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Los acusados, con las exconselleras Such (4d) y Martínez (3d), antes del inicio de la primera sesión.
Los acusados por Fitur piden la nulidad del juicio por considerarlo ilegal

Los acusados por Fitur piden la nulidad del juicio por considerarlo ilegal

Las defensas alegan indefensión y vulneración de derechos y solicitan la recusación del tribunal por «parcial»

MARTA HORTELANO

Miércoles, 1 de abril 2015, 02:11

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Cualquier excusa es válida para tratar de suspender el juicio que desde ayer se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Al menos eso es lo que se deduce de las cartas que las defensas de los trece acusados que conforman el primer banquillo de la rama valenciana del caso Gürtel pusieron ayer boca arriba. Desde la vulneración del derecho de defensa, pasando por la teoría del fruto del árbol envenenado (toda prueba que emana de otra contaminada es nula) para quitar legitimidad a las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa, y hasta la falta de idoneidad que una de las letradas de la defensa esgrime por el hecho de provenir del turno de oficio. Y sobrevolando la sala, el nombre del exmagistrado Baltasar Garzón, que dio inicio a las pesquisas y al que las defensas acusan de haber permitido la mayor parte de las posibles causas de nulidad del proceso.

Y es que los letrados de los trece acusados que ayer se sentaron en el banquillo del TSJ por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de los stands de la Generalitat para la Feria de Turismo (Fitur) entre los años 2005 y 2009 defendieron todo tipo de cuestiones previas para tratar de finiquitar el primero de los juicios en su jornada inicial. En el banquillo, dos exconselleras de Turismo del Consell de Francisco Camps, Milagrosa Martínez y Angélica Such, exaltos cargos del Consell y por primera vez, los cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y el valenciano Álvaro Pérez 'El Bigotes'. Los acusados se enfrentan en conjunto a más de 95 años de prisión por los presuntos amaños de contratos públicos por un importe que supera los cinco millones de euros. Para conseguir adulterar esas adjudicaciones, la trama se sirvió de la empresa Orange Market. Pero con la ayuda de varios cómplices vulneraron supuestamente los controles públicos. Para ello, el juez instructor, José Ceres, atribuyó un papel fundamental en su auto de procesamiento a Rafael Betoret, entonces director de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) y ya condenado por la causa de los trajes. El ex alto cargo, en connivencia con la exconsellera de Turismo y todavía alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, ordenó que se modificaran las condiciones del concurso del stand de Fitur para que la empresa de la trama, Orange Market, fuera finalmente la receptora de los contratos, según el auto judicial. No importó que para ello se vulneraran principios de libre concurrencia y publicidad, ni que presuntamente se fraccionaran contratos. La empresa de la trama acabó ganando los concursos de 2005 a 2009 a pesar de que no tenía experiencia y su oferta era, además, la más cara.

Pero los abogados de las defensas se centraron ayer en afilar los argumentos necesarios para anteponer los casos de nulidad en el proceso y evidenciar en sus cuestiones previas que en esta pieza separada del caso Gürtel no se han respetado las mínimas garantías procesales y se han vulnerado derechos fundamentales.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, sólo solicitó la incorporación de la declaración de un nuevo testigo, el extrabajador de Orange Market Juan Carlos Rincón, que según la fiscal «participó en lo relativo a las contrataciones de Fitur y tuvo especial relevancia en la Feria y en la elaboración de las hojas de costes de las que la elaboración se servía». Rincón fue uno de los testigos secretos que declaró en la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia, y su testimonio aportó novedades a la causa que acabaron por desencadenar la imputación del exconseller Juan Cotino. La abogada de Álvaro Pérez, por su parte, cuestionó la imparcialidad del tribunal, del que forman parte la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, y los magistrados Juan Climent y Antonio Ferrer, porque según explicó esta misma sala ya había resuelto recursos al auto de conversión en procedimiento abreviado para procesar a los acusados. «A lo que los jueces llaman trama valenciana de la Gürtel son en realidad empresarios de Madrid y Valencia». El letrado de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, en su turno, sostuvo, además, una tesis a la que también se unieron el resto. Que en el juzgado central en el que hasta ahora el juez Pablo Ruz ha instruido el grueso del caso Gürtel se acumulan pruebas, sobre todo dispositivos electrónicos con numerosos email, que guardan relación con el juicio de Fitur, pero que no se han incluido en el sumario. Según las defensas, son pruebas de descargo, que eximen a los acusados de responsabilidades. El letrado pidio seis meses de suspensión e la vista para estudiar toda esa documentación.

A la hora de comer, Pablo Crespo acusó a la Policía y a Anticorrupción de «ocultar» estas pruebas. «Gürtel es un montaje político organizado por Rubalcaba en su despacho», aseguró el que fuera secretario de Organización del PP gallego.

El abogado de la también expresidenta de Les Corts incidió en la ilegalidad de las conversaciones con las que se inició la investigación. En una de las ordenadas por Garzón entre Álvaro Pérez y Cándido Herrero, contable de Orange Market, El Bigotes dice haber comprado un reloj a la exconsellera (a 'La Perla', apelativo por el que era conocida en el PP). Posteriormente, en uno de los registros en la sede de Orange Market en Valencia, se identificaron varios apuntes contables en los que se hacía referencia a un reloj marca Hublot por el que la trama pagó 2.400 euros y que coincide con el presunto regalo a la exconsellera.

Por su parte, el abogado de Pablo Crespo, el exdirector de la ONCE Miguel Durán, también planteó la nulidad porque consideró que se han vulnerado las mínimas garantías procesales e insistió en la recusación del tribunal. Pero también atendiendo a la teoría del fruto del árbol envenenado. Partiendo de la base de que las defensas creen nulas las escuchas, todo lo demás estaría contaminado. Aseguró «el juicio tiene claros ribetes políticos incuestionables y gravita sobre él una mediatización». Después, cargó contra el magistrado Juan Climent, uno de los miembros del tribunal, ya que «por comportamientos políticos pasados podría interferir», por lo que debería abstenerse (Climent fue secretario general de Presidencia con el socialista Joan Lerma). «No sé cuánto puede afectar a la capacidad de neutralidad. Pero en punto a los derechos fundamentales, como la mujer del César no sólo hay que serlo, sino también parecerlo», dijo Durán. Uno de los firmantes de la querella que ha acabado sentando en el banquillo a los acusados es el PSOE. «Ximo Puig, el líder del PSPV, de altísima significación política, compartió responsabilidades con Climent porque ambos pertenecían al gabinete de Presidencia en época de Lerma», dijo. Algo que los socialistas no tardaron en desmentir ayer.

Otra de las cuestiones previas más curiosas del día fue la esgrimida por la abogada de la apoderada de Orange Market, Mónica Magariños, que tira del turno de oficio para su defensa. La letrada pidió la suspensión del juicio porque no se ha resuelto el expediente de justicia gratuita, por lo que a mitad de procedimiento la acusada podría quedar desatendida.

El abogado de Rafael Betoret defendió que su representado aceptó la conformidad hace tres años en el caso de los trajespor unos hechos que no se pueden separar de los que se juzgan ahora. «Lo hizo para hacer borrón y cuenta nueva». Continuar con el juicio vulneraría el principio de igualdad.

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