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Francisco Menargues, el decano de los economistas, flanqueado por Antonio Rodríguez y Pérez Rovira, ayer, en la sede colegial.
Hacienda sanciona a miles de alicantinos por no declarar la ayuda por la compra de coche

Hacienda sanciona a miles de alicantinos por no declarar la ayuda por la compra de coche

El Colegio de Economistas asegura que la Agencia Tributaria envía cartas para regularizar la situación o directamente una declaración paralela con las multas

Bernat Sirvent

Viernes, 6 de mayo 2016, 01:23

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El Colegio de Economistas de Alicante ya lo había divulgado en años anteriores cuando presentó el inicio de la campaña de la renta de las personas físicas. La ayuda del plan PIVE (antes Prever) que habilitó el Gobierno para incrementar las ventas de coches en los años más duros de la cirisis tributa como ganancia patrimonial. La diferencia respecto a años anteriores es que el decano del Colegio, Francisco Menargues, anunció ayer que muchos contribuyentes (se calcula que miles teniendo en cuenta que, solo entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año se han matriculado 24.000 unidades) están siendo multados directamente por Hacienda por no declarar dicha subvención a fondo perdido que le descontaba del precio final el concesionario.

«No lo digo como crítica a la Agencia Tributaria, sino como ejemplo de la necesidad que tienen los contribuyentes de revisar el borrador», precisó durante su intervención el decano Menargues. Las multas y las cartas con requerimientos de Hacienda para regularizar la situación de la ayuda del PIVE abarcan a contribuyentes que adquirieron el vehículo entre los ejercicios fiscales de 2012 y 2014. Miles de alicantinos, pues, teniendo en cuenta que dicho plan del Ministerio de Industria disparó la venta en esta provincia, que es cuarta en matriculaciones en toda España.

Hacienda ha empezado en firme a sancionar. Se trata de contribuyentes a los que se olvidó incluir el dato, que no viene generalmente reflejado en el borrador del IRPF que facilita la Agencia Tributaria, por que campaña empieza, a efectos telemáticos, a principios de abril y las empresas no facilitan todos sus datos fiscales hasta el 31 de enero. «A Hacienda no le da tiempo a incluir esos datos en los borradores», reflexiona el jefe de los economistas de la provincia.

La norma sobre el IRPF establece que la aportación de 1.000 euros que realiza el Ministerio de Industria (la ayuda a fondo perdido se redujo a 750 euros desde mayo del pasado año) tiene que tributar como ganancia patrimonial al tipo general de cada contribuyente. Tendría que pagar unos 240 euros en su declaración si el tipo aplicable es el del 24%, uno de los más frecuentes. Pero una inmensa mayoría de los ciudadanos declarantes no conoce que lo tiene que hacer porque lo olvida, al no ser un dinero que maneje directamente. Se trata, como destacó ayer el vicesecretario del Colegio, Antonio Rodríguez Villanueva, de una ayuda descontada del precio final por el concesionario y que, encima, no aparece en el borrador. De ahí, según Menargues, Rodríguez y el responsable de la comisión fiscal, Antonio Pérez Rovira, de analizar el borrador «aunque no sea la biblia, pero es bueno pedirlo y estudiarlo, porque unas veces interesa más la declaración individual que conjunta, por ejemplo», aseguran los expertos.

El caso es que muchos, cuanto menos miles, de alicantinos ahora están recibiendo unas cartas en las que la Agencia Tributaria indica que tiene constancia de que se han recibido las ayudas de 1.000 euros y pide al ciudadano a regularizar la situación. En otros casos, hay presentadas ya ante el domicilio fiscal del contribuyente una declaración paralela or Hacienda. Por ello, en unos casos el recargo es de un 20% y en otros de un 50% de subida sobre la cuota a pagar si se ultima la sanción.

Las multas que están llegando son de unos 75 euros si Hacienda invita a declarar voluntariamente y a regularizar la situación. Pero puede llegar a duplicar la cifra y llegar a 150 euros, frente a una cuota de unos 240 a pagar. Prácticamente, la mitad de lo recibido de la ayuda se lo queda Hacienda por despiste, olvido o desinformación del ciudadano.

Encima, como destaca Pérez Rovira, muchos contribuyentes no obligados a declarar por no superar el mínimo exento por ingresos reales y que estarían obligados a pagar en caso de realizarla se ven obligados al recibir esta ayuda. «Es un efecto colateral que encima obliga a presentar una declaración complementaria y a solicitar a un asesor para que te haga la gestión por lo farragoso que es», añade Pérez Rovira. El Colegio califica la situación del PIVE de «trastorno».

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