Las Provincias

Llorens niega que adjudicara obras del Plan E a las firmas de su hermano

Llorens a su llegada ayer al Palacio de Justicia acompañado por su abogado (derecha).
Llorens a su llegada ayer al Palacio de Justicia acompañado por su abogado (derecha). / Alex Domínguez
  • El exvicealcalde de Alicante explica a la juez que el soterramiento de los contenedores se licitó a mercantiles que luego subcontrataron la compra de material y su instalación

La 'conexión Llorens' del Plan E nunca existió o, si la hubo, no fue intencionada. Así lo aseguró ayer el exconcejal de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante Andrés Llorens a la juez que instruye el caso por las presuntas irregularidades del contrato para soterrar medio centenar de contenedores en el casco antiguo de la ciudad, entre otras tantas obras que surgieron al calor de la financiación estatal con un presupuesto de cinco millones de euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital le tomó ayer declaración como investigado (antes imputado) por un presunto delito de malversación de fondos y otro de prevaricación.

Las pesquisas arrancaron en 2011 tras la denuncia de un posible amaño del proyecto millonario adjudicado a Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios SL (CCMS) y Becsa SL, cuyos responsables también figuran como investigados, con uno de los jefes de Atención Urbana, José Lidón.

El asunto de los contenedores recayó en la citada mercantil, aunque finalmente su compra e instalación acabaron por una suerte de subcontrataciones en manos de una de las empresas que tenían en nómina a su hermano José Felipe, Sedni, de la que este era delegado en la Comunitat Valenciana. Además, la investigación refleja un pago de casi 19.500 euros de CCMS.

Sin embargo, el antiguo regidor, del Partido Popular, insistió a su salida del Palacio de Justicia que se trató de un proyecto en cuyo proceso de adjudicación «no participé» y que presentaron los «técnicos» ante la necesidad de licitarlo. Con su máxima confianza puesta en los responsables municipales, el que fuera número dos de Sonia Castedo se ratificó ante el juez en que se trató de una concesión «correcta, honesta y transparente», tal y como declaró. Llorens recordó además que Becsa «está en su derecho de subcontratar».

Admitió con matices que conocía la actividad laboral de su hermano. «Sabía donde trabajaba y punto», pero sostiene que desconocía la vinculación con el contrato millonario que el Ayuntamiento gestó en el año 2009 gracias a los fondos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para el impulso económico municipal. Además, no dudó en soltar un dardo contra la denunciante del presunto amaño, la exportavoz socialista Carmen Sánchez Brufal, a quien recordó que «su sobrino también trabajaba en la firma Sedni», en el centro de la investigación judicial.

Además del soterramiento de medio centenar de contenedores, el juzgado indaga sobre los contratos para la renovación de la Explanada o de la Plaza de la Montañeta, entre otras obras públicas, motivo por el cual Lidón fue uno de los primeros y principales imputados.

El asunto se reactivó la primavera pasada, cuando la instructora citó como testigo al hermano del ex concejal, declaración que dio lugar a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se llamara al responsable público a desfilar por el Palacio de Justicia.

Llorens tiene todavía pendiente declarar también como investigado en el 'caso Isjoma', un asunto que instruye otro juzgado de la capital por el presunto amaño para sacar tajada con la contrata de la instalación de montajes para eventos, tales como las sillas de los desfiles. Su compañero en el PP Juan Zaragoza ya declaró por ello y él tiene pendiente la cita con el titular de Instrucción 8 por formar parte de la mesa de contratación.

Pese a ello, Andrés Llorens ha esquivado la primera causa que lo llevó a sentarse en el banquillo de los acusados: la reforma de la Plaza Magallanes. Otra licitación bajo sospecha pero en la que el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial no halló delito alguno.

Ante dicho tribunal, el ex regidor aseguró que su acusación no fue más que una «denuncia política», una línea de defensa que ayer mantuvo en la sala de declaraciones del juzgado instructor, como apuntaron a este diario fuentes próximas al caso.