Las Provincias

El Consell pide una solución para los 138 millones del impuesto de patrimonio

  • La situación se produce porque los Presupuestos Generales de 2016 incluyen una disposición mediante la que se prorrogó hasta el 1 de enero de 2017 la suspensión de la bonificación del 100% sobre este tributo

El Consell, reunido en sesión plenaria y a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, acordó ayer solicitar formalmente al Gobierno una solución que evite que la Comunitat Valenciana deje de ingresar cerca de 138 millones de euros al año por el Impuesto de Patrimonio como consecuencia de la decisión del Ejecutivo central de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado. Según indica la Generalitat, la situación se produce porque los Presupuestos Generales de 2016 incluyen una disposición mediante la que se prorrogó hasta el 1 de enero de 2017 la suspensión de la bonificación del 100% sobre este tributo. Esta suspensión se acordó por primera vez con efectos desde el 1 de enero de 2008 y se renovó cada año a través de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Así, el Consell reclama al Gobierno la «inmediata modificación» del real decreto ley 13/2011, de 16 de septiembre, con la finalidad de prorrogar desde el 1 de enero de 2017 la exigencia del gravamen de este impuesto.

«La inacción estatal en este tema supondrá que la administración tributaria de la Generalitat se verá privada desde el 1 de enero de 2017 de los ingresos derivados del Impuesto de Patrimonio, cuyas competencias de gestión, recaudación e inspección tiene cedidas», destaca el conseller Vicent Soler.

En la Comunitat Valenciana, la regulación del Impuesto de Patrimonio estableció la exención de la empresa familiar, la vivienda habitual -hasta un máximo de 300.000 euros- y además otros 600.000 euros en bienes -el mínimo exento. Así, durante el primer año del Consell se rebajó la cuantía mínima exenta del Impuesto de Patrimonio de 700.000 a 600.000 euros, lo que amplió el número de contribuyentes obligados a declarar en 1.832. Por el contrario, para personas con movilidad funcional el mínimo exento se elevó a un millón de euros. Además, el Consell también creó una tarifa propia autonómica que incrementaba el tipo de gravamen en un porcentaje próximo al 25%. De este modo, «se aumentó de forma notable el carácter progresivo de la tarifa de tramos».