Las Provincias

Rus se disputaba las comisiones con el Consell, según la UCO

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Marcos Benavet, exgerente de Imelsa, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. / Irene Marsilla | ATLAS

  • Benavent implica al expresidente Camps y a los exconsellers Campos, Camps y Font de Mora en la financiación irregular del PPCV a través de Ciegsa

El contenido de los distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figuran en el sumario de la pieza del caso Imelsa que se conoció ayer pone de manifiesto que el PP de la Comunitat Valenciana se habría estado financiando de manera irregular. No sólo eso. En esos informes se explica la existencia de una guerra abierta entre la Generalitat y la Diputación, por la que ambas instituciones se disputaban la resolución de concursos por parte de Ciegsa -la empresa de la Generalitat encargada del impulso y construcción de infraestructuras educativas-. ¿El motivo? La cúpula regional del PP, de un lado, y la provincial, del otro, pugnaban para que empresas afines se llevaran esas adjudicaciones, porque cada una de ellas aportaba la consiguiente comisión a uno de esos dos órganos del partido.

El informe de la UCO asume esa tesis gracias, entre otros argumentos, a la declaración del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Según señala en uno de sus testimonios, «existían intereses cruzados en relación a las adjudicaciones y a las comisiones. Que tras toda adjudicación había una comisión. Entonces en este caso hablan de que existían intereses cruzados por el reparto de las comisiones, porque todo el mundo quería conseguirlas y existían múltiples presiones por parte de las personas que se mencionan en el audio para quedarse con el dinero».

¿Y quienes son esas personas? El informe de la UCO hace referencia a dos bloques: los que conforman desde la dirección provincial el exlíder del PP de Valencia Alfonso Rus y el propio Benavent, y del otro, personal que ostentaba distintos cargos en el ámbito de la Generalitat. El informe los enumera: el expresidente Francisco Camps, los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps, el exconseller de Educación Alejandro Font de Mora y el que fuera director general de Régimen Económico de ese mismo departamento, Alejandro Bañares. En el centro de esa pugna entre la dirección provincial y la regional Máximo Caturla, responsable de Ciegsa y encargado de definir si las adjudicaciones iban a la firma propuesta por la Generalitat o a la recomendada por la Diputación. Y eso, paradójicamente, aunque Ciegsa era una empresa de dependencia autonómica.

El informe de la UCO detalla incluso el papel de cada uno de los responsables políticos mencionados. Al expresidente de la Generalitat y del PP valenciano se le atribuye que «habría impartido determinadas instrucciones a Gerardo Camps supuestamente en relación al control de las adjudicaciones y del reparto de comisiones. Igualmente sería la persona a quien Alfonso Rus se dirigió para trasladarle (al menos en una ocasión) la necesidad de recibir dinero en el Partido a nivel provincial». El exvicepresidente Víctor Campos sería «el encargado junto a Gerardo Camps de controlar a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso. Asimismo tendría como cometido el de recaudar dinero para el partido, ya fuera provincial o regional, siendo la persona con la que Alfonso Rus habría quedado en alguna ocasión para que le diera dinero. Además habría tenido que pagar presuntamente 20 millones de un Congreso Provincial». Gerardo Camps se encargaría, junto a Campos «de controlar a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso».

Por su parte, el exconseller de Educación y actual vicepresidente de Les Corts, Alejandro Font de Mora, «habría dado instrucciones a Alejandro Bañares indicándole la empresa que tenía que resultar adjudicataria de una obra adjudicada por Ciegsa». En una de sus conversaciones con Caturla, Benavent se refiere a este conflicto como «guerra de laterales».

¿Y en el otro lado? Alfonso Rus, desde su llegada a la presidencia provincial en 2004, y Marcos Benavent, se ponen como objetivo conquistar la presidencia de la Diputación de Valencia con el objetivo de tener acceso al presupuesto de esa institución y «disponer de mayor autonomía recaudatoria y de esa forma paliar la limitada capacidad al respecto que hasta entonces tenía el que fuera presidente provincial. Una situación que no se daba en las provincias de Alicante y Castellón, donde «no era tanta la necesidad de recaudar por los cargos institucionales que ocupaban los presidentes de dichas provincias, que además de la presidencia del partido ostentaban la presidencia de las diputaciones».

Los informes de la UCO advierten de «indicios sólidos de la existencia de dinero en B» -fondos no declarados de origen desconocido o de procedencia ilícita-. La utilización de Ciegsa es clave en el periodo comprendido entre 2004 y 2007. Una empresa «que parece constituirse entonces como una importante fuente de financiación del partido».

En una de las conversaciones del sumario, Benavent trata de convencer a Caturla de de que debe de estar con Rus, aludiendo al poder que éste tendría en relación con todas las personas que participarían en el conflicto de intereses por la adjudicaciones, llegando a decirles que si alguien le pusiese alguna pega tras una adjudicación, les diga que lo hablen con el propio Rus y que ya verá como a él no le van decir nada. «Y si tienen cojones que le llamen», proclama Benavent.

En otro momento, el exgerente de Imelsa y Caturla vuelven a hacer referencia a esa pugna entre la Generalitat y el PP provincial. Y el responsable de Ciegsa propone que Rus y Gerardo Camps hablen primero: «A menos que Alfonso me diga 'tú haces lo que yo digo y aunque te hostien haces lo que yo digo', a ver si me entiendes porque entonces a mi no van a hostiar».

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps desmintió ayer «rotundamente» su implicación en el caso Imelsa y amenazó con querellarse contra quien le implique «directa o indirectamente, quien calumnie o injurie y quien manche incluso levemente» su honor. De hecho, ayer ya presentó su primera denuncia contra un agente de la UCO.

Así se manifestó el exjefe del Consell en un comunicado difundido tras el levantamiento del secreto del sumario de la pieza principal del caso Imelsa y conocerse que el exgerente de esa empresa Marcos Benavent implica a Francisco Camps, a los exvicepresidentes del Consell Víctor Campos y Gerardo Camps y al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus en el cobro y reparto de comisiones ilegales que provenía de adjudicación de colegios.

Al respecto, Camps aseveró: «Desmiento rotundamente la información que me implica en el caso llamado Taula. Me ratifico en la rueda de prensa que di el pasado enero sobre esta cuestión». «Ni contratos, ni favores, ni cajas B, ni financiación irregular, ni cobros, ni conexión con la sede nacional del PP. Ni conversaciones de ningún tipo con los implicados en este asunto que desconozco absolutamente», sentencia. Asimismo, Camps avanza que va a pedir deducción de testimonio para querellarse contra quien le implique directa o indirectamente, quien calumnie o injurie y quien manche «incluso levemente» su honor.

Por su parte, el diputado del PP en Les Corts y exconseller de Educación Alejandro Font de Mora, al que implica el exgerente de Imelsa en el reparto de comisiones dentro del denominado caso Imelsa, negó estas acusaciones, que consideró una «calumnia» porque le están «imputando un delito». En los pasillos de Les Corts, Font de Mora ha dicho «estar sorprendido» y añadió: «De estos hechos que me atribuyen no tengo absolutamente ninguna noticia».