Las Provincias

El PP lleva a los tribunales la retirada de calles franquistas y reclama la suspensión cautelar

El portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala (izquierda), con su asesor jurídico, en la puerta de los juzgados de Alicante.
El portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala (izquierda), con su asesor jurídico, en la puerta de los juzgados de Alicante. / LV
  • Argumenta que el acuerdo es nulo porque debió trasladarse al Pleno y que la comisión se «extralimitó» al poner nuevo nombre a las vías con criterios «subjetivos»

Lo advirtió y ha cumplido su amenaza. El grupo municipal popular presentó ayer en los juzgados un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de noviembre que aprobaba el cambio de nombre de 45 calles franquistas, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El PP pide también la suspensión cautelar de la aplicación de dicho acuerdo mientras se resuelve el recurso, por entender que es «susceptible de ocasionar daños o perjuicios tanto a los ciudadanos afectados como a entidades privadas, organismos y administraciones públicas de difícil o imposible reparación» y que «de aplicarse sería difícil volver a la situación anterior al mismo».

Los argumentos que sustentan su recurso son básicamente cuatro. En primer lugar, consideran que el acuerdo es «nulo» por haber sido aprobado por la Junta de Gobierno Local sin pasar por Pleno. Defienden que fue un acuerdo de Pleno el que creó la Comisión de la Memoria Histórica que debía decidir qué calles debían cambiar de nombre por aludir al franquismo.

Este acuerdo dejaba claro que los fines de la comisión eran «proponer al Ayuntamiento para su aprobación en el Pleno municipal, al menos un documento único que recoja el listado de calles, símbolos y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista, existentes en Alicante, para su eliminación o cambio por otro nombre».

Por tanto, entienden que debería ser el Pleno el que aprobase el informe de la comisión y no la Junta, como decidió el tripartito.

Añaden que en los criterios para el desarrollo de los trabajos de la comisión también se hablaba de conseguir una propuesta unánime «a presentar al Pleno municipal para su aprobación». De hecho, opina el portavoz, Luis Barcala, «la Concejalía de Memoria Histórica, que lideraba la comisión, no es competente para cambiar el nombre a las calles, por lo que la tramitación debería haber sido presentar el informe de la comisión al Pleno y, si se hubiese aprobado, trasladarlo a Estadística para que iniciase los expedientes administrativos correspondientes para el cambio de calles, que después se deben aprobar, estos sí, en la Junta de Gobierno Local».

En segundo lugar, entienden que la Comisión de la Memoria Histórica no era competente para asignar un nuevo nombre a las calles, al no haber sido autorizada para ello por el Pleno que la constituyó.

El tercer argumento es que el dictamen de la comisión y posterior acuerdo de la Junta, «vulneran tanto la legislación relativa a la memoria histórica como el encargo del Pleno, al proponer y acordar el cambio de nombres de calles que nada tienen que ver con los supuestos contemplados en la legislación vigente».

En concreto, mencionan los casos de las calles y plazas dedicadas a Calvo Sotelo, General Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez de Velasco, Ruiz de Alda y Vázquez de Mella, que, dicen, «son personas que no tuvieron relación con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil o la represión de la dictadura franquista, ya que incluso en algún caso fallecieron con anterioridad a la sublevación».

Este argumento ya lo emplearon en sus alegaciones al dictamen de la comisión y desde Memoria Histórica les contestaron que «se ha considerado su supresión porque fueron rotuladas con estos nombres acabada la guerra y con una intención revanchista y nada reconciliadora».

El PP entiende que, al eliminarlos ahora, es el tripartito el que tiene una actitud «revanchista» ya que no aplicó «los criterios objetivos que debía seguir la comisión» sino que solicitó la supresión de calles «en base a al intencionalidad subjetiva que, según ellos, tuvieron quienes rotularon las calles».

Por último, consideran que la comisión se «extralimitó» al proponer «nombres a calles y lugares de la ciudad que carecían de él en la actualidad» y que la comisión se comprometió a «buscar el consenso» de los integrantes para «garantizar que los cambios que se propongan y efectúen lo sean de todas las fuerzas políticas, evitando así nuevos cambios en el futuro». Sin embargo, señalan, solo se requirió a su grupo para presentar alegaciones sobre un documento ya elaborado en el que no tuvo ninguna participación, como no la tuvieron tampoco, dicen, «los vecinos afectados».