Las Provincias

Investigan a un matrimonio de Monforte por explotación laboral

  • La Guardia Civil descubrió durante una inspección en los viñedos de la pareja a dos hombre de origen árabe que trabajaban sin contrato en condiciones «lamentables»

La Guardia Civil investiga a un matrimonio por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores en una finca de Monforte del Cid, donde tenían a dos hombres de origen árabe «explotados laboralmente» y en condiciones de trabajo «lamentables», según informó ayer la Benemérita en un comunicado.

El Equipo Roca de la Guardia Civil, como encargado de la vigilancia de las explotaciones agrícolas y ganaderas, mantiene entrevistas y contactos habituales y continuos tanco con los propietarios de dichas explotaciones como con los trabajadores.

De esta forma, descubrieron la existencia de un viñedo ubicado en el término municipal de Monforte del Cid, cuyos propietarios podrían estar explotando laboralmente a sus trabajadores.

Así, después de diversas jornadas de vigilancia en la citada finca, constataron cómo una furgoneta conducida por un hombre, trasladó a otros dos hombres de origen árabe, quienes bajaron del vehículo y realizaron labores de mantenimiento de los viñedos, para posteriormente marcharse del lugar en la misma furgoneta.

Deudas,insultos y coacciones

Los agentes procedieron a la identificación de estos dos trabajadores y comprobaron con la oficina de la Seguridad Social que ambos se encontraban sin contrato y no estaban dados de alta laboral. Además de este hecho, los trabajadores informaron a los agentes de las jornadas de 12 horas de trabajo a pleno sol y, en ocasiones, sin comida, de que solamente tenían acceso a una garrafa de cinco litros de agua para ambos, del maltrato verbal por parte de sus jefes, de las amenazas que recibían y de las coacciones a las que eran sometidos, así como de un impago de más de 5.000 euros, que arrastraban desde el año 2015.

Por todo ello, identificaron a los propietarios de la explotación agrícola, un matrimonio formado por un español de 56 años y una mujer hondureña de 44 años, quienes ya han pasado a disposición judicial en calidad de investigados por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.