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Uno de los muchos indigentes o personas excluidas socialmente durante la crisis que duermen en invierno y en verano en el Rico Pérez.
La pobreza y la desigualdad se «cronifican» en la Comunitat en el año de la recuperación

La pobreza y la desigualdad se «cronifican» en la Comunitat en el año de la recuperación

El CES exige a la Generalitat políticas «urgentes» de protección social, sobre todo para mayores y niños, y el Consell solo otorga la renta básica a 3.000 familias en el último año

Bernat Sirvent

Miércoles, 8 de julio 2015, 01:02

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Pobreza, desigualdad y, en consecuencia, exclusión social con riesgo de que se haga crónica en muchos territorios y ciudades de la Comunitat Valenciana. Es el análisis que realiza de esta problemática social, agravada en los últimos siete años de crisis económica, el Comité Económico y Social (CES), órgano consultivo de la Generalitat Valenciana y compuesto por representantes tanto de los empresarios como de los sindicatos, el cual acaba de publicar la memoria correspondiente a 2014, que ya se ha entregado en Les Corts. Es decir, en el año de la supuesta reactivación de la economía, como así lo confirman indicadores básicos sobre empleo, producción o consumo interno, muchas familias toman aire, pero otras muchas siguen sin ver la luz al final del túnel.

La crisis desde al año 2007 aumenta las desigualdades sociales, que hasta ahora podían resultar coyunturales y que se están haciendo estructurales. Como dice el CES, se está «cronificando» la pobreza. Tras ofrecer numerosos indicadores de fuentes oficiales como Eurostat, el INE, el Intituto Valenciano de Estadística (IVE) y la actividad solidaria de ONG como Cáritas, el CES llega a la conclusión de que los colectivos en Alicante y el resto de la Comunitat más vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión social son los desempleados, los extranjeros y, más en concreto, los extracomunitarios y «de manera muy especial la población infantil».

«Resulta necesaria y urgente la puesta en funcionamiento de políticas de protección social que combatan las desigualdads sociales», solicita el CES a modo de conclusión, antes de instar a las «distintas Administraciones» para que, a través de la normativa legal y de la dotación presupuestaria correspondiente, habilite los recursos que se necesiten para atender a todos los sectores de población que más están en riesgo de exclusión social.

El CES cree que, de manera prioritaria, esos recursos públicos, cada vez más limitados como se verá a continuación, deben focalizarse en las personas mayores (muchas de las cuales se han descapitalizado totalmente tras avalar a hijos e incluso proporcionado casa y comida en los últimos años de crisis tras quedarse la pareja sin empleo) y en los niños, los más «vulnerables», admiten abiertamente los expertos del CES. «Por todo ello, resulta necesaria la adopción de políticas activas que permitan reducir los niveles de pobreza y exclusión».

Parte de esas políticas activas a las que alude el CES podrían incardinarse en la renta garantizada de ciudadanía, una suerte de paga reglada por el Estatuto de Autonomía por la Ley 9/2007 de la Generalitat que ha sido muy polémica durante la última legislatura, bajo el mandato de la exconsellera alicantina Sánchez Zaplana, la cual suprimió con un decreto la retroactividad de este derecho reconocido y pagaba, además con retraso de muchos eses, a los nuevos solicitantes desde que se les aprobaba la paga, no desde que la solicitaron, como ocurría hasta ahora.

Pues bien, la renta mínima garantizada solo llegó el pasado año, pese a la alerta de exclusión social y pobreza que hace el CES, a 3.000 familias nuevas de la Comunitat Valenciana (en total la perciben 5.252 en Alicante, 2.096 en Castellón y 7.779 en Valencia). El perfil mayoritario de los beneficiarios de esta renta para su mera subsistencia (comida, luz , alquiler o agua) es el de una mujer entre 35 y 45 años, monoparental y con un hijo. El número de titulares de esta prestación durante el ejercicio 2014 alcanzó la cifra de 15.127 frente a los 11.840 de 2013 en el conjunto de la Comunitat, aunque beneficia a 40.000 incluyendo al núcleo familiar entero.

La nueva consellera del ramo y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha declarado en sede parlamentaria y en varias entrevistas que una de sus prioridades será aumentar el número de beneficiarios y clarificar las situaciones. Lo que no ha explica aún es cómo aumentará el crédito para abonar. El importe máximo anual por titular para 2014 ha sido de 4.622 euros, 385 al mes. La prestación se concede por periodos de uno a doce meses, pudiéndose renovar por periodos sucesivos, hasta un máximo de 36 meses.

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