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Recreación del macrocomplejo terciario que Ortiz y sus socios pretenden instalar en Rabasa.
El nuevo Consell paraliza la ATE de Ikea en su primera reunión y se replanteará esta figura

El nuevo Consell paraliza la ATE de Ikea en su primera reunión y se replanteará esta figura

El Ayuntamiento muestra su satisfacción por la decisión y por la premura en tomarla y anuncia que llevará a Pleno este mes la petición de suspensión definitiva del proyecto

Eva María Lahoz

Jueves, 2 de julio 2015, 02:04

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El macroproyecto comercial que el empresario Enrique Ortiz y sus socios de Alicante Avanza querían implantar en el sector de Rabasa recibió ayer un jaque por parte del Consell de Ximo Puig. En su primera reunión plenaria, el nuevo Gobierno autonómico acordó paralizar la Actuación Territorial Estratégica (ATE) presentada por los promotores para instalar en estos terrenos una tienda de Ikea y un gran complejo comercial por estar, aseguran, «bajo sospecha de corrupción» y para «replantearla» con el beneficio colectivo «y no el particular» como objetivo.

La paralización llega en el momento en el que se estaban evaluando las alegaciones presentadas por distintos colectivos y por el Ayuntamiento de Alicante al proyecto y el Consell la utilizará para estudiar a fondo el expediente y determinar si debe suspenderlo o mantenerlo pero con modificaciones. Pero la intención del Consell va aún más allá, ya que pasa por revisar también otras ATE la misma figura urbanística, muy excepcional, que acorta plazos de tramitación para proyectos de gran trascendencia económica o social.

Respecto a la que se tramita en Rabasa, la suspensión definitiva es lo que le reclamarán desde el Ayuntamiento, que ayer anunció que llevará al primer Pleno de la legislatura una declaración institucional en la que reclamará a la Generalitat este extremo. Una medida recogida entre los compromisos del tripartito para los 100 primeros días de gobierno.

Pero tanto en la administración autonómica como en la local son conscientes de que, de tomar esta decisión, tendrá que estar muy argumentada y asegurada jurídicamente, dado que es más que probable que acabe en los tribunales.

Y es que lo más probable es que los promotores no duden en demandar a la administración con la intención de no perder el proyecto más jugoso de la última década. Por lo que pueden pasar meses o incluso años hasta que se decida si el movimiento iniciado ayer por el Consell será un jaque mate o no.

Ayer, la portavoz del Gobierno autonómico, Mónica Oltra, justificaba la paralización de la ATE por entender que el proyecto urbanístico tiene implicaciones «de corrupción y sospecha» en la que ha habido un «aprovechamiento particular» en vez de colectivo.

Al ser preguntada por si se refería al aprovechamiento del empresario Enrique Ortiz, la portavoz precisó que éste está «bajo sospecha de corrupción y desvíos de dinero hacia el aprovechamiento particular de algo que es de interés general».

Se refería, aunque no lo mencionó expresamente, al 'caso Rabasa', en el que están imputados dos exalcaldes de la ciudad, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, además de Enrique Ortiz y varios técnicos por sospechas en la tramitación del plan Rabasa, anulado en los tribunales y del que es heredera la ATE.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, sí que hizo referencia a este caso judicial para considerar «más que justificada la suspensión». A su juicio, «los informes técnicos recabados por el Ayuntamiento en el proceso de elaboración de las alegaciones son muy contundentes acerca de lo dañina que sería la ATE para la ciudad en general y para el comercio en particular». No obstante, reconoció que «cualquier acto administrativo es recurrible» y que probablemente tendrán que acabar en los tribunales con Ortiz, como pasó con el plan Rabasa.

Pavón destacó, no obstante, la importancia de la decisión tomada ayer en Valencia. «Es un importante primer paso hacia la retirada definitiva de una actuación especulativa, heredera del presuntamente amañando plan Rabasa», apuntó.

El edil, que se enteró de la noticia ayer mismo, cuando se hizo pública, consideró que el Consell debe determinar, en primer lugar, si el proyecto se ajusta o no a los parámetros de las ATE. Para el concejal, está claro que no cumple con estos parámetros y que el anterior Consell nunca debió aprobar este proyecto como tal.

El alcalde, Gabriel Echávarri, mostró su satisfacción por la decisión del Consell y su premura al tomarla que, en su opinión, «demuestra la sensibilidad que tiene el Ejecutivo autonómico con la ciudad y con su nuevo equipo de gobierno».

Y el portavoz, Natxo Bellido, puso en valor el inicio de la «cooperación y comunicación entre la ciudad de Alicante y la Generalitat Valenciana» y señaló que a partir de ahora se actuará «atendiendo al interés general de la ciudadanía y poniendo freno a una operación que generaría un grave quebranto a los equilibrios territoriales y comerciales de Alicante».

La paralización de la ATE, de hecho, ha sido una respuesta a la reivindicación lanzada por el nuevo equipo de gobierno, también tripartito y que comparte los partidos de PSOE , Compromís y Podemos ( esta última dentro de Guanyar en el caso del Consistorio.

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