Cierran el caso de las alicantinas afectadas por los implantes PIP

La instructora de la Audiencia Nacional que investiga el caso de las afectadas de la provincia por los implantes PIP (Poly Implants Prothèse) ha dado carpetazo al asunto. La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 asegura en su auto de archivo, que es provisional, que el hecho de que Jean Claude Mas ya cuente con una sentencia en su país por hechos similares podría incurrir en «causa juzgada». Además, exonera a los responsables de las clínicas del galo en nuestro país al considerar que no eran conscientes de que con sus cirugías estaban provocando los graves daños que originaron a las pacientes, según el auto fechado en agosto pasado y al que ha tenido acceso este diario.

Lo que parecía una simple operación de aumento de pecho para las afectadas, que se cifran por miles solo en la Comunitat, se convirtió en un calvario tras conocer de las roturas de los implantes y los daños que les ocasionó el líquido al filtrarse en su organismo. Una intervención quirúrgica que al final en algunos casos han necesitado decenas de operaciones más para poder reparar los destrozos provocados por las bolsas repletas de un gel de silicona distinto al que decían emplear. Varias de las afectadas denunciaron que ni siquiera tuvieron noticas de los médicos que les implantaron los senos tras las roturas. Se calcula que en la Comunitat se vendieron hasta 800.000 implantes de la firma gala, un producto de cuya baja calidad ya advirtió la Agencia Francesa de Medicamentos en 2010, aunque los problemas comenzaron a detectarse meses antes.

La defensa, ejercida por el despacho de la capital alicantina Sánchez y Frigola Abogados, ha recurrido la decisión de la instructora. Por ello, la letrada Raquel Sánchez Navarro ha interpuesto un recurso de reforma y apelación que el juzgado ya ha admitido a trámite, según indicaron las fuentes consultadas.

Desde este bufete se coordinó la demanda colectiva contra el médico francés, así como la entidad que otorgó el sello de la calidad de la Unión Europea y las clínicas españolas de la firma gala. En el recurso, la representación de las mujeres sostiene que Jean Claude Mas debe ser juzgado en España y que «se han de depurar la responsabilidad de la mercantil Poly Implantes Prótesis España SL» por los perjuicios a las pacientes.

Van incluso más allá, pues sostienen que en 2009 ya hubo reuniones entre la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (Sepcre) y la Secretaría General de Sanidad en las que salió a relucir el problema de las roturas de las PIP. Pese a ello, denunciaron la falta de información a las pacientes y que se prosiguiese con la colocación de estos implantes, lo que evidencia graves fallos de control.

Los letrados de las denunciantes entienden que «no puede existir el sobreseimiento» ya que la culpabilidad «demostrable» se extiende al fabricante y su sociedad francesa, la filial española y sus responsables, así como las clínicas que colocaron los implantes, la entidad que certificó la garantía europea y las autoridades sanitarias, en concreto las del País Vasco «por concederles licencia sin cumplir los requisitos exigidos por ley».

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