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Esther Brotons
Jueves, 3 de septiembre 2015, 01:29
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La presidenta regional del Partido Popular (PP), Isabel Bonig, dio ayer por sentado que tanto la Diputación de Alicante como la Castellón, junto a los ayuntamientos gobernados por el PP, colaborarán en el plan de ayudas para libros de texto anunciado por la Generalitat tras la negativa de ambas instituciones a sumarse por no haber sido antes negociado y pactado, pero implicándoles en la financiación.
Bonig -en declaraciones a la Cadena Ser- aclaró la postura que tomarán y afirmó que en la mañana de ayer pudo hablar con los presidentes provinciales de Alicante y Castellón. «Se lamentan profundamente de que no haya habido ese consenso y diálogo que tanto dijo el señor Ximo Puig y luego imponen el rodillo. Vamos a colaborar totalmente», aseguró la presidenta del PP-CV, para quien «deberían establecerse algunos criterios porque hay gente pudiente con ingresos que no le va a hacer falta, sin embargo hay otras familias muy necesitadas».
Bonig fue más allá y despejó cualquier duda sobre la participación de las instituciones gobernadas por el PP, aunque antes reclamó a la Generalitat que transfiera ya los 33 millones que le corresponden (otro tercio lo tendrían que aportar ayuntamientos y el resto la Diputación).
«Le pedimos a Puig, visto que él ha hecho el anuncio, lo ha cerrado con su conseller y tiene claro el procedimiento legal y el dinero, que transfiera en los próximos 15 días esos 33 millones de euros que le corresponden. Como lo transferirá inmediatamente, no me cabe la menor duda, las dos diputaciones, por lo menos las del PP, y los ayuntamientos, que van a colaborar total y absolutamente». Para la presidenta regional, «si anuncias sin contar con el resto de instituciones, por lo menos tendrás tu parte».
Sin diálogo
Pero la transferencia de la Diputación no está tan clara. El gobierno de la institución provincial, del PP, no interpreta las palabras de Bonig como una imposición a que tengan que sumarse al plan y reiteraron que las formas -la negativa de la Generalitat a pactarlo antes- han llevado a esta situación.
Ahora bien, según las citadas fuentes, en principio, jurídicamente la institución provincial no podría aportar el dinero, tal y como ha decidido la administración autonómica, porque las competencias educativas están transferidas a la Generalitat, al igual que las de sanidad. Validar esas facturas en concepto de libros no sería posible. Una traba que no ha tenido en cuenta el Consell.
Por ello, en un escrito, instaron a Puig a que transfiera la financiación de manera inmediata y urgente a la institución y los ayuntamientos para poner en marcha la propuesta. Insistieron en que la Diputación «estará siempre al lado de los más necesitados y apoyará iniciativas sociales que redunden en mejorar la calidad de vida de las personas», pero para ello apeló «al trabajo conjunto» y al «diálogo». Mientras, el socio del Gobierno del PP en la Diputación, Ciudadanos (C's), apoyará el plan y presentará una moción en el próximo pleno del próximo día 16 para que se apruebe la adhesión. El diputado provincial Fernando Sepulcre matizó que todavía se está n viendo los términos para presentarla porque la institución no tiene competencias en materia educativa y, además, el Consell ha anunciado el plan «de la noche a la mañana», sin diálogo y no se sabe cómo se va a gestionar y cómo será exactamente el reparto económico con tantos ayuntamientos con graves dificultades de financiación.
Por su parte, Compromís tildó al presidente de la institución, César Sánchez, de presidente «a la deriva» tras las dos rectificaciones que a su juicio ha sufrido por parte de la dirección regional del PPCV en un mes, los sueldos en la corporación y ahora por la negativa a sumarse a la iniciativa de libros.
En Valencia, el presidente de la Generalitat y el conseller de Educación también se pronunciaron. Ximo Puig afirmó que el programa «no es cerrado» ni una «imposición», y «si no se quiere hacer partidismo» con esta cuestión «no hay ningún problema». «Si las diputaciones tienen algunas medidas que quieren introducir se puede hablar», aseguró Puig. En la misma línea, el conseller Vicent Marzà defendió que los libros de texto «no tienen color político» y reconoció que tienen que «sentarse a hablar» con consistorios y diputaciones.
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