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La protección del Palacio de Justicia choca con la reforma prevista por la Generalitat

Fachada del Palacio de Justicia de Benalúa, en imagen de archivo.
Fachada del Palacio de Justicia de Benalúa, en imagen de archivo. / J. P. Reina
  • El Ayuntamiento y la Conselleria estudian sacar juzgados del edificio en caso de no poder llevar a cabo la ampliación de 1.600 metros cuadrados del proyecto

El Palacio de Justicia de Alicante parece querer permanecer en su estado actual. Las administraciones autonómicas que han tratado hasta el momento de abordar su reforma han fallado y, por ahora, la Conselleria de Justicia actual deberá relegar su proyecto durante meses. El motivo no es otro que el hecho de no haber valorado la protección urbanística del edificio ubicado en el alicantino barrio de Benalúa, cuyo catálogo de bienes inmuebles está cerca de aprobarse por el Gobierno municipal. Una circunstancia que tampoco resulta nueva, ya que el anterior Ejecutivo local contemplaba ya la protección de la histórica cárcel en la que perdió la vida el poeta Miguel Hernández y que a día de hoy acoge los juzgados de Instrucción y la mayoría de los de Primera Instancia y de lo Penal de la ciudad.

La consellera Gabriela Bravo se reunió ayer mismo con el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, en busca de alternativas en caso de no poder plasmar sobre el edificio la reforma que esperaban acometer, como así será, al menos en parte. Las obras que deberían haber comenzado este otoño no podrán hacerlo por la limitación del proyecto del Conselleria de Justicia ante la inclusión en el catálogo de edificios protegidos.

La Generalitat pretendía ejecutar un aprovechamiento de los espacios de paso del edificio, así como excavar bajo el inmueble para dedicar la ampliación a los saturados archivos de los juzgados. Sin embargo, dado que esta actuación «afecta a las volumetrías» de la vetusta cárcel, su desarrollo choca frontalmente con la protección que quiere el Ayuntamiento para el inmueble.

«Desde julio, en que se aprobó el catálogo de edificios protegidos de Alicante, han surgido una serie de problemas que afectan a la posibilidad de abordar reformas estructurales. Eso nos preocupa porque estábamos trabajando en un proyecto que culminara en un par de años y no queríamos tener problemas», explicó Bravo.

Si bien es cierto que Bravo aseguró que, en ningún caso, el contratiempo se debía a la falta de coordinación entre administraciones, el Palacio de Justicia ya se encontraba incluso entre los planes del PP para su protección en el PGOU del que después desistió. «El anterior equipo de gobierno», informó el vicealcalde Miguel Ángel Pavón, «aprobó una suspensión de licencias que afectaba, entre otros edificios, a este, y sigue en vigor». No obstante, el edil de Guanyar detalló que «esto no quiere decir que no se pueda hacer nada».

Por ello, la consellera ser reunió «de urgencia» con Echávarri en busca «de un plan B» a la espera de que los técnicos de Urbanismo se pronuncien sobre la viabilidad del proyecto de reforma.

Además, los trabajos ya sufrieron un retraso este verano ante la exigencia de la Inspección de Trabajo por llevar a cabo un estudio geotécnico previo para asegurar las estructuras del edificio.

Por su parte, el alcalde criticó que la ciudad se encuentre «como hace 25 años» en materia de sedes judiciales pese a que la mayoría de juzgados se hayan podido agrupar en tres edificios. Además, Echávarri mostró todo su apoyo en la búsqueda de inmuebles con los que deslocalizar los órganos judiciales que queden fuera del Palacio de Justicia reformado.

Bravo se reunió después con el juez decano del partido judicial de Alicante, Salvador Bellmont, y el fiscal jefe, Jorge Rabasa, a fin de informar sobre las vicisitudes del parón para iniciar las obras. Estas debían arrancar por uno de los lugares donde se trabaja con mayor precariedad: la Fiscalía. Sin embargo, fiscales y funcionarios deberán esperar a salir del pequeño espacio en el que desarrollan su labor a día de hoy.

La situación del Ministerio Público dista poco del resto de órganos judiciales, donde padecen la falta de espacio y la antigüedad del edificio de forma endémica. El tropezón administrativo puede que obligue a los juzgados de toda una jurisdicción a tener que abandonar el edificio de Benalúa a fin de poder poner en marcha la nueva oficina judicial que pretende la Conselleria de Justicia. «Si se tienen que salir fuera», explicó la consellera Gabriela Bravo, «deberán hacerlo de forma ordenada, cohesionada».