Un despacho oriolano gestionará todos los pleitos municipales que se generen desde la firma del contrato

El contrato para que un solo despacho gestione la defensa jurídica del Ayuntamiento en cualquier asunto que pueda generarse en los tribunales se adjudicó ayer en Junta de Gobierno. Un despacho oriolano, Ros y Castejón, será el adjudicatario del servicio durante los dos próximos años y percibirá por ello 70.785 euros al año tal y como indicó el portavoz del gobierno municipal, Rafael Almagro, al término de la reunión de cada martes. Almagro recordó que el procedimiento se inició con tres empresas de las que se descartó a una por no cumplir los requisitos. Finalmente se adjudica, por haber sido la que más puntuación obtiene, a la firma citada que una vez que se firme el contrato se hará cargo de cualquier tema judicial que involucre al Consistorio. El resto, los asuntos que ya están abiertos y dirimiéndose los seguirán trabajando los letrados que en su momento se nombraron para ello. Entre ellos el encargado de la defensa municipal en el Caso 'Brugal' cuya contratación generó cierta polémica al relevar cuando se supone que el juicio está a punto de salir, a la letrada nombrad durante el pasado mandato por el Consistorio para ejercer la representación municipal.

El también concejal de Hacienda defendió las bondades del contrato en lo que toca al bolsillo del Ayuntamiento, y aseguró que durante los dos últimos años se han rondado los 200.000 euros en abogados por parte del Consistorio. Así consideró que «es obvio que es un contrato que favorece los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos, porque se logra un importante ahorro», aunque se seguirán pagando letrados mientras que queden pendientes temas que el mismo Almagro consideró que pueden alargarse durante años. Al mismo tiempo consideró que lo que se pretende es dotar de «organización» el trabajo municipal, para evitar el tener que nombrar a uno u otro abogado en cada ocasión.

La Junta de Gobierno Local trató otros asuntos, como la aprobación de tres relaciones de facturas por un total de 386.732. En el apartado de Bienestar Social se vieron las valoraciones de la Comisión de Servicios Sociales para el servicio de ayuda a domicilio, con tres altas y otras tantas bajas, una ampliación de servicio y una reducción. Con respecto a ayudas de emergencia social se concedieron a seis usuarios, con un total de 1.382,26 euros que se destinarán directamente a pagar agua, luz y otros proveedores; y 16 ayudas directas por 4.306 euros.

En el capítulo de Urbanismo se concedió una licencia para ampliación de una vivienda en Campoamor; dos para la construcción de adosamos con piscina en Villamartín y un último permiso para levantar una vivienda unifamiliar en el PAU-21. La Junta de Gobierno autorizó el allanamiento del abogado en una causa que según Almagro el Ayuntamiento tenía perdida y también en temas judiciales se visó el pago de dos sentencias, una de 2.500 euros para dos demandantes respectivamente por «daño moral» al no habérseles hecho caso y otra por devolución del Impuesto de Construcciones y un aval de otra obra.

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