Las Provincias

La Junta de Gobierno aprueba el reglamento del Consejo de Turismo

El portavoz adjunto y edil de Hacienda, Rafael Almagro. :: j. a.
El portavoz adjunto y edil de Hacienda, Rafael Almagro. :: j. a.

El concejal de Hacienda Rafael Almagro dio cuenta ayer de los acuerdos adoptados en la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local y entre los que se dio el visto bueno a tres relaciones de facturas tanto de proveedores como de suministro eléctrico con un montante total de 346.667 euros.

Una de las decisiones que también adoptó el órgano municipal fue la aprobación del reglamento del Consejo Sectorial de Turismo como uno de los que se contemplan en el de Participación Ciudadana y el portavoz adjunto del grupo de gobierno indicó que este deberá pasar por Pleno para su aprobación definitiva.

En la misma sesión y como suele ser habitual desde hace unos meses la JGL dio el visto bueno a la concesión de diferentes licencias para la construcción tanto de viviendas familiares como promociones inmobiliarias, casi todas centradas en el litoral del municipio, entre las que destacan 16 en el PAU 21, cinco en Lomas de Cabo Roig y dos bloques de pisos también en la costa.

En el apartado de patrimonio Almagro dijo que se dio cuenta de la desestimación de un recurso además de la desestimación y archivo de una de las reclamaciones sobre la expropiación de una parcela correspondiente a las obras del paseo de Cala Mosca a Cala Capitán.

Otro de los acuerdos fue dar el visto bueno al contrato para que el Consistorio cuente con unas nuevas dependencias destinadas a acoger los archivos municipales con un coste de 23.232 euros anuales en los antiguos cines Casablanca y el edil precisó que supondrá un ahorro estimado de 18.000 euros en alquileres de otros bajos. Asimismo se dio inicio a la firma de otro para el centro cívico de La Aparecida por un montante de 10.266 euros «porque no estaba regularizado», dijo el edil.

Almagro también dio cuenta de que la Junta de Gobierno desestimó la reclamación por parte de la UTE que gestionó el servicio de basura antes de su municipalización en la anterior legislatura por arrastrar facturas impagadas, cuestión que indicó se debe a que está en vía penal «una liquidación que nunca se hizo por lo que la empresa reclamó pero queda en suspenso hasta que se resuelva en sede judicial».