Las Provincias

El Consell sentencia la ATE y deja en manos del Ayuntamiento la instalación de Ikea

Última reunión del tripartito con Ikea, en la que los representantes de la multinacional abandonaron la sala.
Última reunión del tripartito con Ikea, en la que los representantes de la multinacional abandonaron la sala. / Álex Domínguez
  • Acepta el desistimiento del macroproyecto de Ortiz y se incauta de la garantía depositada por Alicante Avanza, pero los promotores advierten de que plantarán batalla

Adiós al macroproyecto de Enrique Ortiz en Rabasa. La Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha resuelto aceptar el desistimiento presentado por Alicante Avanza respecto de su proyecto de Actuación Territorial Estratégica (ATE), que incluía la instalación de una tienda de Ikea y un macrocentro comercial.

Una decisión que entierra definitivamente el polémico proyecto surgido tras el fracaso del Plan Rabasa y que deja en el aire la llegada de Ikea a la ciudad, a la vez que abre las puertas a renegociarla. Desde el Ayuntamiento lo estaban esperando y reclamando como punto de partida para recuperar el control del proyecto de Ikea, retomar las conversaciones con la multinacional sueca y negociar con ellos ubicaciones y proyectos alternativos, para evitar que se vaya.

Ahora la pelota vuelve al tejado municipal y el equipo de gobierno es consciente de que se lo juega todo en este partido, que no será fácil. Dejar perder la inversión que supondría Ikea sería el golpe definitivo. Conseguir que venga les daría un espaldarazo fundamental. Entre la prudencia y la euforia se movían ayer los dos principales actores municipales, el alcalde, Gabriel Echávarri, y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón. Mientras, desde la oposición les urgen a mover ficha rápido.

Sin embargo, Alicante Avanza no da por cerrado completamente el proyecto. Y es que, además de aceptar su desistimiento, el Consell ha iniciado los trámites para incautar a los promotores la garantía depositada cuando presentaron la ATE, que, según la Conselleria, asciende a cerca de un millón de euros. Una incautación con la que los promotores no están de acuerdo y contra la que anuncian que van a «pelear por las vías legales que procedan». Fuentes de la promotora explicaron ayer que «la incautación de la garantía procede cuando un promotor ha incumplido sus obligaciones, pero no es el caso». Así, explican que, como ya defendieron en su escrito de desistimiento, «no ha sido por nuestra voluntad que se va a suspender la ATE, sino por motivos objetivos no imputables a los promotores». Aluden a «informes de las administraciones y manifestaciones y decisiones que demostraban su cambio de criterio sobre la viabilidad y la idoneidad de la misma». Añaden que su voluntad «nunca ha sido la de pedir responsabilidades», es decir, indemnizaciones, por este motivo, pero ahora tampoco lo descartan, dadas las circunstancias.

La Conselleria basa la suspensión en un informe de Abogacía de la Generalitat que argumenta que está obligada a aceptar el desistimiento formulado por la empresa en la actuación porque, por un lado, no existen terceros interesados en la continuación del procedimiento y, por otro, no queda justificada la concurrencia de causas de «interés general» que justifiquen la continuación del mismo y en contra del criterio sentado por el promotor.

Respecto a la la incautación de la garantía, según el criterio de la Abogacía, esta decisión la debe tomar obligatoriamente la Conselleria al aplicar la normativa de contratación pública. Esta garantía fue aportada en su momento para avalar el mantenimiento de la propuesta hasta la resolución final administrativa que debía poner fin al procedimiento iniciado con la declaración de ATE acordada por el Consell el 20 de junio de 2014, pero la empresa ha decidido desistir voluntariamente antes del proyecto.

La batalla, en definitiva, está servida, y promete ser dura. Hay que recordar que Visomed, precursora de Alicante Avanza, presentó reclamaciones de responsabilidad patrimonial, contra el Ayuntamiento y el Consell, por valor de 20,5 millones de euros, por la nulidad del Plan Rabasa.

De hecho, si la Generalitat ha tardado tanto en resolver la solicitud de desistimiento era por los temores a que hacerlo pudiese dar pie a los promotores a reclamar indemnizaciones.