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Violento encontronazo entre Pavón y los trabajadores del Puerto por los graneles

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Miguel Ángel Pavón, en el centro, increpado por trabajadores del Puerto mientras abandona el espacio de la concentración. / Alex Domínguez

  • El concejal amenaza con denunciarles por «agresiones» después de que varios trabajadores le rodearan e increparan al salir del Consejo

El conflicto por la ausencia de licencia ambiental de la actividad de carga y descarga de graneles en el puerto de Alicante subió ayer varias escalas. La celebración del Consejo de Administración del Puerto terminó con un desagradable enfrentamiento entre los trabajadores de los graneles, que habían acudido a protestar, y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que tuvo que salir escoltado. «Me han agredido y estoy planteándome seriamente denunciarlo a la Policía», señalaba después el edil y vicealcalde.

Unos 60 trabajadores acudieron a las puertas de la Autoridad Portuaria, donde se celebraba el Consejo de Administración que debía abordar la presentación de un recurso de reposición contra el decreto emitido por Urbanismo en el que se exige al Puerto la tramitación de una licencia ambiental para la actividad de carga y descarga de graneles.

Asistieron parapetados tras pancartas en las que podía leerse «El puerto ni mata, ni contamina. No juegues con su desarrollo» y «Si los datos e informes no te convencen, míranos, tan frescos como peces», con carteles que mostraban las mediciones de contaminación negativas y camisetas con sus reconocimientos médicos de empresa.

Al terminar el Consejo, el alcalde, Gabriel Echávarri, el portavoz municipal, Natxo Bellido, y el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Pavón, quisieron acercarse a dialogar con ellos y explicar la postura municipal, pero este último fue recibido con insultos y amenazas.

Varios trabajadores le rodearon y, según contó después el edil, «me agredieron, me empujaron y uno de ellos metió el pie para ponerme la zancadilla cuando ya me iba».

Le acusaron de haber ido «a provocar» y la tensión fue en aumento hasta el punto de que algunos compañeros tuvieron que sujetar a otros para evitar que se lanzasen a por él.

Así, el escolta personal del alcalde y los asesores de Pavón acabaron llevándoselo, acompañados por la Policía, para evitar males mayores.

«Si tenían alguna razón, la han perdido. Esta actitud fascista es injustificable, pero no van a conseguir doblegarnos en nuestra misión de regular ambientalmente la actividad de carga y descarga de graneles, que es lo que queremos, no cerrarla, como ellos argumentan. Han cometido un delito contra una autoridad pública», advertía después Pavón.

José Castells, representante de los concentrados, argumentaba que Pavón quiere «cerrar la actividad granelera con mentiras sobre envenenamientos o casos de asma que no existen». Cree que los intereses de Pavón son «los votos» de los vecinos.

Pese a la actitud de los trabajadores, Echávarri y Bellido optaron por quedarse hablando con ellos, en vez de acompañar a Pavón. De hecho, los trabajadores acabaron aclamando al primer edil por ser, dicen, el que les «defiende». Echávarri les dijo que para el Ayuntamiento la actividad es «importantísima» y les pidió «tranquilidad». Sí que les dijo, eso sí, que «quien pierde las formas, pierde la razón», en alusión a su comportamiento con Pavón. Bellido les trasladó la voluntad de la Generalitat de «alcanzar un acuerdo que conjugue los intereses de los vecinos y los de las empresas».

No obstante, tras abandonar el puerto el alcalde llamó por teléfono a Pavón y fue incluso a verle a su despacho para trasladarle su apoyo. «Yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba pasando», le justificaba después el edil de Urbanismo.

En cualquier caso, el enfrentamiento desvió el foco de atención de lo más relevante de la jornada, que era el debate sobre la presentación del recurso de reposición del Puerto contra el decreto de solicitud de licencia ambiental de Urbanismo.

El Consejo aprobó por unanimidad presentar este recurso, probablemente hoy mismo (el plazo vence mañana), basándose en un informe de la Abogacía del Estado que asegura que la licencia no debe pedirla la administración, sino las empresas.

Lo hizo sin los votos del alcalde, el portavoz municipal y el vicealcalde. Los tres decidieron ausentarse de la votación argumentando que existe un conflicto de intereses.

Echávarri explicaba que, como alcalde, «votar que sí al recurso implicaría tener que cesar de inmediato al concejal de Urbanismo que emitió el decreto. Votar que no, era hacerlo en contra de los intereses del Puerto, a los que nos debemos como consejeros».

Similares argumentos daba Bellido. Insistía en la necesidad de abordar el problema entre las tres administraciones implicadas para acabar con un conflicto que «viene de lejos».

Pavón defendió a capa y espada su decreto, pero prefirió inhibirse. «No he votado en contra por no dar a entender que rechazaremos el recurso que se presente. Los técnicos tendrán que valorarlo», dijo.