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El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ayer. / Alex Domínguez

Echávarri evita responder si está dispuesto a comprar suelo a Ortiz para Ikea en Rabasa

  • El alcalde reconoce que no sabe de quién son los terrenos y tampoco si la Generalitat debería subastarlos en caso de que los adquiera

El proyecto de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante para favorecer la instalación de Ikea en Rabasa hace agua. Una semana después del anuncio del Consell de que está dispuesto a comprar los terrenos que sean necesarios a los propietarios, para luego vendérselos a la multinacional sueca, con el respaldo inequívoco de Alcaldía, el primer edil, Gabriel Echávarri, arrojaba ayer más sombras que luces sobre este plan y reconocía abiertamente que son muchos los flecos por resolver.

Así, en primer lugar, la Generalitat daba por hecho que sería a los bancos, sobre todo a la Sareb, a los que habría que comprar los terrenos. Sin embargo, salvo que se cambie la ubicación original, esto no será así. Como informaba el viernes este diario, la parcela codiciada por Ikea desde el principio tiene varios propietarios, entre ellos el empresario Enrique Ortiz. Hipotecados o no, siguen siendo propiedad de Urbanika.

Ayer, Echávarri reconocía que no sabe si la operación que planea con la Generalitat implica suelo de Ortiz o no y evitó en varias ocasiones dejar claro si, en caso de que así sea, estarían dispuestos a comprarle los terrenos al empresario. «Yo no sé de quién es el suelo de la actuación porque no la he visto, no sé qué áreas ocupa, ni si tiene suelo Ortiz o no», señaló. Sobre si lo compraría si es del empresario, eludió dar una respuesta clara y señaló que «es una idea sobre la mesa, ni estamos dispuestos ni no» y que lo que están es «dispuestos a favorecer la llegada de Ikea a Alicante».

Desconoce también, según admitió, si en caso de que los terrenos se compren después la Generalitat estaría obligada a subastarlos públicamente y no podría vendérselos públicamente a Ikea. Desde Urbanismo están convencidos de que es así y ponen como ejemplo las pegas legales que se encontró el Ayuntamiento cuando quiso ofrecer suelo al Obispado en la playa de San Juan a cambio del asilo de Benalúa.

Así las cosas, y ante las críticas recibidas por algunos sectores, como el de los comerciantes, el alcalde rebajaba ayer las expectativas del proyecto de compra de terrenos al asegurar que es solo «una idea para favorecer, para allanar, pero si supone mucha dificultad, adiós». Insiste en que su intención es librar Rabasa de sospechas de corrupción aunque tampoco explicó en qué medida se rebajan por el hecho de que quien compre el terreno a Ortiz sea la Generalitat en vez de Ikea de forma directa.

Prefirió, en cambio, cargar contra quienes, como los comerciantes y su socio, vicealcalde y concejal de Urbanismo, dudan del proyecto. «Hay gente que da vueltas, que si no somos agencias inmobiliarias, pero hay una figura que se llama PAI de iniciativa pública, que no la hemos inventado nosotros, que existe y se ha hecho en muchísimos municipios, se está haciendo en Elche. Lo que es bueno para un municipio por qué no es bueno para otro», señaló, y añadió: «Hay gente a la que se le está cayendo la careta, que no quieren que Ikea venga a la ciudad y que están poniendo cualquier excusa».

Por otro lado, el alcalde niega que Ikea haya presentado un proyecto en el Ayuntamiento y desde la multinacional tampoco lo confirman. No obstante, Echávarri dice que sí que tiene constancia de las «intenciones» de los suecos. El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, tampoco tiene constancia de que exista un proyecto concreto de Ikea, aunque señaló que si se presentase «llegaría a Alcaldía».

Pavón y el PP dudan del plan

Sobre los planes de Ayuntamiento y Generalitat, prefirió hablar como portavoz de Guanyar para decir que «no sabemos en qué términos se va plantear, qué figura se pretende utilizar» y agregó que tiene «serias dudas» sobre la propuesta para la compra de terrenos por parte de la administración en Rabasa para ofrecerlas a Ikea.

Está en contra de utilizar dinero público para «comprar unos terrenos que a día de hoy, siguen siendo en su mayoría de Enrique Ortiz y sus empresas» y cree que, aunque no fuesen del empresario «la administración debe informar, pero no intervenir en una iniciativa privada». Advirtió de que la compra de terrenos para la tienda del mueble podría ser «como en Ciudad de la Luz u otros proyectos ruinosos de otros equipos de Gobierno» y consideró que no es «ese el camino».

La falta de claridad sobre la tramitación del proyecto y de entendimiento entre los socios del tripartito abona el terreno para las críticas de la oposición. El portavoz del PP, Luis Barcala, desconfía de los posibles pactos en la sombra. «El alcalde está dando muchos datos que nos están indicando es que tiene mucha información», apuntó, consideró que está habiendo «contactos» y lamentó que no se trasladen a la Comisión sobre Ikea.

Barcala asegura tener «muchísimas dudas» sobre los proyectos de Generalitat y Ayuntamiento y dice que no ve «muy claro» que Enrique Ortiz venda sus terrenos a los bancos y la Generalitat se los recompre, «solo económicamente genera cuatro plusvalías. No sé por qué se tienen que engordar tanto el precio de unos terrenos», expuso.