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C. M. A.
Jueves, 10 de noviembre 2016, 01:47
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El edil de Fomento, Empleo y Desarrollo Local, Víctor Ferrández, expresó ayer su preocupación y dudas respecto a que el Plan de Empleo Conjunto, que promueve la Diputación Provincial en colaboración con los ayuntamientos y la Conselleria de Empleo, llegue a convocarse para el presente año. El edil ha remitido escritos a la institución alicantina demandando información sobre la convocatoria, pero no ha obtenido respuesta.
El concejal explicó que el pasado año la convocatoria se hizo pública el 30 de octubre y dejó un plazo muy limitado a los ayuntamientos para cursar la solicitud ya que la participación implicaba «la obligación de seleccionar a los desempleados y contratarlos antes del 31 de diciembre». Pese a todo el Ayuntamiento consiguió cumplir los plazos aunque, en palabras de Ferrández, «nos las vimos y nos las deseamos para llegar a tiempo». A través de este plan, recordó, se contrató a 41 personas, a media jornada, durante cuatro meses, con un coste de 64.700 euros. La misma cuantía la asumió la Diputación, que es además la administración encargada de convocarla y la Conselleria de Empleo, con un montante de 194.000 euros. El edil cuestionó que «una vez que nos encontramos en noviembre no tenemos noticias de que la Diputación haya movido un solo papel para sacar la de este año».
Por otro lado Ferrández se refirió a las declaraciones de la anterior edil de Empleo del PP, Carmen Gómez, «quien compareció para criticarse a sí misma y a su propia gestión». La edil se refirió a que los talleres de empleo que se han solicitado en la nueva convocatoria tienen la menor puntuación relativa a la futura empleabilidad de quienes los realicen «prácticamente nula por lo que según su criterio corremos el riesgo de que no nos den el taller».
Ante estas afirmaciones recordó que en la presente es la primera vez que la conselleria exige a los ayuntamientos que tengan homologados los certificados de profesionalidad de las especialidades que se piden «aunque llevaba años advirtiéndolo». Este hecho, dijo, «implica una parte positiva, que los alumnos obtienen una titulación oficial, pero también una negativa ya que una ciudad como Torrevieja, con noventa mil habitantes, casi no tiene especialidades homologadas a las que nos hayamos podido acoger, que es lo que se puntúa después de tantos años con gobiernos del PP».
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