Los retrasos en sacar a concurso contratas llevan al tripartito ante los tribunales

Los contratos municipales no dejan de dar quebraderos de cabeza al tripartito. El retraso que acumula la adjudicación de varios de ellos caducados no solo le saca los colores cada mes, al tener que aprobar en Junta de Gobierno el pago extrajudicial de las facturas, ahora también ha llevado al Ayuntamiento ante los tribunales.

La Asociación Provincial de Empresarios de Publicidad Exterior ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio por mantener más de un año caducado el contrato de las marquesinas, sin sacarlo a concurso.

Aseguran que el servicio se está prestando de forma «ilegal» y se consideran perjudicados por esta situación porque no pueden optar a prestar este servicio y creen que beneficia a la empresa a la que se le adjudicó por última vez, que sigue haciéndolo sin contrato. Además entienden que el hecho de no sacarlo a concurso perjudica a las arcas municipales, que podrían cobrar un canon más elevado por el mismo, más adecuado a las actuales circunstancias de mercado. Piden como medida cautelar que se suspenda la prestación del servicio.

El concejal de Movilidad, Fernando Marcos, reconoce el «retraso» en la preparación del nuevo concurso para adjudicar este servicio, que ya supera el año, dado que el anterior contrato caducó en agosto de 2015.

Sin embargo, niega que haya habido ningún perjuicio para las arcas municipales, dado que «la empresa que lo presta ha seguido pagando el canon mensual al Ayuntamiento». En este caso, dado que no se trata de pagar a la empresa, sino de cobrar de ella un canon, las facturas no tienen que pasar por Junta de Gobierno Local en forma de reconocimiento extrajudicial de crédito.

Marcos achaca este retraso a que el tripartito ha intentado en este año buscar nuevas fórmulas para este contrato, desde vincularlo a la prestación del servicio de alquiler de bicicletas, hasta incluir en él las marquesinas de las paradas de taxis. Sin embargo, dice, «los informes técnicos lo desaconsejaron, en ambos casos», por lo que finalmente se ha tramitado un pliego similar al anterior, con escasas variaciones.

«Se ha buscado en todo momento el mayor beneficio para el Ayuntamiento y para los ciudadanos», señala el concejal, que explica que el pliego ya está en Contratación y se ha emitido ya el preceptivo informe económico para poder sacarlo a licitación en breve.

Desde el grupo municipal popular, el concejal José Ramón González, culpó a la «desidia» del concejal el retraso y el correspondiente recurso contencioso.

Recordó que el PP ya ha preguntado dos veces en el Pleno por este contrato caducado, en abril y en julio. En el primer caso, Marcos señaló que «en mayo se licitaría el nuevo contrato». En julio, dice González, «la respuesta fue otro capotazo echando las culpas al servicio de Economía y Hacienda y, cómo no, al PP».

El concejal popular considera que el perjuicio para las arcas municipales del que hablan los empresarios es «evidentes», porque el PP, antes de dejar el gobierno, preparó «un contrato de un solo año, sin posibilidad de prórrogas y a un precio muy competitivo para que fuera el nuevo equipo de gobierno el que lo licitara».

Sin embargo, «ahora los informes técnicos recomiendan un precio sustancialmente más elevado como canon, lo cual implica que mes a mes se están perdiendo de forma injustificable muchos miles de euros para las arcas municipales», señala González.

En este sentido, Marcos no quiso avanzar ayer por cuánto se va a licitar el nuevo contrato, ya que consideró que no debe hacerlo hasta que salga a concurso.

El PP también ha cargado esta misma semana contra el tripartito por aprobar en Junta de Gobierno el pago de otros 700.000 euros a Enrique Ortiz, fuera de contrato, por el servicio de limpieza de colegios y dependencias, todavía en fase de licitación. Ya se le han pagado al empresario 12,6 millones por un contrato caducado en junio de 2015.

Los populares llegaron a amenazar en el Pleno de febrero de este año con iniciar un proceso contencioso-administrativo contra el tripartito, por prorrogar «de manera irregular» y «sin cobertura legal» este servicio a Ortiz, cuando la Junta de Gobierno Local había aprobado en la pasada legislatura no concederle la prórroga legal a la que tenía opción.

Algo que finalmente no llegó a hacer y ha sido un contrato menor, el de las marquesinas, el que ha llevado a la presentación de un contencioso.

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