, por otra se había acusado al gobierno municipal de practicar una política anticlerical. El portavoz del colectivo señaló que «queremos una convivencia entre los vecinos y no generar tensiones», valoró Illán, que reconoció que «hemos comenzado a construir y hoy gana Callosa. No queremos que haya unos vencedores y unos vencidos».

En esta línea van a proceder en las negociaciones que se han emplazado a la próxima semana, donde se contará con la figura de dos mediadores que harán de hilo conductor entre la asociación en Defensa de la Cruz y el gobierno local. Para el colectivo la situación se fue de las manos tanto por parte del Ayuntamiento que requirió más efectivos de la Guardia Civil, como los defensores del monumento que se erigió para homenajear a los caídos del bando franquista.

El primer edil, Francisco Maciá, explicó su planteamiento sobre la Memoria Histórica y reconoció que «se lleva mucho tiempo equiparando el ser cristiano con ser fascista. Esta es su verdadera reivindicación». Para el socialista la simbología religiosa «no se debe perder» y añadió que «si se realiza el traslado no debe haber daños». También confirmó que pretende llegar a un acuerdo con la plataforma antes de que el juez se pronuncie dentro de once meses.

La maquinaria legal de la plataforma vecinal se puso manos a la obra desde la primera tentativa del ejecutivo local el pasado miércoles. Varias denuncias se han puesto en las últimas horas tanto en la Guardia Civil como en el juzgado de guardia, donde se advierte que el Ayuntamiento podría incurrir en un delito contra el patrimonio. Cabe destacar que la Cruz de los Caídos se encuentra dentro del catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que el entorno de la fachada de la iglesia, catalogada como Monumento Nacional, forma parte de un proceso de declaración de Bien de Interés Cultural.

Aunque el principal as que guarda la plataforma bajo su manga es que «el Obispado Orihuela-Alicante ha encontrado un documento donde se puede comprobar que la plaza es propiedad de la Iglesia». Esto supone el arma de defensa de mayor relevancia que tiene el colectivo en caso de utilizar la fuerza legal. A pesar de ello, el colectivo hizo responsable subsidiario al primer edil por «tratar de atentar, presuntamente, contra un monumento protegido». Por ello exigieron que la Conselleria de Cultura emita un permiso para trasladar la mole de mármol y urgieron al gobierno tripartito que aporte «un proyecto de obra que es obligatorio», señalaron.

La Iglesia reclama la plaza

La parroquia de San Martín emitió un comunicado donde defendió que la propiedad de la Plaza de España es perteneciente «a los bienes de la comunidad cristiana desde tiempo inmemorial, tal y como se registra en los inventarios de bienes parroquiales». En esta línea argumental consideran que el monumento también pertenece a la Iglesia y el consejo pastoral insiste en negociar una solución al conflicto que «les ha sorprendido y contrariado», ya que sin una resolución judicial que clarifique la titularidad de la plaza «se ha violado la propiedad privada».

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