Las Provincias

Exigen la retirada de la nueva orden de atención social a mujeres maltratadas

  • En la elaboración del proyecto de orden "no se ha tenido en cuenta a las organizaciones feministas de mujeres que sufren o han sufrido violencia, ni al resto de asociaciones feministas o colectivos de mujeres

La Coordinadora Feminista de Valencia ha exigido hoy al president de la Generalitat la retirada inmediata del proyecto de orden que configura la red pública de atención social integrada a víctimas de violencia machista, al estimar que la institucionaliza y que no tiene en cuenta a quienes la han sufrido.

La Coordinadora ha presentado un escrito ante la Generalitat en el que demandan la paralización del proyecto de orden de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

En la elaboración del proyecto de orden "no se ha tenido en cuenta a las organizaciones feministas de mujeres que sufren o han sufrido violencia, ni al resto de asociaciones feministas o colectivos de mujeres, ni a las mujeres que trabajan en los centros de la Red de Atención Social".

La portavoz de la CFV, Gabriela Morana, ha declarado a EFE que, además, "consolida la institucionalización en cuanto a mujeres que han sufrido violencia en vez de controlar a los agresores".

La carta añade que "pasan de ser controladas por su agresor a ser controladas por la institución, donde se las priva de su derecho a la intimidad y libertad de movimiento".

Otro motivo, según la portavoz, es que el proyecto "no modifica el actual sistema de privatización de los servicios sociales para mujeres que implantó el Gobierno del Partido Popular" y además "consolida y refuerza el sistema clientelar".

El proyecto de orden excluye además el derecho de acceso a los recursos residenciales a las mujeres menores de 18 años que sufren violencia, así como a los hijos de las mayores de edad.

Por último, los grupos de la CFV creen que se debe retirar el proyecto porque "no plantea el derecho de las mujeres a vivir donde ellas decidan y que la administración las ayude y proteja con viviendas sociales".

Los motivos que enumera la carta dirigida a Ximo Puig fueron aprobados por unanimidad por 30 grupos de mujeres y algunas entidades más de víctimas de violencia machista en la reunión de la Coordinadora del pasado día 8.

Para la CFV, el proyecto "parte de la consideración de que hay que encerrar en centros a las mujeres porque sufren violencia", lo cual, en su opinión, "tiene que ver con políticas muy antiguas y actualmente las mujeres deben estar donde decidan y hay que controlar a los agresores".

Aseguran que esta orden regula solo los centros para mujeres que sufren violencia y no tiene nada que ver con los centros para exclusión que protege a las mujeres maltratadas.

"Las mujeres maltratadas no tienen que ir a centros y no deben ser controladas. Que se controle a los agresores, que son los que cometen los delitos y son los que maltratan", añaden.

El proyecto de orden fue publicado en julio y el plazo de presentación de alegaciones finalizó un mes después, lo que para la CFV representa un acto de "agosticidad" pues "las personas interesadas en presentar recursos en contra estaban de vacaciones".