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Andrés Llorens, en las inmediaciones de la Audiencia Provincial de Alicante.
Andrés Llorens, en las inmediaciones de la Audiencia Provincial de Alicante. / J. P. R.

Llorens niega que adjudicara el Plan E a su hermano

  • El exvicealcalde de Alicante ha asegurado que sabía dónde trabajaba José Felipe, pero que desconocía que el principal contratista fuese a subcontratar a la firma donde éste estaba empleado

El exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens ha declarado esta mañana como investigado por las presuntas irregularidades en la licitación del Plan E. El exedil popular de Atención Urbana en el consistorio alicantino ha desvinculado ante la instructoea del caso la adjudicación a su hermano del contrato para el soterramiento de medio centenar de contenedores. Llorens ha asegurado que sabía dónde trabajaba su hermano, José Felipe, pero que desconocía que el principal contratista fuese a subcontratar a la firma donde estaba empleado éste. Además, mantiene su confianza en los técnicos responsables del proyecto.

El juzgado trata de determinar si entre la maraña de subcontrataciones llevadas a cabo por la firma Becsa se gestó una trama para el reparto de comisiones a costa del dinero destinado a las obras públicas con contratos a medida. En total, hasta cinco millones se podrían haber repartido los investigados pasando las obras a la mercantil CCMS para el soterramiento de 40 contenedores. Esta segunda, a su vez, gestionó la compra de material a Sedni, donde trabaja el hermano del exedil.

Precisamente, entre las últimas diligencias practicadas en este asunto fue la declaración de José Felipe, quien obtendría ingresos de dos de las firmas investigadas por los supuestos amaños, tal y como recoge el sumario de la causa. El allegado declaró en abril de este año que Andrés Llorens conocía de sus actividades como comercial en Sufi, subcontratada para la instalación de 40 contenedores soterrados, y en CCMS, principal mercantil investigada y por la que facturó 19.000 euros como autónomo, según detallaron fuentes próximas al caso.

Esta investigación por delitos de malversación de caudales públicos se une a otra por las supuestas irregularidades en la adjudicación de montajes para eventos a la firma Isjoma.