Las Provincias

Gisbert dice que el decreto de Pavón causa perjuicios de difícil reparación

  • El Puerto presenta el recurso de reposición frente a la concesión de plazo para regularizar la actividad de carga de los graneles

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Juan Antonio Gisbert, alerta de que el decreto sobre los graneles de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, que le fue notificado el pasado 24 de agosto y que da un mes de plazo para regularizar la actividad de carga, descarga, transporte y almacenamiento de graneles pulverulentos en el Puerto de Alicante, supondría «perjuicios de imposible o difícil reparación a la instalación y a su comunidad, con repercusión en numerosos puestos de trabajo vinculados, directa o indirectamente, con las empresas que desarrollan la actividad».

La Autoridad Portuaria, cuyo consejo de administración aprobó el pasado jueves elevar dichas alegaciones en vía administrativa al concejal del ramo, Miguel Ángel Pavón, sin el voto a favor ni en contra del alcalde Echávarri y del portavoz Bellido, que se ausentaron por ser parte interesada del asunto en su doble condición de ediles y vocales del consejo portuario, y con la abstención del autor del decreto, ya ha presentado en el registro general del Ayuntamiento el recurso. Lo hizo apenas veinticuatro horas después del rifirrafe que tuvo el edil Pavón con los trabajadores de la estiba portuaria, a los que amenazó con denunciar por agresiones verbales y algún que otro zarandeo.

El decreto 'Concesión de plazo a la APA para regularizar la actividad de carga, descarga, transporte y almacenamiento de graneles pulverulentos en el Puerto de Alicante' fue aprobado por la Gerencia de Urbanismo el 2 de agosto, pero no le llegó al Puerto hasta el día 24. Como quiera que se da un mes para la presentación de la licencia ambiental de la actividad al Puerto bajo advertencia de la suspensión de la misma, el Puerto cumplió el trámite el último día para que, mediante ese recurso de reposición, el departamento de Pavón «suspenda» su aplicación, es decir, no lo aplique mientras no haya una resolución definitiva en vía administrativa.

Gisbert explica a Pavón que el 26 de enero del pasado año el Puerto instó una solicitud de autorización administrativa de emisiones a la atmósfera para una instalación de carga, descarga, transporte y almacenamiento a la intemperie de mercancías a granel en los muelles 11, 13 y 17 del Puerto, al amparo de la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. «Por tanto, dado que la actividad para la cual se solicitó dicha autorización constituye una de las principales fuentes de ingresos para el Puerto, llevar a cabo la ejecución de dicha autorización, sin resolver la impugnación, acarrearía esos cuantiosos perjuicios». Además, Gisbert le recuerda a Pavón que la Gerencia de Urbanismo ya resolvió en el año 2010 archivar el expediente de solicitud de licencia ambiental instado por las empresas operadoras por recomendación de la dirección de Cambio Climático al considerar que el Puerto ya había aplicado las medidas correctoras oportunas y «las estimaban adecuadas y favorables».