Las Provincias

Saqueo al juzgado de Dénia

  • El Ministerio Público pide 6 años de cárcel para un funcionario acusado de apropiarse de 203.255 euros de una cuenta judicial

  • La Fiscalía sostiene que el tramitador de Primera Instancia 1 se hizo con la clave y falsificó la firma de la secretaria para hacer 40 transferencias a otros ocho acusados

Un golpe desde dentro podría haber permitido a un funcionario de la Administración de Justicia, junto a otros ocho acusados, hacerse con un botín de cientos de miles de euros a costa de la cuenta del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Dénia. Así lo cree el Ministerio Público, que reclama para el principal procesado una pena de seis años entre rejas por un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial supuestamente perpetrado entre los años 2010 y 2011.

Para ello, la investigación revela que el reo tuvo que ordenar un total de 40 mandamientos de pago fraudulentos a favor del resto de imputados, así como a la cuenta de una mercantil, que suman 203.255 euros. Además, se da la circunstancia agravante para el principal sospechoso de que se prevalió de su carácter público, según indica la Fiscalía en su escrito provisional de acusaciones. Para el resto de testaferros que recibieron el dinero, el fiscal les reclama penas que van desde los dos hasta los cinco años de cárcel, así como multas económicas.

El plan parecía sencillo, pero para llevarlo a cabo, el acusado requería de la clave de la cuenta saqueada y de la firma de la letrada de la Administración de Justicia (anteriores secretarios) del órgano afectado. Por eso, el representante del fiscal cree que el funcionario se «aprovechó» de su condición de empleado público para moverse por el juzgado y obtener la contraseña de la cuenta de depósitos y consignaciones, donde se guardan fianzas o intervenciones de dinero falso, un secreto solo conocido por la secretaria.

Además de obtener la clave, el Ministerio Público sostiene que el procesado tuvo que rubricar los mandamientos de pagos con la firma «falsificada» de la letrada de la Administración de Justicia para «dotarlos de apariencia de autenticidad» y poder cobrarlos los receptores de las cantidades. Una mercantil de la que el acusado poseía el 33% del capital recibió cuatro transferencias por valor de 73.550 euros.

Destacan los ingresos a uno de los supuestos estafadores, a quien se hicieron 27 transferencias por valor de 108.975 euros. De esta cantidad, como del resto, tendrán que responder como responsables civiles tanto los beneficiados como el empleado público, en caso de ser condenados por los hechos imputados.

La Policía Nacional desmanteló la presunta red de estafadores en noviembre del año 2011 con la detención de su cabecilla y de varios de los implicados. El Juzgado de Instrucción número 3 de Dénia acordó el ingreso en prisión preventiva para el funcionario investigado, quien no resultó liberado hasta marzo del año siguiente previo abono de una fianza de 10.000 euros en la cuenta del juzgado.

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