Las Provincias

Urbanismo veta reformas estructurales en los juzgados y fuerza a buscar ubicaciones

Edificio del Palacio de Justicia de Alicante, ubicado en Benalúa.
Edificio del Palacio de Justicia de Alicante, ubicado en Benalúa. / J.P.R.
  • La protección del edificio impide cerrar el patio y las obras en el subsuelo están condicionadas por la presencia de un refugio de la Guerra Civil

La Concejalía de Urbanismo dejó ayer claro que el proyecto de rehabilitación estructural del Palacio de Justicia de Alicante es inviable, tal y como está planteado. No se podrá tapar el patio de los naranjos y es difícil que se pueda aprovechar todo el subsuelo para hacer los archivos y calabozos, dado que hay que contar con la posible presencia de un refugio de la Guerra Civil catalogado.

Así de claro se lo dejó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la reunión que mantuvieron para abordar los problemas derivados de la protección integral del edificio, al formar parte del Catálogo de Protecciones. Una protección que, por otro lado, no es ni sobrevenida ni nueva, dado que ya estaba en el catálogo que aprobó el PP para la revisión del PGOU de la que después desistió. Es decir, que existía ya cuando se elaboró el proyecto de reforma del Palacio de Justicia, pero no se tuvo en cuenta entonces.

Aunque Bravo, que también se reunió con el alcalde, Gabriel Echávarri, se dio un plazo de una semana para encontrar una solución definitiva, lo cierto es que ya dejó caer que va a ser necesario encontrar ubicaciones alternativas a algunos de los juzgados porque «no van a caber todos» en el edificio histórico.

Y es que, según manifestó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, Justicia necesita entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados adicionales de espacio, que se conseguirían con reformas internas pero también aprovechando patios y el subsuelo, dos de los elementos conflictivos.

En las próximas semanas va a haber una reunión para ver exactamente lo que se puede hacer en el edificio y en su entorno, pero Pavón ya dejó claro que «algunas de las obras no tienen encaje».

Aclaró que hay elementos que se consideran impropios, que se añadieron al edificio en los años ochenta, que no tienen que demolerse, pero que «no se deben generar más» de estos elementos.

Esto significa, apunta, que no se pueden adosar edificios nuevos o núcleos verticales como ascensores. Además, el llamado patio de los naranjos no debe cerrarse. «Es un espacio exterior que debe seguir manteniendo ese carácter. Lo contrario alteraría la volumetría del edificio», señala el edil. De hecho, ahora mismo hay una cubierta ligera y los técnicos consideran que este elemento ya no es pertinente. Solo se podría cubrir el patio provisionalmente, para usarlo mientras se hacen las obras en el resto del edificio.

Respecto al refugio, que podría condicionar buena parte de las obras, que se iban a realizar bajo rasante, el concejal explicó que está documentado pero «no se sabe dónde está ni si se llegó a destruir», por lo que habrá que determinarlo.

Pavón se mostró convencido de que se alcanzará un acuerdo y resaltó que en la Conselleria no ponen en ningún momento en tela de juicio la protección.

Asegura que le ha dado «máxima prioridad» a este tema y que los técnicos municipales ya han tenido contactos con los de la Conselleria. Se emitió un informe sobre la fase dos y la única pega es el patio de los naranjos. Al resto se le da el visto bueno porque son reparaciones, obras de albañilería, etcétera. Falta informar la fase tres, que es la que trabajaría en el subsuelo.

La consellera también aseguró que siguen trabajando con el Ayuntamiento a fin de dar solución a la precaria situación de los órganos judiciales. Para Bravo sería «un triunfo» poder arrancar la reforma a finales del año próximo, dadas las circunstancias.

La consellera aseguró que «fuera no vamos a dejar a nadie», aunque «cree» que todos los juzgados no tendrán cabida en el edificio del barrio de Benalúa. Es consciente de que la volumetría de las dependencias «se van a mantener», por lo que resultará inviable desarrollar el proyecto que tenían pensado para la capital alicantina, como manifestó ayer ante los periodistas. No obstante, no quiso desvelar las distintas alternativas que barajan.

Pese a los contratiempos, Bravo aseguró que en una semana «podremos anunciar la solución» que se consensue con los técnicos de Urbanismo, concejalía con la que, según dijo, «mantenemos buenas relaciones».

El alcalde, Gabriel Echávarri, apuntó al término del encuentro con la consellera que «se sigue trabajando en buscar alternativas» para reubicar los juzgados que queden fuera de la sede principal, aunque sin detallar las mismas.

Ambos responsables políticos coincidieron en que Alicante «merece» unas infraestructuras «más dignas» pero Bravo explicó que, en ningún caso, pueden comenzar unas obras de reforma que luego haya que echar para atrás por incompatibilidades con el catálogo de edificios protegidos. Así, la próxima reunión con los técnicos resultará clave en el desenlace para unas obras que se postergan desde que el anterior Consell enterrar la Ciutat de la Justicia en 2012.

Según la consellera, para quien el proyecto «es una prioridad», será en el último encuentro cuando se decida por qué alternativa optarán.