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El edil Rubén Manresa.
El edil Rubén Manresa. / A. A.

El Consejo Jurídico avala al tripartito para rescindir el contrato de la basura

  • Llevará el martes a Pleno la ruptura del acuerdo con la empresa, se incautará de más de un millón en avales y quiere municipalizar el servicio

El equipo de gobierno tripartito tiene los parabienes del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana para emprender la rescisión del contrato de recogida de la basura con la empresa Sirem por incumplimientos de la mercantil en el servicio.

El concejal de Hacienda y Contratación, Rubén Manresa, compareció ayer para dar detalles de la decisión del órgano autonómico, que tiene carácter vinculante, y que avala la decisión tomada antes del verano por los tres grupos en un Pleno tras el que se solicitó el dictamen al Consejo Jurídico. Asimismo el representante de Izquierda Unida dijo que una vez logrado al visto bueno será otro Pleno convocado con carácter extraordinario para el próximo martes a las 20.00 horas donde se continúe con el proceso para extinguir la relación entre empresa y Ayuntamiento. Manresa abundó en los detalles que llevó al tripartito a optar por esta decisión que se fundamenta en lo que denominó «incumplimientos flagrantes».

El primero viene derivado por al traslado de los desechos desde el vertedero de Proambiente en Abanilla, primero a Villena y luego a Jijona, sobrecostes que la empresa no llegó a asumir al girársele las facturas y rechazarlas, por lo que fue el Ayuntamiento el que tuvo que hacer frente, si bien siempre ha defendido que la mercantil con el contrato en vigor era la responsable de abonar la diferencia al alza. El órgano consultivo entiende, según detalló el responsable municipal, que este hecho hizo que la administración local actuase no solo como adjudicatario, sino también como titular del servicio ante los responsables de las plantas y por tanto «en las materias esenciales del contrato». Otro de los ejes lo fundamentó el tripartito en que la mercantil vertiese basura recogida en la localidad en un paraje natural de Aspe, lo que supone infringir la legislación medioambiental así como que tampoco siguió los cauces adecuados para el tratamiento de otro tipo de materiales como enseres, que se depositaban en una antigua nave municipal y no en los vertederos autorizados para este fin.

Respecto a este punto Manresa introdujo una crítica al anterior responsable de Servicios, el edil Víctor Rodríguez, por haber enviado un escrito al Consejo Jurídico alegando que no era motivo de sanción al tener la empresa una orden verbal, «y este dice que no hay constancia administrativa y esta no se atiene a procedimientos acordes a la administración» y le reprochó actuar así al ser hermano del gerente de la empresa a nivel local. Ahora el tripartito iniciará los trámites para incautarse de avales de la mercantil estimados en torno a 1,1 millón de euros e incluso fijar a su favor indemnizaciones por daños y perjuicios. Con posterioridad se darán los pasos para municipalizar el servicio.