Las Provincias

Quince familias de Bacarot reclaman con una pitada en Urbanismo el acceso a su casa

Vecinos de Bacarot, ayer, delante de la Concejalía de Urbanismo protestando por los accesos. :: b. s.
Vecinos de Bacarot, ayer, delante de la Concejalía de Urbanismo protestando por los accesos. :: b. s.

Un grupo de quince familias propietarias de casas diseminadas en la partida rural de Bacarot retomaron ayer una protesta, con pitos y sirenas, frente a la Concejalía de Urbanismo para reclamar a su titular, Miguel Ángel Pavón, que solucione de manera definitiva los problemas que sufren en los accesos. La concejalía, por su parte, asegura que la mayoría de las viviendas están fuera de ordenación al ubicarse en suelo no urbanizable protegido de hito o rambla o suelo no urbanizable común sin contar con parcela mínima de 20.000 metros cuadrados.

Una vecina de la zona logró, por sentencia judicial de la Audiencia Provincial, que los vecinos no atravesaran un camino que es centenario y que, en su mitad, más o menos, está afectado por esa servidumbre de paso de la litigante. El fallo establece, según el expresidente de la Asociación de Vecinos El Colmenar y uno de los afectados por el corte del camino, Alfonso Díaz García, que «esa servidumbre de paso costaría unos 240.000 metros cuadrados a repartir entre todos los vecinos por la afectación de los 600 metros de longitud».

Los vecinos, que tienen permiso de la Subdelegación para reunirse los lunes y jueves y que ayer retomaron la acción tras el compromiso que, según dijeron, recibieron en la última campaña electoral por parte del alcalde Echávarri, aseguran que llevan cinco año accediendo a sus casas «campo a través». Los vecinos mantienen que este camino era de uso público desde hace al menos un siglo.

La Concejalía que dirige Miguel Ángel Pavón reaccionó a la protesta frente a la fachada de la antigua Cámara de Comercio. Se trata del camino de la Botiguera, situado entre Vía Parque Alicante-Elche y Sierra Colmenares. «Estamos buscando una solución y pedimos paciencia a los vecinos tras las diferentes reuniones mantenidas con ellos», asegura en una nota. Sin embargo, recalca que la «mayoría» de casas «esa fuera de ordenación con arreglo a lo dispuesto en el vigente PGOU, bien por ser no urbanizable protegido o común». Pese a no tener licencia de construcción ni certificado de habitabilidad, los vecinos pagan unos 400 euros de IBI.