Las Provincias

Adiós a las calles franquistas

El 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Alicante adoptó la decisión definitiva de sustituir los nombres franquistas de calles y plazas por otros dedicados a personas relevantes por sus trayectorias en el ámbito artístico, deportivo, académico-científico, político, personas que han promovido la conciencia y los valores democráticos; en definitiva, personajes históricos, y mujeres y hombres contemporáneos que hoy son nuestros conciudadanos.

Con esta decisión nuestra ciudad pasa página, simbólicamente, a un amargo periodo de la historia que permanecía presente en el imaginario colectivo a través del callejero, al tiempo que se avanza en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, tal y como es obligación de cualquier responsable político.

El camino seguido no ha estado exento de algunas dificultades, pero entendemos que las discrepancias forman parte del proceso participativo que hemos llevado a cabo. De acuerdo con el Reglamento Orgánico Municipal, la decisión del cambio de nombres podía haberse tomado directamente por el equipo de gobierno en una Junta de Gobierno Local; sin embargo, en noviembre de 2015, presentamos al Pleno Municipal la propuesta de constituir una Comisión Específica que permitiera dar cauce de participación al resto de grupos políticos de la Corporación Municipal y a la sociedad alicantina. En esta Comisión Específica ha estado representado el movimiento vecinal (una persona en representación de cada Junta de Distrito), el movimiento asociativo en defensa de la memoria histórica de Alicante, el ámbito académico -a través de cuatro representantes de la Universidad de Alicante-, y un representante del colectivo de comerciantes.

No es cierta, por tanto, la acusación que vierten el Partido Popular y Ciudadanos de que el proceso no ha sido participativo. Lo ha sido, y mucho. Prueba de ello es que la propuesta inicial se elaboró sobre la base de las sugerencias de nuevos nombres formuladas por entidades, asociaciones y personas a título individual. Todas se han tenido en cuenta, y las que no han sido seleccionadas para este proceso se han remitido al Departamento de Estadística del Ayuntamiento para su toma en consideración a la hora de nombrar nuevos espacios en la ciudad. Por otra parte, se han recibido y valorado más de setenta alegaciones a la propuesta inicial presentada por la Concejalía de Memoria Histórica, algunas de las cuales han sido aceptadas, como la de reconsiderar el cambio de ubicación del nombre del Alcalde José Luis Lassaletta.

La Comisión aprobó por unanimidad los criterios objetivos que debían aplicarse para determinar qué nombre de calles y plazas eran susceptibles de ser eliminados y sustituidos. El resultado de la votación sobre la propuesta presentada a la Comisión Específica por la Concejalía de Memoria Histórica sólo ha cosechado los votos en contra de las y los representantes de los grupos municipales del PP y de Ciudadanos. Ningún voto en contra por parte de la representación de la sociedad alicantina en la Comisión.

De modo que si no se ha mantenido hasta el final esa unanimidad no ha sido porque la Comisión se haya separado un ápice en su propuesta final de los criterios objetivos aprobados en su día, sino por el afán de PP y Ciudadanos de buscar el enfrentamiento con un tema que, al final, les resulta incómodo. Es por ello, porque les resulta incómodo, que se han vertido falsedades a lo largo de este proceso: se ha dicho que la Concejalía barajó la posibilidad de cambiar el nombre de lugares emblemáticos de Alicante, como la plaza de los Luceros o la Explanada de España. No es cierto. En ningún momento ha sido una opción modificar nombres especialmente relevantes, que conforman la idiosincrasia de la ciudad, pero a Ciudadanos y al PP les interesa sembrar la duda y la confusión, para ocultar tras ella lo que verdaderamente piensan: que esto de la Memoria Histórica es un entretenimiento para nostálgicos, y que en nuestra Guerra Civil no hubo vencedores ni vencidos.

Desde el gobierno municipal no vamos a dejar de cumplir con nuestra obligación como gobernantes: cumplir las leyes, y, por tanto, cumplir la Ley de Memoria Histórica, una ley cuyo espíritu es reparar la memoria de las y los vencidos, una ley que ha estado guardada en los cajones de los sucesivos gobiernos populares y que, ahora, el nuevo gobierno municipal piensa aplicar y desarrollar con todos los medios a su alcance, en su espíritu y en su letra.