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El concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón.
El concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón. / Álex Domínguez

Pavón pidió a Asesoría Jurídica que valorase el informe que le acusan de querer ocultar

  • El concejal solicitó opinión externa porque la propuesta que abogaba por conceder la licencia al bazar de Torre Don Juan entraba en contradicción con el criterio técnico

El concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, no guardó en un cajón el informe que el promotor de un local anexo a Torre Don Juan le acusa de querer ocultar. Lo incorporó al expediente y pidió a Asesoría Jurídica que resolviese la, a su juicio, contradicción con otros informes técnicos del expediente. Informes que hablaban de que la obra no se ajustaba a la licencia que le fue concedida y en los que basó su denegación de la primera ocupación a este local.

Dicho promotor ha presentado una querella contra el edil por un presunto delito de prevaricación, que ha sido admitida, y que se basa en que Pavón, presuntamente, ignoró y «ocultó conscientemente» un informe de la jefa del departamento jurídico de licencias que era favorable a la admisión de un recurso de reposición contra la denegación de la licencia de primera ocupación para el local en el que se ha instalado un bazar. Es decir, que era favorable a la concesión de dicho permiso. Alegan que lo hizo por afinidad con José Luis Romero, histórico de EU y abogado de los vecinos que estaban en contra de la construcción del local.

En el informe del que hablan, que es una propuesta de decreto de estimación del recurso, la jefa del departamento jurídico de licencias admite que «la licencia original no contempla obras de demolición estructural y reconstrucción», que sí se hicieron. No obstante, estima conveniente que se admita el recurso fundamentalmente por un motivo, que es que el Ayuntamiento, con resoluciones anteriores de 2013, firmes según sentencia judicial, ordena la demolición de las plantas superiores de la edificación y lo considera suficiente para restaurar la legalidad urbanística, lo que, a su juicio, equivale a dar validez al cuerpo de planta baja, que es donde ahora se ha instalado el local y para el que se pide licencia.

En el expediente

El departamento jurídico es el responsable de resolver los recursos, aunque al final, su propuesta la debe firmar el concejal. En este caso, Pavón explica que no lo hizo porque, junto a esta propuesta, tenía otro informe, de la técnico de inspección y disciplina urbanística, elaborado también a raíz del recurso de reposición, en el que esta insistía en que «la licencia no contempla obras estructurales», el edificio «no es plenamente compatible con el planeamiento vigente» y que «es imposible la legalización de las obras». Pero sí que incorporó ambos al expediente. «Si hubiese querido ocultarlo no lo hubiera incorporado», destaca el edil.

Pero es que además, ante la evidente contradicción existente entre ambos informes, Pavón decidió recurrir a una instancia «objetiva», externa a Urbanismo, para que decidiese a cuál se le debía hacer caso. Lo que da más publicidad aún a la propuesta que le acusan de ocultar.

En marzo, el vicealcalde remite al jefe de la Asesoría Jurídica un escrito, al que ha tenido acceso este diario, en el que explica que, en relación a este expediente, «se han producido importantes y, de momento, insalvables divergencias entre el contenido de los informes técnicos y los jurídicos que han impedido a esta Concejalía adoptar una resolución definitiva».

Explica después someramente la situación, la denegación de la licencia de primera ocupación y la presentación del recurso de reposición por parte del promotor. Añade que «actualmente coexisten varios informes técnicos contrarios a reconocer la primera ocupación, por entender que la licencia no autorizaba la demolición del local y que, al estar fuera de ordenación, su reconstrucción era inviable» y «una propuesta de la jefa del departamento jurídico de licencias tendente a admitir las bases del recurso fundándose en determinadas actuaciones municipales que, de algún modo, reconocían el local reedificado».

Dado el «calado de las discrepancias», Pavón pide a Asesoría que emita un informe sobre «la resolución a adoptar».

Si Asesoría Jurídica no se ha pronunciado aún sobre el particular es porque, en el proceso, el promotor, al cumplirse el plazo de resolución del recurso y darse por desestimado, presenta un contencioso administrativo. Ante esta situación, Asesoría Jurídica manda un escrito a Pavón en el que explica que en esa fase no debe pronunciarse y que hay que esperar a la resolución del contencioso.

Un contencioso que, finalmente, da paso a la querella contra el vicealcalde, porque es en el marco de este procedimiento que el promotor descubre la existencia de la propuesta favorable a la licencia, precisamente porque estaba incorporada al expediente.