Las Provincias

El TSJCV da la razón al PP y obliga a Justicia a facilitar un informe

  • Los magistrados entienden que se ha producido la pérdida sobrevenida del objeto de recurso, al haberse entregado la documentación solicitada

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha estimado un recurso de una diputada del PP y obligará a la Conselleria de Justicia a entregar un informe de auditoría interna solicitado a través de la presidencia de Les Corts en octubre de 2015.

Según consta en la sentencia, facilitada por el PP, la diputada María José Ferrer solicitó a la Conselleria de Justicia los "informes recibidos de la anterior administración autonómica" y "copia del informe de auditoría interna que, tal y como anunció la consellera, encargó al asumir las competencias".

Los informes recibidos de la anterior administración fueron entregados tras la interposición de un recurso ante el TSJCV, mientras que, respecto de la copia del informe de auditoría interna, la Conselleria de Justicia indicó que "no existe como tal" y que no fue decisión de la consellera, sino iniciativa del Consell en el ámbito de toda la Generalitat.

Así, respecto de la primera petición, los magistrados entienden que se ha producido la pérdida sobrevenida del objeto de recurso, al haberse entregado la documentación solicitada.

Respecto a la solicitud de la copia del informe de auditoría interna, el TSJCV entiende que "no negada la existencia de la misma" por parte de la Conselleria, "carece de trascendencia el hecho de que la realización de la auditoría fuese iniciativa de la consellera o del Consell".

En aplicación de jurisprudencia previa, el TSJCV entiende que "dado que el fundamento de la información solicitada es el control parlamentario del Gobierno", declara la existencia de vulneración de un derecho constitucional por la negativa a facilitar los datos solicitados.

En consecuencia, se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por María José Ferrer, obliga a la Conselleria de Justicia a facilitar la documentación requerida y le impone las costas procesales.