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La concertada declara la guerra a Marzà

La concertada declara la guerra a Marzà

La amenaza para la continuidad de centros tras el recorte de clases subleva al sector, que prepara una oleada de protestas y no descarta el cierre de colegios

Esther Brotons

Domingo, 1 de mayo 2016, 00:56

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El sector de la concertada está en pie de guerra contra Marzà. La planificación que el conseller de Educación ha previsto para el próximo curso ha conseguido sublevar a las familias, directores, profesores y a la patronal. La administración eliminará 46 aulas concertadas frente las 28 que se crearán en la Comunitat. Un balance que es negativo, que en los últimos años no se había visto, y que amenaza la continuidad de centros pequeños.

«Estamos indignados y vamos a por todas», afirmó ayer la presidenta de la Confederación Católica de Padres de Alumnos de la Comunitat (Concapa-cv), Julia Llopis. Casi un centenar de profesores están en riesgo de perder su trabajo y hay unas 1.200 familias afectadas por el arreglo escolar.

El sector tienen previsto iniciar mañana los trámites para convocar una manifestación a nivel autonómico y el miércoles será el turno de la provincial, cuando se diseñará un calendario de movilizaciones que se llevará a cabo de forma coordinada en todos los centros y cuyo punto de partida será el jueves en Alcoy, con la primera de las concentraciones. A ésta le seguirán otras y se intensificarán la semana siguiente, a partir del lunes 9 de mayo, coincidiendo con el inicio del periodo de solicitudes en colegios. Pero quieren ir más allá y descartan cerrar o bloquear colegios.

Esta es una de las medidas que planteará Llopis, quien ya se ha puesto en contacto con el presidente de la nacional, Pedro Caballero, para explicar la situación que se está viviendo en la Comunitat, recabar el apoyo y «ver cómo se gestionará porque vamos a ir a por todas», aseguró Llopis, quien lamentó que todas las actuaciones de la Conselleria han ido dirigidas a eliminar la escuela concertada.

Según Llopis, las familias que han optado en el ejercicio de su libertad por un centro de titularidad privada sostenido con fondos públicos «no podemos ver con los planteamientos actuales otra cosa que no sea un ataque directo destinado a eliminar cualquier oferta educativa distinta a la pública». Y se refirió a la derogación del distrito único y la vuelta a las zonas de influencia, donde no se garantiza que haya un colegio privado concertado para poder elegir y «penalizando» a las familias al eliminar el punto de antiguo alumno, entre otras medidas. El objetivo del Consell, según advirtió, es que haya un trasvase de la concertada a la red pública «sin tenerse en cuenta la calidad educativa». El cierre de estas aulas en la concertada es «solo una aperitivo» de lo que prevén que ocurra en los próximos cursos, añadió.

Unas críticas que este pasado jueves negaba el conseller, Vicent Marzà, quien defendió el arreglo escolar y aseguró que se fundamentaba en criterios pedagógicos. Sobre los recortes respondió que el nuevo plan no cierra unidades en la educación concertada sino que «modificamos el concierto» y si quieren seguir prestando un servicio «pueden seguir prestándolo de forma privada».

Esto es lo que tendrán que hacer algunos centros. Desde Concapa pusieron el caso del colegio Jesuitas de Alicante, donde la Conselleria no ha autorizado concertar dos aulas para que los alumnos de 5 años pueden continuar la etapa. «¿Cómo van a dejar en el colegio a 60 alumnos fuera? Me imagino que al final se hará una aportación voluntaria entre los padres para pagar a los profesores y que las aulas funcionen como privadas porque tampoco van a poder cobrar 300 euros», explicó Llopis.

Los Salesianos de Alcoy también pidieron un aula de 1º de la ESO para atender a los niños que terminarán Primaria, pero tampoco se ha aceptado pese a que el equipo directivo alega que en su zona no hay plazas suficientes. En Jesús-María pierden una de sus tres clases de Infantil cuando se trata de un centro de referencia en la acogida de alumnos autistas. Unas consecuencias sociales que las familias quieren frenar. «Estamos indignados», aseguró.

Un 30% de alumnado

Desde el PP también arremetieron ayer contra Marzà. El vicesecretario general de Educación del PP de Alicante, Juan de Dios Navarro, acuso al conseller de actuar con «sectarismo» al paralizar conciertos educativos y poner en marcha una estrategia «dirigida a fulminar» la educación concertada. Navarro instó el presidente del Consell, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, a que «corrijan» al conseller porque «ha enfrentado» a la comunidad educativa y ha generado «un profundo problema donde no lo había».

Navarro recordó que en el curso 2014-15, el último en que el PP estuvo al frente de la Generalitat, el 30% del alumnado de la provincia estaba matriculado en centros concertados, y en la ciudad de Alicante esta cifra se elevaba hasta el 40%.

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