Las Provincias

Los vecinos reclaman ordenanzas que regulen las fiestas de la ciudad

Cientos de personas asisten a una mascletá en Hogueras.
Cientos de personas asisten a una mascletá en Hogueras. / J. P. R.
  • Piden que se contemplen cuestiones como los horarios, la ocupación de la vía pública, la seguridad de las instalaciones o la organización de los actos

Los vecinos de 12 barrios de la ciudad han remitido un escrito conjunto al alcalde y concejal de Fiestas, Gabriel Echávarri, en el que le piden que elabore una ordenanza que regule cada una de las fiestas de la ciudad.

Consideran que dichas ordenanzas deberían contemplar todos los detalles que afectan a las «necesidades de buen orden y mantenimiento de la ciudad en los eventos que se celebren en cada zona o barrio».

Así, entienden que la normativa local debería regular, en cada caso, los horarios, la ocupación de espacios públicos, los cambios en el transporte colectivo o la organización de desfiles o actos religiosos vinculados.

También piden que se regule el uso de elementos de juegos infantiles móviles, para evitar en lo posible casos como el accidente ocurrido en el mercadillo de Teulada hace unos años, cuando unos hinchables salieron volando por los aires y hubo 20 heridos en el evento de una hoguera.

Por motivos similares, estiman que se debería remitir, en los casos que sea necesario, a la normativa que regula el uso de explosivos, tanto su venta como su uso, con la mente puesta en la muerte de un menor en 2013 por un petardo.

La ordenanza también debería recoger, en opinión de los vecinos, normas para el cerramiento de los espacios móviles y de hostelería, los volúmenes de música permitidos, los equipos y el personal de seguridad requeridos, actividades peligrosas como la suelta de vaquillas o los seguros requeridos.

Los vecinos piden que se elabore una ordenanza específica para cada fiesta: Hogueras, patronales y de barrios, Moros y Cristianos, Carnavales, Cabalgata de Reyes Magos y comunidades y urbanizaciones.

Entienden que la normativa debe ser redactada «con el protagonismo fundamental y el consenso de las partes y las organizaciones más afectadas en cada caso», con la participación y la colaboración de la sociedad alicantina a través de las asociaciones de vecinos y las juntas de distrito. Consideran que deberían intervenir en la redacción las concejalías directamente afectadas, así como asesores jurídicos y expertos.