Las Provincias
Luis Fernando Cartagena.
Luis Fernando Cartagena. / A. D.

El exconseller Cartagena será juzgado en noviembre por el presunto fraude de Metrored

  • El juez ve indicios de delito en la gestión del IVA entre 2005 y 2008 de diversas sociedades y la empresa tecnológica que dirigía el expolítico

El exconseller de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena será juzgado entre el 22 y el 24 de noviembre junto a otras doce personas por el supuesto fraude de 7,7 millones de euros a través de la empresa Metrored en colaboración con otras mercantiles. El juicio llega tres años y medio después de que el juzgado de Instrucción dictase la apertura de juicio oral, en diciembre de 2012, y tras dos intentos que no prosperaron por razones de agenda de los letrados, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana

Junto a Cartagena, que ejerció de asesor del actual presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana José Vicente Morata desde 2010 hasta 2014, también están procesados varios responsables de otras mercantiles, entre ellas Voyager Tecnológica, Dania Servicios Telefónicos, Unión de Valores, y Cartera Metrored.

A su vez, y a título particular, se ha incluido a destacados empresarios valencianos como Carlos Turró (detenido también en la operación Taula), José Luis Martinavarro, Francisco Fariñas, Arturo Grau, Carlos Riera, Ramón Gregori, Reyes Ballester, Rafael Benavent, Jorge José Sanz, Ana Patricia Barreda, Pedro Obrador y Pedro Luis Estupiñán.

A todos ellos se les reclamó en 2012 fianzas que oscilaban entre los 1,5 y 7,7 millones de euros. Además, la fiscalía pide para los acusados penas de entre cuatro y 16 años de prisión, mientras que el abogado del Estado reclama entre cinco y 20 años.

El juez considera que hay indicios de que entre 2005 y 2008 desde la sede social de la empresa Metrored en Paterna (Valencia) se utilizó una estructura dirigida a defraudar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) «emitiendo facturas sin repercutir este impuesto a entidades domiciliadas en Canarias».

El auto continúa explicando que «posteriormente facturaban los servicios propios de su objeto social (la venta de minutos telefónicos) a destinatarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto a través de una sociedad sin estructura propia y domiciliada de forma ficticia en Canarias».

El 15 de marzo de 1998, cuando era presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, el entonces conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, presentó su dimisión días después de conocerse unos informes del Instituto de Robótica en los que se le atribuían la titularidad de cesiones de crédito no declaradas a Hacienda.

Cartagena ya fue procesado y condenado en 2002 por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El tribunal consideró probado que en 1993, siendo alcalde de Orihuela, Cartagena recibió ocho millones de pesetas de las Hermanas Carmelitas y en vez de ingresarlo en las arcas municipales «lo hizo suyo».

Por su parte, el operador valenciano de telecomunicaciones, Metrored, alcanzó una gran relevancia social al ser el patrocinador del Valencia CF entre 2001-2002, fruto de dos contratos consecutivos de seis meses a cambio de 1,8 millones de euros, con los que hubo problemas de pago. Ya desvinculada de esta actividad promocional, Metrored mantuvo una vida económicamente complicada que terminó en la solicitud del concurso de acreedores justo antes de que la Agencia Tributaria iniciara las investigaciones que han llevado al juicio previsto para noviembre. Finalmente, en 2011, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia dictó el 14 de septiembre la conclusión del concurso por inexistencia de bienes.