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Un arquitecto apartado antes de aprobarse 'Rabasa' dice que disentía del plan

Miguel Ángel Cano ha declarado como testigo ante Juan Carlos Cerón a las supuestas ilegalidades en un plan urbanístico que preveía más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados

efe

Viernes, 6 de marzo 2015, 15:51

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El arquitecto Miguel Ángel Cano apartado como jefe de Planeamiento de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante poco antes de darse el visto bueno inicial al plan Rabasa ha declarado ante el juez que estaba en desacuerdo con el citado proyecto por sus grandes dimensiones y por tramitarse al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Cano ha declarado hoy como testigo ante el magistrado Juan Carlos Cerón, el instructor de esta pieza separada del caso Brugal relativa a las supuestas ilegalidades en un plan urbanístico que preveía más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados, una causa donde figura como imputada la exalcaldesa Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Ortiz, el supuestamente beneficiado.

Según uno de los abogados de las acusaciones particulares, Cano ha relatado que se le pidió que informase del plan, del que no estaba de acuerdo en que se tramitase en un único bloque y aparte del PGOU.

Cuando le solicitaron que hiciera dicho informe sobre el texto refundido del plan Rabasa, Cano pidió que le dieran la información desde el inicio de la tramitación -algo que según las defensas era extemporáneo porque el plan había sido aprobado inicialmente en 2005-.

Tras ello, fue destituido del cargo el 13 de octubre de 2008 y, dos días más tarde, se nombró a la funcionaria interina María Ángeles Sierra.

Ésta, que también ha declarado hoy en calidad de testigo, firmó unas semanas después (en noviembre) el informe que dio luz verde al plan para ser aprobado en el pleno municipal de diciembre antes de ser elevado al Consell valenciano.

Según el mismo letrado de la acusación, Sierra ha relatado que el encargo se lo hizo el exgerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y ha admitido ante el juez que carecía de la soltura profesional para realizar el encargo.

Antes de emitir su informe, se reunió con el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, (imputado) y la también funcionaria Isabel Campos (imputada), quienes le dijeron, según este abogado, qué tenía que contener dicho informe.

Los abogados también han preguntado a Sierra por un SMS interceptado por los investigadores enviado por la referida Campos al constructor Ortiz en el que señala "ya tengo el informe de María Ángeles" (Sierra).

Por su parte, otros abogados de las defensas han precisado que lo que Ortuño y Campos hicieron con Sierra en sus reuniones era "ponerla al día" ya que desconocía el momento de la tramitación del plan Rabasa.

Estos letrados de las defensas han opinado que las declaraciones de Cano y Sierra han resultado "intrascendentes" ya que "no han aportado nada" a las acusaciones populares o a la fiscalía Anticorrupción.

Han destacado que Cano ha explicado al juez que durante su carrera se ha visto afectado por seis remodelaciones del organigrama que le han conllevado ascensos o descensos dentro del área municipal, entre las cuales circunscriben la que le degradó en octubre de 2008, justo antes de que se tuviera que emitir el informe al texto refundido del plan urbanístico.

Los mismos abogados han comentado que ese informe simplemente debía señalar si el texto refundido incluía las objeciones que habían sido señaladas por el Ministerio de Fomento para añadir a la aprobación inicial del plan Rabasa (2005), sin entrar en el contenido.

También han valorado que tanto Cano como Sierra hayan manifestado que no fueron objeto de presiones por parte de los imputados para sacar adelante su cometido dentro del proyecto.

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