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Piden al Defensor del Pueblo que recurra al Constitucional las tasas a discapacitados

En enero del pasado año entró en vigor un copago que provocó el rechazó del colectivo, que se movilizó y contó con el apoyo de ayuntamientos gobernados por el PP, que se negaron a aplicarlo

R. A.

Martes, 3 de marzo 2015, 02:05

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Los afectados por la nueva tasa del Consell están tomando medidas. El Cermi estatal (Plataforma de representación del sector de la discapacidad) presentó ayer en el registro de entrada del Defensor del Pueblo el escrito en el que se solicita la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana, tal y como se acordó en la asamblea general.

Se trata de una actuación que va acompañada por la que puso en marcha el pasado viernes el Cermi en la Comunitat, que interpuso también un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad un recurso contra la Orden 34/2014, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social.

Esta orden, según explicaron ayer a través de un comunicado, modifica la orden por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana, lo que supone otra aportación económica a aquellos usuarios de centros de día, ocupacionales y residenciales.

Fue el pasado 20 de febrero cuando la Conselleria de Bienestar Social pasó la tasa de copago a quienes habían dado autorización para domiciliar el cobro, pero también a usuarios de los centros del IVAS cuyos familiares o tutores no habían autorizado el cobro domiciliado de la tasa, según denunciaron desde la plataforma, que añadieron que ni las familias ni los tutores, en el caso de huérfanos, habían recibido la resolución que les impone la tasa.

Hay que recordar que en enero del pasado año entró en vigor un copago que provocó el rechazó del colectivo, que se movilizó y llegó a contar con el apoyo de ayuntamientos gobernados por el PP, que también se negaron a aplicarlo.

Una sentencia del TSJ, interpuesta por el Cermi, anuló este sistema de cobro -hubo un segundo fallo en la misma línea- y desde la administración se decidió entonces que blindaría el copago convirtiéndolo en una tasa. Una nueva medida que desde el sector, según denunciaron, llevaría a una situación más precaria a familias con graves problemas económicos. El Síndic de Greuges también ha iniciado una investigación.

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