Las Provincias

Piden 35 años de prisión por una estafa de 100.000 euros a dos empresarios

  • El clan de 'Don Giovanni' se sienta en el banquillo por vaciar el bolsillo de las víctimas, para quienes fletó vuelos a fin de mantener el engaño

Un falso ritmo de vida a todo tren, parentescos igualmente inexistentes con gobernantes italianos y mucho dinero, completamente ficticio, para financiar a empresarios caídos en desgracia a consecuencia de la crisis económica. Dos cayeron en la provincia de Alicante, aunque sus víctimas se cuentan por todo el país. Así es como relata la Fiscalía que el clan de 'Don Giovanni', como se conocía a Giovanni Carlo Gronchi, creó un entramado que saqueó el bolsillo de estos dos afectados, llevándose 113.220 euros, aunque así lograron ganarse la confianza de otros muchos. En las próximas semanas, el hijo del principal sospechoso, este último ya fallecido, y otros cuatro compinches deberán sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial.

El Ministerio Público les reclama penas que en total suman 35 años entre rejas por delitos de estafa y asociación ilícita, pues cada uno podría cumplir hasta 7 años de prisión. Para perpetrar sus golpes debían poner en acción todo un compendio de artimañas con las que dar apariencia de credibilidad y buenas finanzas. No escatimaron con el boato, pues incluso fletaron vuelos a la Isla Tórtola, en las Islas Vírgenes, con las víctimas a fin de que recuperaran su inversión. Sin embargo, una vez allí fue cuando les advirtieron que estaban siendo víctimas de una estafa.

En realidad, los empresarios que creían que iban a dar un empujón para reflotar sus mercantiles solo estaban llenando el bolsillo de los acusados, tal y como sostiene el representante del fiscal. Todo un engaño que, en la provincia de Alicante, se remonta a finales del año 2008.

Los encausados operaban a través de la firma Qualitas Experience. Su director general se encuentra procesado en el sumario acusado de ser quien contactó con un empresario al que ofrecieron rápida financiación a cambio de una provisión de fondos de 3.000 euros. Un dinero que, para empezar, tan solo servía como pago para iniciar la tramitación del préstamo. Sin embargo, y pese a haber firmado un contrato, el dinero no fluyó hacia las cuentas del denunciante.

Por ello tuvo que entrar en escena Don Giovanni (fallecido en Barcelona en 2015). Se presentó, en abril de 2009, como el hijo del anterior presidente de la República de Italia, así como el presidente del National Commerce Bank of Nauru (NCB). Con a su intervención, Gronchi logró calmar al perjudicado, asegurándole 20 millones de euros a través de su entidad. Para ello, el estafado debía aportar más capital, 10.000 euros que entregó en una reunión celebrada en Valencia.

En las semanas siguientes perpetraron el engaño, aunque les costó mantener la confianza de la víctima ante los continuos incumplimientos pese a que él abonaba las cuotas que le requerían. Las promesas fueron a más pero para ello la víctima debía abonar más dinero. Por su parte, la trama se excusaba en que las firmas de países como Abu Dabi, Suiza o Bulgaria tardaban en transferir los fondos. A estos dos últimos países viajó el perjudicado con ánimo de cobrar, sin éxito.

Hasta en dos ocasiones voló a Bulgaria, una para abrir una cuenta por indicación de los presuntos estafadores, siempre según la versión de la Fiscalía, y otra para retirar los importes comprometidos. De nuevo, su bolsillo permaneció vacío.

El mismo 'modus operandi' habría empleado la banda para ganarse a un arquitecto en busca de financiación para construir un parque eólico. La trama desplegó sus tejemanejes para perpetrar una estafa que le dejó sin casi 47.000 euros. Para ello, organizaron multitud de reuniones en diversos puntos geográficos a fin de liar una maraña de la que solo sacaban tajada ellos a costa de los engañados, como apunta la investigación del caso.

El Ministerio Fiscal reclama que se le devuelva al hombre dicha cantidad, así como los 66.300 euros sustraídos a la otra víctima. Además de los montantes, el fiscal responsable del caso solicita que se les indemnice por los perjuicios que hayan podido sufrir a consecuencia de la falta de liquidez sufrida.