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Serafín Castellano, a a su salida del juzgado número 1 de Sagunto.
El delegado del Gobierno, detenido por corrupción

El delegado del Gobierno, detenido por corrupción

La policía arresta a otras ocho personas, entre ellas el alcalde de Quartell y el empresario que obtuvo el contrato de aviones de extinción de incendios

A. RALLO

Sábado, 30 de mayo 2015, 00:59

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El delegado del Gobierno, Serafín Castellano, fue detenido ayer en su domicilio familiar de Benisanó. Un grupo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpió en la vivienda familiar a las siete y cuarto de la mañana. Castellano, junto a su mujer e hijas, acababa de levantarse. Y se disponía a esperar, como cada mañana, el coche oficial. Nunca llegó. El fiscal Anticorrupción y la juez de Sagunto, encargada de las pesquisas, acudían al domicilio del máximo responsable del Gobierno en la Comunitat unos minutos más tarde. Siete horas después, Castellano salía en un vehículo policial y esposado en dirección a la comisaría de Sagunto.

La Fiscalía Anticorrupción investigaba a Castellano desde el pasado mes de octubre. Unas pesquisas que inicialmente arrancaron en Madrid tras la denuncia del exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria del servicio de extinción de incendios- y que finalmente desembocaron en la Fiscalía de Valencia. En el escrito inicial se aludía a una serie de «modificaciones contractuales» por el cambio del tipo de aviones que iban a prestar el servicio. Al parecer, las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Varios testigos han comparecido en la Fiscalía durante los últimos meses. Estos testimonios, así como otros indicios, han hecho que las diligencias de investigación penal terminaran en una denuncia, presentada hace dos días en el juzgado de Instrucción 1 de Sagunto, que estaba de guardia.

La tarde del jueves ya se practicaron algunos registros, aunque el grueso del dispositivo se desarrolló durante la mañana de ayer. Al menos nueve personas fueron detenidas. Y otra más está imputada. El arresto más relevante fue, sin duda, el de Serafín Castellano. Otro de los nombres conocidos fue el del presidente de Avialsa, Vicente Huerta. Ambos son aficionados a la caza. La fiscalía investigaba diferentes regalos del empresario al cargo popular por supuestamente favorecer la adjudicación de servicios. Entre estos favores podrían incluirse invitaciones a diferentes jornadas cinegéticas. También otros presentes, como joyas, que recibió la mujer de Castellano, según informó Europa Press.

La macrooperación policial, que se ha acelerado en los dos últimos meses y se produce sólo cinco días después de las elecciones autonómicas, también salpicó al alcalde de la localidad de Quartell, Francisco Huguet, con más de dos décadas en el cargo. El edil tuvo responsabilidad en sociedades que comparten el mismo domicilio social que Avialsa, la principal empresa investigada. Un empresario de la construcción y un excontable de la citada mercantil también figuran entre los detenidos.

La causa se encuentra abierta por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo, según la información facilitada al cierre de esta edición por el TSJ. Se desconocen los ilícitos concretos de cada uno de los imputados. No obstante, Castellano estaría investigado al menos por malversación y prevaricación.

Ayuntamientos (como el Alfara de la Baronia), una empresa de construcción en Tavernes Blanques y otras sociedades recibieron la visita de los agentes en busca de documentación que acredite los indicios delictivos que pesan sobre la trama. La juez practicó 13 registros en la provincia de Valencia con la ayuda de los efectivos de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción del la UDEF.

A la misma hora que todo lo anterior se producía, otros agentes acudieron a tres consellerias -la de Gobernación, la de Infraestructuras y la de Sanidad- en busca de diferentes expedientes. La Generalitat ofreció toda su colaboración, según fuentes conocedoras de esta operación. El político de Benisanó ocupó la máxima responsabilidad en dos los anteriores departamentos con diferentes presidentes de la Generalitat.

Los detenidos fueron conducidos a la comisaría de Sagunto. Desde allí, eran trasladados al juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, que practicó las detenciones. Un nutrido grupo de vecinos se congregó a las puertas de las dependencias judiciales. Estas carecen de garaje. No existe otra opción que la de entrar directamente por la puerta principal para acceder al edificio.

El desfile ante la juez y el fiscal Anticorrupción fue rápido, ya que seis de los siete imputados que pasaron a disposición judicial se acogieron a su derecho a no declarar. Sólo un extrabajador de Avialsa quiso hacerlo. Negó cualquier actividad ilícita durante su trabajo en la empresa, según fuentes judiciales.

Suele ser habitual guardar silencio en una causa que se encuentra bajo secreto. Los letrados prefieren dar una explicación una vez que se conozcan todos los detalles de la causa para evitar que el testimonio pueda ser perjudicial. Lo anterior, claro, si existen dudas acerca de la honestidad de uno mismo. Castellano, según las fuentes, se sumó a la tesis anterior.

Cuando hizo el conocido paseíllo hacia el juzgado, Serafín ya no era delegado del Gobierno. El Consejo de Ministros le había apartado de su responsabilidad tan sólo once meses después de ser elegido por el gobierno de Rajoy. Visiblemente cansado, tras siete horas de registro en su domicilio y cerca de cuatro en la comisaría de Sagunto, abandonó las dependencias judiciales.

En ese momento, alrededor de un centenar de vecinos se congregaban a las puertas del juzgado. Despidieron a Serafín de la misma forma que fue recibido, con insultos de «ladrón», «chorizo» y «devuelve el dinero». Algunos de estos improperios se repitieron también con otros imputados. La excitación fue en aumento a medida que avanzaba la tarde. Uno de los vecinos golpeó el retrovisor del coche que recogió a Castellano, conducido por la secretaria autonómica Asunción Quinzà. La policía lo identificó.

La juez decretó su libertad, pero le impuso algunas medidas como la obligación de comparecer ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido. Además, se le retiró el pasaporte y se decretó la prohibición de salir del territorio nacional. Se trata de medidas similares a las que se impusieron al resto de imputados.

La operación continuaba cerca de las nueve de la noche en el Parque Tecnológico de Paterna. Agentes de la UDEF registraban una de las sedes de la empresa Avialsa. Hoy está previsto que declaren otras tres personas. Dos de ellas están detenidas, mientras la tercera sólo imputada.

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